La activista trans Bianka Rodríguez (San Salvador, 32 años) pronuncia la palabra que más estremece a la comunidad LGTBIQ+ de su país: “Estadística”. Esa estadística que fija en 33 años la esperanza de vida de las personas trans. La que también revela que apenas el 2,8% de las denuncias por violencia lgtbifóbica termina en una condena. O la que contabiliza los asesinatos de ocho mujeres trans y dos hombres gais en un año (entre 2019 y 2020). En última instancia, una estadística que sitúa a las personas LGTBIQ+ ante una dolorosa disyuntiva: permanecer en El Salvador con el miedo de engrosar el número de víctimas o marcharse al duro exilio.

Rodríguez ha decidido plantar cara a la estadística y quedarse en su país. Directora de la asociación Comcavis y representante de ILGA-LAC (Asociación internacional de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex para América Latina y el Caribe), encadena varios hitos: fue la primera mujer trans en recibir un DNI con su nombre y género en El Salvador; también pionera en ser designada colaboradora de alto perfil por ACNUR; y en obtener el Premio Nansen para los refugiados.

Pregunta. ¿La radical política de seguridad de Nayib Bukele ha tenido su reflejo para las personas LGTBIQ+?

Respuesta. El Salvador vivía en un contexto tremendamente violento que también afectaba a la población LGTBIQ+. La violencia era perpetrada por maras, pero también por agentes del Estado. Desde que se instauró el régimen de excepción, la violencia disminuyó drásticamente. Lastimosamente, no es una política con un enfoque de género. No estamos en contra de que se aplique una política de seguridad. Pero que no tenga un enfoque de género, sobre todo de protección a las sobrevivientes y a las víctimas que fueron parte de las pandillas, deja en entredicho su efectividad. Personas que fueron coaccionadas por las pandillas han sido detenidas de forma arbitraria por las autoridades.

P. ¿En qué afecta esa falta?

R. Las personas LGTBIQ+ vivimos en círculos de exclusión, de violencia y que muchas veces, sobre todo a las mujeres trans, nos obliga al trabajo sexual para subsistir. Además, la violencia de las pandillas nos sumergía en ese círculo. Entonces, cuando la pandilla te obligaba a cometer un ilícito era porque tú tenías la necesidad de estar en una zona de trabajo sexual [bajo su control]. En El Salvador vivíamos un contexto donde o te volvías parte de la pandilla o te asesinaban. Esto sucedía no solo para las personas LGTBIQ+, sino para las mujeres y los jóvenes. En el caso de las personas trans, la pandilla te obligaba a ir a cobrar la renta o a servir como vigilante.

P. ¿Hay personas del colectivo en el Cecot, la megacárcel de Bukele?

R. No tenemos conocimiento de que exista población LGTBIQ+ en el Cecot. Desde antes de la llegada de Bukele, en El Salvador existe un centro específico para población LGTBIQ+, para prevenir la violencia que puedan sufrir por parte de otros reclusos. Esta política, por lo menos, se ha mantenido.

P. Hay una cercanía entre Bukele y el presidente de EE UU, Donald Trump, en varias de sus políticas, incluidas aquellas que cuestionan la perspectiva de género.

R. El Gobierno de Bukele ha limitado el ejercicio de derechos como la salud, la educación, el empleo o la vivienda, porque la mayoría de políticas afirmativas desaparecieron. Desde 2019, el Gobierno trasladó las funciones de la Dirección de diversidad sexual hacia la Unidad de género del Ministerio de Cultura. Y la protección de un grupo vulnerable no tiene nada que ver con la cultura. El último error fue el año pasado, cuando Bukele dijo que la educación integral en sexualidad tiene que ver con lo que definen como “ideología de género”. Así, el acceso a tratamientos antirretrovirales para las personas con VIH se torna algo difícil, y no se diga de otros temas en salud. Por ejemplo, hay mujeres trans con graves problemas tras haberse inyectado sustancias para reafirmar su género, porque el sistema de salud no brinda terapias de tratamiento de reemplazo hormonal.

