El Constitucional tumba la norma de Ayuso que limitaba la capacidad de acción de las asociaciones LGTBI+
El tribunal de garantías estima el recurso del Gobierno central y elimina por invasión de competencias el artículo que impedía a las organizaciones LGTBI personarse en causas penales o sobre sanciones para defender a víctimas de delitos de odio
El Tribunal Constitucional ha eliminado la parte de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que limitaba la capacidad de las asociaciones para, por ejemplo, defender a una víctima de delito de odio en un proceso penal. El pleno, cerca de la unanimidad y con un voto en contra, estima el recurso del Gobierno central contra el artículo de la norma del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que establecía cuándo las asociaciones y organizaciones del colectivo podían representar a víctimas o perjudicados en procesos penales o sancionadores. Esta parte de la ley, como sucede con varios artículos de la ley Trans de la Comunidad de Madrid, llevaba supendida cautelarmente desde mediados del pasado mes de julio.
Ayuso consuma el primer retroceso en derechos para el colectivo trans y LGTBI tras aprobarse sus reformas legales
La ley LGTBI es, junto con la ley Trans, una de las dos normas del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso consideradas como una regresión en los derechos del colectivo que ha sido llevada a los tribunales. El Gobierno central, tal y como anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, consideraba que uno de sus artículos invadía las competencias estatales para regular procesos legales y administrativos.
El ejecutivo madrileño introdujo modificaciones posteriores para esquivar estos recursos. “Viene a decir que la reforma de esa ley estaba bien hecha. El resto de la reforma queda intacta”, ha dicho Miguel Ángel García Martín, consejero y portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El recurso, que dejó en suspenso esa parte de la ley tras ser admitido a trámite el pasado verano, apuntaba a un artículo que excluía en la práctica a las organizaciones LGTBI como posibles interesados en un proceso penal o un proceso administrativo relacionado con una sanción “incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito”.
En la práctica impedía, por ejemplo, que una asociación del colectivo se personara como acusación popular en un caso de agresión por motivos de odio. Procesos legales en los que, en ocasiones, las víctimas han acudido a los tribunales asesoradas por los propios colectivos que colaboran con la Policía Nacional.
El Constitucional, con el voto en contra del magistrado conservador José María Macías, explica que la Asamblea de Madrid invadió competencias estatales sin justificar “ninguna concreta particularidad del Derecho sustantivo autonómico que pudiera justificar la aprobación” de la medida.
Arrestan en Florida a una universitaria transgénero por usar un baño femenino
Primera detenida por la aplicación de leyes restrictivas para la comunidad LGBT+
Una estudiante transgénero fue arrestada en el Capitolio de Florida por utilizar un baño destinado a mujeres, en violación de una ley estatal de 2023 que restringe el uso de estos recintos en edificios gubernamentales basado en el sexo asignado al nacer.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se trata del primer arresto conocido por violaciones a las restricciones de baños transgénero en Estados Unidos.
Antes de ingresar al baño de mujeres, en marzo pasado, Marcy Rheintgen, oriunda de Illinois, advirtió a los oficiales del Capitolio en Tallahassee, la capital de Florida, que iba a violar la ley: entraría a un baño de mujeres (acorde con su identidad de género autopercibida) para lavarse las manos.
Según consignan medios locales, la joven de 20 años había enviado cartas a los legisladores, acompañadas de fotos de ella misma, alertando que utilizaría un baño para mujeres en el Capitolio. En esos expresó estar convencida de que en el fondo de sus corazones «saben que esta ley es incorrecta e injusta”.
Este arresto podría ser uno de los primeros derivados de la nueva ley sobre baños públicos aprobada en Florida en 2023.
Tras su gesto de protesta, en medio de multitudinarias marchas en oposición a las nuevas reglas, que empobrecen profundamente la calidad de vida de las personas transgénero, Rheintgen fue detenida y enfrenta un cargo menor de allanamiento, que podría conllevar hasta 60 días de cárcel.
