Actividades del Espacio Trans – Mayo
Actividades del Espacio Trans – Mayo
Continúan las actividades del espacio Trans en Barcelona, Madrid y Sevilla
Espai Trans – Barcelona
Espacio Trans – Madrid
Espacio Trans – Sevilla
Continúan las actividades del espacio Trans en Barcelona, Madrid y Sevilla
Espai Trans – Barcelona
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Espacio Trans – Sevilla
Las dos formaciones aprueban una enmienda que deberá pasar al Pleno de Les Corts
Todo hacía indicar que el apoyo de Vox al PP para que pueda presentar y aprobar los presupuestos autonómicos para este ejercicio, iba a provocar que muchas de las proclamas de la extrema derecha contra los derechos de la comunidad LGTBI iban a verse comprometidos.
Entre las enmiendas aprobadas por PP y Vox, este jueves, en la Comisión de Presupuestos se incluyen la creación de una oficina contra la okupación de vivienda, la posibilidad de restaurar elementos de «concordia» (memoria democrática) en su ubicación original y la realización de pruebas médicas para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados. Y la que más reacciones ha provocado en contra, la de tener la nacionalidad española o de algún otro país europeo para poder acceder a las subvenciones de la Generalitat.
Pero hay otra enmienda polémica. Porque PP y Vox han modificado la Ley Trans de la Comunitat Valenciana para, entre otras cosas, abrir la puerta a las terapias de conversión cuando sean voluntarias para las personas que las quieran recibir. En una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, los dos socios en Les Corts desmontan esa Ley Trans valenciana, aprobada en 2017 y pionera en toda España en el reconocimiento de los derechos de estas personas, y también permiten a los padres de los adolescentes menores de edad oponerse a que sus hijos cambien de género. La enmienda fue aprobada este jueves en la comisión de Presupuestos y Economía de Les Corts Valencianes con los votos de PP y Vox y pasará al pleno del parlamento valenciano en los próximos días para aprobarla definitivamente, dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2025.
Esa enmienda cambia varios artículos de la Ley pero uno de los más graves es el que prohibía las terapias de conversión hacia personas trans. El nuevo artículo afirma que las terapias están prohibidas pero solo cuando supongan una agresión para estas personas. Y, en todo caso, establece que se podrá realizar un acompañamiento destinado a modificar la identidad de género cuando sea voluntario. La enmienda también prohibe a los centros educativos abordar en sus proyectos la identidad de género y diversidad sexual de forma específica, y elimina la obligación que tenían los colegios e institutos de evitar cualquier tipo de discriminación a las personas trans.
Sobre los tratamientos de cambio de género para personas trans menores de edad, la enmienda de Vox pactada con el PP obliga al sistema sanitario a contar con el apoyo y el acompañamiento de profesionales de la salud mental y un informe favorable de estos facultativos. Además, permite a los padres oponerse al cambio de género de sus hijos y, en el caso de que acabe en la justicia, les da la opción de recabar informes en el ámbito privado que el juez deberá tener en cuenta para decidir.
En otro de los artículos nuevos impuestos por Vox, la ley obliga a la administración autonómica a respetar a los menores que no sean trans y que puedan sentirse intimidadas en su privacidad por las medidas de protección a las personas trans.
Ante esta enmienda, el PSPV asegura que agotará todas las vías posibles para evitar que PP y Vox sigan adelante con la enmienda aprobada en Comsion en la que desmontan la Ley Trans en la Comunitat Valenciana y abren la puerta a las terapias de conversión que están prohibidas. Asó lo dice Cristina Martínez, portavoz de LGTBI del PSPV PSOE en les Corts quien asegura que ponen en juego derechos y vidas con esa enmienda.
Y desde Compromís, trabajan ya en un recurso de inconstitucionalidad para frenar lo que tildan de barbarie sin precedentes, como verbaliza Cesc Roig, portavoz LGTBI de la coalición.
