Las claves de la Ley de Memoria Trans y LGTBIQ+

Las claves de la Ley de Memoria Trans y LGTBIQ+

Estas son las principales claves de la  #LeyMemoriaTrans propuesta por la Plataforma Trans  y que fue registrada como proposición de ley el pasado 19 de noviembre con el apoyo de distintos partidos políticos.

TEXTO COMPLETO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Proposición de Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La memoria histórica se refiere al esfuerzo consciente por recuperar, verificar y rememorar la historia de una parte de la ciudadanía, pueblo o una cultura, especialmente en relación con eventos, experiencias y períodos de desigualdad. Este concepto se utiliza comúnmente para abordar la reflexión y el estudio de eventos traumáticos, conflictos, injusticias históricas o violaciones de derechos humanos. Se busca reconocer lo ocurrido, honrar a las víctimas, promover la verdad, la justicia y la reparación, además de prevenir la repetición de dichos eventos en el futuro.

Por otro lado, se refiere al proceso mediante el cual los individuos o grupos marginados, excluidos históricamente o vulnerables se incorporan plenamente en la sociedad, participan en la vida comunitaria y disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que otros miembros de esa sociedad. Esto implica no solo la igualdad legal, sino también la aceptación, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Es esencial reconocer la memoria histórica, ya que contribuye directamente a la reparación social y a aprender de las experiencias pasadas para construir una sociedad más inclusiva en el presente.

La ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, en adelante LPRS, fue una ley española aprobada por el régimen franquista el 4 de agosto de 1970. Entre otros supuestos, penalizaba con penas de prisión y destierro las prácticas homosexuales, declarando a las personas procesadas en “estado peligroso”, por lo cual se les aplicó, citando textualmente, “las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a los que realicen actos de homosexualidad”.

Como resultado, dicha legislación se tradujo en una cacería y persecución política sobre las personas que por amar o ser de forma distinta a lo que el régimen franquista consideraba correcto, podían cumplir penas de privación de libertad, desde 6 meses hasta 3 años, dependiendo de la arbitrariedad del juez. En particular, al tratarse de una ley especial, no existía ni la presunción de inocencia ni el derecho a juicio.

La dictadura calificaba la transexualidad como una «homosexualidad extrema» y la perseguía como si se tratase de un delito, creía que las personas homosexuales eran tan delincuentes como enfermas, y que las personas trans no eran más que la manifestación de una «homosexualidad extrema» a la que había que «convertir» con cárcel, marginación y «reeducación».

Cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas que fueron discriminadas, apartadas y durante mucho tiempo olvidadas, por tanto, relegadas al olvido. Estas condiciones que tuvieron carácter estructural, les impidieron tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, abocándolas a los márgenes sociales y a la exclusión social, teniendo un gran impacto en su salud física y psíquica. Hoy en el ocaso de sus vidas, de nuevo les golpea la precariedad extrema derivada de un régimen dictatorial que fue inmisericorde y del olvido de la democracia.

La miopía del Régimen Franquista, incapaz de distinguir entre orientación sexual e identidad de género, hizo que una proporción elevada de las víctimas de esta ley, aunque bajo el supuesto de “homosexuales”, fueran las personas trans y aquellas que tenían una expresión de género no normativa, ya que la orientación sexual es algo que corresponde al plano de la intimidad. Por lo que podemos aseverar que el Régimen Franquista priorizó la erradicación de lo que contempló como una amenaza al orden social impuesto. Esto es, perseguir y castigar las identidades y expresiones de género, debido a que cuestionan los valores de expresión del machismo- patriarcado que intrínsecamente están relacionados a la masculinidad-poder, valores de exaltación de un Régimen militar y nacional católico.

Existía una confluencia de la medicina, la psiquiatría, el derecho penal y la Iglesia franquista. La medicina los veía como enfermos, la psiquiatría como una perversión, el derecho penal como un estado peligroso y la Iglesia como una inmoralidad.

La LRPS definía a las personas homosexuales como «peligrosos sociales», revistiendo así la represión homófoba de un supuesto barniz «legal». De hecho, la mecánica represiva tenía varios componentes dirigidos a castigar, aislar e incluso, «curar», como si se tratase de una enfermedad a través de electrodos y supuestos tratamientos psiquiátricos.

Las personas LGTBI, fueron víctimas de maltrato y tortura psiquiátrica, incluyendo el uso de electroshock, contenciones mecánicas, medicación forzosa, sin olvidar el internamiento en instituciones psiquiátricas a las mujeres lesbianas, bajo el régimen franquista, pero con las personas trans, el maltrato psiquiátrico se ha prolongado hasta bien entrada la democracia. La “patologización de las identidades trans”, ha sido la excusa perfecta para un abordaje médico bajo un modelo de atención segregador, patologizante y denigrante.

No fue hasta el 2 de julio de 1987, que la Sala Primera del Tribunal Supremo aprobó el primer cambio de sexo legal, dando paso al cambio de sexo registral, con la obligatoriedad de someterse a una cirugía genital. El Estado impuso a las personas trans la “esterilización” como un requisito ineludible para proceder al cambio de los indicadores del nombre y sexo en el DNI. Este modelo se prolongó hasta 2.007, que con la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ya no se exigía cirugía genital, pero se impuso entre los requisitos, dos años de tratamiento hormonal, de nuevo la esterilización química forzosa. Esta legislación supuso, debido al trance forzoso que implica, la renuncia por parte de innumerables personas trans a ver reconocida su identidad. El estado impuso como una condición sine qua non la esterilización, este hecho aberrante e indigno se prolongó durante 36 años en periodo democrático. Cabe señalar que esta práctica de esterilización, directa o indirecta, requerida para reconocer la identidad de las personas trans ha sido condenada en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Muchas personas trans fueron objeto desde las instituciones sanitarias, bajo informes de diagnóstico por TLP y esquizofrenia, en consecuencia, fueron obligadas personas sanas, a sobremedicarse, recluidas en instituciones psiquiátricas, bajo contenciones mecánicas, medicación forzosa, coacciones, amenazas y violencia física. Estos abusos constituyen una de las más graves vulneraciones de sus derechos humanos.

El Régimen habilitó, con el fin de “reeducar” a los homosexuales, cárceles específicas localizadas en Huelva (Andalucía) y Badajoz (Extremadura). En cárceles como la Modelo de Barcelona, la Modelo de Valencia y en la cárcel de Carabanchel en Madrid, se habilitaron módulos para la “rehabilitación” sexual de los represaliados. Así, mismo, el campo de concentración llamado “Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía”, ubicada en la isla de Fuerteventura, destinado a la reclusión de presos comunes y políticos, fue empleado para la “reconversión” de varones homosexuales. También creó el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista encargada de “la dignificación moral de la mujer” que castigaba a las mujeres que mostraran cualquier conducta “transgresora” para el Régimen. Esta institución fue responsable de la reclusión y “reeducación” de mujeres que no se ajustaban a los estrictos valores morales impuestos por el Régimen, aplicando abusos y torturas a muchas de ellas, incluidas, por supuesto, las mujeres no heterosexuales. En todas estas instituciones fueron encarceladas centenares de personas en condiciones de hambre, trabajo esclavo y tortura.

Las cifras de estas condenas están en torno a las 5.000 personas de la disidencia sexual. La mayor parte corresponde a personas trans y a hombres homosexuales, ya que la posición ideológica del régimen no concebía el lesbianismo o la bisexualidad, lo que ha hecho difícil registrar casos de condenas por tal razón.

Desde diferentes CCAA, nace la organización y lucha del colectivo LGTBI por la libertad sexual y contra las leyes represivas del franquismo, lo que hace posible que el 25 de junio de 1.978, se convocaran movilizaciones desde los diferentes territorios, que culmina en que el 26 de diciembre de 1978, se eliminó la homosexualidad de las categorías de “peligrosos sociales” de la LRPS, pero este no fue el fin de la represión y persecución de la disidencia sexual, que continuaron vigentes a la muerte del dictador. El Código Penal, que, si bien no contemplaba expresamente la homosexualidad en su articulado, se consideraba incluida en el artículo 431 de dicho texto que regulaba el delito de “escándalo público”. Esta figura delictiva consideraba penalizable aquellas acciones que “de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia”. La moral nacional-católica del régimen franquista consideraba moralmente repugnantes los actos de homosexualidad o el uso de prendas de vestir contrarias al sexo asignado al nacer, por lo que dichas prácticas, eran tenidas por delictivas en virtud de este artículo, sus autores eran juzgados y condenados si los hechos trascendían al conocimiento público. No fue hasta el 25 de marzo de 1988, bien entrada la democracia, que el Congreso no aprobó su desaparición del Código Penal.

Una modificación del Código Penal, del año 1984, eximió de responsabilidad penal, entre otros supuestos, a la “cirugía transexual realizada por facultativos”, hasta ese momento penalizadas al ser consideradas un delito de lesiones por causar la esterilidad. No obstante, se mantuvo la obligatoriedad de un juicio de mayor cuantía contra el Estado, con abogado y procurador, para conseguir el cambio de nombre registral.

El menoscabo de derechos continúa su relato en plena democracia, cuando en 1995, por el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, se excluyó de la atención sanitaria los tratamientos hormonales a personas trans, incluidas las cirugías genitales. Por ende, por una parte, se abocó a las personas trans a la autohormonación, con el grave riesgo que esto implicaba para su salud, y, por otro lado, se forzó a las personas trans a recurrir a la medicina privada para las cirugías genitales.

