La Plataforma Trans aplaude el protocolo de empleo pero denuncia su veto en la elaboración
La Plataforma Trans aplaude el protocolo de empleo pero denuncia su veto en la elaboración
Madrid, 26 feb (.).- La Federación Plataforma Trans ha aplaudido la aprobación del protocolo de acompañamiento para las personas trans en los centros de trabajo, pero ha denunciado el veto que, según esta agrupación, ha ejercido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al negarles una interlocución durante el proceso de su elaboración.
En un comunicado de este jueves, la federación celebra el avance del protocolo, que considera responde a una obligación legal contemplada en la ley trans, pero denuncia el veto ejercido por Díaz y le advierte de que la federación es la entidad que agrupa a los colectivos trans específicos del Estado y que los representa en el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, dependiente de Igualdad.
Por eso, lamenta que hayan sido «excluidas de cualquier espacio de trabajo o diálogo en relación con este protocolo», y que no conozcan ni el contenido del mismo ni hayan sido invitadas al acto de firma celebrado hoy.
Para la Plataforma Trans, esta «exclusión» supone una «grave vulneración del principio de participación democrática» y considera que negar su participación «constituye una forma de violencia política». «Más aún -añade- cuando dicha exclusión responde a sesgos sectarios que nada tienen que ver con el interés general ni con la calidad democrática».
El protocolo, firmado este jueves, permite que, a partir del momento en el que la persona trans ponga en conocimiento su deseo de iniciar el trámite de cambio registral de sexo, se abra un proceso en el que puede comenzar a utilizar su nombre sentido.
Y recoge que la empresa pondrá a disposición de la persona solicitante horas de permiso retribuido para acudir a citas médicas o para la realización de trámites administrativos, entre otras medidas.
https://x.com/CambrolleMar/status/2027372050239689169
Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”
Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”
Activista histórica del colectivo LGTBIQA+, repasa en esta entrevista la represión y el borrado sufridos por las personas trans durante el franquismo y la Transición, analiza los límites y amenazas actuales a la Ley Trans y reclama políticas valientes en empleo, reparación y protección frente a la ofensiva reaccionaria.
Fue vanguardia en la lucha contra la represión y hoy sigue en primera línea del debate político. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, habla en esta entrevista con AraInfo de memoria silenciada, de violencia estructural y de responsabilidad institucional. También de empleo digno, de reparación histórica y de la urgencia de blindar derechos ante el avance de la ultraderecha. Una conversación que conecta pasado, presente y futuro en clave de dignidad y resistencia.
Empiezas a militar cuando ser una persona trans significaba persecución policial, cárcel y exclusión absoluta. ¿Qué queda hoy de aquel Estado que reprimía y patologizaba, y qué ha cambiado realmente para las personas trans más precarizadas?
A pesar de que las personas trans fuimos punta de lanza contra la represión franquista, nuestra visibilidad nos convirtió en diana de los peores maltratos. Es una herida democrática que hayamos sido relegadas al olvido durante décadas. Si bien la Ley 4/2023 marcó un hito al despatologizar la identidad legal, la igualdad real sigue siendo una tarea pendiente: el acceso a la salud, la inserción laboral y los derechos de personas no binarias y migrantes continúan fuera de la agenda política efectiva.
La llamada “Transición española” suele narrarse como un proceso modélico, pero dejó fuera a muchos colectivos. ¿Cómo vivieron las personas trans aquel periodo y por qué su memoria sigue siendo una gran ausente del relato oficial?
Durante la Transición, las personas trans simplemente no existíamos para el Estado. Bajo la etiqueta genérica de “homosexualidad”, el régimen invisibilizó nuestra identidad, una ceguera que persistió incluso en los primeros años de democracia. El rechazo familiar nos empujó al sexilio y la violencia en las aulas truncó cualquier posibilidad de formación. Estábamos atrapadas en un “apartheid laboral” que, de forma inquisitoria, nos señalaba el camino hacia la marginación y la prostitución. Sin acceso a la salud y demonizadas por la sociedad, sufrimos un trato subhumano que aún nos estigmatiza. El “borrado trans” —perpetuado por el homocentrismo y el cisheteropatriarcado— intenta omitir que fuimos víctimas directas de la represión, pero también ignora que fuimos la vanguardia y el rostro de la lucha por la libertad de todo el colectivo.
Durante años, el movimiento trans ha denunciado su marginación dentro del propio movimiento LGTBIQA+. ¿Se ha corregido esa desigualdad o sigue existiendo una jerarquía de derechos y visibilidades?
Tanto el patriarcado como el machismo constituyen estructuras sistémicas que permean todos los estratos de la sociedad. En este sentido, el colectivo LGTBIQA+ no es ajeno a tales dinámicas ni a la dicotomía entre masculinidad y poder. La sobrerrepresentación de hombres gais, blancos y cisgénero en las esferas política, cultural y de toma de decisiones evidencia la vigencia de estas desigualdades. Por tanto, cuestionar dicho privilegio y fomentar el empoderamiento de las personas trans resulta indispensable para superar esta discriminación anacrónica.
“Proteger las leyes trans por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes”
La ley trans estatal supuso un avance histórico, pero su desarrollo normativo sigue incompleto y está generando problemas en su aplicación real. Al mismo tiempo, en Aragón la ley autonómica está bajo amenaza por el auge de la ultraderecha tras el 8F. ¿Dónde están hoy los principales riesgos reales para los derechos de las personas trans y a quién se está dejando atrás?
El proceso legislativo de la Ley Trans enfrentó un severo obstáculo: una campaña sistemática de desinformación promovida por sectores del PSOE y secundada por la derecha y la extrema derecha. Esta ofensiva impidió que la norma fuera más ambiciosa, dejando fuera el reconocimiento de las identidades no binarias y la concreción de políticas públicas de inserción laboral. Esta falta de voluntad política explica el retraso de tres años en el desarrollo reglamentario para que las personas trans migrantes puedan modificar sus documentos. Asimismo, la impunidad ante los discursos de odio y la falta de medidas contundentes de la Fiscalía y el Ministerio del Interior han provocado que las agresiones por identidad u orientación sexual se dupliquen por año y vayan en alza. No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP. Proteger estas leyes por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes.
