[Barcelona] 18 de abril, concentración: Prou transfobia/ Basta de transfobia
La Plataforma Trans, la @LGTBIcat i l’ @Observatori_cat convoquem Concentració
PROU TRANSFÒBIA: Aturem l’odi i el feixisme
El pròxim 18 d’abril a les 18h a la superilla de Parlament/Comte Borrell – BARCELONA –
BASTA DE TRANSFOBIA
Paremos el odio y el fascismo!!
La Plataforma Trans ha pedido este lunes a las instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que pongan fin a los discursos de odio y que se activen protocolos de apoyo psicológico y jurídico para las victimas.
En este sentido, ha explicado que la juventud trans está recibiendo una «escalada de agresiones’ en las redes sociales ‘sin precedentes.’ y ha alertado de que esta situación ‘afecta al desarrollo de aspectos cotidianos de su vida, calle, ocio y transportes públicos’ y que está suponiendo un «alto’ coste a su salud mental.
«Urgente que las instituciones del Estado y de las CCAA, pongan fin a los discursos de odio y se activen protocolos de apoyo psicológico y jurídico a las victimas. La existencia de espacios entre iguales es fundamental, así como la realización de actividades y encuentros que estimulen el crecimiento, la reflexión y el apoyo mutuo de la juventud trans’, ha declarado la portavoz de las Juventudes de la Plataforma Trans, Kiara Monrroy.
Asimismo, Monrroy ha añadido que tienden la mano al Ministerio de Juventud e Infancia para desarrollar de manera conjunta, estrategias y una agenda «que haga posible el empoderamiento de la juventud trans’.
Plataforma Trans también se ha referido a la atención sanitaria que están recibiendo las personas trans en todas las comunidades, que ha criticado que se caracteriza por unas listas de espera ‘interminables’ en las cirugías «que precisan para su salud y bienestar».
PROTOCOLOS «OBSOLETOS»
En esta linea, ha señalado que los protocolos están «obsoletos’ y que «no respetan las necesidades individuales en la salud trans, todo esto unido al problema recurrente del desabastecimiento de los medicamentos que precisan, supone de facto la expulsión de la personas trans del sistema sanitario público».
Por su parte, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha asegurado que llevan esperando más de dos meses para ser recibidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, «para trasladarle esta grave situación y buscar soluciones». ‘La salud de las personas trans también debe de importar, ha añadido.
En materia de empleo, Plataforma Trans ha indicado que exhortará al Gobierno central y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, la urgente puesta en marcha de políticas públicas que faciliten el acceso al mercado laboral de las personas trans’.
En este sentido, ha explicado que su exclusión laborales un problema que se ha prolongado en el tiempo en todo el periodo de la democracia».
«Las personas trans hemos sido las más golpeadas en la dictadura y el postfranquismo y es el momento de que bajo gobiernos progresistas se haga posible la igualdad plena de las personas trans, es una prioridad que el Ministerio de Igualdad, desarrolle los protocolos e instrucciones necesarias, para que la Ley Trans, no sea papel mojado’ ha concluido Cambrollé.
La deuda pendiente con las personas trans en España: Reconocimiento y reparación
En la transición de la dictadura franquista a la democracia en España, se esperaba un cambio radical en la sociedad, una ruptura con el pasado opresivo y la apertura hacia un futuro de igualdad y libertad para todos. Sin embargo, para las personas transgénero, esa transición no significó el fin de la discriminación y la exclusión social. Las últimas infancias trans de la dictadura franquista, hoy en día entre los 50 y los 80 años de edad, son testigos de una historia de marginalización y sufrimiento que persiste hasta nuestros días.
Estas personas transgénero, que vivieron su infancia bajo la sombra de la dictadura, experimentaron una doble opresión: la represión del régimen autoritario y la negación de su identidad de género. La falta de reconocimiento y apoyo para su verdadero ser las obligó a vivir en la clandestinidad, enfrentando el estigma y la discriminación en silencio.