El Juzgado de Igualada (Barcelona), autoriza en abril de 2.001, la primera boda civil en España entre una mujer trans y su novio. Anteriormente, aunque con nombre y sexo registral modificados, e incluida la cirugía genital, la justicia española no consideraba a la mujer trans como mujer. Por ende, el matrimonio era considerado una unión entre hombres homosexuales.

En julio de 2.014, el Parlamento Andaluz, aprueba una Ley Trans Integral, que la hace pionera en España y Europa, por introducir por primera vez dos principios irrenunciables para el reconocimiento de las personas trans, como sujetos de derecho. La despatologización de las identidades trans y la libre determinación de la identidad de género. Tres meses posteriores, en octubre, el Parlament de Catalunya, aprueba la primera Ley LGTBI, para garantía de derechos y de protección contra la discriminación de las personas LGTBI, dicha norma, incluye un régimen de sanciones administrativas por motivos de LGTBIfobia. Desde Andalucía y Catalunya, se ponen los cimientos para el inicio de una década que da como resultado, que de las 17 CCAA, en 15 se aprobasen leyes trans y/o LGTBI, siempre dentro del marco competencial de las CCAA. Era ya, una asignatura pendiente, promover una Ley Trans y LGTBI de ámbito estatal que superase los techos competenciales de las diferentes comunidades autonómicas.

En febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reconoce libremente la identidad legal de las personas trans, garantizando la autodeterminación de género sin requisitos médicos como la hormonación o el diagnóstico de una enfermedad. Una ley que ha situado a España en un referente europeo y para América Latina.

Todos estos hechos han marcado una trayectoria, desde la dictadura hasta 42 años de entrada la democracia, que han supuesto para las personas trans una violencia sistemática y una vulneración de derechos ejercida desde el Estado por su acción u omisión.

ARTICULADO

ARTÍCULO 1°. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y reparar a las personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por la violación de sus Derechos Humanos y la violencia institucional que han padecido históricamente a causa de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, garantizándoles un envejecimiento digno.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación

Serán destinatarias de las medidas previstas en la presente norma todas las personas trans y LGTBI a las que se les aplicará, por dicha condición, alguna de las medidas previstas en la Ley de Vagos y Maleantes desde su modificación de 15 de julio de 1954, en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social y las condenadas por el mismo motivo en aplicación del delito de escándalo público contemplado en el artículo 431 del Código Penal, antes de su modificación en 1988. Así mismo, les será de aplicación la presente ley a las mujeres recluidas en alguno de los centros de la Junta de Protección a la Mujer por su orientación sexual.

ARTÍCULO 3°. Reparación económica.

Las personas destinatarias de esta norma percibirán, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una prestación económica vitalicia de idéntica cuantía de la pensión mínima a la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares.

Dicha prestación será compatible con cualquier prestación no contributiva que perciba la persona destinataria, siendo excluidos estos ingresos a los efectos de computar el volumen de ingresos para determinar el derecho o no a dicha prestación no contributiva.

ARTÍCULO 4°. Cuantías

La cuantía de la prestación se incrementará en un 50% para aquellas personas que hayan sufrido privación de libertad derivada de la aplicación de las normas citadas en el artículo 2 de la presente norma.

ARTÍCULO 5°. Procedimiento

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes.

Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá, en el ejercicio de las competencias derivadas de este artículo, recabar cualesquiera datos que obren en poder de las Administraciones Públicas en relación a las personas solicitantes, para lo cual se recabará la autorización expresa de la persona solicitante.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa.

ARTÍCULO 6º. REPARACIÓN INTEGRAL

Además de la reparación económica, se incluirán acciones de reparación simbólica, tales como la recuperación de la memoria mediante investigaciones, publicaciones, difusión y la creación de espacios específicos de memoria.

Las personas destinatarias de esta norma podrán acogerse a las medidas generales de protección y reparación que recoge la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de la garantía de derechos LGTBI en sus artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67.

Asimismo, las administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las personas destinatarias de la presente norma al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, incluidos lugares públicos de residencia para personas mayores, en los términos que se establezcan.

Se establecerá, asimismo, una partida presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la recuperación y preservación de la memoria documental y audiovisual LGTBI, así como la señalización y visibilización de lugares históricos y emblemáticos para la memoria LGTBI.

El Estado debe reconocer el maltrato psiquiátrico perpetrado contra las personas LGTBI en dictadura y a las personas trans en democracia y pedir perdón para que nunca más se vuelva a repetir.

Disposición Final: Entrada en Vigor

La presente norma entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio presupuestario siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Judith Butler, filósofa: “Si sacrificas a una minoría como las personas trans, operas dentro de una lógica fascista”

Judith Butler, filósofa: “Si sacrificas a una minoría como las personas trans, operas dentro de una lógica fascista”

Gran referente del feminismo y de los estudios de género, la pensadora nos recibe en California tras ser votada como una de las mentes más influyentes del mundo