Estamos viendo una ofensiva política y mediática contra las personas trans, impulsada por la ultraderecha, pero también asumida por sectores conservadores más amplios. ¿Por qué el cuerpo y la identidad trans se han convertido en un campo de batalla central?
La ofensiva contra las personas trans se enmarca en una guerra cultural global emprendida por la ultraderecha, cuyo máximo exponente es Donal Trump y las órdenes ejecutivas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trans. Estas medidas buscan influir en las agendas sociales y políticas a escala internacional. Sin embargo, este ataque no es aislado: el feminismo y las personas migrantes también están en el centro de esta batalla. La supervivencia de un capitalismo voraz se sustenta en los valores del patriarcado y en la imposición de un orden social basado en la supremacía blanca y la cisnormatividad.
Parte del discurso transfóbico se articula desde espacios que se reclaman feministas. ¿Cómo analizas esta deriva y qué impacto real tiene en la vida cotidiana de las mujeres trans?
Para entender este fenómeno, debemos volver a las movilizaciones feministas de 2018. Aquella convocatoria logró interpelar a un sector muy amplio y diverso: mujeres jóvenes, racializadas, trans, gitanas y amas de casa que, hasta entonces, se situaban en las periferias del feminismo académico e institucional. Bajo la consigna “Si nosotras paramos, el mundo se para”, la huelga tuvo un impacto global que no solo detuvo el ritmo cotidiano, sino que golpeó directamente los intereses del capital. Fue entonces cuando surgió la estrategia de fracturar el movimiento feminista desde dentro. Se buscó un sujeto vulnerable, uno cuyo ataque no generara una alarma social inmediata: las personas trans. Históricamente estigmatizadas, fueron convertidas en el chivo expiatorio de una agenda que busca señalar a las mujeres trans como el supuesto ‘eje del mal’. Esta maniobra no es más que una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos opresores del patriarcado. Por ello, es imperativo recordar: atacar a una mujer trans es atacar la potencia revolucionaria del feminismo. No puede llamarse feminismo a un movimiento de mujeres que actúan como “mercenarias” del patriarcado y que replica los marcos ideológicos de la extrema derecha.
Más allá de las leyes, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones públicas cuando permiten discursos de odio, retrocesos autonómicos o el abandono sanitario y social de las personas trans?
Los gobiernos de carácter progresista —ya sean locales, autonómicos o estatales— tienen la obligación ética y política de blindar derechos y ampliar horizontes sociales. Este compromiso debe traducirse en políticas públicas robustas y en un respaldo firme a la agenda LGTBIQA+. Esto implica garantizar la visibilidad de entidades y activistas en los medios públicos, financiar proyectos que promuevan el respeto a la diversidad y ofrecer un asesoramiento integral al colectivo. Prescindir de estas políticas no solo perjudica a las personas LGTBIQA+, sino que tiende una alfombra roja a la ultraderecha.
Perteneces a una generación que se jugó literalmente la vida. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones trans y qué riesgos y oportunidades detectas en su forma de organizarse y luchar?
Haber nacido en un contexto cultural y político que ha normalizado la diversidad libera a las nuevas generaciones de la carga emocional de la culpa, antes impuesta por no encajar en los patrones tradicionales de género e identidad. Este avance permite la eclosión de una juventud que no requiere permiso para ser, amar o expresarse. No obstante, el historial de deshumanización y tutela médica y estatal hacia la comunidad trans persiste como un lastre para su empoderamiento, habiéndose internalizado ese tutelaje como algo natural. Mientras que en otros espacios se respeta la representatividad, como el feminismo para las mujeres o los colectivos LGB para gais y lesbianas, con las personas trans aún se acepta que las voces cisgénero ocupen su espacio público y recursos. Esta práctica no solo perpetúa un colonialismo cis, sino que obstaculiza el empoderamiento y el verdadero liderazgo de las personas trans.
“No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP”
A menudo el debate trans se queda en lo identitario. ¿Cómo atraviesan la clase social, la migración o el racismo la realidad de las personas trans, y por qué estas dimensiones siguen siendo tan invisibilizadas?
Ciertos sectores que se autodefinen de “izquierdas” recurren a un discurso transexcluyente al etiquetar el análisis de la realidad trans como meramente “identitario”. Intentan, de forma falaz, desvincular la identidad de la lucha de clases o el antirracismo. Sin embargo, la identidad es indisociable de las condiciones materiales de existencia: sin una identidad reconocida, se bloquea el acceso al empleo o a una vivienda digna. La transfobia no opera de forma aislada, sino que se amalgama con la pobreza y el racismo. La prueba más devastadora es que el 90% de las personas trans asesinadas son mujeres negras, racializadas y pobres. Es imperativo afirmar que estos crímenes no solo son de odio, sino que poseen un profundo y violento impacto de género, clase y raza.
En la última Asamblea Estatal de la Plataforma Trans, el acceso al empleo se señaló como una prioridad política central. ¿Por qué sigue siendo uno de los grandes muros para las personas trans y qué medidas concretas deberían aplicarse ya para garantizar empleo digno y estable?
El trabajo es imperativo para la autonomía personal y la estabilidad social. Sin embargo, la comunidad trans arrastra una exclusión laboral anacrónica desde la dictadura. La falta de políticas públicas en todo el periodo democrático y su ausencia en las agendas sindicales nos sitúa, en pleno siglo XXI, como un colectivo vulnerable que requiere políticas activas urgentes. La Federación Plataforma por los Derechos Trans propone, entre otras medidas, la reserva de cupo laboral en el sector público y empresas subcontratadas, así como incentivos fiscales para el sector privado y el emprendimiento. Es hora de pasar de los titulares a soluciones valientes e igualitarias: el Ministerio de Trabajo debe reconocer y reunirse con nuestra organización como interlocutora legítima; negarse a tratar las cuestiones que atañen a las personas trans con la Federación Plataforma Trans, es violencia política e institucional.
