Una bandera del colectivo trans durante el Orgulo LGTBIQ+ de Madrid en 2018Getty Images
En febrero de 2023, se aprobó en España la conocida como Ley Trans y de Derechos LGTBI, tras más de una década de incansable movilización por parte del activismo trans. Esta norma supuso un hito histórico, no solo por lo que implicaba en términos legislativos, sino por lo que significaba simbólicamente: el reconocimiento, por fin, de derechos largamente postergados a una población históricamente vulnerada, invisibilizada y estigmatizada. Era, en efecto, una deuda social, política e institucional que por fin comenzaba a saldarse.
Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance en el marco de los derechos humanos, su tramitación y posterior aprobación desataron una tormenta social y mediática. Una reacción de una violencia desproporcionada y sin precedentes, dirigida especialmente contra las mujeres trans, que fueron el blanco predilecto de ataques fundamentados en bulos, prejuicios y desinformación.
Resulta especialmente preocupante y doloroso constatar que muchos de estos ataques no vinieron del sector conservador, como cabría esperar, sino desde ciertos sectores del feminismo institucionalizado y académico, que se autodefinen como progresistas. Voces con alto nivel de influencia en medios, universidades y política institucional encabezaron una ofensiva argumentativa que planteaba la identidad de las personas trans, especialmente la de las mujeres trans, como una amenaza a los derechos de las mujeres cis. Se articuló así un discurso que, bajo una supuesta defensa del feminismo, no hacía más que reproducir lógicas patriarcales bajo una ideología de exclusión, fundamentada en un reduccionismo biologicista, anacrónico y acientífico, colaborando involuntariamente con los mismos sectores que históricamente han combatido al feminismo real.
Esta narrativa no se quedó en el plano teórico. Su reproducción sistemática a través de redes sociales, medios de comunicación y foros académicos contribuyó al aumento exponencial de los discursos de odio y las agresiones físicas y verbales contra personas trans. Todo ello, amparado en una supuesta “libertad de opinión” que en realidad oculta una maquinaria de desinformación y estigmatización social.
En este contexto, la extrema derecha encontró el terreno perfecto para apropiarse del debate. Disfrazados de defensores del feminismo y de los derechos de las mujeres, comenzaron a utilizar los argumentos de este feminismo transodiante para reforzar su discurso tradicional de odio contra la diversidad sexual y de género. Así, los mismos que niegan la violencia machista y los derechos de las mujeres ahora se erigen en paladines de un feminismo que utilizan como excusa para rechazar avances legislativos como la Ley Trans. Esta operación ideológica es doblemente perversa: por un lado, rompe la fuerza revolucionaria y la unidad de acción del feminismo y lo utiliza como arma contra quienes más lo necesitan.
Por eso es urgente y necesario decirlo sin ambages: el feminismo no ha sido roto por las mujeres trans, ni por la Ley Trans. El feminismo ha sido debilitado desde dentro, por un sector que ha asumido un discurso excluyente, reaccionario y profundamente patriarcal. Un discurso que convierte a estas voces en cómplices del sistema que dicen combatir, actuando como «sicarias ideológicas» del patriarcado.
Su influencia ha contaminado a organizaciones que, hasta hace poco, se situaban claramente del lado de los derechos humanos de las personas trans.
El último capítulo de esta ofensiva se ha vivido en el Tribunal Constitucional, donde el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los puntos clave de la Ley Trans, especialmente aquellos que reconocen la autodeterminación de género. En primera instancia, la ponencia elaborada por el magistrado Juan Carlos Campo, de perfil progresista, avalaba la constitucionalidad de la norma. Pero la sorpresa estalló cuando dos magistradas supuestamente progresistas se alinearon con el sector conservador del tribunal, bloqueando la aprobación de dicha ponencia.
Este hecho marca un punto de inflexión sumamente peligroso: la posibilidad real de que un tribunal intente revertir una ley aprobada por mayoría parlamentaria, con amplio consenso social, simplemente por intereses ideológicos y presiones externas.
La situación es alarmante. Estamos ante una infiltración del discurso reaccionario en nuestras más altas instituciones democráticas, que no para de avanzar. Lo que no lograron detener por la vía legislativa, ahora se intenta anular por la vía judicial. Esta maniobra representa un ataque directo a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, y constituye un peligro extremo para la seguridad y el bienestar de las vidas de las personas trans en nuestro país, que marcará a las generaciones presentes y futuras.
Y no estamos solas al decirlo. En Reino Unido, recientemente, el Tribunal Supremo intentó imponer una visión rígidamente binaria del género. La respuesta no se hizo esperar: en la conferencia de médicos residentes de la Asociación Médica Británica (BMA), se aprobó una moción que afirma que “intentar imponer un binarismo rígido no tiene base en la ciencia ni en la medicina”. Incluso la primera jueza trans del Reino Unido, Victoria McCloud, ha anunciado que llevará al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que sus derechos están siendo vulnerados.
¿Vamos a permitir que España siga ese mismo camino? ¿Vamos a mirar hacia otro lado mientras se cuestiona la dignidad de miles de personas por su identidad de género? La autodeterminación de género no es un privilegio, es un derecho humano.
El peligro no es la Ley Trans. El peligro es el retroceso democrático. El peligro es que se utilicen los tribunales para despojar de derechos a una población ya vulnerada. El peligro es que unos pocos, desde una élite judicial, pretendan revocar la voluntad popular y los principios constitucionales que tanto costó conquistar.
Si finalmente se concreta esta amenaza y se produce un menoscabo de los derechos ya reconocidos, acudiremos a instancias internacionales. No nos temblará la voz, y como siempre hemos hecho, seguiremos caminando hacia adelante por más oscura que sea la noche y más cerrada la tormenta. Llevaremos el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la identidad de las personas no se debate: se protege.
Porque ninguna persona trans es, ni será jamás, inconstitucional. Lo que sí es inconstitucional es cercenar derechos, propagar el odio desde las instituciones y tratar de imponer una visión del mundo excluyente desde el poder.
La democracia no se defiende excluyendo. Se defiende ampliando derechos, reconociendo dignidades y garantizando que nadie, ¡nadie! quede atrás.
Mar Cambrollé
Mar Cambrollé es presidenta de la Federación Plataforma Trans