Judith Butler
Judith Butler en el edificio de mineralogía del campus de la Universidad de Berkeley, en California, el pasado 20 de noviembre.Carlos Rosillo
A Judith Butler (Cleveland, Ohio, 68 años) las listas no le “interesan demasiado”. Ni siquiera si, como es el caso, las encabeza. “Estoy en una ilustre compañía masculina”, dice al escuchar los nombres de Thomas Piketty, Noam Chomsky y Jürgen Habermas, segundo, tercer y cuarto pensadores más influyentes votados por los expertos convocados por Ideas. “¿Me convierte eso en un hombre?”.
Butler, referente del feminismo y de los estudios de género y de la teoría crítica y la filosofía contemporáneas, se registró hace años como persona no binaria en California. No se cambió el nombre —para sorpresa, recuerda, de quien atendía la ventanilla del juzgado— pero sí los pronombres en inglés por they/them, un gesto de autodeterminación que en español equivaldría al uso de elle en lugar de ella.
Lleva desde los noventa enseñando e investigando en Berkeley, donde vive con su pareja, la politóloga Wendy Brown. Butler nos encontró en la torre del reloj de la universidad un día de tormenta en la bahía de San Francisco. Habló del enorme impacto que —sobre los jóvenes, en particular— aún tiene su libro más famoso,El género en disputa(1990, traducido en Paidós, como mucho de su trabajo), así como de la fenomenal reacción que provocaron aquellas teorías en la sociedad, la política y hasta la cultura pop, una onda expansiva a la que dedicó su último ensayo,¿Quién teme al género? (2024). Aquel miércoles ―en el que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que prohibirá usar los baños de mujeres del Capitolio a Sarah McBride, primera congresista trans de la historia―, habían pasado dos semanas del triunfo de Trump, así que el análisis sobre cómo pudo suceder y el vaticinio de lo que se avecina protagonizaron también una charla en la que Butler derrochó generosidad, paciencia e ironía.
A los pocos días, y a tenor de los derroteros que tomó la conversación, envió un correo electrónico en el que dijo que le gustaría pensar que la influencia que le reconoce el ranking de Ideas se deriva de su obra y no de las controversias públicas que suele protagonizar, de la guerra de Gaza al feminismo que se opone a considerar mujeres a las mujeres trans. Esa obra va mucho más allá de esas polémicas, y también de la teoría queerque alumbró a finales de los ochenta: Butler ha escrito brillantemente sobre la censura, la no violencia o la insurgencia de Antígona, y ha reflexionado en diálogo con otros pensadores, formato que encuentra “inspirador”, acerca de asuntos como el secularismo o la agonía del Estado-nación. Ahora trabaja en un ensayo largamente postergado sobre Kafka.
Pregunta. ¿A quién habría votado usted como el pensador más influyente?
Respuesta. A [la escritora india] Arundhati Roy. Sus opiniones sobre la pandemia, la opresión o la justicia son muy poderosas. Al menos en mi mundo, cuando ella habla, la gente escucha.
P. ¿Y cuáles son los tres intelectuales que más le han inspirado?
R. Probablemente Hegel y Freud, y o bien [Michel] Foucault o Simone de Beauvoir. No me haga elegir entre esos dos…
“La versión de masculinidad que representa Trump lleva a algunos niños a cuestionar las normas de género”
P. Este mes se cumplen 35 años de El género en disputa. ¿Ha cambiado su forma de ver el género en este tiempo?
R. Como aún no he muerto, mi pensamiento sigue vivo, así que sí. Abandoné el tema tras Deshacer el género (2004) y pasé 20 años en otros asuntos. Retomarlo [en su último ensayo] fue raro, porque tuve que investigar su evolución en las últimas décadas. Cuando escribí El género en disputa estaba adentrándome en la teoría feminista francesa y el posestructuralismo, eso que en mi país se suele vender como “french theory”. Esa influencia fue una de las razones por las que acabó siendo un libro difícil. Pese a su densidad, es extrañamente popular. Lo cual me da que pensar que los lectores son más curiosos e inteligentes de lo que suponemos.
P. ¿Diría que el público está más interesado en las ideas que entonces?
R. Tal vez en Europa o en España, donde hay festivales de filosofía y largos artículos en EL PAÍS sobre pensadores [risas]. En Estados Unidos hay una frontera muy marcada entre los académicos y los escritores públicos. Yo a veces la traspaso. No siempre. No me gusta la categoría de intelectual público, es muy individualista. Cuando el trabajo de alguien se vuelve públicamente interesante es por algo que ya está pasando en el mundo: nuevas formas de pensar de los jóvenes, cambios en la sexualidad o en las formas de vida familiar, curiosidad sobre el género… Esos fenómenos públicos, a menudo incómodos, son los que hacen que ciertos intelectuales adquieran prominencia, porque están pensando sobre lo que a la gente le preocupa. Piketty es importante porque nos ayuda a pensar la desigualdad. Y apreciamos que alguien como Dipesh Chakrabarty indague en un problema tan acuciante como el clima. La mayor parte de nuestro trabajo es colaborativo. No podría haber escrito El género en disputa sin la teoría feminista, el activismo gay e incluso la escena de bares de New Haven [donde Butler vivía entonces]. Aquel trabajo reunía varios legados, y luego yo firmé con mi nombre.
Judith Butler, el 20 de noviembre, en el Stephens Hall de la Universidad de Berkeley.
Judith Butler, el 20 de noviembre, en el Stephens Hall de la Universidad de Berkeley.Carlos Rosillo
P. ¿Hay algún aspecto de El género en disputa que lamente?
R. No es arrepentimiento, pero lo que más entusiasmó a los lectores fue el concepto de performatividad. Mucha gente lo entendió como la defensa de una libertad para ser lo que quieras y cambiar quién eres. Es solo la última parte del libro, aunque incluso ahí digo claramente, a partir de la idea de “libertad situada” de Simone de Beauvoir, que siempre ejercemos la libertad con ciertas restricciones…
Butler se calla para escuchar el rumor de una protesta que llega de la calle. ¿Es por la guerra de Gaza?, pregunto. “Parece una manif”, responde empleando un coloquialismo chic en francés. “A menos que tengan permiso, se las verán con los de seguridad”.
P. Decían que este sería un otoño caliente de protestas en los campus, pero no ha sido así, ¿no?
R. Cuando ves cómo pegan a la gente en otras universidades, entiendes que las autoridades no siempre respetan la libertad de expresión. Están adoptando medidas cada vez más draconianas. Con Trump parece claro que eso se intensificará. Creo que los manifestantes están repensando sus estrategias.
P. En el curso pasado, esas protestas se presentaron como una colisión entre libertad de expresión y antisemitismo…
R. Me encanta que la manifestación haya cambiado nuestra conversación. Eso significa que no funcionamos fuera del mundo real. Es imperativo oponerse al antisemitismo como a cualquier tipo de racismo. El problema es la definición de antisemitismo. No puede ser que si criticas a Israel estés atacando al pueblo judío. En Israel, se escuchan críticas bastante fuertes, también al sionismo. Si [el diario] Ha’Aretz puede dar cabida a debates como esos, ¿por qué plantear esa discusión [en Estados Unidos] se interpreta como antisemita? De todos modos, este no es un buen momento para una reflexión seria y tranquila sobre el asunto. La censura sustituye al debate complejo cuando más lo necesitamos, ahora que tantas democracias están al borde de sucumbir a poderes autoritarios.
“Una acción genocida apunta a un grupo étnico y a las infraestructuras de su vida. Es lo que estamos viendo en Gaza”
P. Recientemente definió a Hamás como un “movimiento de resistencia”…
R. Es lamentable: la gente toma una frase y la convierte en tu postura completa. Hay tal prisa por censurar y condenar que es muy difícil tener una discusión abierta. Si digo que es un movimiento de resistencia, lo estoy describiendo, pero no significa que lo apoye. Da igual: si pronuncias ciertas palabras y no otras, no superas la prueba, y tu reputación acaba por los suelos. Y luego está el hecho de que si en Francia dices résistance, estás hablando de uno de los movimientos de liberación más importantes de su historia como nación moderna. Para ellos, la resistencia es un valor supremo, y el terrorismo es lo que usas contra todo lo que no te gusta, algo que empleas para referirte a grupos como Hamás sin necesidad de matizar nada.
P. Nací en el País Vasco, y recuerdo lo delicado que puede ser el lenguaje. Por ejemplo, cuando la BBC seguía llamando a ETA un “grupo separatista”. ¿No es Hamás un grupo terrorista?
R. Hamás utiliza tácticas terroristas, sin duda, pero no todos los países de Naciones Unidas lo consideran un grupo terrorista; tiene un ala no militar que proporciona servicios sociales y distribuye ayuda humanitaria, motivo por el que Israel bombardea esos convoyes. Y yo me pregunto: ¿por qué la violencia estatal israelí, que es mucho más destructiva y comete crímenes contra la humanidad de manera habitual, no se llama “terrorismo de Estado”? En Estados Unidos, incluso a [el pensador palestino] Edward Said lo llamaron terrorista. Se utiliza esa palabra con mucha facilidad para cancelar debates. Pero si queremos saber por qué los palestinos se alzan de esa manera, entonces hay que contar una historia más larga. Eso no significa que los esté exculpando. Escribí un libro entero sobre la no violencia [La fuerza de la no violencia, 2021], que deja claro cuál es mi compromiso. Por eso creo que es mala fe, cuando no irresponsabilidad intelectual, decir que, porque puedo admitir que es la facción armada del movimiento palestino de liberación, apoyo su violencia.
P. Eso conecta con uno de los puntos más interesantes de su trabajo, la idea de la grievability, la noción de que hay personas que merecen más ser lloradas que otras.
R. Quienes hacen la guerra a menudo conciben las de quienes aniquilan como vidas que de todos modos no valía la pena vivir. No lamentan esas pérdidas, porque carecen de valor. Se considera a los palestinos como amenazas a la existencia israelí, no como seres humanos. Una vez que una población ha sido tan degradada que ya no cuenta entre la comunidad humana, queda despejado el camino hacia la acción genocida. Y lo que estamos viendo en Gaza son acciones genocidas.
P. No exactamente un genocidio…
R. Una acción genocida es aquella que no solo tiene como objetivo a un grupo étnico muy específico de personas, sino también las infraestructuras de la vida. Raphael Lemkin, que ideó en 1944 su doctrina, fue muy claro al respecto. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre Palestina, acepta esa definición para lo que está sucediendo en Gaza. Así que creo que es una conducta genocida. Lo que a la gente le cuesta más comprender es que este tipo de tácticas y esta forma de matar, de desposeer por la fuerza, no empezó el 7 de octubre [de 2023], sino que opera desde [la creación del Estado de Israel en] 1948.
“Cada vez que un niño dice que quiere hormonas no hay que correr a que se las receten, pero tampoco rechazar de plano la idea”
P. Volvamos al punto en el que la realidad interrumpió la conversación. Hablábamos de la performatividad en El género en disputa
R. Ese libro fue importante para mucha gente, porque les permitió ver que habían nacido en un mundo de fuertes expectativas sobre lo que significa ser hombre o mujer. Hay algunas personas que no cumplen esas expectativas, pero ese fracaso puede ser muy prometedor si lo miramos desde la perspectiva de un espíritu autónomo que se desvía del camino, que no acepta acatar normas, que busca otra senda.
P. ¿Dónde sitúa el límite para considerar a un menor listo para incumplir estas normas?
R. Esa es una pregunta muy práctica. Los jóvenes deberían poder tomarse su tiempo para encontrar su propio camino. Enseñar género en la escuela no significa que les estés incitando a volverse homosexuales o trans. Eso es confundir el debate con el adoctrinamiento. No brindar apoyo a quienes no se sienten cómodos con su género me parece un acto de crueldad. No creo que cada vez que un niño dice que quiere hormonas haya que correr a que se las receten, pero tampoco en rechazar de plano la idea.
“Hay algunas feministas que necesitan comprender mejor quiénes son las personas trans”
P. En su último libro habla de un “fantasma” creado para avivar los temores en torno al género. ¿Simpatiza con los padres preocupados por que sus hijos se equivoquen?
R. Sí. Esos padres tienen miedo, pero no puedo entender por qué prefieren no saber sobre ciertas cosas. Un hombre me dijo en Chile que no quería que una familia gay viviera en la casa de al lado. “Soy heterosexual, estoy casado y disfruto de la sexualidad reproductiva. Sigo la forma de vida que Dios ha ordenado, y es la única moralmente correcta”. Su miedo es que si hay diferentes tipos de familias, entonces su elección puede volverse menos natural, menos necesaria.
P. Una de las principales críticas a la ideología de género es que la industria farmacéutica tiene intereses en ella
R. Esa industria se lucra con el reemplazo hormonal, pero tengo entendido que el beneficio que extraen de la terapia para mujeres posmenopáusicas es mucho mayor. Por supuesto que las grandes farmacéuticas son parte de ello, como lo son del tratamiento de la depresión, pero hay otros problemas por los que los niños cuestionan las normas de género, entre otros, la versión de masculinidad que representa Trump. Necesitan espacios donde ejercer su autonomía. ¿Cómo afirmarse? A veces, con un sencillo pronombre.
P. ¿Entiende las preocupaciones de las feministas que piensan que el género supone un borrado de las mujeres?
R. Hay un cierto feminismo que, creo que sin saberlo, se ha aliado en países como el Reino Unido o España con la extrema derecha a la hora de instigar ese fantasma sobre el género. Las entiendo, pero eso no significa que crea que se basan en el conocimiento. Tal vez necesitan comprender mejor quiénes son las personas trans. La feminidad no se borrará solo porque abramos la puerta y las invitemos a entrar. Este es un momento para ampliar las alianzas, no para luchas sectarias sobre baños. Las mujeres saben lo que es que les nieguen atención sanitaria. Ahora mismo, les privan del acceso a la salud reproductiva en varios países, Estados Unidos entre ellos. Saben lo difícil y necesario que es luchar por la autonomía. Entonces, ¿por qué no apoyan la lucha de las personas trans por esos cuidados y por vivir sin miedo a la violencia?
P. El fantasma pareció funcionar para la campaña de Trump. Uno de sus eslóganes decía: “Kamala está por elles (they/them). El presidente Trump está por ti”. La cuestión era si dar o no tratamientos de cambio de sexo a la población carcelaria migrante, una porción minúscula de la sociedad. Pero eso, y el hecho de que Harris no lo refutara, fue una poderosa razón para la victoria republicana.
R. Dudo de que ganara por eso. Los votantes ya vivían con temor por la economía, la guerra y la catástrofe climática. Trump supo cómo explotar y reenvasar esos miedos para poner a las minorías como chivos expiatorios. Ese mensaje apelaba a la ansiedad. Unió su retórica antiinmigrante a su discurso antitrans y antifeminista: Harris, la progresista, la marxista, la mujer negra que apoya la cirugía trans (aterradora) para los migrantes que inundan la frontera (también aterrador). En la izquierda, no sabemos cómo apelar a las pasiones de los votantes. Nos creemos muy inteligentes y muy críticos. ¿Dónde quedó el atractivo de nuestro imaginario radical? De todos modos, el juego de buscar culpables tras la derrota no me gusta. Tampoco el “Oh, no vimos lo antitrans y antiinmigrantes que son los votantes”.
P. No fue solo el trumpismo. Algunas voces demócratas dicen que es hora de superar la cuestión de los derechos de los trans en asuntos como el deporte, que afecta a pocos.
R. Se podría decir eso de los judíos, los negros, los haitianos o de cualquier minoría vulnerable. Una vez que decides que se puede sacrificar a una, estás operando dentro de una lógica fascista; puede haber una segunda y una tercera, y una cuarta, y luego, ¿qué?
Protesta contra una visita de Judith Butler a São Paulo en 2017. Los manifestantes, mujeres en su mayoría, acabaron quemando su efigie.
Protesta contra una visita de Judith Butler a São Paulo en 2017. Los manifestantes, mujeres en su mayoría, acabaron quemando su efigie.NELSON ALMEIDA/Getty Images (AFP via Getty Images)
P. J. K. Rowling ha predicho con sarcasmo que para enfrentarse a Trump, el diario The Guardian va a pasar cuatro años publicando “extensos ar­tículos de [el escritor británico de izquierda] Owen Jones quejándose de que los taxistas estadounidenses no leen suficientemente a Judith Butler”. ¿Es insalvable el distanciamiento entre las élites y esa entelequia llamada “gente normal”?
P. Los taxistas eran demócratas hasta hace unos 20 años. Bernie Sanders tenía a los taxistas. Y Alexandria Ocasio-Cortez. Ambos son progresistas en lo social, en lo económico y en las políticas de género. Si la creciente disparidad entre ricos y pobres se colocara en el centro de la pasión de una coalición demócrata o liberal, y no solo como un adorno, entonces tal vez tendríamos un nuevo efecto Bernie. Por cierto, tengo grandes discusiones sobre género con taxistas. Me parece que muchos de ellos son excelentes teóricos de lo cotidiano.
P. Estas elecciones han sido las de género, pero no en el sentido que algunos de sus lectores habrían imaginado. Acabaron siendo un enfrentamiento entre los hombres heterosexuales y las mujeres. Y un triunfo de la machosfera misógina. ¿Lo interpreta como una reacción a lo que usted representa y a lo que ha defendido durante décadas?
R. Es parte del panorama. Pero lo importante es cómo pensamos sobre esta aparente división en un contexto de racismo cada vez más violento. La convergencia de género y raza en Harris fue fundamental en un país que es cada vez más misógino y racista.
P. ¿Se demostró una vez más que este país no está preparado para elegir a una mujer, o fue esa mujer en particular?
R. No estoy de acuerdo con mucho de lo que decía en asuntos como el fracking, la migración o Palestina, y no apoyé activamente su candidatura, pero voté por ella. Tenemos una historia perniciosa de misoginia, que se celebra en la persona de Trump. Culpable de delitos sexuales, ha hecho más que nadie para degradar a la mujer. Cuando alguien dice que no le gusta esa parte de su comportamiento, pero que le vota por la economía, está indicando que tolera su racismo y su misoginia. Y si lo toleran no siendo racistas entusiastas, alientan a los racistas entusiastas y a los fascistas. Observo una especie de fantasía restaurativa en muchos movimientos de derechas en Estados Unidos. Quieren volver a la idea de un país blanco, al principio de la familia patriarcal o de los matrimonios solo heterosexuales. Yo lo llamo furia nostálgica por un pasado imposible. Es como si, porque les asusta la complejidad del mundo en el que vivimos, vieran bien cebarse rabiosamente con los más vulnerables para defenderse ellos mismos.
P. ¿El resultado de las elecciones significa que lo woke está arruinado? En inglés rima: woke is broke.
R. Ni siquiera sé qué es lo woke, más allá de un insulto de la derecha.
P. Reformularé la pregunta. ¿Supone la victoria de Trump un cierto fin de las políticas de la identidad?
P. La identidad es, para mí, un punto de partida para tejer alianzas, que necesitamos que sean amplias e incluyan a todo tipo de personas, desde las trans hasta la clase trabajadora y esos taxistas que preocupan a Rowling. La identidad es un buen comienzo para establecer conexiones y generar comunidad. Pero no es buena idea cuando una política de identidad se centra solo en la identidad. Cuando eso sucede, crece el sectarismo y pones en peligro el ideal del mundo como un lugar interconectado.