Si el Estado español tuviera que saldar una deuda histórica con las personas trans, ¿por dónde debería empezar: memoria, reparación, derechos materiales o una transformación cultural profunda?
Seis grupos políticos, Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Junts, registraron el 19 de noviembre de 2024 la Ley de Memoria Trans y LGTBI, una propuesta impulsada por la Federación Plataforma Trans que sigue esperando su turno de debate en el Congreso. Es una iniciativa que busca justicia para las víctimas del franquismo, quienes enfrentaron cárcel, tortura y exclusión sistemática. La ley exige que el Estado pase de las palabras a los hechos mediante una reparación real: pensiones vitalicias para los supervivientes de las leyes represoras (incluyendo a las mujeres recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer), acceso a vivienda y cuidados. Además, reivindica que los lugares de horror, como el penal de Fuerteventura o la cárcel de Huelva, se conviertan en centros de memoria viva. No podemos permitir que nuestra historia se borre; es imperativo proteger y digitalizar nuestro legado gráfico y documental.
El Gobierno incumple la Ley Trans y entorpece el cambio de sexo legal de las personas extranjeras
El Gobierno incumple la Ley Trans y entorpece el cambio de sexo legal de las personas extranjeras
Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce.
“Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal.
“El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante.
Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas.
“Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento.
Depender de la voluntad del funcionario
Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR.
Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada ‘tarjeta roja’. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz.
La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista.
La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”. La Federación Estatal LGTBI también se ha sumado a la queja y ha denunciado el “incumplimiento sistemático” de la ley por parte del Ministerio del Interior, al que reclama la puesta en marcha del reglamento.
Nadie asume la responsabilidad
En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.
El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta.
Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha.
Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación.
“La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de ‘autoridad competente’ y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”.
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Un nuevo trabajo en la revista British Journal of Sports Medicine compara la condición física de mujeres y trans y cis y concluye que las atletas trans no tienen ventajas inherentes
La participación de deportistas trans en ligas femeninas ha provocado un debate encendido desde hace años. Algunos organismos han endurecido las reglas mientras otros, como el International Olympic Committee, apelan a equilibrar inclusión y equidad. Al mismo tiempo, los estudios publicados ofrecían resultados dispares y de calidad desigual, lo que alimentaba titulares contradictorios y políticas cambiantes.
El artículo que hoy centra la discusión es una revisión sistemática con metaanálisis, el tipo de estudio que combina trabajos previos para ganar potencia estadística. Los autores, un equipo de ocho investigadores, cribaron decenas de publicaciones que comparaban a mujeres trans y cis, tanto en población general como en practicantes de deporte, y analizaron indicadores de composición corporal y rendimiento.
Las atletas trans después de la terapia hormonal
La conclusión central es que las mujeres trans, incluso manteniendo algo más de masa magra uno a tres años después del inicio de la terapia hormonal, muestran niveles de forma física comparables a los de mujeres cis. En la práctica, esto significa que, en pruebas de fuerza, consumo máximo de oxígeno y otras medidas funcionales, no aparecen diferencias robustas que respalden la idea de una “ventaja inherente” por haber pasado por una pubertad con testosterona.
El trabajo no niega que la biología importe en el deporte. Explica que la supresión de testosterona, eje del tratamiento de afirmación de género, reduce progresivamente atributos asociados al rendimiento como la masa muscular y la potencia. La testosterona es la hormona sexual que, en niveles elevados, favorece el desarrollo de músculo y hemoglobina. Al bajar sus valores a rangos típicos femeninos, el perfil fisiológico también cambia, y la literatura agregada refleja esa convergencia.
Los autores insisten en dos límites importantes. Primero, la calidad de los estudios incluidos varía, porque muchas muestras son pequeñas y heterogéneas. Segundo, hay pocos datos de deportistas trans en la élite, donde diferencias mínimas pueden decidir medallas. Estos matices no invalidan el resultado principal, pero invitan a diseñar investigaciones prospectivas con mejores controles, periodos de seguimiento más largos y pruebas específicas por deporte.
La misma fuerza y resistencia en atletas trans
Otro punto clave del metaanálisis es metodológico. Distingue entre variables de composición corporal, como masa magra o grasa, y variables de rendimiento, como VO₂máx, que resume la capacidad de usar oxígeno durante el esfuerzo, o las repeticiones máximas en ejercicios de fuerza. Tener algo más de masa magra no se traduce automáticamente en rendir más si el resto de factores, desde técnica a adaptación al entrenamiento, no acompañan. El análisis conjunto de todos estos parámetros inclina la balanza hacia la equivalencia funcional.
El artículo dice que la evidencia disponible no justifica vetos generales a las mujeres trans en el deporte femenino. Sugiere, en cambio, que cada federación evalúe requisitos proporcionales, centrados en el riesgo y la naturaleza del esfuerzo en cada disciplina, y que actualice sus criterios a medida que la ciencia sume datos.
El rendimiento deportivo es multifactorial. Son las hormonas, sí, pero también el entrenamiento, edad, historial de lesiones, táctica y salud mental. Cuando se observa todo el conjunto y se unen los estudios, no se puede afirmar que una atleta trans tenga ventaja. La conversación seguirá, y con un poco de suerte, seguirá con mejores datos y menos consignas.
REFERENCIA
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Mar Cambrollé, una vida dedicada al activismo LGTBIAQ+
Mar Cambrollé, una vida dedicada al activismo LGTBIAQ+
Entrevista en Tele Donosti a Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans
La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
La magistrada de Barcelona mantiene la sanción por mensajes que vulneraban la dignidad de personas trans
El Juzgado del Contencioso-Administrativo de Barcelona ha confirmado la multa de 20.000 euros impuesta por la Generalitat a la organización ultra Hazte Oír en 2023 por el bus tránsfobo que circuló por la capital catalana difundiendo mensajes contra el colectivo trans.
El fallo de la magistrada de esta sección del Tribunal de Instancia de Barcelona, al que ha tenido acceso EFE, rechaza la petición de Hazte Oír de anular la sanción, en una sentencia que no es recurrible por vía ordinaria.
