La falta de comprensión sobre la identidad trans exacerbaba más si cabe el sufrimiento que sufrían ya que estas personas no solo eran vistas como homosexuales, sino que también se malinterpretaba su identidad de género.
La sociedad de la época, influenciada por los rígidos valores del régimen, provocaba que estas personas se vieran obligadas a dejar a su familia, ver como se quedaban sin la posibilidad de acceder a un trabajo, formar una familia, alquilar una familia o incluso no poder hacer uso de la sanidad pública con plenas garantías.
Un dolor para el que la Plataforma Trans pide reparación para que se mantenga viva la memoria histórica de la represión sufrida por las personas trans durante el franquismo. «La democracia aún tiene una deuda con las personas trans y disidentes del género que durante el Franquismo estuvieron perseguidas, castigadas y metidas en cinco cárceles y un campo de concentración. Después se vivió un periodo durante el postfranquismo de psiquiatrización forzosa», explica la presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé.
«A las personas trans nos quitaron la voz de nuestras familias, negaron posibilidad de trabajar, estudiar, nos dio la espalda hasta la sanidad pública», denuncia. Por ello, han presentado en el Congreso de los Diputados su propuesta para una Ley de Memoria Trans, que contempla una pensión de «idéntica cuantía» a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares. Una iniciativa colectiva, explican, «de todo el espectro de los partidos que defienden el avance en derechos de la población Trans y LGTBIQ, donde el único empeño, sea la justicia social e histórica».
«Las asociaciones memorialistas han hecho un trabajo excelente eliminando las referencias al dictador y con la ley dar un destino dignos a los huesos de las víctimas. Hay gente viva que necesita dignidad y que los últimos días que les quede de vida lo vivan de una manera digna para poder pagar un plato de comida, facturas, un techo o incluso comprarse una cada tres vez meses unas zapatillas después de una vida viviendo en la miseria», expone.
«En 2008, Zapatero dio una partida simbólica a aquellos a los que se les aplicó la ley de peligrosidad social de cinco millones y solo se gastaron 1.600.000 euros. Sobraron tres millones porque esas malas condiciones de vida hicieron que muchas personas murieran bien por VIH, por drogas o por secuelas tras años de represión», explica.
«Han sido pocos los medios progresistas que le han dado voz y se han interesado», se queja. «Todos los medios de la derecha y la ultraderecha sí han hablado de esto. Pero claro, hablan de la paguita, sin contar que hemos sido apalizadas, maltratadas y negadas», añade.
«En Europa hemos podido ser los pioneros, pero ahora nos adelanta Urugay, México, Colombia y Argentina. Precisamente este último ha declarado en una sentencia histórica que es un crimen de lesa humanidad lo que vivieron las personas trans y disidentes de genero», explica.
La Plataforma Trans se reunió con algunos de los grupos parlamentarios del
Congreso el pasado 21 de febrero. En el encuentro, asegura que se abordó la
«necesidad histórica» de una Ley de Memoria Trans, «que viniese a reconocer y
reparar la violencia sufrida por las personas trans y disidentes del género, por la
dictadura y el post franquismo», propuesta que añade que tuvo una «acogida
favorable».
Finalmente, explica que prevé enviar el texto propuesto para una Ley de Memoria
Trans a las centrales sindicales y asociaciones memorialistas, «para que hagan
aportaciones y apoyen la incitativa legislativa».
Mar Cambrollé, en el centre, junto a representantes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, JuntsxXCat.