P. ¿Cómo ha impactado todo esto en el exilio de los salvadoreños?

R. Es un contexto donde la violencia verbal, psicológica e institucional te pone en desventaja. Las personas LGTBIQ+ están siendo atacadas, son perseguidas y no encuentran ninguna forma de protección por parte de las instituciones. Esto les obliga a elegir entre irse al exilio o la miseria. Tienes que abandonar tu hogar, tienes que abandonar tu familia, tienes que abandonar casi todo. Y ahí es donde entra este dilema. Vivimos en un país seguro, pero las personas disidentes no entran dentro de esa política de seguridad. ¿Por qué los crímenes de odio quedan en la total impunidad? Una persona no va a seguir viviendo en un país que no le protege o que dificulta el acceso a educación, salud, vivienda o empleo.

P. ¿La población trans sufre con mayor intensidad estas dificultades?

R. Las personas trans enfrentan mayor violencia física y tienen mayor mortalidad. Nuestra expectativa de vida en El Salvador es de 33 años, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por ello muchas personas LGTBIQ+ entran dentro de esta dinámica de la movilidad humana: no quieren ser parte de esas estadísticas. Las mujeres trans subsisten con menos de un salario mínimo mensual, que son 365 dólares, y no existen políticas públicas de empleo. No queremos estar ofreciendo servicios sexuales, estamos en la calle porque de esa manera obtenemos recursos económicos. El acceso a la salud es muy difícil; ahora las personas trans dejan de ir al sistema de salud por la violencia institucional que enfrentan.

P. Cuénteme más de eso.

R. Sabemos que no tenemos leyes que reconozcan nuestra identidad de género. Los poquitos avances que se han institucionalizado a veces los implementan, a veces no. ¿Para qué voy a ir a una consulta si al final el médico me va a tratar mal, o no va a respetar mi identidad? Hasta marzo de 2024 todavía funcionaba el Acuerdo ministerial de Salud 202 y los Lineamientos de Atención en Salud para población LGTBIQ+, pero cuando empiezan a hablar de ideología de género, empiezan a eliminar, por ejemplo, los formularios que incluían la orientación sexual o la identidad. En el último año, tuvimos casos de mujeres trans que fueron llamadas con su deadname [el nombre previo a su transición], cuando anteriormente se obligaba al personal de salud a llamarles por sus apellidos. Todo esto desapareció. Incluso para temas de VIH, las mujeres trans son catalogadas como hombres que tienen sexo con otros hombres.

P. El Gobierno se ha derechizado, ¿los salvadoreños también?

R. No. En general, la sociedad avanzó en el entendimiento de que las personas LGTBIQ+ existimos. Sin embargo, movimientos antigénero influyen en el avance de las políticas públicas. Los gobiernos se agarran a decir que son provida o critican lo que llaman ideología de género, pero la mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe reconocen que nuestros países son laicos, y garantizan que todos somos iguales.

P. Las trabajadoras sexuales trans con quienes se reunía el papa Francisco eran migrantes latinoamericanas que resaltaban el aperturismo de su pontificado. En Latinoamérica, donde la Iglesia Católica tiene un papel tan importante, ¿se ha vivido ese aperturismo?

R. Las iglesias se han ido transformando; de alguna manera han tenido que entender que somos parte de la sociedad. El mensaje de Francisco en cuanto a la inclusión de las personas LGTBIQ+, en el sentido de que la Iglesia no los debería excluir de un aspecto fundamental como es la religión, no solo ha permeado a la Iglesia Católica, sino también a la evangélica. Las iglesias católicas se reunieron y dijeron: ¿por qué vamos a excluir a las personas LGTBIQ+ de nuestros espacios, si ellos y ellas vienen para alabar a Dios? Y hacen esta reflexión que de alguna manera da una sensación de aceptabilidad. Sin embargo, también hay una parte de las iglesias que tienen el mensaje contrario y excluyente. Así ha ocurrido en México, donde está reconocido el matrimonio igualitario. Las iglesias evangélicas hicieron un comunicado afirmando que con ese derecho se estaban dejando de respetar sus leyes. Los pronunciamientos vienen de legisladores que son pastores o pastoras que se han unido a las cúpulas políticas para limitar derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+.

https://elpais.com/sociedad/2025-09-03/bianka-rodriguez-lider-trans-de-el-salvador-las-personas-lgtbi-deben-elegir-entre-el-exilio-o-la-miseria.html

Katia nunca había llegado a la cima del Qasiún. Este monte, acrópolis de Damasco, fue durante la guerra una trinchera natural desde la que las tropas de Bachar el Asad disparaban a los rebeldes que avanzaban hacia la capital.

