Este sábado tienes una cita importante, la Mesa de Memoría Histórica del Distrito de Latina organiza un cinefórum de la película Te estoy amando locamente donde participará la activista Mar Cambrollé como fundadora y lider del MHAR.
¡No os lo perdáis!
27 de junio Plaza Nueva, Sevilla 19 horas
Las personas trans estamos viviendo un recrudecimiento de la campaña de odio emprendida hace años como reacción a nuestro avance en derechos. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Trans Estatal, la mutilación de la Ley Trans en la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, es un indicio claro de una intencionalidad de menoscabar derechos a la personas trans. Así, la internacional del odio nos ha situado en la diana de sus ataques a lo largo de todo el planeta.
Ahora las personas Trans necesitamos a toda la ciudadanía comprometida con la igualdad y a todas las personas LGTBIQA+, para plantar cara a un odio que no se detendrá en nosoTrans, después irán a por todas las demás.
Por eso salimos a las calles para decir que en los Derechos Trans, ni un paso atrás.
Acompáñanos en la Marcha Trans que tendrá lugar este 27 de junio, con salida a las 19h de Plaza Nueva, Sevilla
#FrenteAlOdioLevantaT #LevantaTContraLaTransfobia
02 Junio 2025
El Militante (el periódico de Izquierda Revolucionaria) ha entrevistado a Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans y activista histórica por los derechos LGTBI y la libertad sexual.
En esta conversación hablamos de los orígenes combativos del movimiento LGTBI en el Estado español bajo todavía la dictadura franquista, de cómo el avance de la extrema derecha es una amenaza muy real, del papel del PSOE y su transfobia, entre muchas otras cosas.
Un pequeño adelanto de todos los temas que abordaremos el viernes 4 de julio en el cinefórum de la película Te estoy amando locamente que celebraremos a las 18h en el Espacio Rosa Luxemburgo de Madrid.
El Militante -. El 28 de junio las calles de todo el Estado se llenarán en las manifestaciones del Orgullo crítico. Unas protestas cada año más masivas que reivindican los orígenes revolucionarios del movimiento LGTBI. ¿Cómo nace la lucha del colectivo LGTBI y de las personas trans en nuestro país?
Mar Cambrollé -. El inicio de las protestas y la organización LGTBI tiene mucho que ver con la represión del dictador Francisco Franco. En 1970 el régimen franquista aprueba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, una ley que fue vendida como necesaria para “reeducar” todo aquello que consideraban que estaba mal, que era inmoral o que podía ser un delito. ¿Y cómo educaba la dictadura? Pues igual a los militantes de izquierdas o a los sindicalistas, metiéndonos en cárceles y centros de rehabilitación. Con esta legislación en la mano, las personas LGTBI y trans no teníamos derecho a existir.
Este salvajismo despertó la organización del colectivo LGTBI. Empezó en Catalunya, en un espacio que se llama el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH); estamos hablando todo de colectivos clandestinos y semiclandestinos porque la brigada político social nos pisaba los talones. Esta asociación fue impulsada por hombres cis y gays. Ellos fueron quienes colocaron la estructura, porque las mujeres trans lo teníamos todo en contra para participar en política.
Nuestra mayor aportación fue nuestra valentía. Allí donde había una mujer trans, había una bandera de visibilidad, diversidad y libertad. Así fue también en muchos otros países que sufrieron dictaduras militares. Por eso nuestro despertar político tiene tanto que ver con la lucha contra las dictaduras y el autoritarismo.
En los años 80 ya nació la primera organización trans. Por entonces las mujeres trans se prostituían en el paseo de la Castellana de Madrid y eran brutalmente atacadas por las bandas fascistas. Los skinheads tenían la consigna de “a la caza del travelo” y casi todas las noches salían con cadenas y porras a golpear a las prostitutas transexuales. Y ahí nace, como una respuesta ante la persecución neonazi y la impasibilidad de la policía, en el 82/83, la primera organización trans en el estado español, que se llamaba Transexualia.
EM -. La represión bajo la dictadura franquista, pero también durante la Transición, fue sangrante y golpeó duramente a las personas trans.
MC .- Como os comentaba antes, las personas trans pagamos los peores tratos de esa dictadura. La inmensa mayoría éramos expulsadas de nuestros hogares, el mercado laboral lo teníamos cerrado a cal y canto –igual que ahora, que tras tanto tiempo de democracia la sombra del franquismo aun nos golpea-. No podíamos estudiar, ni tener acceso a la sanidad… A muchas solo nos quedaba la prostitución obligada y el mundo del espectáculo como medio para sobrevivir.
Pero esa represión no nos frenó. La primera manifestación LGTBI tuvo lugar en 1977 en Barcelona, donde salieron a las calles más de 5.000 personas aunque la Ley de Peligrosidad Social todavía estaba vigente. En un año proliferaron colectivos en diferentes territorios: en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, en Murcia, en Catalunya, en Andalucía…
Es en esa época en la que fundé el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) en Andalucía. El 26 y 27 de mayo de 1978 convoqué a todos los colectivos en Sevilla para organizar la primera acción unitaria: salir un mismo día en todas las zonas donde teníamos presencia con un mismo cartel y las mismas reivindicaciones: abolición de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación social y amnistía sexual. Porque aun en las cárceles franquistas, a pesar de que Franco había muerto hacía tres años, todavía quedaban muchas personas gays y personas trans. Las mujeres lesbianas, por ejemplo, que también fueron muy reprimidas, no estaban entre barrotes, sino que fueron recluidas en esa institución fascista que era el Patronato de la Mujer, regentado por la Iglesia. Allí también había mujeres anarquistas, comunistas, mujeres solteras, mujeres que no comulgaban con el rol que la dictadura y la Iglesia había asignado a las mujeres.