Con la llegada de la democracia, se esperaba un cambio positivo en la situación de las personas trans. Sin embargo, las primeras juventudes trans en esta nueva era democrática continuaron enfrentando barreras y obstáculos en todos los ámbitos de la vida. La discriminación laboral, la falta de acceso a la educación y la atención médica adecuada, así como el acoso y la violencia en la vida cotidiana, siguieron siendo una realidad para muchas personas trans en España.
Hoy en día, estas últimas infancias trans, que ahora son personas mayores, se enfrentan a condiciones precarias y exclusión laboral debido a décadas de discriminación sistémica. Muchas de ellas viven en la pobreza, sin acceso a una jubilación digna ni a los servicios básicos que merecen como ciudadanos.
Es imperativo que el Estado español reconozca la deuda histórica que tiene con estas personas trans y asuma la responsabilidad de reparar el daño causado. Esto implica ofrecer disculpas públicas por el trato discriminatorio y la exclusión sufrida durante la dictadura franquista y en los primeros años de la democracia. Además, se requieren medidas concretas para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las personas trans en todas las etapas de la vida.
El reconocimiento legal de la identidad de género, la implementación de políticas inclusivas en áreas como la educación y el empleo, así como la sensibilización de la sociedad son pasos fundamentales hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su identidad de género.
En resumen, es hora de que España reconozca y repare las injusticias históricas cometidas contra las personas trans, especialmente aquellas que vivieron su infancia durante la dictadura franquista y que ahora enfrentan condiciones precarias en su vejez. La igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género, son valores fundamentales que deben ser protegidos y promovidos en una sociedad democrática y justa.
La deuda pendiente con las personas trans en España: Reconocimiento y reparación
[Getafe] 5 abril: Memoria Trans, justicia, reparación y no repetición
#JornadaMemoriaTrans 5 de abril 18,00h
Antigua Fábrica Harina, C. Ramón y Cajal, 22, Getafe, Madrid
Organiza: @PlataformaTrans
Mujeres trans supervivientes a la dictadura y el post franquismo, nos hablarán de Resistencia y Resiliencia
[Vallekas] 4 de abril:Derechos LGTBI, conocer la historia para escribir el futuro
El Instituto República y Democracia reanuda la agenda cultural de La Morada, su nueva sede en Vallecas, con un acto muy especial. Visibilidad Trans. Un recorrido histórico para conocer lo vivido, lo conseguido y lo pendiente, con Mar Cambrolle
[Parla] 1 de abril: «Vidas, Realidades y Derechos Trans»
El 31 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans y tiene como objetivo visibilizar y denunciar públicamente la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. En este contexto desde la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI del Ayuntamieto de Parla hemos organizado una charla/tertulia
𝗩𝗶𝗱𝗮𝘀, 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘆 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀
1 de Abril 18:30
Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura, Parla. Madrid
–Esperanza Álvarez, (Vicepresidenta de la Asoc. La Pluma)
-Mar Cambrollé (Presidenta de la Federación de Plataforma Trans)
– Ana Belén (mamá de Kenai) miembro de Chrysallis. Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans»
El organismo celebra que hasta 11 Estados miembro –entre ellos España a través de la Ley Trans– hayan aprobado procedimientos de este tipo “y otros tantos estén considerando hacer lo mismo” y lamenta que en el resto sigan exigiéndose requisitos como la esterilización, los tratamientos médicos, el divorcio o los diagnósticos psiquiátricos.
Asimismo, la recomendación del Consejo de Europa pasa por poner en marcha procedimientos “accesibles a los menores” teniendo en cuenta “sus opiniones, su madurez y su interés superior” de forma “ideal” sin límite de edad –en España, no se permite por debajo de los 12 años–. Además, insta a los países a “considerar” incorporar una tercera opción de género para las personas no binarias y “revisar la necesidad y proporcionalidad de incluir marcadores de género” en los documentos públicos.