La jueza ve justificada la multa que aprobó el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat por considerar que estigmatizaba al colectivo trans y a las personas intersexuales o no binarias.
Multa y prohibición de recibir ayudas
El gobierno catalán, gobernado entonces por ERC, multó con estos 20.000 euros a ‘Hazte Oír’ por su bus tránsfobo al detectar una «infracción grave» por sus mensajes discriminatorios que, aseguró, «pretendían atentar contra la dignidad de las personas trans y no binarias».
La multa iba acompañada de la prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas en Catalunya durante cinco meses y de acceder a contratos con la Generalitat u organismos públicos dependientes durante ese período.
Ese polémico autobús (que la organización ultra puso en marcha en 2022 para recorrer las principales ciudades de España en contra de ley trans) difundía mensajes como «les ‘niñes’ no existen», «no a la mutilación infantil» o «#StopLeyTrans».
Los Mossos d’Esquadra detuvieron en noviembre de ese año la circulación por las calles de Barcelona del autobús después de que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la consellería de Igualdad le abriera un expediente sancionador.
Cinco meses después, el expediente se convirtió en una sanción de 20.000 euros, que Hazte Oír recurrió primero, sin éxito, ante el mismo Departament, y después ante la justicia.
Atentado contra la dignidad de las personas
A juicio de la jueza que firma el fallo, Montserrat Fernández Cabezas, la sanción está motivada porque estos mensajes pretendían «atentar» contra la dignidad de las personas trans y las no binarias, y suponen «expresiones de carácter y naturaleza discriminatoria por motivos de sexo, género y orientación sexual».
La magistrada recuerda que la Constitución Española prevé que la libertad de expresión y de información «tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título», y en especial «en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia«.
También subraya que el Estatut de Catalunya establece el mandato de los poderes públicos de «promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de las personas» y que la ley de igualdad de trato y no discriminación del 2020 establece las medidas y procedimientos para garantizarlos y busca erradicar el sexismo, la homofobia y la LGTIfobia.
Costas procesales de 500 euros
Teniendo en cuenta todo ello, la magistrada rechaza la pretensión de la organización demandante de anular la sanción al entender que «no se ha producido una lesión del contenido del derecho a la libertad de expresión por cuanto el impedimento no es injustificado».
La juez también rechaza que la actuación de la administración fuera arbitraria ni discriminatoria como planteaba Hazte Oír, ni que exista indefensión de ningún tipo, e impone a esta organización de extrema derecha las costas procesales, de 500 euros.
Denuncias anteriores
En marzo de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ya interpuso dos denuncias contra la asociación Hazte Oír, que sumaban más de 61.000 euros, por el autobús antifeminista que la entidad hizo circular entonces por la ciudad.
El autobús, decorado con mensajes publicitarios contra las leyes de igualdad de género y las normas LGTBI, llegó a la capital el 3 de marzo y la abandonó horas después, a pesar de que la Fiscalía había pedido, como medida cautelar, inmovilizar el vehículo.
El Defensor del Pueblo exige a Interior el cumplimiento de la ley trans para personas extranjeras
El Defensor del Pueblo exige a Interior el cumplimiento de la ley trans para personas extranjeras
Plataforma Trans presentó una queja el 3 de octubre. La ley pedía crear unas instrucciones y daba un plazo de un año para hacerlo, plazo que expiró en marzo de 2024.
x Patricia Reguero Ríos
El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior que implemente el procedimiento que permita a las personas trans extranjeras adecuar su documentación en España, un derecho reconocido en la Ley 4/2023. Así lo ha plasmado su respuesta del 8 de enero a la federación Plataforma Trans, que se produce después de que la organización registrara un escrito de reiteración el pasado 6 de enero en el que lamentaba el silencio ante la queja presentada el 3 de octubre. El defensor admite así la queja y explica que tiene iniciadas varias actuaciones por el mismo motivo.
La queja pedía indagar en la demora en la creación de unas instrucciones que permitan a las personas trans extranjeras la adecuación en sus documentos de su nombre y mención al sexo en la documentación expedida en España siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 50, es decir, acreditar la imposibilidad legal de hacerlo en su país de origen. El plazo para crear este reglamentoera de un año tras la aprobación de la ley, por lo que expiró el 2 de marzo de 2024.
La falta de desarrollo normativo impide a las personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género y las condena a “una situación de exclusión administrativa”, lamenta Plataforma Trans
La falta de este desarrollo normativo, explica Plataforma Trans, impide a las personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género, “colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad jurídica y social, y generando una discriminación efectiva respecto a las personas trans de nacionalidad española, en contra de los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos”.
Junto a la queja al Defensor del Pueblo, Plataforma Trans presentó también en octubre un escrito al Ministerio del Interior, al que responsabiliza de esta inacción. Entonces, acusó al departamento de Grande-Marlaska de “obstaculizar”. Interior no ha respondido a la federación sobre este asunto.
Para Mar Cambrollé, presidenta de la federación, se trata de una “vulneración muy grave de derechos”. “No es una cuestión menor ni burocrática: es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes”, asegura Cambrollé. “La ley es clara, el plazo venció hace más de un año y el Gobierno sigue incumpliendo. Esta inacción mantiene a las personas trans migrantes en una situación de exclusión administrativa que se traduce en discriminación diaria, inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales”, sigue.
La organización considera especialmente grave esta situación por afectar a un colectivo en situación de especial vulnerabilidad y por tratarse de una cuestión de evidente interés público vinculada al cumplimiento de una ley estatal en vigor, argumenta. “Exigimos una respuesta inmediata y medidas urgentes. Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley”, dice Mar Cambrollé.
En su escrito, el Defensor del Pueblo explica que ha emprendido algunas actuaciones. Así, indica que la Dirección General de la Policía le ha traslado que la autoridad competente para rectificar no es la que expide la documentación sino la que graba los datos en el Registro Central de Extranjeros. También se ha dirigido a la Dirección General de Protección Internacional, responsable del procedimiento para las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas. En origen, uno de los problemas es que la ley menciona como responsable a una “autoridad competente”, pero no especifica cuál es esa autoridad.