Cuando el régimen cayó en diciembre y el ejército abandonó la zona militarizada, la joven de 21 años no esperó ni una semana para subir. Llegó hasta arriba con los colores de la nueva Siria: un vestido verde, un corsé negro y, envolviéndola, una bandera revolucionaria con tres estrellas rojas mal cosidas en el centro. A su lado, desierto ya, el cuartel de un Gobierno que había matado a 200.000 sirios en los últimos 14 años. A sus pies, Damasco, una ciudad que olía a nuevo.

“Siria es libre. Y la mujer, libre también”, escribió junto al reportaje que subió a Instagram de aquella excursión. Después de que las fuerzas islamistas de Ahmed al Shara llegaron al poder, Katia se negó a interrumpir su vida. Siguió yendo al casco antiguo, donde la conocían como la niña de Bab Sharqui por los días y noches que había pasado en los bares de la Puerta de Oriente. Siguió viendo a sus amigos, fue a fiestas, a mercadillos de Navidad. Hasta que las mismas redes sociales donde había expresado su euforia por la nueva Siria le confirmaron algo en lo que había evitado pensar: esta tampoco iba a ser una Siria para mujeres trans como ella.

La noche de fin de año, los rebeldes —ya en el Gobierno— y varias milicias afiliadas lanzaron una campaña contra un enemigo claro: las mujeres como Katia. Entre enero y febrero, los propios agentes publicaron en sus cuentas personales de Facebook vídeos en los que capturaban a chicas jóvenes y hacían con ellas lo que se les antojara. “Sácate la polla, que te la vamos a cortar”, le gritaban a una. A otras fueron a buscarlas a casa, las apalizaron y saquearon todo lo que tenían. “Llevo desde enero en esta habitación que dejaron vacía. Desde entonces no he salido ni nadie se ha atrevido a venir a verme”, explica por videollamada una superviviente, siete meses después de haber sido atacada.

Aquel fue solo el comienzo de una purga que sigue en curso. Trampas por aplicaciones de citas, secuestros, allanamientos, detenciones arbitrarias, apaleamientos… De 20 mujeres entrevistadas por este diario, al menos 14 han sido acosadas por las nuevas fuerzas de seguridad o por hombres armados afines al actual Ejecutivo sirio.

“Ahora no publican los vídeos, pero siguen yendo a por nosotras”, se pisan al hablar, atropelladas, Ghazal y Karima, dos amigas de Yaramana. Durante años, las personas queer de Siria encontraron un hogar medio seguro en este arrabal de Damasco, donde se mezclan drusos y cristianos, desplazados de otros rincones de Siria y refugiados iraquíes. Las dos viven en la misma manzana, cada una en un sótano. Se visitan cada vez que una de ellas puede permitirse un taxi que la lleve de puerta a puerta. Serían cuatro minutos andando, pero salir a la calle significa arriesgarse a que se repita lo que les pasó hace unas semanas.

A finales de junio, un grupo de agentes de la Seguridad General las arrestó cuando volvían a casa de una fiesta de cumpleaños. Las llevaron a una comisaría donde las raparon, les arrancaron las uñas, les golpearon con escopetas y dispararon a centímetros de su cuerpo. “De la próxima no salís con vida”, les amenazó uno. “Si no queréis acabar muertos, desapareced. Encerraos en vuestras casas o salid de este país. Nadie os quiere aquí. Dios os tiene asco”, les advirtieron, en masculino, antes de soltarlas.