Desde el PP, al ser preguntados por esta cuestión comentan a la cadena SER que se ha querido aclarar, esclarecer, y determinar claramente la situación del menor en el proceso de tratamiento médico relativo a su identidad trans, así como las medidas introducidas para su protección y la consecución del libre desarrollo de su personalidad posterior.
Sobre las terapias no han aclarado su posición.
Colectivos LGTBIQA.. entre los que se encuentra la Plataforma Trans. han convocado una concentración este sábado a las 18:00 horas en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid. bajo el lema ‘Ninguna persona trans es inconstitucional*, para pedir al Tribunal Constitucional (TC) que avale ‘de manera firme y sin dilaciones’ la denominada corno Ley Trans.
Tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular. el TC debía de dictaminar, la semana pasada, sobre la ponencia presentada por el magistrado Juan Carlos Campo que avalaba la constitucionalidad de la ley.
‘La sorpresa apareció cuando dos magistradas del bloque progresista estaban en el mismo registro que el bloque conservador e identificándose con el feminismo trans excluyente. lo que haría posible que el recurso del PP prosperará con los votos progresistas, mutilando la ley y materializándose el mayor retroceso de derechos de la historia de la democracia’. ha explicado la Plataforma Trans.
En este sentido, la presidenta de la Plataforma Trans. Mar Cambrolle. ha expuesto que el recurso interpuesto por los ‘populares ‘es un ataque ideológico disfrazado de argumento jurídico».
Asimismo. Cambrollé ha señalado que el recurso ‘se alinea con la internacional de odio promovida por la ultraderecha con el apoyo del movimiento anti derechos trans y que han puesto a las personas trans en la diana’.
También advierte de que, si se llevara a cabo la ‘mutilación de derechos’ que pretende el PP. -tendria unas trágicas consecuencias en las vidas de las personas trans. que se verían otra vez ancladas al menoscabo de derechos, aumentando las agresiones, vejaciones y suicidios’.
El TC concluyó el 30 de abril el debate sobre la Ley Trans. impulsada por la entonces ministra de Igualdad. frene Montero, y constató que el borrador redactado por el exministro socialista Juan Carlos Campo, que la avalaba en lo fundamental, apenas tenia apoyos en el seno de la corte de garantías, ni siquiera entre la mayoría progresista. Ello obligó a posponer ‘sine die’ el fallo.
«El feminismo no ha sido roto por las mujeres trans, ni por la Ley Trans. El feminismo ha sido debilitado desde dentro»
Una bandera del colectivo trans durante el Orgulo LGTBIQ+ de Madrid en 2018Getty Images
En febrero de 2023, se aprobó en España la conocida como Ley Trans y de Derechos LGTBI, tras más de una década de incansable movilización por parte del activismo trans. Esta norma supuso un hito histórico, no solo por lo que implicaba en términos legislativos, sino por lo que significaba simbólicamente: el reconocimiento, por fin, de derechos largamente postergados a una población históricamente vulnerada, invisibilizada y estigmatizada. Era, en efecto, una deuda social, política e institucional que por fin comenzaba a saldarse.
Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance en el marco de los derechos humanos, su tramitación y posterior aprobación desataron una tormenta social y mediática. Una reacción de una violencia desproporcionada y sin precedentes, dirigida especialmente contra las mujeres trans, que fueron el blanco predilecto de ataques fundamentados en bulos, prejuicios y desinformación.
Resulta especialmente preocupante y doloroso constatar que muchos de estos ataques no vinieron del sector conservador, como cabría esperar, sino desde ciertos sectores del feminismo institucionalizado y académico, que se autodefinen como progresistas. Voces con alto nivel de influencia en medios, universidades y política institucional encabezaron una ofensiva argumentativa que planteaba la identidad de las personas trans, especialmente la de las mujeres trans, como una amenaza a los derechos de las mujeres cis. Se articuló así un discurso que, bajo una supuesta defensa del feminismo, no hacía más que reproducir lógicas patriarcales bajo una ideología de exclusión, fundamentada en un reduccionismo biologicista, anacrónico y acientífico, colaborando involuntariamente con los mismos sectores que históricamente han combatido al feminismo real.