La Plataforma Trans muestra su indignación por la exclusión del PSOE de las mujeres trans en el deporte femenino

La Plataforma Trans muestra su indignación por la exclusión del PSOE de las mujeres trans en el deporte femenino

La Federación de colectivos trans, Plataforma Trans, ha mostrado su «repulsa e indignación.’ por la enmienda aprobada por el PSOE en su Congreso Federal que excluye a las mujeres trans en las competiciones deportivas de mujeres y suprime la Q+ de las siglas LGTBI.

Desde Plataforma Trans critican que el PSOE ‘a través de su amplio sector de mujeres contrarias a los derechos de las personas trans ya inició una campaña criminal de desinformación, bulos y estigmatización de las vidas de las personas trans en su intento de menoscabar la Ley Trans’.

La plataforma destaca que el último informe sobre asesinatos por odio a la población trans de Transgender Europe recoge un aumento de los mismos en el último año y señala como causas directas al discurso de odio, señalamiento y estigmatización sobre las personas trans de la ultraderecha «y también del movimiento de mujeres anti derechos trans, que en nuestro pais proliferan en las filas del Partido Socialista y que están construyendo el argumentario a la ultraderecha’, afirma Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.

«Señalar a las personas trans y de la diversidad sexual como el eje del mal, contrario a la igualdad de las mujeres, nos parece un uso perverso del feminismo y es similar a cuando la ultraderecha criminaliza a las personas migrantes como causantes de la delincuencia», finaliza Cambrollé.

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-plataforma-trans-muestra-indignacion-exclusion-psoe-mujeres-trans-deporte-femenino-20241201114743.html

