Han pasado más de tres meses desde que la Federación Plataforma Trans presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo y, hasta ahora, la respuesta ha sido, según ha denunciado la asociación, el «silencio». El requerimiento de la Plataforma Trans tenía su origen en el incumplimiento efectivo de una de las disposiciones de la llamada ley trans y, con ella, la posibilidad de que miles de personas trans migrantes en España puedan ver reconocida su expresión de género -es decir, su identidad- en sus documentos.
La queja, registrada el pasado 3 de octubre, denunciaba la inactividad del Gobierno y del Ministerio del Interior en el desarrollo reglamentario de la disposición final 19ª de la ley LGTBIQ+, aprobada durante el mandato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Dicha disposición establecía un plazo máximo de un año para habilitar los procedimientos que permitieran la adecuación documental de las personas extranjeras trans. Plazo que «expiró» el 2 de marzo de 2024. «Es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes», ha denunciado Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.
El Defensor del Pueblo, por su parte, ha asegurado a Europa Press que «la queja está en trámite». Esta institución tiene, según han detallado a la agencia y aparece en su informe de 2024, «actuaciones iniciadas tras haber recibido quejas de personas extranjeras, solicitantes de protección internacional y refugiadas, sobre las ‘dificultades’ a las que hacen frente para solicitar la rectificación del sexo y el cambio de nombre».
La Federación Estatal LGTBI+ también denunció el pasado mes de diciembre ante el Defensor del Pueblo el incumplimiento del artículo 50.1 de esta norma de rango estatal, que reconoce explícitamente el derecho de las personas trans migrantes residentes en España a que su documentación de extranjería refleje su identidad de género. Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la federación alertó de que, casi tres años después de la aprobación de la norma, los procedimientos administrativos necesarios siguen sin existir.
En concreto, el Artículo 50 establece:
«1. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen, siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan, ante la autoridad competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes».
«2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen».
La consecuencia es un limbo legal que afecta, según los cálculos de la FELGTBI+, a alrededor de 65.000 personas. Sin reglamento, las oficinas de extranjería, comisarías, centros de salud, servicios educativos y empresas privadas alegan falta de instrucciones para terminar negando de facto cambios de nombre y sexo en documentos básicos como el NIE o la TIE. En algunos casos, incluso se exige la nacionalidad española como requisito previo, una condición que contradice lo establecido en la ley.
Tres personas han relatado su testimonio a Público para mostrar cómo la ausencia de este reglamento, lejos de limitarse a una abstracción jurídica, ejerce una forma de violencia administrativa con la que conviven a diario.
Matteo: «La ley existe, pero no se respeta para nosotros»
Matteo tiene 30 años, es un hombre trans migrante procedente de Perú y vive en Andalucía desde hace poco más de un año. Es solicitante de asilo y ha pasado por distintos centros de acogida desde su llegada a España. Llegó a la península con la esperanza de encontrar en la ley una protección mínima y se ha topado, una y otra vez, con que en cada trámite se le devuelve a su «deadname» -nombre de nacimiento de una persona transgénero o no binaria que ya no utiliza porque no coincide con su identidad- y al género/sexo que no le representan.
En el primer centro de acogida en el que estuvo casi seis meses, su nombre no figuraba en ningún registro oficial porque su pasaporte no está modificado. Algo que, explica, terminó exponiéndolo ante el resto de residentes: «Mis compañeros de piso lo usaban como burla cuando querían hacerme sentir mal. Yo me presenté como Matteo, pero utilizaban ese nombre para eso».
Una vulneración que se agravó todavía más cuando, al poco tiempo de llegar, enfermó y tuvo que acudir a un centro médico. Allí tuvo que identificarse con su pasaporte y con la llamada tarjeta blanca que se entrega a las personas solicitantes de asilo, ambas con su nombre registral. «Tuve que acceder a que se usara el NIE porque no se podía cambiar«, recuerda.
Matteo se informó entonces sobre la legislación vigente. Supo que la ley trans reconoce el derecho a que se respete la expresión e identidad de género tanto de personas españolas como migrantes. Sin embargo, cuando acudió a la administración sanitaria para solicitar el cambio, la respuesta fue clara: «Me dijeron: ‘Me tienes que traer tu pasaporte o tu documentación ya cambiada para nosotros cambiarte’«. Una reacción que le terminó por provocar una crisis. «Es lo que me pasa cada vez que me mencionan ese nombre», explica.