Esta narrativa no se quedó en el plano teórico. Su reproducción sistemática a través de redes sociales, medios de comunicación y foros académicos contribuyó al aumento exponencial de los discursos de odio y las agresiones físicas y verbales contra personas trans. Todo ello, amparado en una supuesta “libertad de opinión” que en realidad oculta una maquinaria de desinformación y estigmatización social.
En este contexto, la extrema derecha encontró el terreno perfecto para apropiarse del debate. Disfrazados de defensores del feminismo y de los derechos de las mujeres, comenzaron a utilizar los argumentos de este feminismo transodiante para reforzar su discurso tradicional de odio contra la diversidad sexual y de género. Así, los mismos que niegan la violencia machista y los derechos de las mujeres ahora se erigen en paladines de un feminismo que utilizan como excusa para rechazar avances legislativos como la Ley Trans. Esta operación ideológica es doblemente perversa: por un lado, rompe la fuerza revolucionaria y la unidad de acción del feminismo y lo utiliza como arma contra quienes más lo necesitan.
Por eso es urgente y necesario decirlo sin ambages: el feminismo no ha sido roto por las mujeres trans, ni por la Ley Trans. El feminismo ha sido debilitado desde dentro, por un sector que ha asumido un discurso excluyente, reaccionario y profundamente patriarcal. Un discurso que convierte a estas voces en cómplices del sistema que dicen combatir, actuando como «sicarias ideológicas» del patriarcado.
Su influencia ha contaminado a organizaciones que, hasta hace poco, se situaban claramente del lado de los derechos humanos de las personas trans.
El último capítulo de esta ofensiva se ha vivido en el Tribunal Constitucional, donde el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los puntos clave de la Ley Trans, especialmente aquellos que reconocen la autodeterminación de género. En primera instancia, la ponencia elaborada por el magistrado Juan Carlos Campo, de perfil progresista, avalaba la constitucionalidad de la norma. Pero la sorpresa estalló cuando dos magistradas supuestamente progresistas se alinearon con el sector conservador del tribunal, bloqueando la aprobación de dicha ponencia.
Este hecho marca un punto de inflexión sumamente peligroso: la posibilidad real de que un tribunal intente revertir una ley aprobada por mayoría parlamentaria, con amplio consenso social, simplemente por intereses ideológicos y presiones externas.
La situación es alarmante. Estamos ante una infiltración del discurso reaccionario en nuestras más altas instituciones democráticas, que no para de avanzar. Lo que no lograron detener por la vía legislativa, ahora se intenta anular por la vía judicial. Esta maniobra representa un ataque directo a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, y constituye un peligro extremo para la seguridad y el bienestar de las vidas de las personas trans en nuestro país, que marcará a las generaciones presentes y futuras.
Y no estamos solas al decirlo. En Reino Unido, recientemente, el Tribunal Supremo intentó imponer una visión rígidamente binaria del género. La respuesta no se hizo esperar: en la conferencia de médicos residentes de la Asociación Médica Británica (BMA), se aprobó una moción que afirma que “intentar imponer un binarismo rígido no tiene base en la ciencia ni en la medicina”. Incluso la primera jueza trans del Reino Unido, Victoria McCloud, ha anunciado que llevará al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que sus derechos están siendo vulnerados.
¿Vamos a permitir que España siga ese mismo camino? ¿Vamos a mirar hacia otro lado mientras se cuestiona la dignidad de miles de personas por su identidad de género? La autodeterminación de género no es un privilegio, es un derecho humano.
El peligro no es la Ley Trans. El peligro es el retroceso democrático. El peligro es que se utilicen los tribunales para despojar de derechos a una población ya vulnerada. El peligro es que unos pocos, desde una élite judicial, pretendan revocar la voluntad popular y los principios constitucionales que tanto costó conquistar.