Todo iba mal, pero ahora es mucho peor. Es como si tuviera miedo a las alturas pero viviera en un avión que no deja de alejarse de la tierra

Ghazal y Karima se quitan a la vez las pelucas que han decidido llevar mientras les vuelve a crecer el pelo. Se miran y tocan los chichones de sus cabezas. Los suyos y los de la otra. En el brazo de Ghazal se ve un tatuaje que antes tapaba la melena de plástico. Es el nombre de su marido, que la dejó cuando cayó el régimen después de 11 años juntos. “Le entró el miedo de que lo persiguieran por estar con un travesti. Me dijo que no tenía por qué aguantar lo mismo que yo pudiendo estar con una mujer [cisgénero]. Se me ha caído el mundo encima”, cuenta entre lágrimas.

Sus vidas tampoco fueron fáciles bajo El Asad. A Karima, de 25 años, la expulsaron de la facultad de Economía en cuanto se presentó como una chica en clase, y tanto ella como su amiga han pasado su juventud entre rejas. Ghazal, de 33 años, saca cuatro papeles de su habitación. Son cuatro sentencias que la condenaron por prostitución y desorden público después de que los agentes del régimen la vieran caminando por la calle. Los cuatro paseos le costaron cerca de dos años en la prisión de Adra, hacinada en celdas de unos seis metros cuadrados con otras 20 personas trans. “Nos tirábamos semanas de pie, sin ver el sol y sin que nos diera el aire”, cuenta Karima.

Por duro que fuera, ahora las dos recuerdan aquellos años con nostalgia. Coinciden en que lo que les ha venido es peor. Ghazal se siente culpable al reconocerlo: es de Deraa, cuna de la revolución, y perdió a su padre en un ataque aéreo del régimen en su pueblo. A día de hoy sigue celebrando los logros del nuevo Gobierno sirio: la expulsión del dictador, el levantamiento de sanciones económicas y la esperanza renovada de que Siria vuelva a prosperar. Su foto de perfil, de hecho, es el águila dorada que Al Shara presentó a principios de julio como emblema oficial de su mandato. “Me gustaría que me vieran como parte de mi país, pero mi país ni siquiera me reconoce”, lamenta.

Karima saca del bolso su documento de identidad caducado. Es rosa, y en el penúltimo renglón dice: ‘trastorno de identidad de género’. Poco antes de que lo derrocaran, El Asad incluyó una tipificación —patologizante— en los carnés de quienes se identificaban como trans. Karima ha intentado renovar el suyo, pero la nueva policía le dice que se olvide hasta que no aparente ser “el hombre que es”. “Todo iba mal, pero ahora es mucho peor. Es como si tuviera miedo a las alturas pero viviera en un avión que no deja de alejarse de la tierra. No sé cuánto tiempo más podré aguantar así”, dice.

Como Ghazal y Karima, muchas mujeres trans de Siria han seguido el consejo de las autoridades: encerrarse en sus casas o abandonar el país. Katia, la joven que subió al monte Qasiún tras la caída de El Asad, huyó a Beirut a las pocas semanas. Asegura que, desde entonces, más de un centenar de compañeras han hecho lo propio.

Una vez en el Líbano, pueden pedir ayuda a oenegés o solicitar asilo en terceros países a través de ACNUR. La asociación para personas LGTBI+ siria, GEM, tenía un programa específico para asistir a mujeres trans: “Los recortes a la ayuda internacional nos han obligado a interrumpir nuestras operaciones en un momento en el que las solicitudes han aumentado un 70%”, explica François Zankih, su fundador.

Las que buscan el amparo de oenegés extranjeras desde dentro de Siria se encuentran con una respuesta desoladora. “Nos dicen que nos quedemos en casa todo el tiempo posible y que, si podemos, nos vayamos al Líbano. ¡Lo mismo que la Seguridad General!”, denuncia Karima. Sin embargo, no todas están dispuestas a emprender el viaje. Esta primavera, cuatro amigas de Ghazal y Karima desaparecieron tras entregarse a una red de trata para que las ayudara a cruzar ilegalmente la frontera libanesa. Desde entonces, no se sabe nada de ellas. Karima se pregunta: “¿Qué ONG me asegura que no me van a raptar como probablemente les ha pasado a ellas?”

En Siria se quedan las que no pueden permitirse pagar a un traficante, las que no se ven capaces de mantenerse en un país más caro que el suyo y las que temen no llegar a salvo al otro lado de la frontera.

