La federación, liderada por Mar Cambrollé, junto a un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid, han elaborado un borrador de real decreto para terminar de desarrollar la ‘ley trans’.
Madrid––Actualizado a
La Federación Plataforma Trans ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la aprobación «a la mayor brevedad posible» del real decreto que permitiría regular el cambio registral de las personas trans migrantes en la documentación expedida por nuestro país.
La organización, una de las principales impulsoras de la llamada ley trans -aprobada en 2023, bajo el mandato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad-, sostiene que el Gobierno lleva ya más de dos años de retraso en el desarrollo reglamentario de una obligación recogida expresamente en la norma. La entidad, además, advierte -en la misiva a la que ha tenido acceso Público– de que esa ausencia normativa está dejando a muchas personas «en situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa«.
Eliminar dificultades en el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación
La propuesta remitida a Moncloa plantea un procedimiento para que las personas trans migrantes puedan adecuar el nombre y el marcador de sexo de su documentación española a su identidad de género cuando ese cambio no pueda realizarse en su país de origen. También contempla el reconocimiento en España de cambios registrales efectuados en otros Estados y establece garantías específicas para personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas.
La cuestión afecta a situaciones muy cotidianas. Personas cuya expresión de género no coincide con los datos que figuran en su pasaporte o en su tarjeta de residencia se enfrentan, tal y como expone el texto, a muchas dificultades «en ámbitos tan esenciales como el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación». El borrador del real decreto parte precisamente de reconocer que esa discordancia entre la identidad de estas personas y su documentación genera una situación que supone discriminación, exposición pública forzada o imposibilidad de ejercer derechos básicos.
Un trabajo de un equipo de juristas de la UCM
La ley trans ya había reconocido el principio de autodeterminación de género para las personas españolas. Sin embargo, el artículo 50 de esa misma ley establecía que el Gobierno debía desarrollar reglamentariamente los mecanismos para las personas migradas residentes en nuestro país. Ese desarrollo nunca llegó.
El documento elaborado ahora por la Plataforma Trans y un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid pretende cubrir ese vacío. El texto ha sido redactado junto a Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, profesora titular de Derecho Internacional y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, y Carlos Brito Siso, profesor ayudante doctor de Derecho Penal y también integrante de ese instituto.
El borrador del real decreto argumenta que «la efectividad de estos derechos no puede quedar condicionada por la nacionalidad». En la práctica, eso supondría que una persona trans migrante pudiera modificar los datos de su documentación española incluso cuando su país de origen prohíba el reconocimiento legal de su identidad de género o lo haga imposible sin poner en riesgo su seguridad.
Especial protección para regufiadas y apátridas
La propuesta prevé, por ejemplo, que las personas migrantes residentes en España puedan solicitar la rectificación del sexo legal o el cambio de nombre cuando acrediten que no pueden hacerlo en su país de origen «por imposibilidad legal o de hecho». También contempla que las personas solicitantes de asilo, refugiadas o apátridas queden exentas de tener que demostrar esa imposibilidad.
En concreto, el borrador establece que, en el caso de personas refugiadas o solicitantes de protección internacional, las autoridades españolas no podrán contactar «bajo ningún concepto» con el Estado del que la persona huyó para verificar datos relativos a su identidad.
Formación y protocolos para el «trato digno»
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es la automatización administrativa. La propuesta prevé que, una vez aprobada la rectificación, los nuevos datos se actualicen de oficio en distintos sistemas públicos, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Sistema Nacional de Salud, para evitar que la persona tenga que repetir trámites en las múltiples administraciones.
El borrador también incorpora medidas de formación obligatoria para el funcionariado y protocolos de «trato digno» que deberían aplicarse en las oficinas públicas. Entre otras cuestiones, plantea que las personas sean llamadas desde el inicio del procedimiento por su nombre sentido aunque sus documentos todavía no hayan sido modificados.
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