El informe hace un balance general de los avances y asignaturas pendientes para garantizar “que las personas trans pueden disfrutar sus derechos humanos” y concluye que hay una “mayor visibilidad y conciencia” sobre esta realidad “en todos los niveles de la sociedad” así como “una mejor protección legal” pero, paradójicamente, “contrastan con tasas sorprendentemente altas de discriminación, violencia e inseguridad que experimentan las personas trans en su vida diaria”.
El contexto actual está marcado “por un retroceso en materia de derechos humanos” en el que los grupos más discriminados, entre ellos las personas trans, “son cada vez más instrumentalizados para obtener beneficios políticos”, esgrime Mijatović, que alerta de que los llamados grupos antigénero “están ganando terreno”: “Socavan los derechos de todos, pero su enfoque en las normas tradicionales sobre el sexo y el género es particularmente destructivo para las personas trans”, añade la comisaria.
Entre las recomendaciones que hace el Consejo de Europa, además de la autodeterminación de género, se encuentra garantizar “el acceso a atención médica específica” para las personas trans, que las niñas, niños y adolescentes vean respetada su identidad en el ámbito educativo, recopilar datos sobre las “experiencias de vida” de las personas trans o asegurar que las leyes nacionales prohíben la discriminación basada en la identidad o expresión de género.
La comisaria se hace eco de la oposición a estas legislaciones en algunos países bajo la premisa de que “hacer procedimientos más accesibles” para las personas trans puede provocar que haya hombres que utilicen la norma con un objetivo distinto y busquen “acceder a espacios exclusivos para mujeres”. En el informe asegura “no estar convencida” de este argumento, califica estas objeciones de “engañosas” y apuesta “en cualquier caso” por la opción de “abordar adecuadamente medidas que disuadan y castiguen” el fraude de ley en vez de limitar el cambio de sexo legal para las personas trans.
Mijatović evita nombrar específicamente a los sectores políticos y sociales que defienden estos extremos –en España, una parte del movimiento feminista y el Partido Popular–, pero recalca que “los supuestos conflictos de derechos” entre mujeres cis y personas trans “a menudo no se confirman en la realidad y se basan en su mayoría en prejuicios dañinos” sobre estas últimas. “No existe tal cosa como otorgar derechos especiales y hacer realidad los derechos humanos de las personas trans no socava los derechos de otros. Los derechos humanos son universales: se aplican a todos por igual”, subraya la comisaria.
El 6 de mayo, estudiantes nazis fanáticos asaltaron el Institut für Sexualwissenschaft, más o menos traducido como Instituto de Sexología. Decenas de miles de libros, documentos e investigaciones fueron sacados de las estanterías y quemados.
El instituto, dirigido por Magnus Hirschfeld, era una fundación académica dedicada a la investigación sexológica y a estudios sobre las experiencias de las personas transexuales. También ofreció algunas de las primeras cirugías modernas de afirmación de género del mundo.
Trágicamente, durante la redada se confiscaron las listas de nombres y direcciones de los pacientes del instituto, que se cree que fueron decisivas para la detención de miles de personas -y su posterior deportación a campos de concentración- en los meses y años siguientes.
El propio Hirschfeld escapó porque estaba de gira por Europa hablando. Nunca regresó a Alemania y murió en Francia en 1935.
Los nazis siguieron atacando a las personas transgénero y a las que no se ajustaban a su género, junto con otros grupos que consideraban una amenaza para su ideología y su gobierno. En los terroríficos años que siguieron, las personas transgénero serían enviadas a campos y otros centros de exterminio, junto con judíos, discapacitados, homosexuales cisgénero, miembros de las comunidades romaní y sinti y otros grupos considerados degenerados o inútiles.
