La activista trans Bianka Rodríguez (San Salvador, 32 años) pronuncia la palabra que más estremece a la comunidad LGTBIQ+ de su país: “Estadística”. Esa estadística que fija en 33 años la esperanza de vida de las personas trans. La que también revela que apenas el 2,8% de las denuncias por violencia lgtbifóbica termina en una condena. O la que contabiliza los asesinatos de ocho mujeres trans y dos hombres gais en un año (entre 2019 y 2020). En última instancia, una estadística que sitúa a las personas LGTBIQ+ ante una dolorosa disyuntiva: permanecer en El Salvador con el miedo de engrosar el número de víctimas o marcharse al duro exilio.

Rodríguez ha decidido plantar cara a la estadística y quedarse en su país. Directora de la asociación Comcavis y representante de ILGA-LAC (Asociación internacional de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex para América Latina y el Caribe), encadena varios hitos: fue la primera mujer trans en recibir un DNI con su nombre y género en El Salvador; también pionera en ser designada colaboradora de alto perfil por ACNUR; y en obtener el Premio Nansen para los refugiados.

Pregunta. ¿La radical política de seguridad de Nayib Bukele ha tenido su reflejo para las personas LGTBIQ+?

Respuesta. El Salvador vivía en un contexto tremendamente violento que también afectaba a la población LGTBIQ+. La violencia era perpetrada por maras, pero también por agentes del Estado. Desde que se instauró el régimen de excepción, la violencia disminuyó drásticamente. Lastimosamente, no es una política con un enfoque de género. No estamos en contra de que se aplique una política de seguridad. Pero que no tenga un enfoque de género, sobre todo de protección a las sobrevivientes y a las víctimas que fueron parte de las pandillas, deja en entredicho su efectividad. Personas que fueron coaccionadas por las pandillas han sido detenidas de forma arbitraria por las autoridades.

P. ¿En qué afecta esa falta?

R. Las personas LGTBIQ+ vivimos en círculos de exclusión, de violencia y que muchas veces, sobre todo a las mujeres trans, nos obliga al trabajo sexual para subsistir. Además, la violencia de las pandillas nos sumergía en ese círculo. Entonces, cuando la pandilla te obligaba a cometer un ilícito era porque tú tenías la necesidad de estar en una zona de trabajo sexual [bajo su control]. En El Salvador vivíamos un contexto donde o te volvías parte de la pandilla o te asesinaban. Esto sucedía no solo para las personas LGTBIQ+, sino para las mujeres y los jóvenes. En el caso de las personas trans, la pandilla te obligaba a ir a cobrar la renta o a servir como vigilante.

P. ¿Hay personas del colectivo en el Cecot, la megacárcel de Bukele?

R. No tenemos conocimiento de que exista población LGTBIQ+ en el Cecot. Desde antes de la llegada de Bukele, en El Salvador existe un centro específico para población LGTBIQ+, para prevenir la violencia que puedan sufrir por parte de otros reclusos. Esta política, por lo menos, se ha mantenido.

P. Hay una cercanía entre Bukele y el presidente de EE UU, Donald Trump, en varias de sus políticas, incluidas aquellas que cuestionan la perspectiva de género.

R. El Gobierno de Bukele ha limitado el ejercicio de derechos como la salud, la educación, el empleo o la vivienda, porque la mayoría de políticas afirmativas desaparecieron. Desde 2019, el Gobierno trasladó las funciones de la Dirección de diversidad sexual hacia la Unidad de género del Ministerio de Cultura. Y la protección de un grupo vulnerable no tiene nada que ver con la cultura. El último error fue el año pasado, cuando Bukele dijo que la educación integral en sexualidad tiene que ver con lo que definen como “ideología de género”. Así, el acceso a tratamientos antirretrovirales para las personas con VIH se torna algo difícil, y no se diga de otros temas en salud. Por ejemplo, hay mujeres trans con graves problemas tras haberse inyectado sustancias para reafirmar su género, porque el sistema de salud no brinda terapias de tratamiento de reemplazo hormonal.