EM -. En la película Te estoy amando locamente se ve con claridad todos estos acontecimientos que nos cuentas. Tú fuiste protagonista directa. ¿Cómo lo viviste?
MC -. Mis primeros pasos políticos fueron desde el activismo social, la lucha de barrio y la antifranquista. La pobreza y un régimen totalitario me hicieron tomar una gran conciencia de clase, y mi identidad me convirtió en una mujer feminista.
Yo siempre fui una mujer inquieta, y llegó a mis manos una revista contestataria de la época, en la que Armand de Fluvià, el padre del movimiento LGTBI en Catalunya, hacía un análisis marxista sobre la libertad sexual. Al leerlo, fue como si se encendiera una luz en mi cabeza.
Desde la inocencia, llamé a la dirección de la revista para ver si podía hablar con Armand para que me ayudara a crear un movimiento igual en Andalucía. Evidentemente, me dijeron que no podían ponerme en contacto con él. Yo les dejé mi teléfono y sin vergüenza dije: dígale que ha llamado un maricón de Sevilla. En ese momento, ni siquiera existía un nombre para definir a las personas trans. Aunque yo desde pequeña ya expresaba mi identidad, el mensaje que se me decía era que yo no era una niña, sino un maricón. Y pensé: pues si soy un maricón, seré un maricón revolucionario.
A los cuatro días Armand me llamó, preparé un viaje a Barcelona, que es lo que se ve en la película, estuve cinco días con él. Y cuando volví a mi ciudad trabajé dentro del ambiente gay de Sevilla para ir captando militantes para el MHAR. La mayoría eran militantes de CCOO, simpatizantes del PCE…
Yo misma me asombro de ver todo lo que hicimos. Hoy, con la Ley Mordaza y con la persecución del Régimen del 78 a la juventud combativa, se pretende retrotraernos a esa época. Pero ni ahora lo conseguirán, ni antes lo consiguieron. Nosotras en el 78 tiramos una pancarta de 50m desde la Giralda pidiendo la libertad sexual, dimos mítines y organizamos protestas ilegales. Pero así nos ganamos los derechos.
Recuerdo ese mitin porque lo celebramos en un salón de CCOO. Cuándo íbamos de camino, le dije a mi amiga Teresa que si no podíamos haber conseguido un salón más pequeño, si total, “para cuatro maricones que vamos a ir…”.
Pues no fuimos cuatro, no. A las 11.15h de la mañana la sala estaba repleta. Yo me vine arriba, y dije que todo ese movimiento no podía quedarse entre cuatro paredes. Que nosotros no éramos los peligrosos, que el peligro es el capital y un sistema que tiene a la juventud en paro, los barrios sin colegios ni ambulatorios. Esas 600 personas luego nos fuimos de manifestación, desde la Plaza del Triunfo al Palacio de Justicia.
En seis meses, el 26 de diciembre de 1978, conseguimos excluir de la Ley de Peligrosidad social la homosexualidad. Fue gracias a la presión que ejercimos. Pero en el Código Penal se seguía hablando de escándalo público, por lo que mucha policía y jueces fascistas lo utilizaban para apalizarnos y seguir multándonos.
EM -. Toda esta experiencia histórica es muy valiosa para enfrentar la ola reaccionaria que vivimos en todo el mundo. Trump, Milei, Abascal… hacen de la transfobia una de sus banderas. ¿Por qué crees que la extrema derecha viene a por el colectivo trans?
MC -. Somos su chivo expiatorio. La Internacional del odio ataca a las personas trans primero para, después, recortar derechos a todos: al conjunto del colectivo LGTBI, a las mujeres, a los migrantes, a las trabajadoras y trabajadores…
El colectivo trans somos un colectivo muy vulnerable y fácil de golpear. Un colectivo que, sufrido una criminalización y estigmatización por parte de todos los Estados, una herramienta muy vieja para deshumanizarnos y justificar nuestra opresión. Son métodos que los sistemas totalitarios y quienes los defienden, conocen muy bien.
EM -. La aprobación de la ley Trans en el Congreso, fruto de una incesante lucha del movimiento trans combativo, dio un duro golpe a PP y Vox, pero también al aparato del PSOE, enquistado en posiciones transfobas que nada tienen que ver con el feminismo ni con la izquierda. Ahora el Tribunal Constitucional abre la puerta a la derogación de esta legislación con el silencio del Gobierno PSOE-Sumar. ¿Qué opinión te merece?
Para mí ha sido muy doloroso, después de todo lo que hemos sufrido y batallado, ver como se nos ha puesto en la diana de nuevo en España. Un argumentario malvado que ha sido defendido por las mujeres más rancias del PSOE. No ha sido solo Carmen Calvo, ha sido toda la política defendida por este partido. ¿Cómo en un partido supuestamente de izquierdas (ya sabemos que no) se puede decir que “las personas trans somos un peligro para 47 millones de españoles”? A mí se me heló la sangre, fue como recuperar ese “peligro social” del que hablaba el dictador.