El Defensor del Pueblo también indica que tiene conocimiento de que en Guipúzcoa se ha producido una adecuación registral tras haber obtenido el preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, ha informado de que ese ministerio viene tramitando desde hace más de un año de manera habitual las consultas sobre esta materia sin incidencias.
En el ojo de los colectivos desde 2024
El incumplimiento de este derecho que la ley trans reconoce a personas extranjeras ha sido motivo de preocupación de otros. En octubre de 2024, Euforia Familias Trans Aliadas y el colectivo Migrantxs Transgresorxs advirtieron del problema. Euforia explicaba entonces que se había dirigido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, encargada de coordinar el Registro Civil, para pedir información sobre esta nueva previsión legal. El problema también se había detectado entre las personas que llegan por la vía de la solicitud de asilo y se encuentran con que las oficinas de Asilo y Refugio tampoco facilitan instrucciones sobre cómo proceder.
En diciembre de 2025, la FELGTBI+registró también una queja ante el Defensor del Pueblo ante “el incumplimiento sistemático” del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+, además de presentar dos preguntas parlamentarias
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) también ha pedido explicaciones por este incumplimiento. En diciembre de 2025, registró también una queja ante el Defensor del Pueblo ante “el incumplimiento sistemático” del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+. Además, Podemos solicitó la comparecencia de de Interior por este asunto en octubre de 2025.
Las personas trans extranjeras que no puedan realizar la rectificación registral de nombre y mención al sexo en sus países de origen tienen derecho a adecuar sus documentos en España, tal y como recoge el artículo 50.1, que indica que “la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral” y que “dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes”.
https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/plataforma-trans-defensor-pueblo-ley-personas-trans-extranjeras
Seis meses de cárcel por perseguir, insultar y grabar a una persona trans en Valencia
Seis meses de cárcel por perseguir, insultar y grabar a una persona trans en Valencia
El joven condenado formaba parte de una pandilla con menores de edad que actuaron «con claro menosprecio a su identidad de género»
Valencia
Al ser una pena no superior a los dos años de cárcel y carecer de antecedentes computables, la Audiencia Provincial de Valencia le ha suspendido la ejecución de la pena de prisión con la condición de que no cometa ningún delito en el plazo de dos años y pague tanto los 1.000 euros de indemnización a la víctima por los daños morales como la multa de 720 euros que también le impone la sentencia dictada in voce.
«Tetas de silicona, ven pa acá», eran algunas de las expresiones que la víctima escuchó cuando trataba de huir de este grupo de jóvenes al ser abordada en un parque del valenciano barrio de Patraix. Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando el ahora condenado, de 18 años, se encontraba junto, al menos, otros cinco miembros de su pandilla. Dos de ellos están cumpliendo medidas de libertad vigilada por un delito de lesiones.
Al advertir la presencia en el lugar de la víctima, quien había iniciado la transición del sexo masculino al femenino, el acusado, junto con los menores de edad, «con los que se puso de acuerdo y conjuntamente», comenzaron a insultarle y perseguirle de forma amenazante por el único motivo de su identidad de género, insultándole mientras le perseguían y llegando a grabar con sus teléfonos móviles tales acciones.
La fiscal Susana Gisbert, coordinadora de delitos de odio, destacaba en su informe, reconocido por el propio acusado, que este actuó «cobardemente y aprovechándose de la notable desproporción de fuerzas que les confería el número de atacantes».
Según ha quedado probado, las expresiones verbales que el acusado y sus acompañantes de forma reiterada dedicaron a la víctima, «con claro menosprecio a su identidad de género», así como el tono elevado y despectivo que emplearon, la exposición pública a la que la sometieron en plena vía pública, la gratuidad del acometimiento, la persecución de la víctima y la grabación de los hechos, «cristalizaron en un sentimiento de inseguridad, miedo y grave humillación que menoscabó su dignidad como persona».
Se enfrentaba a dos años de prisión
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia le condena a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 720 euros por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocido en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios por su identidad sexual.
Inicialmente el acusado se enfrentaba a dos años de prisión pero, tras el reconocimiento de hechos y su arrepentimiento, se le ha rebajado considerablemente la pena al retirar la agravante de abuso de superioridad y contemplar la atenuante de reparación del daño al haber pagado 200 euros y comprometerse al pago de mensualidades de 100 euros para indemnizar a la víctima.
La realidad de las personas trans que llegan a España en busca de protección: «Creí que todo iba a ser fácil»
La realidad de las personas trans que llegan a España en busca de protección: «Creí que todo iba a ser fácil»
Tres personas relatan a ‘Público’ la situación de doble victimización y opresión que enfrentan tras verse obligadas a huir de su país de origen por el hecho de ser trans.
Han pasado más de tres meses desde que la Federación Plataforma Trans presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo y, hasta ahora, la respuesta ha sido, según ha denunciado la asociación, el «silencio». El requerimiento de la Plataforma Trans tenía su origen en el incumplimiento efectivo de una de las disposiciones de la llamada ley trans y, con ella, la posibilidad de que miles de personas trans migrantes en España puedan ver reconocida su expresión de género -es decir, su identidad- en sus documentos.
La queja, registrada el pasado 3 de octubre, denunciaba la inactividad del Gobierno y del Ministerio del Interior en el desarrollo reglamentario de la disposición final 19ª de la ley LGTBIQ+, aprobada durante el mandato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Dicha disposición establecía un plazo máximo de un año para habilitar los procedimientos que permitieran la adecuación documental de las personas extranjeras trans. Plazo que «expiró» el 2 de marzo de 2024. «Es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes», ha denunciado Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.
El Defensor del Pueblo, por su parte, ha asegurado a Europa Press que «la queja está en trámite». Esta institución tiene, según han detallado a la agencia y aparece en su informe de 2024, «actuaciones iniciadas tras haber recibido quejas de personas extranjeras, solicitantes de protección internacional y refugiadas, sobre las ‘dificultades’ a las que hacen frente para solicitar la rectificación del sexo y el cambio de nombre».