Los nazis se aprovecharon de las leyes existentes -incluido el famoso párrafo 175, una parte del código penal alemán que ilegalizaba la homosexualidad- para atacar a hombres y mujeres transexuales y queer. En 2023, por primera vez, el Parlamento alemán centró sus actos del Día de la Memoria en aquellos que fueron objetivo de los nazis debido a su identidad de género y orientación sexual.
El historiador Dr. Bodie A Ashton es uno de los que investigan cómo Hitler deportó a transexuales a campos de concentración y aniquiló estructuras de apoyo antaño florecientes.
Según explica, la República de Weimar fue un «momento de gran transición y ruptura para la sociedad alemana». Fue una época en la que «todo lo que había existido antes se pone en tela de juicio» a raíz de la Primera Guerra Mundial.
«Tenemos, por ejemplo, lo que podría considerarse el primer movimiento por los derechos de los homosexuales en Alemania, fundado en la última década del siglo XIX: el Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, el Comité Científico-Humanitario, dirigido por el sexólogo Magnus Hirschfeld», explica Ashton.
A principios del siglo XX, Hirschfeld, un hombre homosexual cisgénero, empezó a investigar científicamente sobre die transvestiten, que «se asemeja imperfecta pero aproximadamente a lo que hoy llamaríamos identidades transgénero», añade Ashton.
Hirschfeld abrió el Institut für Sexualwissenschaft en 1919, y comenzó a crear una biblioteca de trabajos en torno a las experiencias de las personas trans.
«Se fijó en las cosas que tienen que ver con los llamados travestidos y, reconociendo que tienen una posición muy difícil en la sociedad porque el sexo gay es ilegal [según] el párrafo 175, se fijó específicamente en las personas a las que se les asignó sexo masculino al nacer.
«Tienen grandes dificultades para presentarse como el género con el que quieren presentarse o identificarse más en público por el hecho de que la policía los interpretará como hombres homosexuales».
Esto era peligroso porque la policía podía considerar que las personas transgénero incurrían en el párrafo 175, al suponer que una mujer transgénero estaba «solicitando sexo gay».
Sin embargo, Hirschfeld aportó pruebas a la policía berlinesa que demostraban que las personas trans tienen un «impulso interior para presentarse» como su auténtico yo y no están «ahí fuera solicitando sexo».
En colaboración con la policía, creó el transvestitenschein, una especie de permiso estatal para personas trans.
El Dr. Jake Newsome, investigador y autor sobre la historia alemana y estadounidense del colectivo LGBTQ+, describe estos documentos como «tarjetas de identificación de género que las personas trans podían llevar para reconocer su verdadera identidad».
Fue, dice, algo sin precedentes para la época. «Se están llevando a cabo nuevas investigaciones para intentar averiguar cuántos de estos certificados se expidieron, a quién y cuánto costaron».
Magnus Hirschfeld es una figura importante en el avance del conocimiento y la comprensión de la comunidad trans, pero sus opiniones personales complicaron su lugar en la historia. Tenía lo que hoy conocemos como opiniones racistas y sexistas y era partidario de la eugenesia.
Para Ashton, es importante recordar que Hirschfeld «era un ser humano en una época y un contexto determinados». Tenía «posturas o intereses que ahora nos horrorizarían», pero es «totalmente esperable para la época, la persona y la sociedad en la que se encontraba».
Los historiadores descubrieron las historias de varios transexuales, como el artista Liddy Bacroff, Gerd R, el dueño de un café Toni Simon, Fritz Kitzing y el carpintero Gerd Katter, que sufrieron los 12 años del Tercer Reich.
El Dr. Newsome afirma que es importante recordar los nombres de estas personas transexuales porque les devuelve su humanidad después de que los nazis «redujeran toda su compleja y dinámica personalidad a una faceta singular de sus vidas que el régimen consideraba desviada o criminal».
A mayor escala, recordar la persecución de las personas trans entre 1933 y 1945 es crucial para entender que los «ataques, mentiras y estereotipos que vivimos hoy no son nuevos», añade.