Todas estas mujeres, que están muy cómodas en sus butacas, nos dicen que las personas trans hemos venido a romper el feminismo. Las únicas que rompen el feminismo son ellas. Son las sicarias del patriarcado y se mueven en el mismo marco ideológico que la extrema derecha.
Por eso la ley Trans tuvo tanta importancia. Porque la lucha incesante de las personas trans, las más nadie de los nadie, torcimos el brazo al aparato del PSOE. Y como no es de su agrado, han seguido maniobrando y difundiendo bulos. Los machirulos de derechas, la judicatura patriarcal y fascista, los medios de comunicación y las transfobas, todas unidas en su odio.
Por eso, que ahora el Constitucional quiera tumbar la ley, no nos sorprende. Porque el Gobierno tampoco hará nada para defenderla. El Gobierno PSOE-Sumar ha nombrado a Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, a Isabel García directora del Instituto de las Mujeres…
Luego nos dirán que viene la extrema derecha y azuzarán con el miedo. Pero la extrema derecha y el miedo ya están aquí.
EM -. Tú siempre te has reivindicado no solo como una activista trans, sino como una mujer de clase trabajadora comprometida con la lucha contra todas las injusticias sociales. ¿Por qué crees no podemos separar la lucha de las personas trans, del colectivo LGTBI, del feminismo… de la lucha contra el capitalismo?
MC -. Mi lucha no se puede separar de las demás. Cuando decimos “patriarcado y capital alianza criminal”, es que no se pueden separar. Yo soy una mujer feminista, soy de izquierdas, soy trabajadora, soy antirracista, antifascista… Creo que todas las luchas tienen que confluir hacia golpear al capitalismo. Porque defender a las personas trans es defender a la clase trabajadora. Todas las oprimidas, juntas, tenemos que golpear a este sistema capitalista, a este sistema opresivo que se nutre de nuestra fuerza de trabajo y que nos quiere esclavas para acumular más riqueza.
El colectivo trans es una esperanza para todas las luchas, porque demuestra que es posible transformar la sociedad. Porque, poco a poco y paso a paso, hemos ido cambiando una sociedad que no logró cambiarnos a nosotras.
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Gina Serra es autora y activista trans, presidenta de ATC Libertad, entidad comprometida con la defensa de los derechos del colectivo.
Vivimos tiempos peligrosos en los que la manipulación de la información se ha convertido en un arma política poderosa. No hace falta inventar noticias para intoxicar el debate público: basta con disfrazar prejuicios de pensamiento crítico. Esto es precisamente lo que hace el artículo Medicalización de las personas trans: el gran negocio farmacéutico disfrazado de progreso , publicado el 2 de junio de 2025. Este texto es un ejemplo claro de cómo el discurso transfóbico puede infiltrarse bajo la apariencia de una crítica anticapitalista, deslegitimando los derechos del colectivo trans.
El artículo mezcla datos ciertos –como los beneficios económicos de la industria farmacéutica– con interpretaciones tóxicas: se afirma que las personas trans son manipuladas por las farmacéuticas, que existe un “lobby trans” aliado con el capitalismo global, y que las leyes que garantizan el acceso a los tratamientos médicos sólo favorecen intereses empresariales. Esta narrativa criminaliza a las personas trans, las deshumaniza y las convierte en peones de una conspiración que no existe.
Esta manipulación no sólo se produce desde los sectores ultraconservadores. Medios que se presentan como progresistas o de izquierdas también caen (o colaboran conscientemente) en la difusión de estas ideas. Columnistas con espacios fijos en eldiario.es , El País , CTXT o The Guardian han difundido o blanqueado discursos TERF (Trans Exclusionary Radical Feminists), a menudo en nombre de un feminismo malentendido que niega la existencia y los derechos de las mujeres trans.
Estas autoras —como Lidia Falcón, JK Rowling, o figuras cercanas a sectores de un feminismo institucional— afirman que reconocer las identidades trans pone en peligro a las mujeres cisgénero, creando una falsa dicotomía entre derechos trans y derechos feministas. Esta estrategia ha sido muy útil para la derecha política y mediática, que ha encontrado aliadas inesperadas en feministas blancas, burguesas y con tribunas habituales en los grandes diarios.
Una de las figuras más representativas de esta deriva es Carmen Calvo , ex vicepresidenta del Gobierno español y dirigente destacada del PSOE. Desde su cargo y desde tribunas mediáticas, Calvo ha contribuido a frenar la Ley Trans estatal y ha utilizado un discurso abiertamente transfóbico, presentando la identidad de género como una «fantasía ideológica» y defendiendo que «las mujeres trans no son mujeres». Estas afirmaciones, lejos de ser aisladas, reflejan una estrategia institucional clara para deslegitimar las reivindicaciones del colectivo trans bajo una supuesta defensa del feminismo.
Lo grave es que estas posiciones han tenido un impacto directo en la redacción, el retraso y el debilitamiento de la Ley Trans estatal, dejando a muchas personas trans en una situación de inseguridad jurídica e institucional. Es una muestra clara de cómo la transfobia puede tener rostro de mujer, de izquierdas e incluso de feminista, y cómo el poder utiliza discursos progresistas para contener transformaciones reales.
Cuando la mentira se repite con apariencia de opinión o de debate legítimo, se convierte en una herramienta de manipulación. Lo que se cuestiona, en realidad, no son las farmacéuticas, sino el derecho mismo de las personas trans a existir, a ser escuchadas ya recibir atención médica. Esto genera una sociedad más polarizada, más ignorante y cruel con las minorías.