La Federación Estatal LGTBI+ también denunció el pasado mes de diciembre ante el Defensor del Pueblo el incumplimiento del artículo 50.1 de esta norma de rango estatal, que reconoce explícitamente el derecho de las personas trans migrantes residentes en España a que su documentación de extranjería refleje su identidad de género. Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la federación alertó de que, casi tres años después de la aprobación de la norma, los procedimientos administrativos necesarios siguen sin existir.
En concreto, el Artículo 50 establece:
«1. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen, siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan, ante la autoridad competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes».
«2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen».
La consecuencia es un limbo legal que afecta, según los cálculos de la FELGTBI+, a alrededor de 65.000 personas. Sin reglamento, las oficinas de extranjería, comisarías, centros de salud, servicios educativos y empresas privadas alegan falta de instrucciones para terminar negando de facto cambios de nombre y sexo en documentos básicos como el NIE o la TIE. En algunos casos, incluso se exige la nacionalidad española como requisito previo, una condición que contradice lo establecido en la ley.
Tres personas han relatado su testimonio a Público para mostrar cómo la ausencia de este reglamento, lejos de limitarse a una abstracción jurídica, ejerce una forma de violencia administrativa con la que conviven a diario.
Matteo: «La ley existe, pero no se respeta para nosotros»
Matteo tiene 30 años, es un hombre trans migrante procedente de Perú y vive en Andalucía desde hace poco más de un año. Es solicitante de asilo y ha pasado por distintos centros de acogida desde su llegada a España. Llegó a la península con la esperanza de encontrar en la ley una protección mínima y se ha topado, una y otra vez, con que en cada trámite se le devuelve a su «deadname» -nombre de nacimiento de una persona transgénero o no binaria que ya no utiliza porque no coincide con su identidad- y al género/sexo que no le representan.
En el primer centro de acogida en el que estuvo casi seis meses, su nombre no figuraba en ningún registro oficial porque su pasaporte no está modificado. Algo que, explica, terminó exponiéndolo ante el resto de residentes: «Mis compañeros de piso lo usaban como burla cuando querían hacerme sentir mal. Yo me presenté como Matteo, pero utilizaban ese nombre para eso».
Una vulneración que se agravó todavía más cuando, al poco tiempo de llegar, enfermó y tuvo que acudir a un centro médico. Allí tuvo que identificarse con su pasaporte y con la llamada tarjeta blanca que se entrega a las personas solicitantes de asilo, ambas con su nombre registral. «Tuve que acceder a que se usara el NIE porque no se podía cambiar«, recuerda.
Matteo se informó entonces sobre la legislación vigente. Supo que la ley trans reconoce el derecho a que se respete la expresión e identidad de género tanto de personas españolas como migrantes. Sin embargo, cuando acudió a la administración sanitaria para solicitar el cambio, la respuesta fue clara: «Me dijeron: ‘Me tienes que traer tu pasaporte o tu documentación ya cambiada para nosotros cambiarte’«. Una reacción que le terminó por provocar una crisis. «Es lo que me pasa cada vez que me mencionan ese nombre», explica.
A los seis meses, como solicitante de asilo, obtuvo permiso para trabajar. Antes de eso, había decidido formarse para mejorar sus oportunidades laborales. Intentó acceder a cursos y estudios, pero se encontró allí donde acudía con que «tanto entidades privadas como públicas se negaban a hacer el cambio de nombre y sexo. Siempre dicen que, como no tengo cambiada la tarjeta de identificación extranjera, no pueden hacer nada«.
Tras esta sucesión de «noes», decidió abandonar los estudios. «Me sentía vulnerable. Es una decisión que me perjudica a futuro», reconoce. Algo similar ocurrió con la homologación de su bachillerato: aunque el título fue homologado por España, se negaron a modificar los datos por el mismo motivo: «Por eso también decidí ya no seguir estudiando».
En el ámbito laboral, la situación no mejoró. toptó por trabajar en una empresa de reparto, tras homologar su licencia de conducir. Y tampoco allí se respetó su nombre ni su sexo: «Todo el tema laboral lo tenían con el nombre registral. En la aplicación salía ese nombre y mi sexo femenino. Cuando algunas personas me miraban y me hablaban en femenino, me ponía muy nervioso«, lamenta.
Actualmente vive en otra fundación, donde sigue teniendo que firmar documentos y solicitar facturas con un nombre que no es el suyo. «Me causa mucha ansiedad repetirlo y mencionarlo. Siempre tengo que explicar por qué es así, y es muy agotador». «Sabiendo que la ley que hay en España no se respeta para nosotros, me duele cada vez que tengo que pasar por esto«, afea Matteo.
Un ligero halo de esperanza parecía haber llegado cuando recibió su tarjeta roja (documento provisional que se entrega una vez que la solicitud de asilo del extranjero se admite a trámite): «Tenía la ilusión de que los datos se iban a cambiar para empezar a solicitar los cambios de la licencia, de los certificados de estudios…». La tarjeta llegó, pero de nuevo con el mismo nombre.
Ni siquiera el pasado 1 de enero, cuando Matteo fue víctima de un intento de agresión con arma blanca y tuvo que acudir a pedir apoyo legal a una comisaría se libró de su victimización: «La persona que me recibió dijo: ‘Voy a consultar al abogado si podemos usar el nombre de Matteo’. Y le dije: ‘Es que mi nombre es Matteo'». Pero en una comparecencia posterior tuvo que corregir a quien le llamaba por su nombre registral: «Es lo que tengo que pasar cada vez que muestro una documentación. El punto es que esta ley se aplique, no solo por mí, sino en general, para iniciar una vida menos invasiva«.
Sergio: «No pude acceder al tratamiento hormonal»
Sergio tiene 28 años, también es de Perú y llegó a España en noviembre del 2024. Es un hombre trans y, cuando migró, ya llevaba un año y medio en tratamiento hormonal con testosterona, iniciado en el ámbito privado en su país de origen. Pensó que, una vez en España, podría continuar el proceso con relativa normalidad. No fue así.