A los seis meses, como solicitante de asilo, obtuvo permiso para trabajar. Antes de eso, había decidido formarse para mejorar sus oportunidades laborales. Intentó acceder a cursos y estudios, pero se encontró allí donde acudía con que «tanto entidades privadas como públicas se negaban a hacer el cambio de nombre y sexo. Siempre dicen que, como no tengo cambiada la tarjeta de identificación extranjera, no pueden hacer nada«.
Tras esta sucesión de «noes», decidió abandonar los estudios. «Me sentía vulnerable. Es una decisión que me perjudica a futuro», reconoce. Algo similar ocurrió con la homologación de su bachillerato: aunque el título fue homologado por España, se negaron a modificar los datos por el mismo motivo: «Por eso también decidí ya no seguir estudiando».
En el ámbito laboral, la situación no mejoró. toptó por trabajar en una empresa de reparto, tras homologar su licencia de conducir. Y tampoco allí se respetó su nombre ni su sexo: «Todo el tema laboral lo tenían con el nombre registral. En la aplicación salía ese nombre y mi sexo femenino. Cuando algunas personas me miraban y me hablaban en femenino, me ponía muy nervioso«, lamenta.
Actualmente vive en otra fundación, donde sigue teniendo que firmar documentos y solicitar facturas con un nombre que no es el suyo. «Me causa mucha ansiedad repetirlo y mencionarlo. Siempre tengo que explicar por qué es así, y es muy agotador». «Sabiendo que la ley que hay en España no se respeta para nosotros, me duele cada vez que tengo que pasar por esto«, afea Matteo.
Un ligero halo de esperanza parecía haber llegado cuando recibió su tarjeta roja (documento provisional que se entrega una vez que la solicitud de asilo del extranjero se admite a trámite): «Tenía la ilusión de que los datos se iban a cambiar para empezar a solicitar los cambios de la licencia, de los certificados de estudios…». La tarjeta llegó, pero de nuevo con el mismo nombre.
Ni siquiera el pasado 1 de enero, cuando Matteo fue víctima de un intento de agresión con arma blanca y tuvo que acudir a pedir apoyo legal a una comisaría se libró de su victimización: «La persona que me recibió dijo: ‘Voy a consultar al abogado si podemos usar el nombre de Matteo’. Y le dije: ‘Es que mi nombre es Matteo'». Pero en una comparecencia posterior tuvo que corregir a quien le llamaba por su nombre registral: «Es lo que tengo que pasar cada vez que muestro una documentación. El punto es que esta ley se aplique, no solo por mí, sino en general, para iniciar una vida menos invasiva«.
Sergio: «No pude acceder al tratamiento hormonal»
Sergio tiene 28 años, también es de Perú y llegó a España en noviembre del 2024. Es un hombre trans y, cuando migró, ya llevaba un año y medio en tratamiento hormonal con testosterona, iniciado en el ámbito privado en su país de origen. Pensó que, una vez en España, podría continuar el proceso con relativa normalidad. No fue así.
«Pensé que a los tres meses podía acceder, como me habían dicho, pero no pude acceder al tratamiento hormonal«, explica. Uno de los obstáculos fue, de nuevo, la imposibilidad de cambiar su nombre en la documentación: «Eso lo hace todo más pesado. Ir a un centro de salud y que te miren de pies a cabeza, que te digan si eres esa persona o no eres esa persona… y tener que estar contándole a todo el mundo que eres un chico trans…».
Sergio recuerda especialmente su primera visita al médico. Se acercó sin saber muy bien cómo funcionaba el sistema: «Era un chaval tímido, recién llegado». La profesional que le atendió lo observó detenidamente y le dijo: «Oye, tú eres esta persona, pero físicamente eres otra». La frase le hizo sentir mal: «Sentí que tenía que demostrar o explicar quién soy para que me atendieran».