Es urgente y necesario que los medios que se llaman progresistas hagan una profunda revisión de su papel. Blanquear discursos transfóbicos para «dar voz a todas las opiniones» no es periodismo: es irresponsabilidad. Y el resultado no es neutral: tiene consecuencias en la salud, el bienestar e incluso la vida de muchas personas trans , especialmente las más jóvenes.
La crítica a la industria farmacéutica es lícita. Pero ésta no puede servir para cuestionar las demandas de un colectivo que, históricamente, ha sido excluido de toda protección institucional . El derecho a la salud, a la identidad, a vivir sin miedo y sin humillación, no puede ser materia de opinión ni de debate. Es una cuestión de justicia y derechos humanos.
No nos engañemos: la transfobia no siempre grita ni insulta. A veces se expresa con un tono calmado, con datos sesgados y un aire de objetividad. Pero sigue siendo transfobia.
Por una sociedad informada, crítica y comprometida con los derechos humanos, desenmascaramos las mentiras que visten de análisis lo que es, al final, odio organizado.
Este artículo es claramente transfóbico, aunque disfrazado de crítica anticapitalista o aparentemente «crítica al sistema sanitario y farmacéutico». Te explico por qué con claridad:
❌ 1. Deshumaniza a las personas trans
El texto trata a las personas trans como un mercado y no como seres humanos con derechos a una atención sanitaria digna. Habla de la «medicalización» como si fuera una imposición externa, cuando la mayoría de personas trans eligen libremente acceder a tratamientos hormonales y/o cirugías para mejorar su salud física y mental.
❌ 2. Repite discursos conspiranoicos y de la extrema derecha
Hablar del lobby trans y relacionarlo con “las élites” y “la gran industria farmacéutica” es un relato directamente extraído de discursos TERF y del alt-right. Este lenguaje intenta asociar el activismo trans con una agenda secreta, poderosa y peligrosa. Esto criminaliza y demoniza el movimiento trans.
❌ 3. Infantiliza las decisiones trans y cuestiona su autonomía
Cuestionar la legitimidad de los tratamientos hormonales y especialmente en menores, poniendo énfasis en riesgos médicos y supuestos efectos secundarios, sirve para sembrar la duda sobre las decisiones médicas informadas que toman las personas trans con sus médicos. Y esto es paternalista y transfóbico.
❌ 4. Mezcla información cierta con manipulación para desacreditar
Es cierto que las farmacéuticas buscan beneficios. Pero esto ocurre con todo el sistema sanitario, no sólo con la salud trans. El problema es utilizar esta crítica para negar o estigmatizar el acceso a la salud de las personas trans.
❌ 5. Equipara políticas públicas con supuestas conspiraciones
Habla de leyes trans como “facilitadoras de negocios”, invisibilizando que son reivindicaciones históricas del colectivo para tener derecho a existir con dignidad. Esta crítica deslegitima luchas sociales reales y pone en entredicho el derecho a la identidad.
✅ Lo que sí se puede discutir, pero sin transfobia:
Se puede y debe criticarse la mercantilización de la salud o el papel de las farmacéuticas, pero sin utilizarlo para atacar la salud trans. La clave es defender la salud trans dentro de un sistema público, gratuito y respetuoso, no cuestionar la existencia misma de los cuidados médicos para personas trans.
📢 CONCLUSIÓN:
Este artículo no es una crítica legítima a la industria farmacéutica, sino una estrategia disfrazada de progresismo para atacar indirectamente el derecho a la identidad ya la salud de las personas trans. Es un texto transfóbico que contribuye a la desinformación, el odio y la deslegitimación del movimiento trans.
La mentida com a eina de manipulació: quan la transfòbia es disfressa de crítica social
Trump declaró que solo hay dos géneros, y esto perjudica a la población transgénero en EE UU.
La abogada de Hannah Kreager, Yameena Ansari, ha revelado al periódico canadiense The Globe and Mail que su cliente presentó este lunes la solicitud ante el Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá.
Kreager, de 22 años y que reside ahora en la ciudad canadiense de Calgary, ha dicho al periódico que tenía miedo de renovar su pasaporte ya que el que tiene en estos momentos marca su género con una X.
La Administración de Trump ha eliminado la posibilidad de marcar el género con una X, que tradicionalmente identifica a las personas transgénero y no binarias.
Los dos países han codificado esa política en el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, en vigor desde 2002 y que fue ampliado en 2023 para evitar la llegada irregular de refugiados desde Estados Unidos.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han denunciado el acuerdo y solicitado a Canadá que lo suspenda.
La falta de acceso afecta a jóvenes, familias y proveedores de atención de la salud
(Nueva York) – Las leyes que prohíben la atención de reafirmación de género a jóvenes transgénero en Estados Unidos están causando daños graves a esas personas y a sus familias, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Desde 2021, veinticinco estados han promulgado prohibiciones radicales contra esta atención médica basada en las mejores prácticas, que han reemplazado los tratamientos graduales fundados en evidencias con restricciones categóricas que responden a motivaciones políticas.