«Pensé que a los tres meses podía acceder, como me habían dicho, pero no pude acceder al tratamiento hormonal«, explica. Uno de los obstáculos fue, de nuevo, la imposibilidad de cambiar su nombre en la documentación: «Eso lo hace todo más pesado. Ir a un centro de salud y que te miren de pies a cabeza, que te digan si eres esa persona o no eres esa persona… y tener que estar contándole a todo el mundo que eres un chico trans…».
Sergio recuerda especialmente su primera visita al médico. Se acercó sin saber muy bien cómo funcionaba el sistema: «Era un chaval tímido, recién llegado». La profesional que le atendió lo observó detenidamente y le dijo: «Oye, tú eres esta persona, pero físicamente eres otra». La frase le hizo sentir mal: «Sentí que tenía que demostrar o explicar quién soy para que me atendieran».
Cuando señaló que sus documentos no reflejaban su identidad, la respuesta fue tajante: los papeles «señalan otra cosa». Sergio intentó ser claro: «Mis papeles señalan otra cosa, pero físicamente tú cómo me ves. No te tengo que estar diciendo si soy un chico trans o no». Aun así, salió del centro profundamente afectado. «Me quedé muy jodido», repite: «Me aislé. No pedí ayuda más. Sentí mucho temor a que me volvieran a decir el nombre que no quiero». Durante meses evitó acudir a servicios sanitarios por miedo a revivir la misma situación, hasta que dio con la Plataforma Trans, desde donde le ayudan actualmente y a través de quienes ha logrado poder acceder a la hormonación.
Dina El Omary: «Tengo muchos amigos que sufren esto mismo»
Dina El Omary llegó a España bajo protección internacional después de una vida marcada por la persecución y la violencia en Marruecos. Activista histórica y una de las primeras mujeres trans visibles en su país de origen, su exposición pública la convirtió en objetivo de amenazas y agresiones. Su llegada a España fue posible gracias a la intermediación institucional. «La cónsul general de España en Tánger sabía los problemas que tenía y me facilitó la vida para venir aquí», explica. Hoy, cuenta con una protección internacional de larga duración, reside legalmente en el país, trabaja y, en términos administrativos, cumple con todos los requisitos que se presuponen a una persona con derechos reconocidos.
Con todo, su documentación no refleja ni su nombre ni su género. «El problema es el cambio de nombre y el cambio de género. Yo pensé que en España todo iba a ser fácil, que podía cambiarlo», añade. «En el médico me rechazan porque una cosa dice la tarjeta de identidad y otra cosa soy yo», cuenta. La discordancia documental la expone también en la universidad, en su trabajo y en general en todos los espacios públicos.
Dina El Omary subraya que su situación no responde a una irregularidad administrativa. Está protegida, trabaja y cumple con la legalidad. Y, aun así, el acceso al derecho a su identidad sigue bloqueado. «Todavía no puedo cambiar mi nombre, no puedo cambiar el género y tengo que esperar hasta tener la nacionalidad española«. Una exigencia que, recuerda, no figura en la ley.
La paradoja es especialmente amarga en su caso. El Omary fue una de las personas trans migrantes que participaron activamente en la lucha por la aprobación de la ley trans en España. «Fui de las primeras personas inmigrantes que luchó por la ley trans, con Irene Montero y otras activistas como Mar y Carla Antonelli». Hoy, esa misma ley existe, pero no se aplica.
La diferencia de trato entre personas trans con nacionalidad española y personas trans migrantes atraviesa todo su testimonio: «Aplican la ley a la gente que es española. Nosotras seguimos siendo inmigrantes, aunque estemos legales, aunque tengamos derecho a trabajar«. «Tengo muchos amigos que sufren esto mismo», insiste. Personas que, aun habiendo huido de contextos de persecución, se encuentran en España con que «hay discriminación».
Cada mes, explica, consulta a su abogado. Y la respuesta es siempre la misma: el reglamento sigue sin aprobarse. Mientras tanto, El Omary continúa su activismo también desde otros espacios. Está escribiendo una autobiografía -ya finalizada en árabe y en español- en la que narra su infancia en un orfanato, el descubrimiento de su identidad, la violencia padecida en contextos educativos, sanitarios y religiosos, y el proceso migratorio. Su objetivo, al igual que pretende expresando en este artículo su testimonio, es ofrecer un relato que sirva de referencia a la comunidad árabe y visibilice el temor de las personas que crecen y viven en países donde ser trans implica que tu propia vida corre un grave peligro.
Igualdad pide que se cumpla la ley
«Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley«, ha concluido Mar Cambrollé. Como resume Matteo, con cansancio pero con claridad: «Una persona no debería tener que explicar todo esto cada vez. Solo queremos que la ley se aplique y que se difunda en todas las administraciones. Que se nos respete como personas». Una reclamación desde la que insisten desde el Ministerio de Igualdad, que urge a las instituciones competentes a aplicar la normativa vigente desde 2023.
Plataforma Trans denuncia los tres meses de silencio del Defensor del Pueblo ante la vulneración de derechos de las personas trans migrantes
Plataforma Trans denuncia los tres meses de silencio del Defensor del Pueblo ante la vulneración de derechos de las personas trans migrantes
“Hablamos de más de tres meses de silencio absoluto por parte del Defensor del Pueblo ante una vulneración muy grave de derechos. No es una cuestión menor ni burocrática: es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans, “La ley es clara, el plazo venció hace más de un año y el Gobierno sigue incumpliendo. Esta inacción mantiene a las personas trans migrantes en una situación de exclusión administrativa que se traduce en discriminación diaria, inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales”, ha señalado Cambrollé.
Esta falta de desarrollo normativo impide a miles de personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad jurídica y social, y generando una discriminación efectiva respecto a las personas trans de nacionalidad española, en contra de los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos.
Plataforma Trans presentó la queja el pasado 3 de octubre, solicitando que se investigaran las razones de esta inactividad administrativa y que se exigieran explicaciones al Gobierno por el incumplimiento de un mandato legal con plazo expreso. Sin embargo, tras más de tres meses desde su presentación, la organización no ha recibido ninguna respuesta, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo.
Desde la federación consideran especialmente grave esta situación por afectar a un colectivo en situación de especial vulnerabilidad y por tratarse de una cuestión de evidente interés público vinculada al cumplimiento de una ley estatal en vigor.