«Algunas de estas cosas proceden de un libro de jugadas casi copiado y pegado de la extrema derecha. Muchos de los argumentos que utiliza hoy la derecha estadounidense son casi idénticos a los que utilizó el partido nazi en Alemania en la década de 1930: por ejemplo, la idea de que los transexuales son una amenaza para la juventud, que van a corromper a los jóvenes o a intentar tentarlos para que adopten un estilo de vida.
«Conocer esta historia también ofrece una advertencia histórica de que el progreso es frágil. Miramos a la República de Weimar, miramos a esta vibrante cultura que las personas queer construyeron para sí mismas, y fue destruida y llevada de nuevo a la clandestinidad en cuestión de semanas.
«Para mí, es una advertencia de que el hecho de que las comunidades marginadas hayan conquistado derechos hoy no significa que no se los puedan arrebatar».
En concreto, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas se han referido a las 37 personas de Ceuta, militares y guardias civiles, que han cambiado su sexo registral con la Ley Trans. En este sentido, también ha solicitado a la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, a través de una carta, a que «depure» si se trata de «una posible acción organizada» con el objeto de la comisión de un presunto fraude de ley.
Asimismo, han solicitado a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad, la apertura de un expediente «por considerar que los medios han podido vulnerar el artículo 27. 1 de la Ley Trans y Derechos LGTBI, que se refiere al trato digno que han de dispensar los medios cuando se refieren a colectivos ya vulnerables, sin caer en estigma y cuestionamiento de derechos».
Igualmente, a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), le ha pedido que valore «el trato de la noticia» que tiene que ver con 37 personas de Ceuta, militares y guardias civiles, que anunciaron en medios de comunicación que se han cambiado de sexo. En este sentido, estos colectivos trans consideran que «titulares y mensajes han dañado la dignidad de las personas trans y han podido vulnerar el código deontológico de los periodistas».
Según han señalado estos colectivos trans, también se han dirigido a través de un escrito al Defensor del Pueblo de España, al que han trasladado su «preocupación» y «consternación».
«No nos corresponde cuestionar la identidad de nadie, mucho menos afirmar lo que es o no un fraude de ley, por ello hemos exhortado a quienes tienen potestad para ello. Las herramientas de las que dispone un Estado de Derecho, han de velar por el respeto, la dignidad y protección de las personas trans como un colectivo vulnerable», ha asegurado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé.
Además, Cambrollé ha subrayado que «ser una mujer trans, no es ningún privilegio». «Es enfrentarse a la exclusión laboral, es ser diana de discursos de odio en las redes sociales y poder ser agredida en las calles, transportes públicos y centros de ocio, la vanalización de nuestras vidas, es un acto criminal», ha explicado.
En febrero del año pasado, sólo cinco días después de que la ley trans fuera aprobada de forma definitiva en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo criticó a Pedro Sánchez en el Senado por sacar adelante esta norma que molestaba «a la gente de bien». Estas palabras, a todas luces desafortunadas, provocaron la reacción airada de la bancada socialista y el presidente del Gobierno le contestó así: “Nunca imaginé que reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuese molestar a la gente de bien”.
Para la derecha y la ultraderecha, para la Iglesia, para los medios de ideología conservadora y para un sector destacado del feminismo, las personas trans no son «gente de bien». Y eso tiene una traducción peligrosa en las calles. Desde que se empezó a elaborar la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, bajo mandato de Irene Montero, los discursos tránsfobos y de odio hacia este colectivo se han disparado en España. Cataluña, por ejemplo, cerró 2023 con récord de agresiones por LGTBIfobia: el 25% fueron contra personas trans. En Andalucía, la Junta presentó el pasado enero un informe que corrobora que las agresiones al colectivo trans en la región habían crecido en los últimos años.