El informe de 98 páginas, “‘They’re Ruining People’s Lives’: Bans on Gender-Affirming Care for Transgender Youth in the US” (“‘Están arruinando la vida de las personas’: Prohibiciones a la atención de reafirmación de género para jóvenes transgénero en Estados Unidos”), documenta las consecuencias devastadoras de estas prohibiciones para las personas jóvenes transgénero, como de la ansiedad, la depresión y, en siete casos informados, intentos de suicidio. Human Rights Watch concluyó que estas leyes contribuyen a generar un clima cada vez más hostil contra las personas trans, y obligan a jóvenes a ocultar su identidad y aislarse socialmente. Las prohibiciones también desestabilizan los sistemas de atención de la salud y menoscaban a la sociedad civil, además de generar dificultades geográficas y económicas para obtener servicios. El impacto se ha agudizado desde principios de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump emitió una serie de acciones ejecutivas que intensificaron los ataques del gobierno federal contra los derechos de las personas transgénero.
“Los funcionarios estadounidenses han quitado a jóvenes transgénero la posibilidad de obtener atención esencial beneficiosa para la vida y, en vez de esto, exponen a estas personas como blanco de una guerra cultural”, manifestó Yasemin Smallens, oficial de la división de derechos de las personas LGBT. “Las familias están siendo llevadas al límite y se ven obligadas a sortear obstáculos imposibles para la atención, al tiempo que el gobierno federal intensifica el ataque a los derechos de las personas transgénero”.
Human Rights Watch entrevistó a 51 personas en 19 estados que se han visto afectadas por estas prohibiciones legislativas, como jóvenes transgénero, padres, madres, proveedores de atención sanitaria y defensores y defensoras. Human Rights Watch también consultó a 32 organizadores de derechos LGBT y realizó una ronda adicional de entrevistas con posterioridad a la asunción del presidente Trump, para documentar el impacto de las nuevas políticas establecidas por su gobierno.
Más de 100.000 jóvenes transgénero viven en estados donde hay prohibiciones legislativas a la atención de reafirmación de género para las personas jóvenes. Seis estados establecen que proveer esta atención constituye un delito grave, y ocho leyes estatales incluyen disposiciones imprecisas de “complicidad”, que podrían penalizar a proveedores por hacer derivaciones o emitir recetas. La administración Trump ha intentado restringir el acceso a través de una orden ejecutiva del 28 de enero, que si bien no se ha aplicado íntegramente, ya ha provocado que algunas clínicas interrumpan servicios en estados donde la atención sigue siendo lícita. La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando el caso Skrmetti v. United States, en el que se impugna la prohibición de Tennessee, y se prevé que la decisión se emita en junio.
Las familias afectadas por prohibiciones dijeron que sus hijos perdieron el acceso a la atención de la salud con poco o ningún aviso previo y, a menudo, sin que se les ofrecieran otras opciones. Once familias señalaron que tuvieron que viajar fuera del estado para consultar a profesionales médicos u obtener recetas. Varias personas jóvenes indicaron que no pudieron comenzar a recibir atención debido a barreras legales que se combinaban con obstáculos geográficos y económicos. Una familia se mudó a otro estado.
“Quiero que [los legisladores] sepan que están arruinando la vida de las personas”, expresó una mujer trans de 18 años cuya atención fue interrumpida por una prohibición estatal. Las personas jóvenes que han conservado el acceso a la atención recalcaron que el clima legal y político hostil exacerbó su estado de ansiedad, depresión y aislamiento.
Las prohibiciones estatales han obligado a muchos proveedores de atención médica a cancelar o reducir los servicios que brindan. Las personas entrevistadas informaron sobre casos en los que proveedores o instituciones dejaron de prestar servicios en mayor medida de lo que podría haberse exigido legalmente. Las prohibiciones estatales han tenido un efecto dominó negativo en los sistemas de atención de la salud, concluyó Human Rights Watch, y diversos proveedores en los estados donde rigen prohibiciones mencionaron dificultades para conservar a los proveedores existentes y reclutar a nuevos profesionales médicos.
Todos los proveedores de atención de la salud a quienes se entrevistó dijeron que habían experimentado acoso dirigido específicamente a las personas trans. Estos proveedores comentaron que sus instituciones han incrementado el presupuesto destinado a seguridad, y que para ello desviaron fondos que podrían usarse para atender a pacientes. Diversas organizaciones de la sociedad civil informaron que enfrentaban amenazas similares, junto con el costo cada vez mayor de las medidas de seguridad.
En Texas, diversas personas afectadas se refirieron a la focalización extrema del estado contra las personas transgénero, lo que incluye una directiva de 2022 que clasificó algunas formas de la atención de reafirmación de género dirigidas a jóvenes como “abuso infantil”. Como consecuencia de esto, algunas familias informaron que directamente evitaban las interacciones de salud para proteger a sus hijos e hijas, cuya identidad transgénero, de ser revelada, podría dar lugar a investigaciones por abuso infantil. En abril de 2025, el presidente Trump emitió una proclama en la que se indicó que los padres y las madres que afirmen la identidad de género de sus hijos incurren en abuso.
“La gente tiene miedo de perder a sus hijos e hijas”, explicó un defensor. “No hace falta legislar si se asusta tanto a las personas para que ellas mismas se repriman”.
En Estados Unidos, las y los jóvenes transgénero con frecuencia se someten a meses o años de evaluación integral antes de que se inicie cualquier intervención médica. Organizaciones médicas importantes, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, apoyan el acceso a esta atención basada en evidencias y acorde al desarrollo.
