Iniciativa de @PlataformaTrans, subvencionada por @IgualdadGob
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La Federación Plataforma Trans propone compensar a las personas que sufrieron esos castigos y a quienes estas condiciones “impidieron tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, abocándolas a los márgenes sociales y a la exclusión social, y teniendo un gran impacto en su salud física y psíquica” mediante una Ley de memoria y justicia para la reparación de las personas trans y LGTBI por motivos de identidad y/o expresión de Género u orientación sexual.
“Hoy en el ocaso de sus vidas, de nuevo le golpea la precariedad extrema derivada de un régimen dictatorial que fue inmisericorde y del olvido de la democracia”, dice el borrador que fue entregado a diferentes grupos del Congreso el 6 de septiembre, y que algunos grupos ya pudieron conocer en una reunión mantenida en febrero.
“En 2018, y también después cuando se trabaja la propuesta de una ley trans con el Ministerio de Igualdad, ya planteábamos en el articulado medidas relacionadas con la memoria pero, como muchas otras cosas, estas medidas se quedaron fuera”, dice Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.
Según Cambrollé, aunque la Ley de Memoria Histórica permitió indemnizar a algunas personas del colectivo con una medida que ya llegó a su fin y alcanzó a poco más de un centenar de personas, ni las leyes autonómicas sobre derechos LGTB, ni la ley trans, aprobada finalmente en diciembre de 2022, contemplan la reparación de las personas LGTB y trans que fueron duramente perseguidas en la dictadura, que puso en marcha herramientas como los módulos para la “rehabilitación” sexual de los represaliados, con cárceles específicas donde fueron encarceladas centenares de personas en condiciones de hambre, trabajo esclavo y tortura. “La ley trans sentó las bases y es una deuda histórica que el estado no ha afrontado; más allá del reconocimiento de identidad, toda memoria y reparación porque cada día quedan menos vivas”, justifica.
Mar Cambrollé, en el centre, junto a representantes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, JuntsxXCat.La creación de una pensión de idéntica cuantía a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares y que hayan sufrido represión a través de la Ley de peligrosidad social es el núcleo del proyecto. Según el texto del borrador, las cifras de personas condenadas está en torno a las 5.000, la mayor parte de ellas personas trans y a hombres homosexuales “ya que la posición ideológica del régimen no concebía el lesbianismo”.
“Que quede claro, porque ha habido mucha manipulación: se trata de pensión para aquellas mayores personas mayores de 65 años que hayan vivido la dictadura y el posfranquismo, para que tengan una paga cuya base de cotización sea similar a la del Salario Mínimo Interprofesional”, explica la activista. Además de esta pensión, Cambrollé explica que se añadirán medidas habitaciones y de atención a la dependencia, como acceso a una vivienda o a una residencia.
En segundo lugar, la Ley de memoria trans quiere que el Estado pida perdón de forma pública por la violencia ejercida sobre la población LGTBI. Cambrollé recuerda que esa violencia no terminó en 1978, cuando quedó derogado el 26 de diciembre —fecha histórica para el colectivo— el artículo que penalizaba las “prácticas homosexuales”. Cambrollé señala cómo el Estado utilizó otra herramienta, la Ley de escándalo público, para perseguir al colectivo en una situación de discriminación que continuó mucho después de la Transición.
Así, hasta 1983 no se despenalizaron las cirugías de reconstrucción genital, entonces llamadas “cambio de sexo” y habría que esperar a 2001 para ver como se autorizaba el primer matrimonio entre una mujer trans con un hombre, por ejemplo. En 2007 se aprueba la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, una ley entonces pionera que supuso un cambio de paradigma para las personas trans y que, sin embargo, condicionaba el cambio a un tratamiento hormonal de dos años.
En tercer lugar, y aunque no aparece en el borrador inicial, la ley contemplaría la preservación y digitalización de un Archivo Documental de la Memoria Histórica LGTBI, con su correspondiente partida presupuestaria. “Ese archivo tiene que estar ahí para la consulta de estudiantes, de historiadores, de periodistas porque forma parte de nuestro patrimonio cultural”, dice la presidenta de la plataforma que aglutina a colectivos de personas trans.
Sobre la ley trans que tanto costó sacar adelante, Cambrollé pide que no se quede “en un brindis al sol”. Porque la ley incluye medidas en diferentes ámbitos, pero ahora es necesario materializarlas con iniciativas concretas, dice.
Lo que proponen con la nueva iniciativa es “ir “más allá del reconocimiento de la identidad”, como ya han hecho Colombia, Uruguay, México y Argentina, en cuyas leyes se han inspirado para el borrador. “En América Latina ya hay un camino andado y España podría ser un país pionero de nuevo”, dice Cambrollé, que subraya que en Argentina se ha declarado crimen de lesa humanidad la persecución, encarcelamiento y vulneración de derechos fundamentales a las personas trans.
El colectivo busca ahora apoyos en el Congreso, mientras tienen previsto también presentar el texto a las centrales sindicales, en un proceso abierto a aportaciones al texto. “Esta herida no se cierra mirando hacia otro lado, sino que se cierra con generosidad, justicia social y reconocimiento de que esto ha pasado”.
“Las asociaciones memorialistas han hecho un gran trabajo para poder eliminar de nuestras calles símbolos que tienen que ver con el dictador, ha habido presupuesto para poder abrir esas fosas comunes… Yo creo que también merece la pena reconocer la dignidad de estas personas que también han sido víctimas y que aún están vivas”, explica a El Salto la activista.
https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/ley-memoria-trans-mar-cambrolle-plataforma-trans
La falta de comprensión sobre la identidad trans exacerbaba más si cabe el sufrimiento que sufrían ya que estas personas no solo eran vistas como homosexuales, sino que también se malinterpretaba su identidad de género.