La proliferación en medios y en redes sociales de discursos excluyentes, en muchos casos con comentarios que rozan los delitos de odio, son el caldo de cultivo de esas agresiones. Y la aprobación de la ley trans hace ya un año ha servido de amplificador de esa ola tránsfoba. Porque insultar, denigrar o posicionarse en contra de las personas trans sale gratis.
Vox, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, ha asegurado en reiteradas ocasiones que la ley supone «una amenaza para mujeres y niños» y una de sus dirigentes tildó a Elizabeth Duval de «enferma crónica». Por su parte, Feijóo banalizó el contenido de la ley trans asegurando que «es más fácil cambiar legalmente de sexo que sacarse el carné de conducir».
Los medios de comunicación también han contribuido a desinformar sobre los aspectos de la norma difundiendo bulos o sirviendo de altavoz para aquellos sujetos que pregonan su intención de cometer un fraude de ley. En agosto, por ejemplo, medios de derechas publicaron como noticia que una presa trans había dejado embarazada a otra interna. Pese al desmentido de Instituciones Penitenciarias, la noticia sigue hoy en día colgada en esos medios con comentarios de sus lectores regurgitando odio. Y en redes sociales, reconocidos influencers y líderes de opinión han alertado sobre posibles violaciones de trans a mujeres en los vestuarios de gimnasios o aluden de forma implícita a posibles casos de pederastia. Todo, por supuesto, sin denunciarse ni un sólo caso de este tipo.
Pero el ataque más directo ha llegado del denominado sector feminista tradicional, quien critica que el género pueda entenderse como una identidad. Para este feminismo, las mujeres trans no pueden considerarse en ningún caso mujeres y hablan de «daños irreversibles» a la hora de valorar las cirugías de modificación genital.
Lo cierto es que la ley trans, tal como está planteada actualmente, ‘despatologiza’ el proceso de cambio de sexo en el registro e introduce varios avances para la comunidad LGTBIQ+. El punto principal del texto es la eliminación de la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse sólo con la voluntad libremente expresada si la persona tiene más de 16 años.
5.139 personas acudieron en 2023 al Registro Civil para cambiarse de sexo, según datos del Ministerio de Justicia publicados por The Objective. Es cuatro veces más que el año anterior, 2022, cuando lo pidieron 1.306.
Alesya Benoroso es una de esas más de 5.000 personas que solicitaron cambiar su sexo en el registro civil en 2023. «Acudí por miedo a que los recortes de Ayuso a la ley trans madrileña pudieran afectar en algo a este proceso», asegura en una conversación telefónica con El HuffPost. Esta joven psicóloga y sexóloga de 26 años asegura que aunque presentó la solicitud en junio no le dieron cita hasta el mes pasado para hacer la primera de las dos comparecencias obligatorias que requiere el cambio. La ley trans no indica plazos mínimos, pero sí establece que el proceso de cambio de sexo en el Registro Civil debe tardar un máximo de cuatro meses en completarse desde la primera visita.
Para Alesya, la entrada en vigor de la ley trans «no ha supuesto un antes y un después» en su vida porque muchas de las reivindicaciones históricas del colectivo siguen sin ser atendidas por las administraciones. En especial, lo relativo a la búsqueda de empleo. Las tasas de desempleo del colectivo trans se sitúan en un 80%, según señalaba en 2022 el informe ‘Situación de la LGTBIfobia en el trabajo’ elaborado por UGT.
«Cuando acabé la carrera y me cambié el nombre en el DNI, fue imposible encontrar empleo. Parece que las personas trans o nos especializamos para trabajar con personas trans u olvídate de encontrar otro empleo. Vas a cualquier entrevista de trabajo, te dicen que eres idónea para el puesto pero cogen a otra persona. Cuando eso pasa cinco, seis, siete veces… ves rápidamente que hay un patrón», denuncia.