Los principales argumentos contra este paquete de leyes que cercenan las libertades de la comunidad LGBT+, una muestra evidente de la avanzada de la derecha antiderechos en Estados Unidos y el resto del mundo, remiten a la violación a los derechos humanos y al favorecimiento de los discursos de odio y la discriminación. Estas leyes represivas, que incluyen la prohibición de tratamientos hormonales a menores de edad, recibieron un fuerte impulso a partir de la asunción de Donald Trump.
La audiencia de la joven de 20 años, que ha revivido el debate nacional sobre los derechos de las personas transgénero y la aplicación de leyes similares en otros estados, está programada para mayo próximo.
«El arresto de Marcy Rheintgen no se trata de seguridad. Se trata de crueldad, humillación y la erosión deliberada de la dignidad humana», expresó Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida.
En algunos estados, las personas trans pueden usar el baño que coincide con su identidad de género. Mientras que otros estados han aprobado leyes que restringen este derecho, exigiendo el uso de baños según el sexo asignado al nacer, lo que ha generado múltiples demandas y protestas.
La semana pasada se conoció el caso de la esgrimista Stephanie Turner, quien fue descalificada, durante un torneo universitario en Maryland, por negarse a competir contra una oponente transgénero, y que generó un intenso debate en redes sociales.
La tortura y el asesinato de una mujer trans en Antioquia pone en evidencia la transfobia en Colombia
Sara Millerey González murió ahogada a las afueras de Medellín, mientras era grabada en video. El asesinato se suma a decenas de crímenes contra las personas trans en lo que va de 2025
Sara Millerey González en una fotografía compartida en sus redes sociales.RR SS
La violencia quedó grabada y se hizo viral en redes sociales. Solo ante tal crudeza la sociedad colombiana, las autoridades nacionales y regionales han reaccionado con fuerza por la tortura y el asesinato de una mujer trans. Ella murió ahogada el fin de semana en una quebrada en Bello, municipio vecino a Medellín, mientras era grabada en video. Nadie la auxilió. Su nombre era Sara (32 años) y era conocida como “La Millerey”. Las autoridades han detallado que a Sara le rompieron las piernas y los brazos antes de ser arrojada al agua, y ante las fracturas no pudo nadar.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la oenegé Caribe Afirmativo, en lo corrido del 2025 se han registrado 25 asesinatos contra personas LGBTIQ+ en los que hay indicios que fueron víctimas por su orientación sexual o identidad de género. De esos, 15 eran personas con experiencias de vida trans.
Wilson Castañeda director de la oenegé, expresó su dolor por el hecho. “Nos angustia el nivel de sevicia, crueldad y dolor, la constancia de una práctica sistemática de querer aniquilarla”, dice vía WhatsApp. Señaló que 2025 ha sido un año muy violento para la población LGBTIQ+ en Colombia, a pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro ha creado una oficina dedicada a temas de diversidad sexual y de género en el Ministerio de la Igualdad. Ni así cesa la violencia contra esta población. “La diversidad nos está costando la vida”, afirma el experto.
Luego de que el vídeo de la tragedia se hiciera viral en redes sociales entre este lunes y martes, varias instituciones públicas se han pronunciado. La primera fue la Defensoría del Pueblo, que alertó que en los primeros tres meses del año esa entidad de defensa de los derechos humanos ha identificado 13 transfeminicidios. Luego, la Alcaldía de Bello anunció que iniciaría las investigaciones para dar con los homicidas, de los que no se tiene información hasta el momento pese a la existencia de la filmación. Este martes también intervino el presidente Petro, quien compartió el vídeo y escribió: “(…) Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay Nazis en Colombia”.
Castañeda resalta que, si bien, las agresiones contra las identidades de género y sexualmente diversas se viven a lo largo y ancho del país, las tasas de más altas de esa violencia se dan en el Valle de Aburrá —la zona urbana que rodea a Medellín— y el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. Por ello, hace un llamado para que las autoridades locales de las dos zonas tomen decisiones efectivas. También subraya que es urgente que la sociedad se posicione activamente en contra de los discursos de odio que derivan en este tipo de graves agresiones. “La indiferencia social frente a nuestro dolor es altísima. Esa indiferencia es lo que permite a los victimarios aniquilar las vidas de la población LGBTIQ+”. Varias oenegés han convocado a una jornada de “velatones” en ciudades como Bogotá y Medellín, en las que exigirán justicia para Sara y las otras víctimas de la transfobia en Colombia.
