España como refugio de las mujeres trans latinoamericanas: “Me decían que aquí es más seguro”
España como refugio de las mujeres trans latinoamericanas: “Me decían que aquí es más seguro”
Cada vez más personas de este colectivo aterrizan en el aeropuerto de Barajas para huir de la violencia y discriminación que sufren en sus países, pero se topan con un muro burocrático y el peso del estigma
Celine Celis muestra en el móvil la fotografía de su esposo acribillado sobre el asfalto. Lo asesinaron en mayo de 2024 en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador que el año pasado acaparó titulares de la prensa global cuando un comando armado ilegal irrumpió con armas largas en un canal de televisión en pleno directo y los militares se volcaban a las calles. Celine, una mujer trans venezolana de 41 años, sabía que después de su pareja irían a por ella. A los pocos días del homicidio, la mujer recibió una paliza brutal que la dejó inconsciente a las puertas de su casa. Huyó a Quito, la capital. Al cabo de unas semanas estaba abordando un avión hacia el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Huir antes de engrosar la cifra de mujeres trans asesinadas en la región más peligrosa para ellas en la última década.
Siete de cada diez homicidios de personas trans ocurren en América Latina, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la organización Trans Europe and Central Asia (TGEU), el indicador más fiable en la materia (lleva monitoreando desde 2008 año a año). Según la última medición, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, de los 350 casos registrados (el 94% mujeres trans), 255 ocurrieron en América Latina, con Brasil a la cabeza. En su mayoría, las víctimas fueron mujeres negras o mestizas y una importante proporción de ellas eran trabajadoras sexuales.
Celine aterrizó en Madrid el 30 de julio de 2024. Permaneció en el aeropuerto cuatro horas antes de saber a dónde ir. No tenía a nadie. Haber cruzado el Atlántico había sido una medida desesperada. En Guayaquil, ella y su esposo tenían una tapicería y antes del asesinato del hombre, empezaron a amenazarles y a hostigarles por no pagar “la vacuna”, la extorsión. “Me llamaban por teléfono, decían que iban a matar a mi mamá, a mi hermano, pero a quien mataron fue a mi marido”, cuenta. Antes de instalarse en Ecuador, ya había atravesado la región: de Venezuela cruzó a Colombia, después a Perú y más tarde a Chile. Había migrado, como buena parte de la diáspora venezolana que hoy está regada por el mundo.
De España había escuchado siempre esto: “Me decían que aquí era más seguro para nosotras las chicas trans, que nos apoyaban mucho”, cuenta en una oficina de la sede de Transexualia, una organización que se dedica desde mediados de los ochenta a trabajar con las personas trans. España ha sido desde hace décadas un país referente en garantías para la población LGBTIQ+, que desde 2005 aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya en 2007 expidió una ley que permitió que las personas trans pudieran adecuar su documentación a su identidad de género. Además, hace dos años, se aprobó la conocida como Ley trans (la 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+), que ahora está desarrollándose. Este 31 de marzo, tal como sucede desde hace 16 años, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
En la última década, con la eliminación del visado a países como Colombia y Perú, las llegadas han ido en aumento, aunque las cifras precisas escapan de la Administración pues en su mayoría entran a España como turistas. Uno de los abogados que apoya a Transexualia en temas de extranjería sostiene que su organización ha sido testigo de ese incremento. “Todas las semanas están llegando chicas nuevas a [el aeropuerto de] Barajas”. Los registros de la organización también dan cuenta de la situación. De las 342 usuarias de sus programas y actividades, la mitad son de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Según las cifras del Ministerio del Interior, una de cada diez solicitudes de protección internacional en territorio español son por motivos de persecución por orientación sexual o identidad de género diversa ―no solo personas trans―, y más del 80% del total de solicitudes de asilo (que en 2024 alcanzaron su récord, con 167.000) son de personas de países de América Latina.
Las llegadas no parece que vayan a detenerse. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero las consultas de mujeres trans a colectivos de abogados en Estados Unidos para salir del país están aumentando, según un integrante en España de una red internacional de abogados que está recibiendo esas peticiones. España, precisamente, emerge como posible destino.