Si finalmente se concreta esta amenaza y se produce un menoscabo de los derechos ya reconocidos, acudiremos a instancias internacionales. No nos temblará la voz, y como siempre hemos hecho, seguiremos caminando hacia adelante por más oscura que sea la noche y más cerrada la tormenta. Llevaremos el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la identidad de las personas no se debate: se protege.
Porque ninguna persona trans es, ni será jamás, inconstitucional. Lo que sí es inconstitucional es cercenar derechos, propagar el odio desde las instituciones y tratar de imponer una visión del mundo excluyente desde el poder.
La democracia no se defiende excluyendo. Se defiende ampliando derechos, reconociendo dignidades y garantizando que nadie, ¡nadie! quede atrás.
Mar Cambrollé
Mar Cambrollé es presidenta de la Federación Plataforma Trans
https://www.huffingtonpost.es/opinion/ninguna-persona-trans-inconstitucional.html
𝗚𝗮𝗹𝗮 𝗕𝗲𝗻𝗲́𝗳𝗶𝗰𝗮
23 de mayo 20,00h Teatro Esad Málaga C. Béla Bartók, 2, Puerto de la Torre, Málaga
Sinopsis : Un latido legal que resuena como eco de la libertad. Libre adaptación de «Sueño de una noche de verano» de W. Shakespeare, que fusiona teatro y danza para sumergirnos en un mundo donde nadie sabe si lo que ve es real o no. Aquí, la verdad es un espejismo y cada paso es una aventura entre la realidad y el delirio. La visión de la carne infinita es la visión de los locos. ¿y si todo lo que crees saber… no fuera más que una mentira bien contada?
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10 de Mayo: Concentración en Madrid ante el ataque de sectores conservadores y TERF del Tribunal Constitucional a la Ley Trans
En un país que se autodenomina «referente de derechos LGTBI», los datos revelan una realidad muy distinta. Según una encuesta publicada en 2024 por la Federación Estatal LGTBI, el colectivo ha sufrido 570.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años. Cuatro de cada diez personas LGTBIQA+ han sido agredidas. Son cifras alarmantes, pero más preocupante aún es la respuesta institucional: tibia, negligente o, directamente, inexistente.
Desde 2020, con el inicio de la tramitación sobre la Ley Trans y de Derechos LGTBI, ha emergido una ofensiva mediática, política y judicial contra las personas trans, con especial saña hacía las mujeres trans. Esta campaña, basada en prejuicios y bulos, ha sido amplificada por figuras con voz en las instituciones, medios conservadores, algunos de la progresía y ciertos sectores académicos. Así, se ha alimentado un clima de odio que, lejos de limitarse al discurso, ha tenido consecuencias concretas y sangrantes en las calles, transportes, centros de ocio y redes sociales.
El papel de las plataformas digitales merece una mención especial. Su pasividad ante discursos de odio no es solo alarmante, sino cómplice. El Gobierno, lejos de exigirles el cumplimiento de las leyes que prohíben la discriminación y el discurso del odio, mira hacia otro lado. ¿Hasta cuándo podrán operar impunemente en un país donde se proclama la igualdad como valor constitucional?
A este contexto se suma otro problema grave: el miedo a denunciar. Solo dos de cada diez personas agredidas acuden a la policía. El 80% restante guarda silencio, arrastrando vergüenza, desconfianza institucional y la sensación de que “no servirá de nada”. Este altísimo índice de infradenuncias implica que muchas agresiones quedan fuera del radar estadístico, sin investigación, sanción, ni justicia.
La doble vara de medir en el sistema judicial resulta especialmente indignante. En 2019 la Federación Plataforma Trans, la Conselleria D’igualtat de Catalunya y el Observatori contra l’LGTBI-fóbia de Catalunya, presentaron denuncias por declaraciones gravemente difamatorias de Lidia Falcón, quien llegó a afirmar que los gays son pederastas y que las personas trans fomentan la pederastia y los vientres de alquiler. A pesar de su enorme repercusión en redes, todas las denuncias fueron archivadas por la Fiscalía de Madrid. Librándola de enfrentarse a un posible delito de odio.
