Colectivos LGTBIQ+ miran con preocupación al mapa que dejan las elecciones de un 28 de mayo tras el cual el PP pasará a gobernar varias comunidades que hasta ahora no controlaba. El PP ha obtenido mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y La Rioja, mientras que podrá gobernar con Vox en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón.

Esta preocupación tiene en el centro, en concreto, las las leyes autonómicas que en los últimos años se habían ido normalizando en casi todos los territorios, adelantándose a la ley estatal aprobada en diciembre de 2022 que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en varias ocasiones en el punto de mira.

Comunidad de Madrid: vía libre para los planes de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió antes de las elecciones de este 28 de mayo a derogar algunas partes de la Ley Trans de esta comunidad. Pese a que había expresado con anterioridad su desacuerdo con este texto aprobado en 2016, Ayuso hizo firme su apuesta en el Pleno de la Asamblea del 2 de marzo de este año, cuando el PP apoyó que se tramitara la propuesta de Vox de derogarla.El gesto era solo eso, un gesto: el fin de la legislatura no iba a permitir que la propuesta siguiera su curso. El resultado del domingo, cuando la candidada del PP arrasó al conseguir 71 escaños —seis más que hace dos años y tres más de los que necesitaba para no depender de Vox, como hasta ahora—, le da vía libre para proceder a consumar lo prometido, y a hacerlo en sus propios términos. La vía de Ayuso no es la derogación completa sino solo de algunos aspectos, en concreto los que tienen que ver con autodeterminación e infancia trans.

La ley trans de la Comunidad de Madrid se aprobó en marzo de 2016, durante el mandato de la también popular Cristina Cifuentes. La norma fue elaborada por los grupos de la oposición y salió adelante con la abstención del PP. La Comunidad de Madrid cuenta también con una Ley LGTB aprobada ese mismo año, en 2016. Esta, sin embargo, no ha sido objeto de polémica: ni el PP ni Vox la han puesto en el foco.

El PP en territorios y el PP de Feijóo

Ayuso ha sido clara en mostrar su desacuerdo con la ley trans autonómica y Alberto Núñez Feijóo muy beligerante con la estatal: este último se ha mostrado en diferentes ocasiones a favor de derogar o reformarla. Mientras se espera a las elecciones del 23 de julio para ver si podrá o no tocar la ley estatal, lo cierto es que este discurso no ha calado en las autonomías donde el PP ha podido hacerlo.Así, ni en Murcia ni en Andalucía se han planteado cambios pese a tener gobiernos encabezados por el PP. Y no solo eso, sino que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, marcó posición recientemente en sentido contrario para desmarcarse de Ayuso. La ley andaluza no es lo mismo que la ley estatal y, además, no se va a dejar influenciar por otra región como Madrid: “A mí no me condiciona nadie, ninguna comunidad, ni el Gobierno central, me debo a los andaluces”, respondía Moreno en una sesión de control ante la interpelación de Vox sobre este asunto.

Con estos precedentes, preocupación entre colectivos LGTBiQ+ son los lugares donde el PP necesite a Vox para gobernar. Es el caso de la Comunitat Valenciana. Allí Les Corts aprobaron en 2017 una ley trans que contó con el apoyo de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP, que aseguró que la norma “se quedaba corta”. Ahora PP de Carlos Mazón ha obtenido 40 escaños, 21 más que en 2019, y necesitará el apoyo de los 13 de Vox para gobernar.

También se da esta situación en Cantabria, que cuenta con una ley LGTBIQ+ desde 2020 aprobada por todos los grupos de la cámara, también el PP. Con el descalabro del partido de Miguel Ángel Revilla, PP y Vox suman para gobernar. En Extremadura, la ley LGTBIQ+ de 2015  fue aprobada por unanimidad, como en Aragón, en 2018. Más significativo aun es que en diciembre de 2022 todos los grupos, incluido el PP, cerraran filas en su defensa y votaran en contra de la propuesta de Vox para derogarla.En Baleares, la proposición de ley LGTBIQ+ fue aprobada en 2016. Había sido presentada por las tres formaciones del tripartito de gobierno (PSOE, MÉS y Podemos), pero el PP votó a favor de la mayoría de artículos.

La amenaza de Vox

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTB) advierte: lo que ocurra a partir de ahora con las leyes LGTB autonómicas va a depender de los pactos que hagan con Vox y de la ideología del PP de cada territorio porque “el PP no funciona de la misma manera en todas las comunidades autónomas”, dice la presidenta de esta organización, Uge Sangil.

Para Sangil, la situación es “realmente preocupante”. “Sabemos que no nos quieren, pero no solo a nosotros, sino también a otros colectivos muy vulnerables como las personas migrantes, racializadas, las personas con discapacidad o las mujeres, que son un objetivo de la ultraderecha”, razona.

Y, advierte, no es necesario derogar nada para dejar en papel mojado derechos conquistados en las leyes autonómicas. Basta con no aplicarlas, como ocurre, asegura, en Murcia, donde además se ha visto cómo se regulaba el veto educativo en los colegios con el “pin parental”.

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, lanza la misma advertencia: los acuerdos con Vox pueden hacer peligrar derechos adquiridos que hasta ahora el PP no se ha atrevido a tocar, aunque los cuestione. “El territorio que más nos preocupa es Madrid, por la amenaza directa de Ayuso, pero también otras”, explica.

Cambrollé se muestra especialmente molesta con los “mantras sobre los menores trans” que repite Ayuso. “Las leyes trans lo que hacen es desmedicalizar, por un lado, y garantizar un tratamiento médico a quien lo precise”, dice. “Nosotras vamos a seguir firmes y a estar vigilantes para que nuestros derechos no se toquen, porque recortarlos es recortar la democracia”.

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