Intentan que no existamos. A veces lo consiguen. Pero estamos juntas. Somos la única familia que tenemos

Ward, de 25 años

Se queda Inanna, de 36 años, a la que sus padres abandonaron durante la guerra cuando se fueron a Alemania y la dejaron en Alepo “por ser un animal”. Cuenta por teléfono que lleva años sin salir de su casa, a la que se refiere como “mi cárcel”. Con los 50 euros que su madre le manda cada dos meses consigue que alguien le deje la comida y los antidepresivos que necesita en la puerta. Dice que ya lleva tiempo muerta y que, si no fuera por las redes sociales, se habría quitado la vida hace tiempo. En Instagram, Inanna comparte vídeos de las mujeres a las que admira —entre ellas, la senadora canaria Carla Antonelli—. En Facebook pide ayuda en inglés, por si alguien de fuera lo ve. “I really need help» (Realmente necesito ayuda, en español), escribe. Nadie parece escucharla.

Se queda también Eva, obligada a alternar por los mismos parques de Damasco en los que duerme. Cuando cayó El Asad, sus dos hermanos salieron de las cárceles del régimen y vieron que el menor de los tres era ya una chica con el pelo largo, que luchaba contra su vello y que había enterrado su nombre. “O te vas de esta casa o te matamos”, le amenazaron. Desde entonces, Eva reconoce haber hecho cosas peligrosas por necesidad: irse con hombres que no conocía, que la obligaban a tener orgías o que abusaban de ella. Un día, unos agentes de la Seguridad General la detuvieron en mitad de la calle. La llevaron al calabozo, donde pasó un mes y, como a Ghazal y Karima, raparon y torturaron.

También se quedan muchas otras. Mujeres desconocidas entre sí, que no tienen con quién compartir su existencia, y para las que la calle es un campo de batalla.

Natasha está intentando unir fuerzas con sus vecinas. Esta madre de 46 años, que presume de ser una de las pocas mujeres trans de Siria que han trabajado en un restaurante, convoca cada semana a sus hijas en su bajo de Yaramana. Se hacen las uñas, se ponen al día con sus chismes y se preguntan si a alguna le hace falta dinero. También comparan sus pechos: la mayoría de ellas los dejó en manos del mismo “carnicero” que les cobró 30 dólares (25 euros) por implantarles silicona libanesa de contrabando.

Ward, de 25 años, entona canciones del Éufrates, donde el Estado Islámico la capturó en 2014 y la llevó a Mosul. De su región natal trajo a Damasco traumas como aquel, o como que sus hermanos le inyectaran testosterona. Pero también canciones sobre el amor y el campo que recita delante de sus amigas. Le dedica una a Ibrahim, que está sentado a su lado. A este amigo lo llaman la Ascura —la Militara— porque sirvió 15 años en el ejército del régimen obligado por un comandante que lo violaba. Se ríen de sus propias historias, de las de la otra, y las convierten en canciones.

―“Somos las últimas travestis de Damasco a las que todavía no han dejado calvas”, bromea Maha, de 20 años. Es la más pequeña.

―“No lo gafes, ladyboy“, la calla Natasha.

Natasha, que no pudo despedir a sus padres cuando murieron porque sus primos prometieron matarla si se presentaba en el funeral, ha formado una familia en medio de la persecución. Esta madre con sus hijas han convertido el trauma en un idioma. Tienen palabras para ‘hombre’, ‘hay un cliente’ o ‘servicio’ que solo ellas saben articular. Y que, si las pronuncian, saben que solo las entenderán otras como Katia, Ghazal o Karima.

Más que nunca, se ponen a resguardo de un mundo que no las quiere en las calles y que las busca en sus casas. “Intentan que no existamos. A veces lo consiguen. Pero estamos juntas. Somos la única familia que tenemos. Queremos irnos y poder vivir juntas. Por lo menos poder decir que hemos vivido algo bueno cuando nos toque morir”, dice Ward, dejando el concierto a medias. “Y que cuando muramos, esta familia nos pueda velar. Que nuestras amigas nos entierren con dignidad. ¿Tanto pedimos?”.

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