En cambio, en 2021, una chica trans anónima, con escasa visibilidad, escribió un tuit, que apenas obtuvo siete «me gusta» y ha acabado sentada en el banquillo. Este 9 de mayo tiene lugar el juicio oral donde se enfrenta a cinco años de prisión y a una indemnización de 50.000 euros, con Lidia Falcón como denunciante y testigos alineados con el discurso anti derechos trans. ¿Cómo se explica esta asimetría si no es por el sesgo ideológico que aún domina parte de nuestra judicatura?
Mientras tanto, la violencia no cesa. Esta misma semana, dos chicos gays fueron brutalmente agredidos en Torremolinos al grito de “maricones”, paralelamente el día anterior conocíamos a través de la prensa que un juez ha archivado la causa contra los promotores de una manifestación neonazi en Madrid, que donde se corearon consignas como “Hitler tenía razón” o “maricas sidosos”, que mantenía como imputados al líder de la formación ultra España 2000, José Luis Roberto, y al exjefe de Ultra Sur Alberto Ayala. Todo esto, en un país con una Ley de Memoria Democrática.
También, con estupefacción, esta semana hemos recibido la noticia de que el “bloque progresista” del Tribunal Constitucional, se alinea mayoritariamente con las tesis del bloque conservador, negándose a avalar el derecho de la libre autodeterminación del género en las personas trans, algo ya recogido en todos los estándares europeos y organismos internacionales, como condición sine qua non imprescindible en el camino hacia la igualdad de las personas trans y cuestionando la identidad de las mujeres trans, para desposeerlas de los derechos inherentes a todas las mujeres. Un retroceso alarmante y sin precedentes en la historia de nuestra democracia.
Mientras organizaciones ultraderechistas celebran el cumpleaños de Hitler en territorio español, el “Gobierno de progreso” permanece en silencio. Esta inacción no es inocua: está siendo funcional a los intereses de la ultraderecha. Está permitiendo que discursos de odio se legitimen, que agresores queden impunes y que las víctimas se queden sin amparo.
La realidad es clara: bajo el paraguas del “Gobierno de progreso”, muchas personas LGTBIQA+ están siendo abandonadas. En lugar de justicia, reciben indiferencia. En lugar de protección, silencio. Es hora de dejar de fingir que los derechos están garantizados y empezar a exigir una respuesta firme, comprometida y valiente frente al odio. Porque la equidistancia, cuando se trata de derechos humanos, siempre favorece al opresor.
El silencio nos apalea, porque hay golpes que no hacen ruido, que no llevan puños, ni gritos, que no sangran, pero duelen igual. Son los que vienen desde arriba: desde la indiferencia institucional, desde los despachos que cierran los ojos, desde la toga que elige no mirar. Y luego están los otros, los que sí suenan: los de las calles, los insultos a pleno pulmón, las agresiones que se repiten, los cuerpos heridos al grito de “maricones y travelos”. Entre unos y otros, el colectivo LGTBIQA+ sigue resistiendo, pero cada vez más solo.
El odio no siempre se presenta con gritos ni agresiones físicas. A menudo se disfraza con formas más sutiles, pero igualmente devastadoras: un sermón dominical, un discurso educado en un plató de televisión o una opinión compartida en redes sociales que dice “respeto, pero…”. Este odio se alimenta, con demasiada frecuencia, de un desconocimiento profundo sobre qué significa ser una persona trans, y más aún, de creencias propias o impuestas por instituciones que han hecho de la culpa, la vergüenza y la exclusión su bandera.
Desde hace siglos, muchas instituciones religiosas han contribuido activamente a la construcción de una sociedad binaria, heteronormativa y patriarcal. Nos han dicho cómo debíamos ser, de vivir, de amar e incluso de sentir. Han negado la existencia de las personas trans, las han condenado al infierno simbólico y real, contribuyendo a su marginación, empobrecimiento y, en demasiados casos, a su muerte. El suicidio de menores trans no es una tragedia individual, es una consecuencia colectiva de ese odio socialmente construido.