La realidad queer que esconde el «Q+»: «Los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos y no pueden debatirse» Asociaciones en defensa del colectivo rechazan que el PSOE no incorpore la sigla completa: «El mundo queer ha hecho más por el feminismo que muchas mujeres transodiantes». Javier Escartín 02/12/2024 a las 15:07 Actualizado el 02/12/2024 a las 17:14 0 La carroza del PSOE en la manifestación por el Orgullo en 2012Pablo Blazquez Dominguez El Congreso Federal del PSOE celebrado este pasado fin de semana en Sevilla no sólo sirvió para ‘entronizar’ de nuevo a Pedro Sánchez como secretario general del partido o para renovar su Comité Ejecutivo. El millar de delegados socialistas que acudieron a la cita en la Ciudad de las Luces también se encargaron de llevar a cabo el rearme ideológico que marcará la hoja de ruta a seguir por el PSOE en los próximos años. Todo este ideario se plasma en la denominada ‘ponencia marco’, que primero elabora el partido y que después las diferentes agrupaciones retocan presentando enmiendas a la misma. Durante todo el fin de semana, se analizaron más de 6.000 propuestas presentadas por las delegaciones provinciales a dicha ponencia. Una de las aprobadas insta a no incluir el Q+ en las siglas LGTBIQ+, a petición del movimiento feminista, con el objetivo de eliminar las referencias al término ‘queer’. Varias delegaciones, como las de Cáceres, Mallorca, Pontevedra o Coruña, rechazaban esta sigla completa por «su significado misógino, ultraliberal y antifeminista». La decisión ha provocado un tsunami de críticas por parte de diferentes colectivos LGTBIQ+ y de socios del PSOE como Sumar o Más Madrid, que lo ven como “un paso atrás” en la defensa de los derechos del colectivo únicamente “por contentar a quienes buscan excluir”. ¿Pero cómo se llegó a aprobar esta enmienda? Tal como contó el domingo El HuffPost, las enmiendas se debaten en su comisión correspondiente y, si superan el 30% de los apoyos, son debatidas y votadas posteriormente en el plenario. Un plenario que se convoca una vez finalizan cada una de las seis comisiones y cuya hora no está nunca clara ya que depende de lo que se tarde en votar las enmiendas. La de Igualdad, que acabó pronto, hizo que mucha gente se fuera antes de tiempo después de que corriera el rumor de que el plenario se iba a celebrar a primera hora de la mañana. Pero no fue así. A las 20 horas, el partido envió un mensaje a los delegados avisando de que una hora después estaban convocados para poner en común y definir las enmiendas vivas. Según fuentes presentes, el sector del feminismo clásico, «organizado», estuvo puntual como un reloj para defender su propuesta. Tras no encontrar suficiente voto en contra al no estar debidamente representado el sector LGTBI, acabó siendo aprobada. «El feminismo ha vuelto a tomar su puesto en el PSOE. Hemos ganado. Esa es la valoración. Hemos desterrado el lenguaje queer. Hemos frenado su agenda de explotación. Hemos demostrado capacidad y unidad», señalaba en X Amelia Valcárcel, histórica dirigente socialista, tras el Congreso. Una opinión que respaldaron también otras mujeres escoladas en el denominado «feminismo clásico». Las siglas LGTBIQ+ engloban la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de géneros. Así, la ‘L’ hace referencia a lesbianas, la ‘G’ a gays, la ‘T’ a transexuales, ‘B’ de bisexuales y la ‘I’ a intersexuales. La letra «Q», por su parte, simboliza la palabra «queer» (sin etiquetas). Se refiere a las personas que no quieren ser catalogadas con las etiquetas tradiciones. Por último, el símbolo «+» incluye a todas aquellas personas que no se sienten representadas por ninguna de las siglas anteriores. En este concepto tan amplio se incluyen las personas con género fluido, no binarias, pansexuales o asexuales. Cabe recordar que el denominado «feminismo clásico» reniega de la autodeterminación de género y, en consecuencia, rechazan la ley trans aprobada por PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Según sus ideas, sólo existen dos géneros y el sexo biológico es lo único que determina si alguien puede ser considerado «hombre» o «mujer». Víctor Gutiérrez, secretario de LGTBI del PSOE y defensor de la ley trans, ha garantizado tras la polémica que su partido continuará trabajando para garantizar los derechos y reconocer las libertades de «todas las siglas del colectivo sin excepción», aunque no vayan a añadir el Q+ en sus documentos oficiales. Además, ha explicado que el partido nunca ha utilizado históricamente esa nomenclatura, solo LGTBI. «No se añade nada, que es muy diferente a ‘se elimina'», ha precisado. En efecto, el acrónimo LGTBI fue el que también fijó el partido en sus resoluciones de su 40º Congreso Federal en 2021, el anterior al de este año. Pero la supresión del «Q+» a la hora de referirse a las siglas que representan al colectivo ha provocado un enorme enfado entre asociaciones y grupos que defienden los derechos LGTBIQ+. «Esta exclusión invisibiliza de forma deliberada a las personas queer, trans y no binarias, y las deja desprotegidas frente a la discriminación estructural que aún existe en el aparato administrativo. Además, contradice los principios de igualdad y dignidad consagrados en la Constitución Española y en tratados internacionales», señala a El HuffPost Luis Francisco Sánchez, delegado nacional de IHRF (International Human Rights Foundation) en España. La decisión del PSOE, según él, no puede ser «aceptable» en un contexto «de riesgo real de retrocesos en derechos LGTBIQ+». «La igualdad y la inclusión no son negociables y los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos y no pueden debatirse. Sólo deben respetarse con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico nacional e internacional», añade. Mar Cambrollé, activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, ve por su parte «doloroso» que el PSOE «esté regalando el fundamento transfóbico a la ultraderecha». «Ya dijimos que primero señalarían a las personas trans, pero que luego irían a por otros colectivos. Y ahora han ampliado su ataque a las personas queer y otras realidades de la diversidad», señala en una conversación teléfonica. Para Cambrollé, la simple decisión de haber aceptado debatir esa enmienda en el Congreso Federal del PSOE ya es un ataque «contra la dignidad y los derechos humanos» del colectivo. «Es como si en una ponencia se discutiera si un hombre tiene derecho o no a pegarle a su mujer. Hay debates que ya están superados y el hecho de darles un espacio es, en sí, un ejercicio de discriminación», asegura. Finalmente, la activista defiende que el movimiento queer y trans han aportado al feminismo el cuestionamiento de los roles de género divisorios, «que hablan de un binarismo, sexismo y cisheterosexismo, y donde es más fácil la opresión machista y patriarcal». Por este motivo, enfatiza que tanto lo queer como las personas trans han hecho más por el feminismo «que este movimiento de mujeres que son transodiantes y antiderechos trans». «Lo único que ellas han conseguido es romper la unidad del feminismo y levantar una campaña criminal de odio que está teniendo lamentables consecuencias en las vidas de las personas trans», concluye. Javier Escartín

La realidad queer que esconde el «Q+»: «Los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos y no pueden debatirse»

Asociaciones en defensa del colectivo rechazan que el PSOE no incorpore la sigla completa: «El mundo queer ha hecho más por el feminismo que muchas mujeres transodiantes».

El Congreso Federal del PSOE celebrado este pasado fin de semana en Sevilla no sólo sirvió para ‘entronizar’ de nuevo a Pedro Sánchez como secretario general del partido o para renovar su Comité Ejecutivo. El millar de delegados socialistas que acudieron a la cita en la Ciudad de las Luces también se encargaron de llevar a cabo el rearme ideológico que marcará la hoja de ruta a seguir por el PSOE en los próximos años. Todo este ideario se plasma en la denominada ‘ponencia marco’, que primero elabora el partido y que después las diferentes agrupaciones retocan presentando enmiendas a la misma.

Durante todo el fin de semana, se analizaron más de 6.000 propuestas presentadas por las delegaciones provinciales a dicha ponencia. Una de las aprobadas insta a no incluir el Q+ en las siglas LGTBIQ+, a petición del movimiento feminista, con el objetivo de eliminar las referencias al término ‘queer’. Varias delegaciones, como las de Cáceres, Mallorca, Pontevedra o Coruña, rechazaban esta sigla completa por «su significado misógino, ultraliberal y antifeminista».

La decisión ha provocado un tsunami de críticas por parte de diferentes colectivos LGTBIQ+ y de socios del PSOE como Sumar o Más Madrid, que lo ven como “un paso atrás” en la defensa de los derechos del colectivo únicamente “por contentar a quienes buscan excluir”.

¿Pero cómo se llegó a aprobar esta enmienda? Tal como contó el domingo El HuffPost, las enmiendas se debaten en su comisión correspondiente y, si superan el 30% de los apoyos, son debatidas y votadas posteriormente en el plenario. Un plenario que se convoca una vez finalizan cada una de las seis comisiones y cuya hora no está nunca clara ya que depende de lo que se tarde en votar las enmiendas.

La de Igualdad, que acabó pronto, hizo que mucha gente se fuera antes de tiempo después de que corriera el rumor de que el plenario se iba a celebrar a primera hora de la mañana. Pero no fue así.  A las 20 horas, el partido envió un mensaje a los delegados avisando de que una hora después estaban convocados para poner en común y definir las enmiendas vivas. Según fuentes presentes, el sector del feminismo clásico, «organizado», estuvo puntual como un reloj para defender su propuesta. Tras no encontrar suficiente voto en contra al no estar debidamente representado el sector LGTBI, acabó siendo aprobada.

«El feminismo ha vuelto a tomar su puesto en el PSOE. Hemos ganado. Esa es la valoración. Hemos desterrado el lenguaje queer. Hemos frenado su agenda de explotación. Hemos demostrado capacidad y unidad», señalaba en X Amelia Valcárcel, histórica dirigente socialista, tras el Congreso. Una opinión que respaldaron también otras mujeres escoladas en el denominado «feminismo clásico».

Las siglas LGTBIQ+ engloban la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de géneros. Así, la ‘L’ hace referencia a lesbianas, la ‘G’ a gays, la ‘T’ a transexuales, ‘B’ de bisexuales y la ‘I’ a intersexuales. La letra «Q», por su parte, simboliza la palabra «queer» (sin etiquetas). Se refiere a las personas que no quieren ser catalogadas con las etiquetas tradiciones.

Por último, el símbolo «+» incluye a todas aquellas personas que no se sienten representadas por ninguna de las siglas anteriores. En este concepto tan amplio se incluyen las personas con género fluido, no binarias, pansexuales o asexuales.

Cabe recordar que el denominado «feminismo clásico» reniega de la autodeterminación de género y, en consecuencia, rechazan la ley trans aprobada por PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Según sus ideas, sólo existen dos géneros y el sexo biológico es lo único que determina si alguien puede ser considerado «hombre» o «mujer».

Víctor Gutiérrez, secretario de LGTBI del PSOE y defensor de la ley trans, ha garantizado tras la polémica que su partido continuará trabajando para garantizar los derechos y reconocer las libertades de «todas las siglas del colectivo sin excepción», aunque no vayan a añadir el Q+ en sus documentos oficiales. Además, ha explicado que el partido nunca ha utilizado históricamente esa nomenclatura, solo LGTBI. «No se añade nada, que es muy diferente a ‘se elimina'», ha precisado. En efecto, el acrónimo LGTBI fue el que también fijó el partido en sus resoluciones de su 40º Congreso Federal en 2021, el anterior al de este año.

Pero la supresión del «Q+» a la hora de referirse a las siglas que representan al colectivo ha provocado un enorme enfado entre asociaciones y grupos que defienden los derechos LGTBIQ+. «Esta exclusión invisibiliza de forma deliberada a las personas queer, trans y no binarias, y las deja desprotegidas frente a la discriminación estructural que aún existe en el aparato administrativo. Además, contradice los principios de igualdad y dignidad consagrados en la Constitución Española y en tratados internacionales», señala a El HuffPost Luis Francisco Sánchez, delegado nacional de IHRF (International Human Rights Foundation) en España.