“La retórica que se emplea en estas sesiones legislativas sugiere que uno simplemente entra y le dan hormonas y bloqueadores”, comentó un padre. “Y no fue así en absoluto. Durante al menos el primer año, no se emitió ninguna receta. [Los médicos] dijeron: ‘Estamos aquí para escucharte y actuar en función de lo que creas que son tus necesidades’. Como padre, fue algo increíble. Te tranquiliza… Es un proceso lento y metódico”.
Estados Unidos tiene obligaciones jurídicas internacionales de proteger los derechos de las personas jóvenes transgénero, incluido el acceso a la atención de reafirmación de género, como parte de su obligación de garantizar los derechos a la salud, la no discriminación, la integridad familiar y la autonomía personal.
“Estas leyes están destrozando vidas, empujan a jóvenes a crisis, obligan a las familias a desarraigarse y alimentan la hostilidad antitrans”, explicó Smallens. “Las legislaturas deberían derogar estas prohibiciones, asegurar el acceso a la atención y proteger a jóvenes transgénero y a sus familias para que puedan vivir con seguridad y dignidad”.
Este junio no es orgullo, es liberación. El colectivo trans en España sigue sufriendo violencia, precariedad y olvido institucional. No queremos más banderas vacías: exigimos justicia, derechos reales y vidas dignas. La revuelta sigue. ✊🏽🏳️⚧️ #LiberaciónTrans #OrgulloEsLucha #TransDretsJa #LaRevoltaContinua
Nos quisieron silenciadas, nos encontrarán levantadas
Junio. El mes que llena fachadas de instituciones, marcas y partidos políticos con banderas multicolor, mientras, en paralelo, los cuerpos trans siguen siendo víctimas de la violencia, la precariedad y la discriminación. Por eso, para muchas de nosotros, mujeres trans, personas no binarias, jóvenes que intentan sobrevivir en un país que les margina, esto no es orgullo. Es resistencia. Es liberación .
El 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn de Nueva York, estalló una revuelta. No una fiesta. La policía hacía redadas sistemáticas a locales frecuentados por personas LGTBIQ+, especialmente por travestis, mujeres trans y personas racializadas. Esa noche, dijeron ya basta. Y así empezó lo que hoy llamamos la lucha por la dignidad del colectivo.
¿Pero qué queda de ese espíritu de revuelta, hoy en España?
En 2023 se aprobó la Ley estatal por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de los derechos de las personas LGTBI . Una ley necesaria, fruto de décadas de lucha, pero que no ha estado a la altura de la esperanza generada. Muchas comunidades autónomas, gobiernos locales e instituciones públicas han boicoteado, recortado o ignorado su aplicación.
Mientras tanto:
Hablamos de un colectivo empobrecido, criminalizado, patologizado y violentado . Según el último informe del Observatorio contra la Homofobia de Catalunya, en 2024 se registró un aumento alarmante de las agresiones por motivos transodientes. En cada espacio en el que deberíamos ser protegidas, somos cuestionadas.
En junio se llena de consejeros/as, alcaldes/as y ministros que hablan de derechos LGTBI, mientras financian fundaciones ultracatólicas , permiten discursos de odio en prensa y dan voz a feministas excluyentes que niegan la identidad trans.
El PSOE y su entorno bloquearon durante meses la ley trans y todavía hoy algunos de sus miembros cuestionan el derecho a la autodeterminación de género. PP y Vox han derogado o paralizado leyes LGTBI a autonomías como Madrid, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Y mientras todo esto ocurre, el Estado permite que las personas trans sigan muriendo en soledad, en precariedad, sin futuro.
Nos venden orgullo, pero necesitamos reparación, reconocimiento y justicia . Orgullo es una palabra que no puede tapar ni el olvido, ni la transfobia estructural, ni los suicidios de jóvenes trans que no pudieron más con la violencia social Casos como el de Alan (Barcelona, 2015 ) asesinatos sociales .
La lucha trans no es una demanda de inclusión en un sistema que nos expulsa. Es una revolución para transformarlo. No queremos ser «aceptadas», queremos que se desmonte el patriarcado, el capitalismo precarizador, el racismo institucional y la cisnorma que nos obliga a justificar nuestra existencia.
No queremos que nos toleren en las escuelas, queremos una educación con memoria, feminista, antirracista y transpositiva. No queremos cuotas simbólicas, queremos puestos de trabajo dignos, vivienda, acceso a la salud integral .
Este junio, no salimos a la calle para celebrar. Salimos para recordar que somos hijas, limpias y hermanas de esas que plantaron cara. Que la liberación es diaria, colectiva e incómoda. Que mientras haya una sola persona trans sufriendo por ser quien es, la revuelta continúa .
No nos vende orgullo si no hace efectiva la liberación. No nos ponga en la foto si después nos saca de las políticas públicas. No nos abrace en junio si nos ignora el resto del año.
Este año, no celebramos: nos liberamos. Y lo haremos hasta que la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
Gina Serra és autora i activista trans, presidenta d’ATC Llibertat, entitat compromesa amb la defensa dels drets del col·lectiu. Per a més informació: atc.llibertat@gmail.com Tel. 931 130 810.
Según el observatorio Caribe Afirmativo, 43 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de 2025
“¿A cuántas víctimas más se les tiene que arrebatar la vida para que las autoridades y el Estado colombiano tomen acción?”, se cuestiona del observatorio de derechos humanos Caribe Afirmativo en un comunicado público emitido este jueves. Esa reacción refleja la indignación tras el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans y defensora de derechos humanos en el municipio de El Carmen de Bolívar, en Los Montes de María, una de las regiones más golpeadas en la historia del conflicto armado en Colombia. Su cuerpo fue hallado este jueves en una cuneta, ubicada a la entrada del municipio de unos 76.000 habitantes.