Pero la transfobia no nace sola. Nace del rechazo inculcado desde pequeños, del silencio cómplice en las escuelas, de las bromas cargadas de desprecio, del desprecio institucional y del miedo constante que genera no encajar dentro de lo esperado. No es casualidad. Es estructural.
El problema es que el odio, cuando viene en forma de fe, se presenta como verdad incuestionable. Y no, no lo es. La libertad religiosa nunca puede ser la excusa para pisar los derechos fundamentales de otras personas. Decir que las personas trans «van contra naturaleza», «son una ideología» o «confunden a los niños» no es una opinión: es odio. Y el odio mata.
Es hora de hablar claro. Es hora de dejar de blanquear discursos que criminalizan a nuestras vidas. Es hora de dejar de tratar como “debate” lo que es una vulneración de derechos humanos. Y es hora de mirar de cara a la realidad: somos personas. Vivimos, amamos, trabajamos, sufrimos y resistimos como cualquier otra. No somos una amenaza. La verdadera amenaza es el discurso que nos quiere fuera del mapa.
Educar en diversidad, en afectividad, en respeto real, es la única forma de deshacer tantos años de mentira y dolor. Es necesario hablar a los niños de las diferentes realidades familiares, de las identidades de género, de la riqueza de ser quienes somos. Y hay que hacerlo sin miedo, sin censura, sin la vergüenza que siempre ha favorecido a quienes nos quieren invisibles.
El desconocimiento puede ser una excusa en una ocasión. Pero cuando se convierte en sistema, ya no es ignorancia, complicidad. Y quien hoy se calla ante la transfobia, mañana puede ser cómplice del dolor de otra persona.
No nos resignamos. No vamos a callar. Continuaremos levantando la voz, no sólo por nosotros, sino por todas las criaturas que merecen crecer sabiendo que pueden ser quienes son, sin miedo y con dignidad.
Gina Serra Insua , presidenta de ATC Libertad y miembro de la Federación Plataforma Trans
Sin embargo, y pese a que el lunes algunos medios daban por sentado el aval en términos generales a la ley trans, la discrepancia en el bloque progresista ha provocado la votación de la ponencia de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, según informa Europa Press.
Plataforma Trans entiende que la sentencia del propio Constitucional en 2019 es motivo para ampliar los derechos sobre la autodeterminación de género consignados en la ley trans y pide evitar la deriva de la ultraderecha
Plataforma Trans, federació de colectivos de personas trans y aliadas, ha pedido al Constitucional que no se sume a la carrera de odio contra las personas trans y que avale la norma. Pero no solo eso. Plataforma Trans entiende que la sentencia de este mismo tribunal en 2019 es motivo para ampliar los derechos sobre la autodeterminación de género consignados en la ley trans. Y es que el propio Tribunal Constitucional (TC) reconoció en la sentencia 99/2019 del 18 de julio de 2019 que era inconstitucional que la Ley 3/2007 —la ley trans previa a la actual— excluyera a los menores, dictaminando que estos tenían el derecho a modificar su nombre y género siempre que demostraran madurez, recuerda este colectivo.
“El Tribunal Constitucional no puede tomar la deriva de la ultraderecha y movimientos antiderechos trans que van en contra de diferentes directivas tanto del Consejo de Europa como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que abogan por el respeto a la dignidad de las personas trans y para alcanzar su igualdad, bajo el mecanismo jurídico de la libre autodeterminación del género”, dice Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.
“Ampliar derechos a quien nos los tiene no supone restárselos a quienes ya los disfrutan. Así sucedió con el matrimonio igualitario, también recurrido por el PP y que el propio Tribunal Constitucional avaló como constitucional. 20 años después, el matrimonio entre personas del mismo sexo no ha restado derechos a los matrimonios heterosexuales, ni supuso la destrucción de la familia, tal y como los sectores ultraconservadores proclamaban», añade Cambrollé.