La decisión del PSOE, según él, no puede ser «aceptable» en  un contexto «de riesgo real de retrocesos en derechos LGTBIQ+». «La igualdad y la inclusión no son negociables y los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos y no pueden debatirse. Sólo deben respetarse con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico nacional e internacional», añade.

Mar Cambrollé, activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, ve por su parte «doloroso» que el PSOE «esté regalando el fundamento transfóbico a la ultraderecha». «Ya dijimos que primero señalarían a las personas trans, pero que luego irían a por otros colectivos. Y ahora han ampliado su ataque a las personas queer y otras realidades de la diversidad», señala en una conversación teléfonica.

Para Cambrollé, la simple decisión de haber aceptado debatir esa enmienda en el Congreso Federal del PSOE ya es un ataque «contra la dignidad y los derechos humanos» del colectivo. «Es como si en una ponencia se discutiera si un hombre tiene derecho o no a pegarle a su mujer. Hay debates que ya están superados y el hecho de darles un espacio es, en sí, un ejercicio de discriminación», asegura.

Finalmente, la activista defiende que el movimiento queer y trans han aportado al feminismo el cuestionamiento de los roles de género divisorios, «que hablan de un binarismo, sexismo y cisheterosexismo, y donde es más fácil la opresión machista y patriarcal». Por este motivo, enfatiza que tanto lo queer como las personas trans han hecho más por el feminismo «que este movimiento de mujeres que son transodiantes y antiderechos trans». «Lo único que ellas han conseguido es romper la unidad del feminismo y levantar una campaña criminal de odio que está teniendo lamentables consecuencias en las vidas de las personas trans», concluye.

https://www.huffingtonpost.es/politica/la-realidad-queer-esconde-q-los-derechos-lgtbiq-son-derechos-humanos-debatirse.html

Registrada la Ley de Memoria Trans en el Congreso de los Diputados

Registrada la Ley de Memoria Trans en el Congreso de los Diputados

Hoy se ha dado el primer paso para que la Ley de Memoria Trans se convierta en una realidad con el registro de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Una ley que nace con un gran apoyo político, han firmado el registro de la norma los partidos Podemos, BNG, Junts, ERC, EH Bildu y Sumar.

La ley, impulsada por la Federación Plataforma Trans, viene a exigir el reconocimiento del daño causado a las personas trans y LGTBI por el Estado español, tanto en la dictadura como en la democracia y que pone encima de la mesa la reparación para las personas que tuvieron que sufrir persecución, cárcel y tortura simplemente por su orientación sexual o identidad de género.

La proposición de ley contempla una pensión para las personas mayores de 65 años que fueron represaliadas por su condición sexual, una pensión de idéntica cuantía a la percibida por pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares y que aumentaría en un 50% para personas que sufrieron privación de libertad, destierro, torturas, maltrato psiquiátrico o negación del acceso en igualdad de oportunidades a derechos fundamentales.

«El Estado tiene una deuda con nosoTrans y hoy damos el primer paso para que esto sea reparado. Pedimos una paga vitalicia para todas las mujeres trans, para los gays y las mujeres lesbianas víctimas de la dictadura que tengan más de 65 años, una paga vitalicia equiparable a la que tiene cualquier pensionista mayor de 65 años. El Estado tiene una deuda, ahora es hora de pagarla», ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, frente al Congreso de los Diputados.

TEXTO COMPLETO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Proposición de Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La memoria histórica se refiere al esfuerzo consciente por recuperar, verificar y rememorar la historia de una parte de la ciudadanía, pueblo o una cultura, especialmente en relación con eventos, experiencias y períodos de desigualdad. Este concepto se utiliza comúnmente para abordar la reflexión y el estudio de eventos traumáticos, conflictos, injusticias históricas o violaciones de derechos humanos. Se busca reconocer lo ocurrido, honrar a las víctimas, promover la verdad, la justicia y la reparación, además de prevenir la repetición de dichos eventos en el futuro.

Por otro lado, se refiere al proceso mediante el cual los individuos o grupos marginados, excluidos históricamente o vulnerables se incorporan plenamente en la sociedad, participan en la vida comunitaria y disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que otros miembros de esa sociedad. Esto implica no solo la igualdad legal, sino también la aceptación, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Es esencial reconocer la memoria histórica, ya que contribuye directamente a la reparación social y a aprender de las experiencias pasadas para construir una sociedad más inclusiva en el presente.

La ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, en adelante LPRS, fue una ley española aprobada por el régimen franquista el 4 de agosto de 1970. Entre otros supuestos, penalizaba con penas de prisión y destierro las prácticas homosexuales, declarando a las personas procesadas en “estado peligroso”, por lo cual se les aplicó, citando textualmente, “las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a los que realicen actos de homosexualidad”.

Como resultado, dicha legislación se tradujo en una cacería y persecución política sobre las personas que por amar o ser de forma distinta a lo que el régimen franquista consideraba correcto, podían cumplir penas de privación de libertad, desde 6 meses hasta 3 años, dependiendo de la arbitrariedad del juez. En particular, al tratarse de una ley especial, no existía ni la presunción de inocencia ni el derecho a juicio.

La dictadura calificaba la transexualidad como una «homosexualidad extrema» y la perseguía como si se tratase de un delito, creía que las personas homosexuales eran tan delincuentes como enfermas, y que las personas trans no eran más que la manifestación de una «homosexualidad extrema» a la que había que «convertir» con cárcel, marginación y «reeducación».

Cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas que fueron discriminadas, apartadas y durante mucho tiempo olvidadas, por tanto, relegadas al olvido. Estas condiciones que tuvieron carácter estructural, les impidieron tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, abocándolas a los márgenes sociales y a la exclusión social, teniendo un gran impacto en su salud física y psíquica. Hoy en el ocaso de sus vidas, de nuevo les golpea la precariedad extrema derivada de un régimen dictatorial que fue inmisericorde y del olvido de la democracia.

La miopía del Régimen Franquista, incapaz de distinguir entre orientación sexual e identidad de género, hizo que una proporción elevada de las víctimas de esta ley, aunque bajo el supuesto de “homosexuales”, fueran las personas trans y aquellas que tenían una expresión de género no normativa, ya que la orientación sexual es algo que corresponde al plano de la intimidad. Por lo que podemos aseverar que el Régimen Franquista priorizó la erradicación de lo que contempló como una amenaza al orden social impuesto. Esto es, perseguir y castigar las identidades y expresiones de género, debido a que cuestionan los valores de expresión del machismo- patriarcado que intrínsecamente están relacionados a la masculinidad-poder, valores de exaltación de un Régimen militar y nacional católico.

Existía una confluencia de la medicina, la psiquiatría, el derecho penal y la Iglesia franquista. La medicina los veía como enfermos, la psiquiatría como una perversión, el derecho penal como un estado peligroso y la Iglesia como una inmoralidad.

La LRPS definía a las personas homosexuales como «peligrosos sociales», revistiendo así la represión homófoba de un supuesto barniz «legal». De hecho, la mecánica represiva tenía varios componentes dirigidos a castigar, aislar e incluso, «curar», como si se tratase de una enfermedad a través de electrodos y supuestos tratamientos psiquiátricos.

Las personas LGTBI, fueron víctimas de maltrato y tortura psiquiátrica, incluyendo el uso de electroshock, contenciones mecánicas, medicación forzosa, sin olvidar el internamiento en instituciones psiquiátricas a las mujeres lesbianas, bajo el régimen franquista, pero con las personas trans, el maltrato psiquiátrico se ha prolongado hasta bien entrada la democracia. La “patologización de las identidades trans”, ha sido la excusa perfecta para un abordaje médico bajo un modelo de atención segregador, patologizante y denigrante.

No fue hasta el 2 de julio de 1987, que la Sala Primera del Tribunal Supremo aprobó el primer cambio de sexo legal, dando paso al cambio de sexo registral, con la obligatoriedad de someterse a una cirugía genital. El Estado impuso a las personas trans la “esterilización” como un requisito ineludible para proceder al cambio de los indicadores del nombre y sexo en el DNI. Este modelo se prolongó hasta 2.007, que con la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ya no se exigía cirugía genital, pero se impuso entre los requisitos, dos años de tratamiento hormonal, de nuevo la esterilización química forzosa. Esta legislación supuso, debido al trance forzoso que implica, la renuncia por parte de innumerables personas trans a ver reconocida su identidad. El estado impuso como una condición sine qua non la esterilización, este hecho aberrante e indigno se prolongó durante 36 años en periodo democrático. Cabe señalar que esta práctica de esterilización, directa o indirecta, requerida para reconocer la identidad de las personas trans ha sido condenada en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Muchas personas trans fueron objeto desde las instituciones sanitarias, bajo informes de diagnóstico por TLP y esquizofrenia, en consecuencia, fueron obligadas personas sanas, a sobremedicarse, recluidas en instituciones psiquiátricas, bajo contenciones mecánicas, medicación forzosa, coacciones, amenazas y violencia física. Estos abusos constituyen una de las más graves vulneraciones de sus derechos humanos.