89% de personas transgénero mueren por crímenes de odio
Tadeo Campagne, activista de la comunidad LGBTIQ+ dio a conocer que la transfobia continúa siendo una de las principales causas de violencia contra las personas trans en todo el mundo. Hoy en día, el 89 % de los asesinatos de personas trans están relacionados directamente con crímenes de odio motivados por su identidad sexual. Esta alarmante cifra no solo refleja la realidad en México, sino también a nivel global.
En promedio, la esperanza de vida de las personas trans se encuentra entre los 35 y 40 años, y el principal motivo de muerte siguen siendo los crímenes de odio.
Tadeo Campgne por otro lado, el 11 % de las muertes de personas trans se relaciona con complicaciones de salud o tratamientos médicos. Sin embargo, este porcentaje también tiene un trasfondo de exclusión: muchas personas trans, especialmente mujeres trans, acceden a tratamientos hormonales o quirúrgicos en condiciones económicas precarias. Esto las lleva a recurrir a personas no capacitadas o sin formación médica especializada.
Este acceso limitado y peligroso a la salud también es consecuencia de la transfobia, ya que muchos profesionales de la salud no están sensibilizados ni capacitados para atender adecuadamente a esta población
¿Cómo afecta esto a la comunidad?
Falta de políticas públicas efectivas para proteger a personas trans.
Violencia normalizada en muchas comunidades y entornos sociales.
Tadeo Campagne destaco que es urgente generar conciencia, exigir justicia ante los crímenes de odio y garantizar el acceso digno y seguro a la salud para todas las personas trans, sin discriminación ni prejuicios.
El empleo, el odio y los derechos de las personas trans migrantes serán los ejes de las demandas de la Plataforma Trans
Este fin de semana se ha desarrollado la asamblea estatal de la Plataforma Trans con la participación de una representación aragonesa junto a las de otras nacionalidades y territorios del Estado español
Un instante de la asamblea de entidades. | Foto: Plataforma Trans
Este fin de semana se ha celebrado en Getafe (Madrid) la Asamblea Estatal de Asociaciones de la Federación Plataforma Trans, donde se han dado cita representantes de Andalucía, Canarias, País Valencià, Madrid, Catalunya, Aragón, Castilla y León, Galiza, Euskal Herria, Illes Balears y Castilla La Mancha para marcar el rumbo de la agenda política de los colectivos trans del Estado Español.
Durante el encuentro, las organizaciones pusieron en común los desafíos actuales a los que se enfrenta la comunidad trans, con especial énfasis en tres ejes prioritarios: el acceso al empleo de las personas trans, la lucha contra los discursos de odio y la defensa de los derechos de las personas trans migrantes, quienes sufren una doble vulnerabilidad por razón de identidad de género y situación administrativa.
«La discriminación estructural sigue relegando a muchas personas trans a la exclusión social, especialmente en el ámbito laboral. Según el estudio más reciente de UGT, más de la mitad de las personas trans están desempleadas, y el 55% reconoce haber sido excluidas de procesos de selección debido a su identidad de género. Es urgente implementar políticas públicas claras y eficaces que rompan el apartheid laboral que sufren las personas trans, más allá de los discursos simbólicos, así mismo reclamamos al Ministerio de Trabajo el desarrollo y la implementación dentro de los planes LGTBIQ, del protocolo de acompañamiento a personas trans en los centros de trabajo y que nuestra entidad ya entregó una propuesta del mismo, junto con UGT «, ha señalado Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.