El PP recurrió la ley trans por considerar que la autodeterminación de género produce inseguridad jurídica al permitir consignar el cambio de la mención al sexo en el registro sin informes médicos ni psicológicos, simplemente con la declaración de la persona. El PP ha sido especialmente beligerante con los derechos de las personas trans menores de edad.
La autodeterminación de género fue el principal escollo que enfrentó el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero para llevar a cabo la aprobación de esta ley. El boicot de una parte del PSOE, liderada por Carmen Calvo, que llegó a decir que la autodeterminación de género ponía en peligro la identidad de todas las personas nacidas en España, provocó continuos retrasos.
Grupos feministas contrarios a la autodeterminación de género de las personas trans han pedido recusar al magistrado Juan Carlos Campo
Finalmente, la ley fue aprobada en febrero de 2023, después de un fuerte desgaste del equipo del Ministerio de Igualdad.
La deliberación del Constitucional sobre este asunto ha reactivado los discursos antiderechos. Esta semana, grupos feministas contrarios a la audoterminación de género de las personas trans han pedido recusar al magistrado Juan Carlos Campo en la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley trans. El grupo Feministas Contra el Borrado asegura que el exministro de Justicia Juan Carlos Campodebe ser recusado, ya que participó en las negociaciones para tramitar esta ley.
https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/plataforma-trans-recurso-tribunal-constitucional-ley-lgtb
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, abre un periodo de debate después de evidenciarse las discrepancias de María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán respecto a la ponencia del exministro Juan Carlos Campo a favor de avalar la norma.
El recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP sobre la Ley Trans, una de las normas más polémicas impulsadas durante el anterior Gobierno de coalición, se centra, entre otros, en el artículo 19.2, que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor y «siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada».
También se fijan los del PP en varios apartados del artículo 44, que indica que se podrá pedir el cambio del sexo en el Registro Civil sin presentar informe médico o psicológico y sin «la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».
La ponencia del exministro de Justicia propone avalar constitucionalmente el corazón de la ley, salvo en lo referente a la redacción de dos infracciones disciplinarias, relativas a los libros de texto que presenten al colectivo como inferior y respecto a la incitación a la comisión de infracciones contra la ley.
Campo enmienda la ley en el sentido de prohibir toda práctica de modificación genital en personas intersexuales menores de doce años que «sea innecesaria desde el punto de vista médico, permitiendo tan sólo aquellas prácticas que sean necesarias, a criterio médico, para preservar la salud de la persona y siempre que la intervención sea proporcionada a la necesidad terapéutica que atiende», consta en el borrador de sentencia.
Las magistradas progresistas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC, se muestran reticentes en cuanto a votar a favor de la ponencia de Campo, según trasladan a este diario fuentes del Constitucional, que añaden que incluso alguna otra magistrada del bloque progresista ha mostrado dudas sobre un posible voto positivo.
Así, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha aplazado la votación este martes del borrador sobre la Ley Trans para intentar lograr consensos entre los progresistas, ya que sin la mayoría del bloque no saldrá adelante el aval constitucional, ya que el sector conservador votará previsiblemente en contra.
Dichas fuentes indican que igual que la tramitación de la Ley Trans dividió el feminismo, su debate en el Tribunal Constitucional ha roto el tradicional consenso entre los progresistas. El principal escollo es la autodeterminación de género. La ponencia de Campo enmarca este derecho reconocido en la Ley Trans en el derecho a la integridad física, avalado por el propio tribunal de garantías.
El PP alertó de que la rectificación registral del sexo podría permitir a cualquier hombre, «aunque no presente rasgo alguno de incongruencia de género ni acredite esta condición de ningún modo», acceder a medidas de discriminación positiva de manera fraudulenta.
El borrador no contempla falta de garantías en el procedimiento de rectificación registral ni ve discriminación para las mujeres.
El próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional llegará después de que el Tribunal Supremo británico haya sentenciado que las mujeres trans no son legalmente mujeres y que la palabra mujer se refiere únicamente al sexo biológico de nacimiento.
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