Azul Rojas Marín nunca olvidará el 25 de febrero de 2008.

Ese día, cuando regresaba a su casa a pie por una carretera local en el distrito de Casa Grande, en la región peruana de La Libertad, un grupo de policías la abordó, la metió a la fuerza en un vehículo policial y la llevaron a una comisaría cercana donde abusaron de ella y la torturaron.

Para Azul fue una pesadilla y también el inicio de una batalla legal de 17 años dentro y fuera de Perú.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en que ordenaba reabrir el caso de Azul, inicialmente archivado, y por primera vez se culpaba a un estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI, una sentencia reconocida como «histórica» por el propio Poder Judicial peruano.

Y este diciembre, por fin, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú condenó a 17 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional por los delitos de tortura agravada y abuso sexual.

Una victoria que, según le dijo a BBC Mundo, no siente completa: «La sentencia no es una reparación concreta, porque ellos siguen libres gracias al descuido del Estado, que debió solicitar prisión preventiva antes del juicio».

BBC Mundo contactó con el Instituto Nacional Penitenciario de Perú, (INPE) para confirmar si los tres condenados están en libertad, pero no logró respuesta inmediata.

Una denuncia ignorada

Cuando sucedieron los hechos, Azul era un hombre homosexual de 27 años que se dedicaba a criar cerdos en la chacra familiar en la cercana comunidad de Lache, una de las muchas poblaciones rurales de Perú.

Regresaba a pie por una carretera local cuando un vehículo policial se interpuso en su camino.

«Los policías me llevaron a la fuerza a la comisaría y allí hicieron conmigo lo que quisieron».

Los agentes le exigían información sobre uno de sus hermanos, según decían requerido por homicidio, precisamente uno de los «hermanos machistas» de los que Azul cuenta que desde la adolescencia le hizo la vida imposible en casa porque tenía una orientación sexual diferente.

«Al día siguiente, cuando salí de la Comisaría, estaba en shock. Fui a mi casa y le dije a mi mamá que me habían golpeado, pero no pude contarle lo otro», recuerda.

Superada la conmoción inicial, acudió con su madre a pedir explicaciones a las dependencias policiales. «Ahí mi mamá comprendió lo que había pasado y se puso tan furiosa que quiso agredir al comisario».

Fue el primer encontronazo con el muro de silencio e incomprensión institucional con que se topó durante años.

Según el fallo de la Corte, «en la sociedad peruana existían y continúan existiendo fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI»

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, un 62,7% de los peruanos no heterosexuales declaró haber sido víctima de violencia y discriminación, pero solo un 4,4% lo denunció a las autoridades. De los que denunciaron, un 27,5% respondió haber sido mal atendido, mientras que un 24,4% indicó que fue muy mal atendido.

Azul lo vivió en carne propia.

«Intentábamos poner la denuncia de lo ocurrido, pero en la Policía se negaban», asegura Azul.

«A la gente pobre del campo en Perú nos ignoran y la justicia nunca llega, y además yo era alguien de la comunidad LGBTI», resume Azul.

Pero, tras denunciar su caso en los medios de comunicación locales, consiguió el apoyo de Promsex, una ONG local que la ayudó a llegar hasta instancias internacionales.

Mientras, el camino en Perú seguía siendo difícil.

«Pese a todas las pruebas, me dijeron que mi relato no era verosímil. La fiscal del caso me llegó a decir que no podían creerme porque yo era homosexual y podría haber tenido relaciones que hubieran causado las lesiones» que aparecían en los informes médicos, recuerda.

En 2009 la Fiscalía solicitó y logró que el juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la ciudad Ascope ordenara el archivo del caso.

El procedimiento disciplinario iniciado contra los tres agentes implicados, Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, también fue archivado.

Una victoria parcial

Costó años de litigios en instancias internacionales que las autoridades peruanas reabrieran el caso.

Solo en 2018, cuando así lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía dispuso la reapertura de la investigación.

Dos años después llegó el fallo de la Corte Interamericana que obligó al estado peruano a detener y juzgar a quienes torturaron a Azul.

En noviembre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue el escenario de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en que el Estado peruano le pidió disculpas por cómo se manejó su caso.

Y finalmente, la sentencia que llegó hace solo unas semanas y condenó a los tres policías.

Pero para Azul ni siquiera esa condena ha hecho justicia. «No han pagado por su crimen, porque están libres gracias a la inacción del Estado», dice.

Según asegura, no ha recibido más que una pequeña parte de la reparación económica establecida y no se le han prestado los cuidados médicos y psicológicos que el tribunal internacional estableció que debe proveerle el Estado peruano.

Y sin embargo, Azul sabe que su victoria judicial, aunque quizá insuficiente, ha supuesto un avance para las personas no cisgénero, como ella.

«Por ese lado, me siento feliz, porque poco a poco las cosas están cambiando. Sé que hay universidades en las que se estudian los derechos humanos a través de la sentencia. El cambio llegará a través de la educación», señaló.

A sus 44 años, ha decidido mirar hacia delante y estudia Derecho gracias a una beca. Completar sus estudios es una de sus espinas clavadas después de que en su juventud tuvo que abandonarlos por la falta de recursos.

Y ha decidido vivir sin rencor:

«Durante muchos años cargué una mochila muy pesada por lo que ocurrió. Pero yo decidí dejar esa mochila porque con odio no se puede ser feliz ni vivir tranquila».

https://www.bbc.com/mundo/articles/c98n0r6pqeyo