En relación con el auge de los discursos odio y su libre circulación en las redes sociales, desde la entidad alertan del preocupante clima de hostilidad que se está generando hacía las vidas de las personas trans y que tiene una relación directa con el aumento de las agresiones hacía personas de dicho colectivo. «No se trata de casos aislados, sino de un clima generalizado de violencia que debe ser combatido con medidas legislativas y educativas, pedimos al Gobierno que hagan respetar a las plataformas digitales nuestra Constitución y las leyes de garantía de derechos y protección contra la discriminación hacía las personas LGTBIQ, si no están dispuestas a respetar nuestro ordenamiento jurídico se les ha de retirar la licencia, igual que se haría con otras empresas de otro sector» Continua Cambrollé.
Así mismo, desde Plataforma Trans reclaman urgentemente al Ministerio del Interior que envíen, de una vez por, todas las instrucciones para el cambio de nombre de las personas trans migrantes a las oficinas de extranjería, ya que este Ministerio esta incumpliendo la Ley Trans y de Derechos LGTBI que lleva ya en vigor dos años, «una situación que está provocando que miles de personas trans migrantes en nuestro país no puedan beneficiarse de la misma, todo esto sumado a procesos de regularización plagados de obstáculos y barreras institucionales», sostiene la entidad. Desde la Plataforma Trans reclaman un enfoque interseccional que reconozca estas realidades y aborde las múltiples formas de discriminación que se entrecruzan.
Mar Cambrollé denuncia en Getafe la violencia estructural que sufren las mujeres trans y llama a combatir el auge del odio con unidad feminista y conciencia social
Este sábado, Getafe ha acogido una intensa jornada contra los discursos de odio organizada por la Federación de Plataformas Trans, en la que han participado referentes del activismo LGTBI, migrante y feminista. Entre las voces más potentes ha brillado la de Mar Cambrollé, histórica activista trans y presidenta de la Asociación Trans Andalucía (ATA) y de la Plataforma Trans estatal. Con su intervención, Cambrollé puso nombre, cifras y contexto a una realidad brutal: la violencia sistemática que sufren las mujeres trans en todo el mundo.
“La media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica no supera los 40 años. Desde 2008 hasta 2024, han asesinado a más de 8.900 personas trans en el mundo, el 96% mujeres trans”, denunció Cambrollé, citando los datos del Observatorio Internacional Transrespect. “Nos matan por ser mujeres, mujeres diversas, pero mujeres al fin. Igual que a las mujeres cis, nos ataca el mismo enemigo: el patriarcado, el capital y el machismo”.
En su discurso, la activista subrayó cómo las violencias hacia las mujeres trans no son aleatorias, sino profundamente estructurales. “Matan a mujeres pobres, racializadas, migrantes. Es el género, el racismo y la clase actuando a la vez. Es una estrategia de exterminio”, afirmó.
Cambrollé no esquivó las críticas a la inacción europea ante la ola reaccionaria global, ni a ciertos sectores del feminismo que excluyen a las mujeres trans de su discurso. “Lo que está haciendo Trump en EE.UU. —retirar tratamientos médicos, sacar a mujeres trans de cárceles de mujeres, quitar la custodia a padres que apoyan a sus hijos trans— es un crimen de lesa humanidad. Y Europa calla. Aquí también lo vivimos: el PSOE y Sumar han premiado la transfobia con figuras como Carmen Calvo, que recuperó discursos franquistas y negó nuestra identidad como mujeres”.
Su intervención terminó con un alegato claro: unidad en la lucha feminista, sin exclusiones ni jerarquías. “No se puede desdibujar el patrón de nuestro agresor para culparnos a nosotras. Nosotras nunca hemos sido un peligro. Seguimos estando en peligro”.
La jornada en Getafe sirvió así como espacio de denuncia, memoria y articulación política. Porque frente al avance del odio, la única respuesta posible es colectiva.