Cuando señaló que sus documentos no reflejaban su identidad, la respuesta fue tajante: los papeles «señalan otra cosa». Sergio intentó ser claro: «Mis papeles señalan otra cosa, pero físicamente tú cómo me ves. No te tengo que estar diciendo si soy un chico trans o no». Aun así, salió del centro profundamente afectado. «Me quedé muy jodido», repite: «Me aislé. No pedí ayuda más. Sentí mucho temor a que me volvieran a decir el nombre que no quiero». Durante meses evitó acudir a servicios sanitarios por miedo a revivir la misma situación, hasta que dio con la Plataforma Trans, desde donde le ayudan actualmente y a través de quienes ha logrado poder acceder a la hormonación.
Dina El Omary: «Tengo muchos amigos que sufren esto mismo»
Dina El Omary llegó a España bajo protección internacional después de una vida marcada por la persecución y la violencia en Marruecos. Activista histórica y una de las primeras mujeres trans visibles en su país de origen, su exposición pública la convirtió en objetivo de amenazas y agresiones. Su llegada a España fue posible gracias a la intermediación institucional. «La cónsul general de España en Tánger sabía los problemas que tenía y me facilitó la vida para venir aquí», explica. Hoy, cuenta con una protección internacional de larga duración, reside legalmente en el país, trabaja y, en términos administrativos, cumple con todos los requisitos que se presuponen a una persona con derechos reconocidos.
Con todo, su documentación no refleja ni su nombre ni su género. «El problema es el cambio de nombre y el cambio de género. Yo pensé que en España todo iba a ser fácil, que podía cambiarlo», añade. «En el médico me rechazan porque una cosa dice la tarjeta de identidad y otra cosa soy yo», cuenta. La discordancia documental la expone también en la universidad, en su trabajo y en general en todos los espacios públicos.
Dina El Omary subraya que su situación no responde a una irregularidad administrativa. Está protegida, trabaja y cumple con la legalidad. Y, aun así, el acceso al derecho a su identidad sigue bloqueado. «Todavía no puedo cambiar mi nombre, no puedo cambiar el género y tengo que esperar hasta tener la nacionalidad española«. Una exigencia que, recuerda, no figura en la ley.
La paradoja es especialmente amarga en su caso. El Omary fue una de las personas trans migrantes que participaron activamente en la lucha por la aprobación de la ley trans en España. «Fui de las primeras personas inmigrantes que luchó por la ley trans, con Irene Montero y otras activistas como Mar y Carla Antonelli». Hoy, esa misma ley existe, pero no se aplica.
La diferencia de trato entre personas trans con nacionalidad española y personas trans migrantes atraviesa todo su testimonio: «Aplican la ley a la gente que es española. Nosotras seguimos siendo inmigrantes, aunque estemos legales, aunque tengamos derecho a trabajar«. «Tengo muchos amigos que sufren esto mismo», insiste. Personas que, aun habiendo huido de contextos de persecución, se encuentran en España con que «hay discriminación».
Cada mes, explica, consulta a su abogado. Y la respuesta es siempre la misma: el reglamento sigue sin aprobarse. Mientras tanto, El Omary continúa su activismo también desde otros espacios. Está escribiendo una autobiografía -ya finalizada en árabe y en español- en la que narra su infancia en un orfanato, el descubrimiento de su identidad, la violencia padecida en contextos educativos, sanitarios y religiosos, y el proceso migratorio. Su objetivo, al igual que pretende expresando en este artículo su testimonio, es ofrecer un relato que sirva de referencia a la comunidad árabe y visibilice el temor de las personas que crecen y viven en países donde ser trans implica que tu propia vida corre un grave peligro.
Igualdad pide que se cumpla la ley
«Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley«, ha concluido Mar Cambrollé. Como resume Matteo, con cansancio pero con claridad: «Una persona no debería tener que explicar todo esto cada vez. Solo queremos que la ley se aplique y que se difunda en todas las administraciones. Que se nos respete como personas». Una reclamación desde la que insisten desde el Ministerio de Igualdad, que urge a las instituciones competentes a aplicar la normativa vigente desde 2023.
https://www.publico.es/sociedad/realidad-personas-trans-llegan-espana-busca-proteccion-crei-iba-facil.html