Mar Cambrollé, histórica activista por los derechos de las personas trans en Andalucía, habla también alto y claro al respecto: «No sufrimos paro, sufrimos una exclusión pura y dura. Es un apartheid laboral», asegura a este medio. Cambrollé exige a las administraciones «políticas públicas para favorecer el acceso al mercado laboral», como cupos laborales de las ofertas públicas de trabajo o incentivos fiscales para los emprendedores trans. «¿Dónde están las personas trans en el Mercadona, en el Zara o en las plantillas dedicadas a las limpieza de hospitales o aeropuertos?», se pregunta.
Además del empleo, la activista también exige el reconocimiento de las personas no binarias, que las personas migrantes puedan modificar su documentación en las oficinas de extranjería, activar el régimen sancionador para los casos de lgtifobia y poner en marcha una ley para el reconocimiento de la «memoria trans». «El Estado ha vulnerado durante décadas los derechos de las personas trans. No solo hemos sido víctimas de una dictadura, sino también del olvido de la democracia. Por eso, hoy hay personas en el ocaso de sus vidas viviendo en la máxima pobreza y precariedad. Pedimos que esta gente tenga derecho a una pensión, donde la cotización se equipare al SMI, y a una vivienda social. Y si es una persona dependiente, plaza en una residencia pública donde se respete su identidad sexual», asegura Mar.
Garnet, una joven de 30 años y miembro de comisión trans de Granada visible, también reclama desde su asociación cambios en la actual ley trans, como la eliminación del periodo de reflexión (las dos comparecencias) o el plazo de reversión de seis meses. «Esto es, de algún modo, querer seguir tutelando a las personas trans», señala a El HuffPost.
De igual modo, critica que los menores de entre 16 y 14 años sólo puedan cambiar su sexo en el registro acompañados de sus padres o tutores legales, mientras que los de 12 a 14 años necesiten autorización judicial. «Esto supone una violencia para elles, que son obligades a conseguir una autorización judicial para el reconocimiento de su existencia. Si te toca un juez conservador, cabe la posibilidad de que pida informes médicos y eso nos lleve de nuevo a la patologización», asegura.
Granada Visible, una asociación socialista y anticapitalista, considera que la ley trans es «insuficiente» porque no garantiza la «plena libertad». «No seremos socialmente iguales ni totalmente libres hasta que superemos este sistema capitalista, patriarcal, racista y capacitista, acabando con la explotación y las diversas formas de opresión sobre las que se constituye», subraya Garnet. Además, considera «una burla» del Gobierno nombrar a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado y a Isabel García presidenta del instituto de las mujeres por sus posturas contrarias al colectivo. «Exigimos los ceses de todo cargo público ocupado por cualquier persona tránsfoba», asevera.
«Yo me niego a decir que estas personas forman parte del feminismo», asegura Mar Cambrollé al respecto. «El feminismo, por su propia idiosincrasia, jamás podrá ser un vehículo para difundir odio y discriminación hacia otras mujeres o hacia un colectivo vulnerable. El feminismo habla de igualdad de todas las mujeres. De todas, sin excluir a ninguna», añade.
La activista subraya que personas como Carmen Calvo o Amelia Valcárcel «han hecho uso y abuso» de su poder «para difundir un discurso de odio». «La transfobia no es una opinión, es la materialización del odio hacia las personas trans. Y no podemos tener en las instituciones a personas que están en los mismos marcos ideológicos que tiene Vox», dice de forma rotunda.
Cambrollé celebra, en todo caso, el primer año de vida de una ley que «ha devuelto la dignidad a las personas trans» y manda un mensaje a esa «gente de bien» que se ha posicionado en contra de ella. «Las personas trans no tenemos nunca dudas de quiénes son, pero sí tenemos miedo a la hostilidad. A que nos traten mal por ser cómo somos. Pero no hay que malgastar ni un segundo de nuestras vidas en intentar agradar a alguien para caerle bien. Nuestras vidas pertenecen a nosotras mismas«, zanja.
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