El crimen recuerda la crueldad del transfeminicidio de Sara Millerey, la mujer de 32 años que murió ahogada en una quebrada de Bello (Antioquia), a inicios de abril, luego de que sus agresores le fracturaran los brazos y las piernas. Según los registros de Caribe Afirmativo, 43 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de este año. “Cuarenta y tres vidas extinguidas en menos de cinco meses. Cuarenta y tres razones para gritar que estamos en medio de una emergencia nacional por violencia de prejuicio”, precisa el comunicado de rechazo, que busca llamar la atención del país sobre la gravedad de los homicidios.
“Era carismática, divertida, incansable, con una furia poderosa”, expresa una de sus compañeras en un mensaje divulgado en redes sociales. El asesinato ocurrió dos años después del de Dania Sharith Polo, conocida como La Pola, otra mujer trans que formaba parte del colectivo LGTBIQ+ de El Carmen. Fue víctima de un atentado en el mismo municipio, a finales de abril de 2023 y falleció el 12 de mayo.
Jiménez, trabajadora sexual de 30 años, también integraba ese colectivo de los Montes de María, el primero del Caribe colombiano en ser declarado sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas. Ello, debido a la vulneración de derechos que padeció —y sigue padeciendo— esta población por parte de grupos armados, como los paramilitares en alianza con la Fuerza Pública o los integrantes de las extintas FARC, que les señalaban y silenciaban. “Quienes resistían a su marginalización, eran llevados hasta las zonas rurales del municipio para aplicarles violencia ejemplarizante, hacerles víctimas de violencia sexual o darles una golpiza como señal de corrección”, refiere una publicación de Caribe Afirmativo.
La Unidad de Víctimas ha reaccionado al crimen. En un comunicado ha recordado que Jiménez fue ejemplo de resistencia y compromiso con la transformación en una de las regiones de mayor violencia en Colombia entre los años 80 e inicios de los 2000, y que luego mostró una de las recuperaciones más notorias del país. “Su transfeminicidio constituye una grave vulneración a su integridad, pero también a los procesos comunitarios de memoria, justicia y reparación que, durante años, han enfrentado con valentía el abandono institucional y las múltiples formas de violencia estructural”, ha señalado la entidad.
Caribe Afirmativo destaca que la lideresa convirtió el dolor en lucha y se vinculó activamente en espacios para exigir justicia. “Su voz estuvo presente en las jornadas de documentación, en las audiencias, en los encuentros de autocuidado y en las actividades de formación. No era solo una participante: era una de las lideresas que tejía comunidad, que ayudaba a sostener la esperanza en medio del dolor, que insistía en que las personas trans, racializadas, empobrecidas, desplazadas por la guerra, también teníamos derecho a una vida digna”, subraya la corporación.
El periódico El Tiempo reseñó que Nawar Jiménez caminó junto a No Es Hora De Callar, la campaña liderada por la periodista Jineth Bedoya para dignificar a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género. Lo hizo en marzo pasado, en un retorno simbólico de más de 500 víctimas, entre Ovejas (Sucre) y el corregimiento de Flor del Monte. “Vistió sus tacones durante los 12 kilómetros del recorrido, resistiendo y resignificando el dolor a través de su identidad”.
También acompañó procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de Tejiendo Dignidad, una iniciativa de ONU Mujeres para fortalecer a organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual y de género. La organización ha calificado el transfeminicidio como una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra liderazgos que construyen paz.
“Su asesinato enciende una alerta urgente: no solo estuvo motivado por prejuicios relacionados con su identidad de género, sino que también atenta contra el trabajo de una lideresa comprometida con la construcción de paz. Nawar impulsaba la reparación colectiva de la población LGBTIQ+ en su municipio y promovía activamente la participación de esta población en escenarios de justicia transicional”, indica en un comunicado oficial.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a las autoridades agilizar la identificación y judicialización de los asesinos, un llamado que se repite con cada crimen pero que pocas veces resulta efectivo. El Ministerio del Interior se ha solidarizado con la familia de Jiménez y ha citado a la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI, el próximo 27 de mayo, para definir un plan de acción que responda a la situación de riesgo de esta población en los Montes de María.
El Ministerio de Igualdad y Equidad se ha sumado al repudio y ha informado que se inició “la activación del caso a través del Sistema Salvia [Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género] para el acompañamiento integral, jurídico y psicosocial de la familia de Nawar”. La lideresa trans había denunciado amenazas en cuatro ocasiones, entre 2019 y 2024. “Su asesinato nos indigna y nos quiebra”, concluye Caribe Afirmativo.
Las amenazas no cesan para las poblaciones de El Carmen de Bolívar por la expansión de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y otras organizaciones criminales. “La imposición de normas y otras tomas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Según sus reportes, 66 líderes y lideresas sociales han sido asesinados a nivel nacional en lo corrido de 2025. El llamado a la acción que lanzó Caribe Afirmativo luego del asesinato de Nawar Jiménez se ha replicado desde el Estado: “La indignación debe traducirse en acciones efectivas”, remarcó la Unidad de Víctimas.