España como refugio de las mujeres trans latinoamericanas: “Me decían que aquí es más seguro”
Cada vez más personas de este colectivo aterrizan en el aeropuerto de Barajas para huir de la violencia y discriminación que sufren en sus países, pero se topan con un muro burocrático y el peso del estigma
Celine Celis (izquierda), originaria de Venezuela, y Daniela Gómez, colombiana, en el parque El Retiro de Madrid.Jaime Villanueva
Celine Celis muestra en el móvil la fotografía de su esposo acribillado sobre el asfalto. Lo asesinaron en mayo de 2024 en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador que el año pasado acaparó titulares de la prensa global cuando un comando armado ilegal irrumpió con armas largas en un canal de televisión en pleno directo y los militares se volcaban a las calles. Celine, una mujer trans venezolana de 41 años, sabía que después de su pareja irían a por ella. A los pocos días del homicidio, la mujer recibió una paliza brutal que la dejó inconsciente a las puertas de su casa. Huyó a Quito, la capital. Al cabo de unas semanas estaba abordando un avión hacia el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Huir antes de engrosar la cifra de mujeres trans asesinadas en la región más peligrosa para ellas en la última década.
Siete de cada diez homicidios de personas trans ocurren en América Latina, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la organización Trans Europe and Central Asia (TGEU), el indicador más fiable en la materia (lleva monitoreando desde 2008 año a año). Según la última medición, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, de los 350 casos registrados (el 94% mujeres trans), 255 ocurrieron en América Latina, con Brasil a la cabeza. En su mayoría, las víctimas fueron mujeres negras o mestizas y una importante proporción de ellas eran trabajadoras sexuales.
Celine aterrizó en Madrid el 30 de julio de 2024. Permaneció en el aeropuerto cuatro horas antes de saber a dónde ir. No tenía a nadie. Haber cruzado el Atlántico había sido una medida desesperada. En Guayaquil, ella y su esposo tenían una tapicería y antes del asesinato del hombre, empezaron a amenazarles y a hostigarles por no pagar “la vacuna”, la extorsión. “Me llamaban por teléfono, decían que iban a matar a mi mamá, a mi hermano, pero a quien mataron fue a mi marido”, cuenta. Antes de instalarse en Ecuador, ya había atravesado la región: de Venezuela cruzó a Colombia, después a Perú y más tarde a Chile. Había migrado, como buena parte de la diáspora venezolana que hoy está regada por el mundo.
De España había escuchado siempre esto: “Me decían que aquí era más seguro para nosotras las chicas trans, que nos apoyaban mucho”, cuenta en una oficina de la sede de Transexualia, una organización que se dedica desde mediados de los ochenta a trabajar con las personas trans. España ha sido desde hace décadas un país referente en garantías para la población LGBTIQ+, que desde 2005 aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya en 2007 expidió una ley que permitió que las personas trans pudieran adecuar su documentación a su identidad de género. Además, hace dos años, se aprobó la conocida como Ley trans (la 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+), que ahora está desarrollándose. Este 31 de marzo, tal como sucede desde hace 16 años, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
Celine Celis, inmigrante trans originaria de Venezuela, en el Parque del Retiro en Madrid, el 28 de marzo.Jaime Villanueva
En la última década, con la eliminación del visado a países como Colombia y Perú, las llegadas han ido en aumento, aunque las cifras precisas escapan de la Administración pues en su mayoría entran a España como turistas. Uno de los abogados que apoya a Transexualia en temas de extranjería sostiene que su organización ha sido testigo de ese incremento. “Todas las semanas están llegando chicas nuevas a [el aeropuerto de] Barajas”. Los registros de la organización también dan cuenta de la situación. De las 342 usuarias de sus programas y actividades, la mitad son de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Según las cifras del Ministerio del Interior, una de cada diez solicitudes de protección internacional en territorio español son por motivos de persecución por orientación sexual o identidad de género diversa ―no solo personas trans―, y más del 80% del total de solicitudes de asilo (que en 2024 alcanzaron su récord, con 167.000) son de personas de países de América Latina.
Las llegadas no parece que vayan a detenerse. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero las consultas de mujeres trans a colectivos de abogados en Estados Unidos para salir del país están aumentando, según un integrante en España de una red internacional de abogados que está recibiendo esas peticiones. España, precisamente, emerge como posible destino.