La sociedad de la época, influenciada por los rígidos valores del régimen, provocaba que estas personas se vieran obligadas a dejar a su familia, ver como se quedaban sin la posibilidad de acceder a un trabajo, formar una familia, alquilar una familia o incluso no poder hacer uso de la sanidad pública con plenas garantías.
Un dolor para el que la Plataforma Trans pide reparación para que se mantenga viva la memoria histórica de la represión sufrida por las personas trans durante el franquismo. «La democracia aún tiene una deuda con las personas trans y disidentes del género que durante el Franquismo estuvieron perseguidas, castigadas y metidas en cinco cárceles y un campo de concentración. Después se vivió un periodo durante el postfranquismo de psiquiatrización forzosa», explica la presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé.
«A las personas trans nos quitaron la voz de nuestras familias, negaron posibilidad de trabajar, estudiar, nos dio la espalda hasta la sanidad pública», denuncia. Por ello, han presentado en el Congreso de los Diputados su propuesta para una Ley de Memoria Trans, que contempla una pensión de «idéntica cuantía» a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares. Una iniciativa colectiva, explican, «de todo el espectro de los partidos que defienden el avance en derechos de la población Trans y LGTBIQ, donde el único empeño, sea la justicia social e histórica».
«Las asociaciones memorialistas han hecho un trabajo excelente eliminando las referencias al dictador y con la ley dar un destino dignos a los huesos de las víctimas. Hay gente viva que necesita dignidad y que los últimos días que les quede de vida lo vivan de una manera digna para poder pagar un plato de comida, facturas, un techo o incluso comprarse una cada tres vez meses unas zapatillas después de una vida viviendo en la miseria», expone.
«En 2008, Zapatero dio una partida simbólica a aquellos a los que se les aplicó la ley de peligrosidad social de cinco millones y solo se gastaron 1.600.000 euros. Sobraron tres millones porque esas malas condiciones de vida hicieron que muchas personas murieran bien por VIH, por drogas o por secuelas tras años de represión», explica.
«Han sido pocos los medios progresistas que le han dado voz y se han interesado», se queja. «Todos los medios de la derecha y la ultraderecha sí han hablado de esto. Pero claro, hablan de la paguita, sin contar que hemos sido apalizadas, maltratadas y negadas», añade.
«En Europa hemos podido ser los pioneros, pero ahora nos adelanta Urugay, México, Colombia y Argentina. Precisamente este último ha declarado en una sentencia histórica que es un crimen de lesa humanidad lo que vivieron las personas trans y disidentes de genero», explica.
La Plataforma Trans se reunió con algunos de los grupos parlamentarios del
Congreso el pasado 21 de febrero. En el encuentro, asegura que se abordó la
«necesidad histórica» de una Ley de Memoria Trans, «que viniese a reconocer y
reparar la violencia sufrida por las personas trans y disidentes del género, por la
dictadura y el post franquismo», propuesta que añade que tuvo una «acogida
favorable».
Finalmente, explica que prevé enviar el texto propuesto para una Ley de Memoria
Trans a las centrales sindicales y asociaciones memorialistas, «para que hagan
aportaciones y apoyen la incitativa legislativa».
Desde la Federación Plataforma Trans, estamos expectantes de la comparecencia anunciada por la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, mañana jueves 5 de septiembre en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para abordar los posibles “errores” de la Ley de Paridad y la Ley Trans, según ha anunciado a medios.
Recordamos a la Ministra su compromiso de hacer cumplir la Ley Trans, así como el desarrollo de instrucciones y protocolos para hacerla efectiva. En ese sentido, contra los “bulos” que se difunden desde algunos medios, sin contrastar la veracidad de las noticias, es urgente que la Fiscalía contra la Discriminación y Delitos de Odio, actúe contra los medios y personas que, con la difusión de falsedades, intoxican a la sociedad, pero, sobre todo, criminalizan a las personas trans.
Es urgente que el Ministerio de Igualdad, inste al Ministerio de Justicia, a que distribuya por todos los Registros Civiles, unas instrucciones claras para el cumplimiento de los requisitos que impone la ley, pero sobre todo para que a la más mínima sospecha el funcionariado actúe de oficio y se pueda detectar intentos de fraude de ley, así como revocar los mismos. Es importante que los autores o intento de fraude sean sancionados de acuerdo a la ley.
Ana Redondo, ha de dejar claro que la Ley Trans en su art. 46. 3 dice blanco sobre negro, que a ninguna persona que haya sido condenada y o denunciada por agresión machista o violencia de género, la rectificación de la mención al sexo, le va eximir de sus obligaciones jurídicas. La persona será juzgada bajo la situación legal anterior a su cambio de sexo, la que tenía en el momento de cometer el delito.
“La Ley Trans, es una norma que, aunque tarde, ha venido a protegernos de la discriminación y a ser garante de igualdad de oportunidades, intoxicar con falsedades y bulos, es querer perpetuar a las personas trans como ciudadanía de segunda. Los derechos de las personas trans, no colisionan con ningún otro derecho, la ley amplia derechos a quienes no lo teníamos” declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.
“Seguir permitiendo la impunidad con los discursos de odio en RRSS y los bulos que difunden algunos medios de comunicación, con la incidencia social que tienen, les hace más responsables, supone de facto abrir un “coto libre de caza” contra las personas trans, es debilitar el Estado de Derecho, la democracia y abre las puertas a la ultraderecha” concluye Cambrollé.
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