El Congreso debe derogar la ley y aprobar legislación basada en evidencia para combatir la violencia sexual
(Nueva York) – Una ley promulgada en el Perú el 12 de mayo pretende combatir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero termina socavando la libertad de expresión y el acceso a la información y discriminando a las personas transgénero, señaló hoy Human Rights Watch. Las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la ley también podrían utilizarse para restringir expresiones de identidad, contenidos artísticos y materiales educativos, mientras que no aborda de manera efectiva la omnipresente violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.
La ley, cuyo objetivo declarado es “fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes”, también ordena que el acceso a los baños públicos se restrinja en función del “sexo biológico”, prohibiendo de hecho a las personas trans, incluyendo los jóvenes trans, utilizar los baños públicos que correspondan con su identidad de género.
“Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual es una obligación fundamental del Estado, pero esta ley utiliza la protección de la niñez como pretexto para la represión y la discriminación”, señaló Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch. “La ley abre la puerta a que las autoridades censuren expresiones que consideren ‘inapropiadas’ bajo el pretexto de proteger a los niños, y convierte en chivos expiatorios a las personas trans, un grupo que ya enfrenta un alto riesgo de violencia en el Perú.”
Los niveles de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el Perú son alarmantes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a marzo de 2025 los Centros de Emergencia Mujer recibieron 4.910 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (de un total de 15.293 casos recibidos). En 2024, el número total fue de 22.798 (de un total de 63.489). Aunque el Congreso tiene la responsabilidad de dar respuesta a esta crisis, la nueva ley no ofrece una solución eficaz ni respetuosa de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
El artículo 4 de la ley prohíbe la “explotación y sexualización” de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, la publicidad y el entretenimiento. Sin embargo, al no definir los conceptos clave de “connotación sexual” o “cosificación”, la disposición podría utilizarse para censurar expresiones personales o culturales, obras artísticas o materiales didácticos. Esta posible censura y aplicación arbitraria de la norma también podrían limitar la capacidad de niños, niñas y adolescentes de acceder a información relevante para su desarrollo sexual, incluso como parte de una educación sexual integral apropiada para su edad y basada en evidencia científica, que podría ayudar a prevenir la violencia sexual.
La ley también modifica el artículo del código penal sobre “exhibiciones y publicaciones obscenas”, aumentando la pena mínima de prisión de tres a cuatro años para quien muestre, venda o entregue a un menor “objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o auditivas, que por su naturaleza puedan afectar a su desarrollo sexual”. La pena máxima sigue siendo de seis años.
Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que cualquier restricción a la libertad de expresión y al acceso a la información sea específica y proporcional, especialmente cuando se trata de sanciones penales. El uso de términos legales vagos o excesivamente amplios puede dar lugar a restricciones injustas y prácticas discriminatorias.
El artículo 5 de la ley establece que se prohíbe “el ingreso y el uso” de los baños públicos a las personas cuyo “sexo biológico” no coincida con “el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio”. Estas disposiciones no solo discriminan a las personas trans, sino que refuerzan prejuicios dañinos e infundados que presentan la presencia de personas trans en los baños con una amenaza para la niñez.
Los estudios no han demostrado ninguna relación entre las políticas de baños inclusivos y el aumento de riesgos para la seguridad de mujeres o menores. Al contrario, son las personas trans las que se enfrentan a mayores riesgos de acoso y violencia en espacios públicos, incluyendo en los baños. Aplicar este tipo de política discriminatoria también incentiva el escrutinio intrusivo y humillante de los cuerpos o las identidades de las personas exponiéndolas a la sospecha y los malos tratos, incluyendo los jóvenes trans y las personas que no se ajustan a las normas tradicionales de género.
El 7 de mayo, Human Rights Watch envió una carta a la presidenta Dina Boluarte instándola a vetar la ley entonces propuesta por vulnerar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la no discriminación. Human Rights Watch no recibió respuesta.
El 12 de mayo, el Comité de Ética del Congreso votó a favor de abrir una investigación contra la congresista Susel Paredes por su presunta incitación a las mujeres trans a utilizar los baños femeninos del Congreso durante un acto sobre la diversidad de género realizado en marzo. La denuncia sostiene que Paredes violó el Código de Ética Parlamentaria, pudiendo ser suspendida por 120 días sin remuneración. Es probable que la nueva ley dé lugar a más acciones legales arbitrarias e infundadas contra las personas trans y quienes las apoyan.
El Perú tiene la obligación de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral, un elemento elemental del derecho a la educación. En esencia, esta educación consiste en planes de estudio apropiados para cada edad, inclusivos y basados en evidencia científica, que pueden fomentar decisiones informadas y seguras, y contribuir a prevenir la violencia de género, incluida la sexual. El Comité de los Derechos del Niño ha instado al Perú a proporcionar a todos los niños educación adecuada y accesible sobre salud sexual y reproductiva. Esta nueva ley amenaza ese acceso.
Además, el Perú es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado a proteger a todas las personas de la discriminación, incluyendo aquella basada en la edad o la identidad de género. La promulgación de esta ley contraviene los compromisos asumidos por el Perú en dichos tratados.
“El Congreso peruano debe derogar esta ley de forma urgente, que no solo falla en proteger a la niñez de la violencia sexual, sino que además pone en riesgo los derechos de las mismas personas que dice querer proteger, incluyendo los jóvenes trans”, afirmó González. “En su lugar, el Congreso debería aprobar leyes específicas y basadas en evidencia para prevenir la violencia sexual, así como la alta discriminación que enfrentan las personas transgénero”.
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