El Régimen habilitó, con el fin de “reeducar” a los homosexuales, cárceles específicas localizadas en Huelva (Andalucía) y Badajoz (Extremadura). En cárceles como la Modelo de Barcelona, la Modelo de Valencia y en la cárcel de Carabanchel en Madrid, se habilitaron módulos para la “rehabilitación” sexual de los represaliados. Así, mismo, el campo de concentración llamado “Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía”, ubicada en la isla de Fuerteventura, destinado a la reclusión de presos comunes y políticos, fue empleado para la “reconversión” de varones homosexuales. También creó el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista encargada de “la dignificación moral de la mujer” que castigaba a las mujeres que mostraran cualquier conducta “transgresora” para el Régimen. Esta institución fue responsable de la reclusión y “reeducación” de mujeres que no se ajustaban a los estrictos valores morales impuestos por el Régimen, aplicando abusos y torturas a muchas de ellas, incluidas, por supuesto, las mujeres no heterosexuales. En todas estas instituciones fueron encarceladas centenares de personas en condiciones de hambre, trabajo esclavo y tortura.

Las cifras de estas condenas están en torno a las 5.000 personas de la disidencia sexual. La mayor parte corresponde a personas trans y a hombres homosexuales, ya que la posición ideológica del régimen no concebía el lesbianismo o la bisexualidad, lo que ha hecho difícil registrar casos de condenas por tal razón.

Desde diferentes CCAA, nace la organización y lucha del colectivo LGTBI por la libertad sexual y contra las leyes represivas del franquismo, lo que hace posible que el 25 de junio de 1.978, se convocaran movilizaciones desde los diferentes territorios, que culmina en que el 26 de diciembre de 1978, se eliminó la homosexualidad de las categorías de “peligrosos sociales” de la LRPS, pero este no fue el fin de la represión y persecución de la disidencia sexual, que continuaron vigentes a la muerte del dictador. El Código Penal, que, si bien no contemplaba expresamente la homosexualidad en su articulado, se consideraba incluida en el artículo 431 de dicho texto que regulaba el delito de “escándalo público”. Esta figura delictiva consideraba penalizable aquellas acciones que “de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia”. La moral nacional-católica del régimen franquista consideraba moralmente repugnantes los actos de homosexualidad o el uso de prendas de vestir contrarias al sexo asignado al nacer, por lo que dichas prácticas, eran tenidas por delictivas en virtud de este artículo, sus autores eran juzgados y condenados si los hechos trascendían al conocimiento público. No fue hasta el 25 de marzo de 1988, bien entrada la democracia, que el Congreso no aprobó su desaparición del Código Penal.

Una modificación del Código Penal, del año 1984, eximió de responsabilidad penal, entre otros supuestos, a la “cirugía transexual realizada por facultativos”, hasta ese momento penalizadas al ser consideradas un delito de lesiones por causar la esterilidad. No obstante, se mantuvo la obligatoriedad de un juicio de mayor cuantía contra el Estado, con abogado y procurador, para conseguir el cambio de nombre registral.

El menoscabo de derechos continúa su relato en plena democracia, cuando en 1995, por el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, se excluyó de la atención sanitaria los tratamientos hormonales a personas trans, incluidas las cirugías genitales. Por ende, por una parte, se abocó a las personas trans a la autohormonación, con el grave riesgo que esto implicaba para su salud, y, por otro lado, se forzó a las personas trans a recurrir a la medicina privada para las cirugías genitales.

El Juzgado de Igualada (Barcelona), autoriza en abril de 2.001, la primera boda civil en España entre una mujer trans y su novio. Anteriormente, aunque con nombre y sexo registral modificados, e incluida la cirugía genital, la justicia española no consideraba a la mujer trans como mujer. Por ende, el matrimonio era considerado una unión entre hombres homosexuales.

En julio de 2.014, el Parlamento Andaluz, aprueba una Ley Trans Integral, que la hace pionera en España y Europa, por introducir por primera vez dos principios irrenunciables para el reconocimiento de las personas trans, como sujetos de derecho. La despatologización de las identidades trans y la libre determinación de la identidad de género. Tres meses posteriores, en octubre, el Parlament de Catalunya, aprueba la primera Ley LGTBI, para garantía de derechos y de protección contra la discriminación de las personas LGTBI, dicha norma, incluye un régimen de sanciones administrativas por motivos de LGTBIfobia. Desde Andalucía y Catalunya, se ponen los cimientos para el inicio de una década que da como resultado, que de las 17 CCAA, en 15 se aprobasen leyes trans y/o LGTBI, siempre dentro del marco competencial de las CCAA. Era ya, una asignatura pendiente, promover una Ley Trans y LGTBI de ámbito estatal que superase los techos competenciales de las diferentes comunidades autonómicas.

En febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reconoce libremente la identidad legal de las personas trans, garantizando la autodeterminación de género sin requisitos médicos como la hormonación o el diagnóstico de una enfermedad. Una ley que ha situado a España en un referente europeo y para América Latina.

Todos estos hechos han marcado una trayectoria, desde la dictadura hasta 42 años de entrada la democracia, que han supuesto para las personas trans una violencia sistemática y una vulneración de derechos ejercida desde el Estado por su acción u omisión.

ARTICULADO

ARTÍCULO 1°. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y reparar a las personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por la violación de sus Derechos Humanos y la violencia institucional que han padecido históricamente a causa de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, garantizándoles un envejecimiento digno.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación

Serán destinatarias de las medidas previstas en la presente norma todas las personas trans y LGTBI a las que se les aplicará, por dicha condición, alguna de las medidas previstas en la Ley de Vagos y Maleantes desde su modificación de 15 de julio de 1954, en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social y las condenadas por el mismo motivo en aplicación del delito de escándalo público contemplado en el artículo 431 del Código Penal, antes de su modificación en 1988. Así mismo, les será de aplicación la presente ley a las mujeres recluidas en alguno de los centros de la Junta de Protección a la Mujer por su orientación sexual.

ARTÍCULO 3°. Reparación económica.

Las personas destinatarias de esta norma percibirán, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una prestación económica vitalicia de idéntica cuantía de la pensión mínima a la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares.

Dicha prestación será compatible con cualquier prestación no contributiva que perciba la persona destinataria, siendo excluidos estos ingresos a los efectos de computar el volumen de ingresos para determinar el derecho o no a dicha prestación no contributiva.

ARTÍCULO 4°. Cuantías

La cuantía de la prestación se incrementará en un 50% para aquellas personas que hayan sufrido privación de libertad derivada de la aplicación de las normas citadas en el artículo 2 de la presente norma.

ARTÍCULO 5°. Procedimiento

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes.

Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá, en el ejercicio de las competencias derivadas de este artículo, recabar cualesquiera datos que obren en poder de las Administraciones Públicas en relación a las personas solicitantes, para lo cual se recabará la autorización expresa de la persona solicitante.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa.

ARTÍCULO 6º. REPARACIÓN INTEGRAL

Además de la reparación económica, se incluirán acciones de reparación simbólica, tales como la recuperación de la memoria mediante investigaciones, publicaciones, difusión y la creación de espacios específicos de memoria.

Las personas destinatarias de esta norma podrán acogerse a las medidas generales de protección y reparación que recoge la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de la garantía de derechos LGTBI en sus artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67.

Asimismo, las administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las personas destinatarias de la presente norma al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, incluidos lugares públicos de residencia para personas mayores, en los términos que se establezcan.

Se establecerá, asimismo, una partida presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la recuperación y preservación de la memoria documental y audiovisual LGTBI, así como la señalización y visibilización de lugares históricos y emblemáticos para la memoria LGTBI.

El Estado debe reconocer el maltrato psiquiátrico perpetrado contra las personas LGTBI en dictadura y a las personas trans en democracia y pedir perdón para que nunca más se vuelva a repetir.

Disposición Final: Entrada en Vigor

La presente norma entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio presupuestario siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

[Vídeo] Conversatorio «Memoria y reparación Trans»

[Vídeo] Conversatorio «Memoria y reparación Trans»

 ¿Conoces la historia del colectivo trans/travesti en los países que han sido gobernados por regímenes totalitarios?

Conversatorio sobre Memoria y Reparación, en el que participan importantes mujeres activistas por los derechos LGTBI y Trans de diferentes países, para informar sobre historia y procesos legislativos que se han iniciado para que los estados reconozcan y reparen el daño ejercido.

Recopilación de fotos y videos de la visita de la Plataforma Trans al Europarlamento

Los días 15 y 16 de octubre la Plataforma Trans se trasladó hasta el Europarlamento, en Bruselas, para llevar la lucha trans a Europa, exigiendo una directiva europea de obligado cumplimiento para blindar los dèrechos trans y erradicar los discursos de odio en toda Europa

🇪🇺 En el marco del #OctubreTrans la @PlataformaTrans con la invitación de @IreneMontero de @EuroPodemos, hemos mantenido una agenda política en Bruselas para denunciar desde la agencia del sujeto político, el gran auge de los delitos y discursos de odio hacia las personas… pic.twitter.com/HEQ4LI6Rua

— 🔻Mar Cambrollé 🏳️‍⚧️ Hay Ley Trans (@CambrolleMar) October 17, 2024

Injuve y Plataforma Trans lanzan una campaña de visibilidad de la juventud trans para combatir discursos de odio

Injuve y Plataforma Trans lanzan una campaña de visibilidad de la juventud trans para combatir discursos de odio

El Instituto de la Juventud (Injuve) y la Plataforma Trans han lanzado este martes la campaña ‘La juventud trans es..: para visibilizar a los jóvenes trans y combatir los discursos de odio.

Según han señalado desde la plataforma en la presentación de la campaña, esta ‘pretende dar visibilidad, poner rostro humano para desde lo cercano y situaciones cotidianas, cambiar la mirada social en una mirada TransPositiva que combata los discursos de odio, que son la antesala de las agresiones».