“Exigimos una respuesta inmediata y medidas urgentes. Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley”, ha concluido Mar Cambrollé.
Plataforma Trans advierte de que, si persiste la inacción institucional, intensificará las acciones políticas, parlamentarias y jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las personas trans, con independencia de su origen o situación administrativa.
Plataforma Trans afea a Gabilondo su «silencio» ante una queja sobre migrantes y el Defensor señala que está en trámite
Plataforma Trans afea a Gabilondo su «silencio» ante una queja sobre migrantes y el Defensor señala que está en trámite
La Federación Plataforma Trans ha afeado este miércoles al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su «silencio» ante una queja sobre el incumplimiento para documentar a migrantes del colectivo y la institución ha señalado que está en trámite.
En este sentido, la Plataforma ha recordado que hace tres meses presentó una queja formal ante la institución por el incumplimiento de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Hasta la fecha, ha asegurado que no ha recibido «ningún tipo de contestación, ni comunicación oficial sobre la admisión o tramitación».
En concreto, la queja fue registrada ante el Defensor del Pueblo para denunciar la «inactividad» del Gobierno y del Ministerio del Interior en el desarrollo reglamentario de la Disposición final decimonovena de la Ley Trans, que obliga a habilitar en el plazo máximo de un año los procedimientos para la adecuación documental de las personas extranjeras del colectivo. El plazo legal expiró en marzo de 2024 sin que se haya aprobado el reglamento correspondiente.
«Hablamos de más de tres meses de silencio absoluto por parte del Defensor del Pueblo ante una vulneración muy grave de derechos. No es una cuestión menor ni burocrática: es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes», ha indicado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé.
Asimismo, Cambrollé ha señalado que está «inacción» mantiene a las personas trans migrantes en «una situación de exclusión administrativa que se traduce en discriminación diaria, inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales».
En esta misma línea, desde la Plataforma han explicado que esta falta de desarrollo normativo «impide a miles de personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad jurídica y social».
Además, han expuesto que les genera una «discriminación efectiva» respecto a las personas trans de nacionalidad española, en contra de los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos.
«Exigimos una respuesta inmediata y medidas urgentes. Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley», ha concluido Cambrollé.
Finalmente, la Plataforma ha advertido de que, si persiste la «inacción institucional», intensificará las acciones políticas, parlamentarias y jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las personas trans, con independencia de su origen o situación administrativa.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO TIENE ACTUACIONES INICIADAS
El Defensor del Pueblo ha asegurado a Europa Press que la queja de la Plataforma Trans está en trámite. Según el informe anual de 2024 de la institución, esta tiene actuaciones iniciadas tras haber recibido quejas de personas extranjeras, solicitantes de protección internacional y refugiadas, sobre las «dificultades» a las que hacen frente para solicitar la rectificación del sexo y el cambio de nombre.
En esta línea, el informe revela que se solicitó información complementaria a la Dirección General de Protección Internacional a la vista de que cuatro personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo ya que, a pesar de haber solicitado formalmente ante la Oficina de Asilo y Refugio la rectificación de la mención del sexo y el cambio de nombre, se les había sido expedida una nueva documentación que no resultaba acorde con su identidad.
Una atleta trans denuncia a la Federación Francesa en la vía penal por discriminación
Una atleta trans denuncia a la Federación Francesa en la vía penal por discriminación
Según informa Alex Molina en MD, se trata de un procedimiento especialmente complejo, con profundas derivadas deportivas, legales y sociales, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 28 de enero.
Hace unos días, el tribunal correccional de París celebró una audiencia de más de dos horas y media en la que se escucharon los argumentos de ambas partes, en un contexto marcado por regulaciones cambiantes y por la ausencia de consenso científico sobre la presencia de deportistas trans en el deporte femenino.
La FFA solicitó la absolución, negando haber actuado de forma discriminatoria, aunque el sentido de una sentencia que podría marcar un punto de inflexión en Francia sigue siendo incierto.
El caso Diouf lleva por primera vez ante la jurisdicción penal francesa el debate sobre la elegibilidad de mujeres trans en competiciones femeninas.
La atleta, afiliada a un club de la región de Provenza, afirma que desde febrero de 2023 fue excluida de pruebas regionales y nacionales únicamente por su identidad de género, en un momento de endurecimiento normativo promovido por World Athletics, el organismo internacional.
Nacida en Senegal, Diouf comenzó su transición en 2021 y obtuvo en 2022 el reconocimiento legal de su identidad femenina en el registro civil francés. A pesar de ello, sostiene que fue apartada de la competición, lo que la llevó a iniciar dos vías judiciales paralelas: una penal y otra administrativa.
La audiencia estuvo cargada de tensión. Los cruces entre magistrados y abogados fueron en ocasiones ásperos, hasta el punto de que una jueza llegó a sugerir al abogado de la demandante que abandonara la sala si no aceptaba el desarrollo del juicio.
Al término de la sesión, Diouf apareció visiblemente afectada. “Ha sido extremadamente violento. He tenido que explicar muchas cosas y tengo la sensación de que existe un desconocimiento profundo sobre cuestiones fundamentales”, declaró. “Me siento descolocada. Lo que he vivido hoy es lo mismo que ocurre en las competiciones: me enfrento a personas que se basan en estereotipos y prejuicios”, añadió la atleta, que también cursa estudios de Derecho.
Su abogado, Jean Boudot, describió la vista como “surrealista” y criticó la dureza innecesaria del debate. “Incluso en tribunales penales de alto nivel, ciertos mensajes sociales aún no han sido asimilados”, señaló, convencido de que este proceso solo abre un debate que continuará en el tiempo.
Desde la parte demandada, el letrado de la federación, Julien Bérenger, pidió la absolución al considerar que las acusaciones carecen de fundamento. “La inclusión no puede imponerse a cualquier coste”, argumentó, remitiéndose a la normativa vigente de World Athletics, que exige pruebas genéticas a las atletas que desean competir en categoría femenina, a pesar de que este tipo de test está prohibido por la legislación francesa.