Un asesinato viral
El asesinato a balazos de Ruby Ferrer, mujer trans, el 13 de febrero de 2023 en el centro de Lima (Perú), se hizo viral. Su asesino grabó en vídeo el momento en el que le apunta con una pistola y descarga una seguidilla de disparos. Era una represalia por no pagar el cupo por un puesto en la calle para ejercer la prostitución.
Daniela, mujer trans peruana que prefiere ser llamada así, tiene fresco el recuerdo de ese vídeo. Cuando lo vio ya llevaba alrededor de dos años en España, donde había migrado aún en la pandemia de Covid-19, desde un país particularmente hostil para ellas, no solo por la violencia física, sino también por una cultura conservadora y más retrógrada que la de naciones vecinas. En Perú, cada año se realiza allí una manifestación del movimiento Con mis hijos no te metas, que rechaza la inclusión del enfoque de igualdad de género en la educación. Ella, esteticista de profesión, terminó migrando, cuenta, huyendo de un militar que se obsesionó y empezó a perseguirla. “Siempre andaba detrás de mí y me acosaba, llegó a [ejercer] agresiones muy fuertes, a arrastrarme por la calle, pero uno va y pone la denuncia y no hacen caso, porque él era militar y yo una chica trans”.
Hasta que no logren formalizar su petición, estas personas están sin papeles, arrojadas a la clandestinidad. Celine buscó que la contrataran irregularmente como estilista o en limpieza, pero también aquí el estigma por ser una mujer trans pesa. Terminó acudiendo a donde muchas otras le decían que fuera: al polígono Marconi, en el sur de la capital, a ejercer la prostitución. También lo hizo en Barcelona, en una casa en la que permanecía encerrada y solo salía una hora al día. Hay clientes que querían drogarse y la han forzado a hacerlo con ellos. En medio de tal angustia, hace apenas unas semanas, sufrió un ictus que le paralizó un lado de la cara.
Daniela Gómez acaba de llegar de Colombia. Aterrizó el 7 de diciembre del año pasado y dice que sabía cuál era su propósito. “No voy a mentir y decir que venía a trabajar de mesera: sabía que venía acá a putear, pero con la idea de que esto iba a estar muy bien”, cuenta. Lo que se ha encontrado es que a duras penas consigue pagar una habitación en un piso, por la que le cobran 250 euros semanales, y en el que viven otras dos personas. En un cuarto diminuto, en el que apenas cabe la cama, Gómez reside y trabaja. Encuentra a sus clientes online: pagó para aparecer en las páginas adecuadas y ahora ya se gestiona ella. Hasta ahora no ha tenido que pararse en la acera para prostituirse. “A este paso, voy para allá”, lamenta.
Daniela Gómez, inmigrante trans originaria de Colombia, en el Parque del Retiro en Madrid, el 28 de marzo.Jaime Villanueva
Aún así, Gómez ha tenido suerte. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización referente en derechos LGBTI+ en Colombia, explica que aunque la decisión de muchas mujeres trans de su país de migrar a España es autónoma, “la materialización del sueño termina teniendo intermediarios”. Y añade: “Una vez en territorio español [hay organizaciones que] les cobran cuotas, relacionadas en no pocos casos con rutas de tráfico de drogas y de trata de personas”.
En muchas ocasiones, incluso cuando consiguen papeles, no cesa la vulneración de sus derechos. Jade Duarte, una mujer trans de Guatemala, aterrizó en Barajas el 1 de abril de 2019 y pidió asilo nada más bajarse del avión, porque en su país había sido agredida por ser trans y no pudo denunciarlo debido a una legislación hostil con los derechos de la población LGBTIQ+. España le concedió la protección, pero en todos los documentos que se le han expedido desde entonces sigue figurando su dead name ―el nombre previo a la transición, que figura en sus documentos y con el que ella no se identifica―. Ese nombre aparece en su DNI. En abril tiene fijada una cita para solucionarlo. “Es algo que yo llevo esperando seis años”, dice.