P. ¿Cómo ha impactado todo esto en el exilio de los salvadoreños?

R. Es un contexto donde la violencia verbal, psicológica e institucional te pone en desventaja. Las personas LGTBIQ+ están siendo atacadas, son perseguidas y no encuentran ninguna forma de protección por parte de las instituciones. Esto les obliga a elegir entre irse al exilio o la miseria. Tienes que abandonar tu hogar, tienes que abandonar tu familia, tienes que abandonar casi todo. Y ahí es donde entra este dilema. Vivimos en un país seguro, pero las personas disidentes no entran dentro de esa política de seguridad. ¿Por qué los crímenes de odio quedan en la total impunidad? Una persona no va a seguir viviendo en un país que no le protege o que dificulta el acceso a educación, salud, vivienda o empleo.

P. ¿La población trans sufre con mayor intensidad estas dificultades?

R. Las personas trans enfrentan mayor violencia física y tienen mayor mortalidad. Nuestra expectativa de vida en El Salvador es de 33 años, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por ello muchas personas LGTBIQ+ entran dentro de esta dinámica de la movilidad humana: no quieren ser parte de esas estadísticas. Las mujeres trans subsisten con menos de un salario mínimo mensual, que son 365 dólares, y no existen políticas públicas de empleo. No queremos estar ofreciendo servicios sexuales, estamos en la calle porque de esa manera obtenemos recursos económicos. El acceso a la salud es muy difícil; ahora las personas trans dejan de ir al sistema de salud por la violencia institucional que enfrentan.

P. Cuénteme más de eso.

R. Sabemos que no tenemos leyes que reconozcan nuestra identidad de género. Los poquitos avances que se han institucionalizado a veces los implementan, a veces no. ¿Para qué voy a ir a una consulta si al final el médico me va a tratar mal, o no va a respetar mi identidad? Hasta marzo de 2024 todavía funcionaba el Acuerdo ministerial de Salud 202 y los Lineamientos de Atención en Salud para población LGTBIQ+, pero cuando empiezan a hablar de ideología de género, empiezan a eliminar, por ejemplo, los formularios que incluían la orientación sexual o la identidad. En el último año, tuvimos casos de mujeres trans que fueron llamadas con su deadname [el nombre previo a su transición], cuando anteriormente se obligaba al personal de salud a llamarles por sus apellidos. Todo esto desapareció. Incluso para temas de VIH, las mujeres trans son catalogadas como hombres que tienen sexo con otros hombres.

P. El Gobierno se ha derechizado, ¿los salvadoreños también?

R. No. En general, la sociedad avanzó en el entendimiento de que las personas LGTBIQ+ existimos. Sin embargo, movimientos antigénero influyen en el avance de las políticas públicas. Los gobiernos se agarran a decir que son provida o critican lo que llaman ideología de género, pero la mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe reconocen que nuestros países son laicos, y garantizan que todos somos iguales.

P. Las trabajadoras sexuales trans con quienes se reunía el papa Francisco eran migrantes latinoamericanas que resaltaban el aperturismo de su pontificado. En Latinoamérica, donde la Iglesia Católica tiene un papel tan importante, ¿se ha vivido ese aperturismo?

R. Las iglesias se han ido transformando; de alguna manera han tenido que entender que somos parte de la sociedad. El mensaje de Francisco en cuanto a la inclusión de las personas LGTBIQ+, en el sentido de que la Iglesia no los debería excluir de un aspecto fundamental como es la religión, no solo ha permeado a la Iglesia Católica, sino también a la evangélica. Las iglesias católicas se reunieron y dijeron: ¿por qué vamos a excluir a las personas LGTBIQ+ de nuestros espacios, si ellos y ellas vienen para alabar a Dios? Y hacen esta reflexión que de alguna manera da una sensación de aceptabilidad. Sin embargo, también hay una parte de las iglesias que tienen el mensaje contrario y excluyente. Así ha ocurrido en México, donde está reconocido el matrimonio igualitario. Las iglesias evangélicas hicieron un comunicado afirmando que con ese derecho se estaban dejando de respetar sus leyes. Los pronunciamientos vienen de legisladores que son pastores o pastoras que se han unido a las cúpulas políticas para limitar derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+.

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