Un asesinato viral
El asesinato a balazos de Ruby Ferrer, mujer trans, el 13 de febrero de 2023 en el centro de Lima (Perú), se hizo viral. Su asesino grabó en vídeo el momento en el que le apunta con una pistola y descarga una seguidilla de disparos. Era una represalia por no pagar el cupo por un puesto en la calle para ejercer la prostitución.
Daniela, mujer trans peruana que prefiere ser llamada así, tiene fresco el recuerdo de ese vídeo. Cuando lo vio ya llevaba alrededor de dos años en España, donde había migrado aún en la pandemia de Covid-19, desde un país particularmente hostil para ellas, no solo por la violencia física, sino también por una cultura conservadora y más retrógrada que la de naciones vecinas. En Perú, cada año se realiza allí una manifestación del movimiento Con mis hijos no te metas, que rechaza la inclusión del enfoque de igualdad de género en la educación. Ella, esteticista de profesión, terminó migrando, cuenta, huyendo de un militar que se obsesionó y empezó a perseguirla. “Siempre andaba detrás de mí y me acosaba, llegó a [ejercer] agresiones muy fuertes, a arrastrarme por la calle, pero uno va y pone la denuncia y no hacen caso, porque él era militar y yo una chica trans”.
La tierra prometida tampoco lo es tanto. Celine Celis ha tratado durante meses de conseguir una cita para pedir asilo y todavía no consigue que le contesten la llamada. El sistema de protección internacional de España está colapsado y atiende muchas menos solicitudes de las que recibe.
Hasta que no logren formalizar su petición, estas personas están sin papeles, arrojadas a la clandestinidad. Celine buscó que la contrataran irregularmente como estilista o en limpieza, pero también aquí el estigma por ser una mujer trans pesa. Terminó acudiendo a donde muchas otras le decían que fuera: al polígono Marconi, en el sur de la capital, a ejercer la prostitución. También lo hizo en Barcelona, en una casa en la que permanecía encerrada y solo salía una hora al día. Hay clientes que querían drogarse y la han forzado a hacerlo con ellos. En medio de tal angustia, hace apenas unas semanas, sufrió un ictus que le paralizó un lado de la cara.
Daniela Gómez acaba de llegar de Colombia. Aterrizó el 7 de diciembre del año pasado y dice que sabía cuál era su propósito. “No voy a mentir y decir que venía a trabajar de mesera: sabía que venía acá a putear, pero con la idea de que esto iba a estar muy bien”, cuenta. Lo que se ha encontrado es que a duras penas consigue pagar una habitación en un piso, por la que le cobran 250 euros semanales, y en el que viven otras dos personas. En un cuarto diminuto, en el que apenas cabe la cama, Gómez reside y trabaja. Encuentra a sus clientes online: pagó para aparecer en las páginas adecuadas y ahora ya se gestiona ella. Hasta ahora no ha tenido que pararse en la acera para prostituirse. “A este paso, voy para allá”, lamenta.
Aún así, Gómez ha tenido suerte. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización referente en derechos LGBTI+ en Colombia, explica que aunque la decisión de muchas mujeres trans de su país de migrar a España es autónoma, “la materialización del sueño termina teniendo intermediarios”. Y añade: “Una vez en territorio español [hay organizaciones que] les cobran cuotas, relacionadas en no pocos casos con rutas de tráfico de drogas y de trata de personas”.
En muchas ocasiones, incluso cuando consiguen papeles, no cesa la vulneración de sus derechos. Jade Duarte, una mujer trans de Guatemala, aterrizó en Barajas el 1 de abril de 2019 y pidió asilo nada más bajarse del avión, porque en su país había sido agredida por ser trans y no pudo denunciarlo debido a una legislación hostil con los derechos de la población LGBTIQ+. España le concedió la protección, pero en todos los documentos que se le han expedido desde entonces sigue figurando su dead name ―el nombre previo a la transición, que figura en sus documentos y con el que ella no se identifica―. Ese nombre aparece en su DNI. En abril tiene fijada una cita para solucionarlo. “Es algo que yo llevo esperando seis años”, dice.