En el acto han estado presentes la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Margarita Guerrero, el coordinador de las Juventudes de la Plataforma Trans, Mario Rodríguez, y la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Cambrollé ha destacado que la campaña se enmarca en el cumplimiento del articulo 34 de la Ley Trans y Derechos LGTBI que hace alusión a las responsabilidades de las instituciones en velar por la igualdad de las personas del colectivo.

Por su parte, Mario Rodriguez ha recalcado que la juventud trans tiene derecho a vivir «de manera segura’ en todos los espacios, centros educativos, de ocio, de trabajo, transportes públicos y en los barrios. ‘Y que nuestras vidas estén libres de acoso y de odio para tener vidas vivibles y felices’, ha añadido.

Finalmente, Margarita Guerrero ha ratificado su compromiso con la juventud trans y el trabajo conjunto con Plataforma Trans en la búsqueda de estrategias y sinergias que posibiliten la participación de las propias personas trans en el diseño de iniciativas y campañas como estas.

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-injuve-plataforma-trans-lanzan-campana-visibilidad-juventud-trans-combatir-discursos-odio-20241022155459.html

Plataforma Trans denuncia en instituciones europeas la «inacción» del Gobierno de España «ante el aumento de LGTBIfobia»

Plataforma Trans denuncia en instituciones europeas la «inacción» del Gobierno de España «ante el aumento de LGTBIfobia»

La Federación Plataforma Trans ha denunciado en instituciones europeas la «inacción» del Gobierno de España ‘ante el aumento de la LGTBIfobia.

Con motivo del Octubre Trans, una delegación de quince activistas de la Federación Plataforma Trans de diferentes territorios de España, por invitación de Podemos, se han trasladado a Bruselas, donde han mantenido diferentes encuentros ‘para exponer el grave aumento de delitos de odio por LGTBIfobia, destacando que las que más violencia sufren son las personas transó. Además, han denunciado la «inacción’ del Gobierno, así como de la Fiscalía de Sala contra la Discriminación y Delitos de Odio.

En este sentido, la plataforma ha señalado que, según informes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos cinco años, han tenido lugar 57.000 denuncias de personas LGTBI por delito de odio, de las que han apuntado que solo se han dictado 29 sentencias condenatorias.

«La falta de sentencias condenatorias por delito de odio, la impunidad con la que circulan los discursos de odio en redes sociales, así como, el escaso número de personas que se atreven a denunciar, nos habla de la poca confianza de las personas LGTBI en la justicia’, ha recalcado.
Igualmente, ha expuesto que esta situación se la han trasladado al Grupo de la Izquierda Europea (The Left), así como a la presidenta del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, Kim Van Sparrentak, y a representantes de ILGA-Europe.

También ha explicado que han mantenido un encuentro con integrantes de la Comisión de Justicia de la Comisión Europea responsables del seguimiento de la Estrategia de Igualdad LGTBIQ 2020-2025.

Asimismo, ha avanzado que, en los próximos días, enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, «para que exprese su compromiso con los derechos trans en Europa’.

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-plataforma-trans-denuncia-instituciones-europeas-inaccion-gobierno-espana-aumento-lgtbifobia-20241017165737.html

Ley de memoria trans: qué propone, a quién se dirige y por qué ahora

Ley de memoria trans: qué propone, a quién se dirige y por qué ahora

Una pensión para las víctimas LGBTI de la Ley de Peligrosidad Social, una petición de perdón por parte del Estado y presupuesto para un archivo documental son los pilares del texto. Lo explica Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans, que cree que la medida urge: “Cada vez quedan menos vivas”.
MHAR Sevilla 1978
Manifestación en 1978 en Sevilla, tras el mitin convocado por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria contra le Ley de Peligrosidad Social.
Detenciones arbitrarias que podían terminar en penas de prisión sin garantías ni un juicio. Eso es lo que permitía Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que en 1970 relevó a la Ley de vagos y maleantes. Esta ley castigaba cualquier conducta que considerara peligrosa, entre ellas las “prácticas homosexuales” y describía la transexualidad como una situación de “homosexualidad extrema”. La receta del franquismo era cárcel, marginación y reeducación.

La Federación Plataforma Trans propone compensar a las personas que sufrieron esos castigos y a quienes estas condiciones “impidieron tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, abocándolas a los márgenes sociales y a la exclusión social, y teniendo un gran impacto en su salud física y psíquica” mediante una Ley de memoria y justicia para la reparación de las personas trans y LGTBI por motivos de identidad y/o expresión de Género u orientación sexual.

“Hoy en el ocaso de sus vidas, de nuevo le golpea la precariedad extrema derivada de un régimen dictatorial que fue inmisericorde y del olvido de la democracia”, dice el borrador que fue entregado a diferentes grupos del Congreso el 6 de septiembre, y que algunos grupos ya pudieron conocer en una reunión mantenida en febrero.

“En 2018, y también después cuando se trabaja la propuesta de una ley trans con el Ministerio de Igualdad, ya planteábamos en el articulado medidas relacionadas con la memoria pero, como muchas otras cosas, estas medidas se quedaron fuera”, dice Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

Según Cambrollé, aunque la Ley de Memoria Histórica permitió indemnizar a algunas personas del colectivo con una medida que ya llegó a su fin y alcanzó a poco más de un centenar de personas, ni las leyes autonómicas sobre derechos LGTB, ni la ley trans, aprobada finalmente en diciembre de 2022, contemplan la reparación de las personas LGTB y trans que fueron duramente perseguidas en la dictadura, que puso en marcha herramientas como los módulos para la “rehabilitación” sexual de los represaliados, con cárceles específicas donde fueron encarceladas centenares de personas en condiciones de hambre, trabajo esclavo y tortura. “La ley trans sentó las bases y es una deuda histórica que el estado no ha afrontado; más allá del reconocimiento de  identidad, toda memoria y reparación porque cada día quedan menos vivas”, justifica.

Mar Cambrollé, en el centre, junto a representantes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, JuntsxXCat.

Los pilares de la propuesta: pensión, perdón y archivo

La creación de una pensión de idéntica cuantía a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares y que hayan sufrido represión a través de la Ley de peligrosidad social es el núcleo del proyecto. Según el texto del borrador, las cifras de personas condenadas está en torno a las 5.000, la mayor parte de ellas personas trans y a hombres homosexuales “ya que la posición ideológica del régimen no concebía el lesbianismo”.

“Que quede claro, porque ha habido mucha manipulación: se trata de pensión para aquellas mayores personas mayores de 65 años que hayan vivido la dictadura y el posfranquismo, para que tengan una paga cuya base de cotización sea similar a la del Salario Mínimo Interprofesional”, explica la activista. Además de esta pensión, Cambrollé explica que se añadirán medidas habitaciones y de atención a la dependencia, como acceso a una vivienda o a una residencia.

En segundo lugar, la Ley de memoria trans quiere que el Estado pida perdón de forma pública por la violencia ejercida sobre la población LGTBI. Cambrollé recuerda que esa violencia no terminó en 1978, cuando quedó derogado el 26 de diciembre —fecha histórica para el colectivo— el artículo que penalizaba las “prácticas homosexuales”. Cambrollé señala cómo el Estado utilizó otra herramienta,  la Ley de escándalo público, para perseguir al colectivo en una situación de discriminación que continuó mucho después de la Transición.

Así, hasta 1983 no se despenalizaron las cirugías de reconstrucción genital, entonces llamadas “cambio de sexo” y habría que esperar a 2001 para ver como se autorizaba el primer matrimonio entre una mujer trans con un hombre, por ejemplo. En 2007 se aprueba la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, una ley entonces pionera que supuso un cambio de paradigma para las personas trans y que, sin embargo, condicionaba el cambio a un tratamiento hormonal de dos años.

En tercer lugar, y aunque no aparece en el borrador inicial, la ley contemplaría la preservación y digitalización de un Archivo Documental de la Memoria Histórica LGTBI, con su correspondiente partida presupuestaria. “Ese archivo tiene que estar ahí para la consulta de estudiantes, de historiadores, de periodistas porque forma parte de nuestro patrimonio cultural”, dice la presidenta de la plataforma que aglutina a colectivos de personas trans.

El momento es ahora

Sobre la ley trans que tanto costó sacar adelante, Cambrollé pide que no se quede “en un brindis al sol”. Porque la ley incluye medidas en diferentes ámbitos, pero ahora es necesario materializarlas con iniciativas concretas, dice.

Lo que proponen con la nueva iniciativa es “ir “más allá del reconocimiento de la identidad”, como ya han hecho Colombia, Uruguay,  México y Argentina, en cuyas leyes se han inspirado para el borrador. “En América Latina ya hay un camino andado y España podría ser un país pionero de nuevo”, dice Cambrollé, que subraya que en Argentina se ha declarado crimen de lesa humanidad la persecución, encarcelamiento y vulneración de derechos fundamentales a las personas trans.

El colectivo busca ahora apoyos en el Congreso, mientras tienen previsto también presentar el texto a las centrales sindicales, en un proceso abierto a aportaciones al texto. “Esta herida no se cierra mirando hacia otro lado, sino que se cierra con generosidad, justicia social y reconocimiento de que esto ha pasado”.

“Las asociaciones memorialistas han hecho un gran trabajo para poder eliminar de nuestras calles símbolos que tienen que ver con el dictador, ha habido presupuesto para poder abrir esas fosas comunes… Yo creo que también merece la pena reconocer la dignidad de estas personas que también han sido víctimas y que aún están vivas”, explica a El Salto la activista.

https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/ley-memoria-trans-mar-cambrolle-plataforma-trans