LGTBIfobia, impunidad y la vergonzosa inacción del Gobierno
En un país que se autodenomina «referente de derechos LGTBI», los datos revelan una realidad muy distinta. Según una encuesta publicada en 2024 por la Federación Estatal LGTBI, el colectivo ha sufrido 570.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años. Cuatro de cada diez personas LGTBIQA+ han sido agredidas. Son cifras alarmantes, pero más preocupante aún es la respuesta institucional: tibia, negligente o, directamente, inexistente.
Desde 2020, con el inicio de la tramitación sobre la Ley Trans y de Derechos LGTBI, ha emergido una ofensiva mediática, política y judicial contra las personas trans, con especial saña hacía las mujeres trans. Esta campaña, basada en prejuicios y bulos, ha sido amplificada por figuras con voz en las instituciones, medios conservadores, algunos de la progresía y ciertos sectores académicos. Así, se ha alimentado un clima de odio que, lejos de limitarse al discurso, ha tenido consecuencias concretas y sangrantes en las calles, transportes, centros de ocio y redes sociales.
El papel de las plataformas digitales merece una mención especial. Su pasividad ante discursos de odio no es solo alarmante, sino cómplice. El Gobierno, lejos de exigirles el cumplimiento de las leyes que prohíben la discriminación y el discurso del odio, mira hacia otro lado. ¿Hasta cuándo podrán operar impunemente en un país donde se proclama la igualdad como valor constitucional?
A este contexto se suma otro problema grave: el miedo a denunciar. Solo dos de cada diez personas agredidas acuden a la policía. El 80% restante guarda silencio, arrastrando vergüenza, desconfianza institucional y la sensación de que “no servirá de nada”. Este altísimo índice de infradenuncias implica que muchas agresiones quedan fuera del radar estadístico, sin investigación, sanción, ni justicia.
La doble vara de medir en el sistema judicial resulta especialmente indignante. En 2019 la Federación Plataforma Trans, la Conselleria D’igualtat de Catalunya y el Observatori contra l’LGTBI-fóbia de Catalunya, presentaron denuncias por declaraciones gravemente difamatorias de Lidia Falcón, quien llegó a afirmar que los gays son pederastas y que las personas trans fomentan la pederastia y los vientres de alquiler. A pesar de su enorme repercusión en redes, todas las denuncias fueron archivadas por la Fiscalía de Madrid. Librándola de enfrentarse a un posible delito de odio.
En cambio, en 2021, una chica trans anónima, con escasa visibilidad, escribió un tuit, que apenas obtuvo siete «me gusta» y ha acabado sentada en el banquillo. Este 9 de mayo tiene lugar el juicio oral donde se enfrenta a cinco años de prisión y a una indemnización de 50.000 euros, con Lidia Falcón como denunciante y testigos alineados con el discurso anti derechos trans. ¿Cómo se explica esta asimetría si no es por el sesgo ideológico que aún domina parte de nuestra judicatura?
Mientras tanto, la violencia no cesa. Esta misma semana, dos chicos gays fueron brutalmente agredidos en Torremolinos al grito de “maricones”, paralelamente el día anterior conocíamos a través de la prensa que un juez ha archivado la causa contra los promotores de una manifestación neonazi en Madrid, que donde se corearon consignas como “Hitler tenía razón” o “maricas sidosos”, que mantenía como imputados al líder de la formación ultra España 2000, José Luis Roberto, y al exjefe de Ultra Sur Alberto Ayala. Todo esto, en un país con una Ley de Memoria Democrática.
También, con estupefacción, esta semana hemos recibido la noticia de que el “bloque progresista” del Tribunal Constitucional, se alinea mayoritariamente con las tesis del bloque conservador, negándose a avalar el derecho de la libre autodeterminación del género en las personas trans, algo ya recogido en todos los estándares europeos y organismos internacionales, como condición sine qua non imprescindible en el camino hacia la igualdad de las personas trans y cuestionando la identidad de las mujeres trans, para desposeerlas de los derechos inherentes a todas las mujeres. Un retroceso alarmante y sin precedentes en la historia de nuestra democracia.
Mientras organizaciones ultraderechistas celebran el cumpleaños de Hitler en territorio español, el “Gobierno de progreso” permanece en silencio. Esta inacción no es inocua: está siendo funcional a los intereses de la ultraderecha. Está permitiendo que discursos de odio se legitimen, que agresores queden impunes y que las víctimas se queden sin amparo.
La realidad es clara: bajo el paraguas del “Gobierno de progreso”, muchas personas LGTBIQA+ están siendo abandonadas. En lugar de justicia, reciben indiferencia. En lugar de protección, silencio. Es hora de dejar de fingir que los derechos están garantizados y empezar a exigir una respuesta firme, comprometida y valiente frente al odio. Porque la equidistancia, cuando se trata de derechos humanos, siempre favorece al opresor.
El silencio nos apalea, porque hay golpes que no hacen ruido, que no llevan puños, ni gritos, que no sangran, pero duelen igual. Son los que vienen desde arriba: desde la indiferencia institucional, desde los despachos que cierran los ojos, desde la toga que elige no mirar. Y luego están los otros, los que sí suenan: los de las calles, los insultos a pleno pulmón, las agresiones que se repiten, los cuerpos heridos al grito de “maricones y travelos”. Entre unos y otros, el colectivo LGTBIQA+ sigue resistiendo, pero cada vez más solo.
