Katia nunca había llegado a la cima del Qasiún. Este monte, acrópolis de Damasco, fue durante la guerra una trinchera natural desde la que las tropas de Bachar el Asad disparaban a los rebeldes que avanzaban hacia la capital.

Cuando el régimen cayó en diciembre y el ejército abandonó la zona militarizada, la joven de 21 años no esperó ni una semana para subir. Llegó hasta arriba con los colores de la nueva Siria: un vestido verde, un corsé negro y, envolviéndola, una bandera revolucionaria con tres estrellas rojas mal cosidas en el centro. A su lado, desierto ya, el cuartel de un Gobierno que había matado a 200.000 sirios en los últimos 14 años. A sus pies, Damasco, una ciudad que olía a nuevo.

“Siria es libre. Y la mujer, libre también”, escribió junto al reportaje que subió a Instagram de aquella excursión. Después de que las fuerzas islamistas de Ahmed al Shara llegaron al poder, Katia se negó a interrumpir su vida. Siguió yendo al casco antiguo, donde la conocían como la niña de Bab Sharqui por los días y noches que había pasado en los bares de la Puerta de Oriente. Siguió viendo a sus amigos, fue a fiestas, a mercadillos de Navidad. Hasta que las mismas redes sociales donde había expresado su euforia por la nueva Siria le confirmaron algo en lo que había evitado pensar: esta tampoco iba a ser una Siria para mujeres trans como ella.

La noche de fin de año, los rebeldes —ya en el Gobierno— y varias milicias afiliadas lanzaron una campaña contra un enemigo claro: las mujeres como Katia. Entre enero y febrero, los propios agentes publicaron en sus cuentas personales de Facebook vídeos en los que capturaban a chicas jóvenes y hacían con ellas lo que se les antojara. “Sácate la polla, que te la vamos a cortar”, le gritaban a una. A otras fueron a buscarlas a casa, las apalizaron y saquearon todo lo que tenían. “Llevo desde enero en esta habitación que dejaron vacía. Desde entonces no he salido ni nadie se ha atrevido a venir a verme”, explica por videollamada una superviviente, siete meses después de haber sido atacada.

Aquel fue solo el comienzo de una purga que sigue en curso. Trampas por aplicaciones de citas, secuestros, allanamientos, detenciones arbitrarias, apaleamientos… De 20 mujeres entrevistadas por este diario, al menos 14 han sido acosadas por las nuevas fuerzas de seguridad o por hombres armados afines al actual Ejecutivo sirio.

“Ahora no publican los vídeos, pero siguen yendo a por nosotras”, se pisan al hablar, atropelladas, Ghazal y Karima, dos amigas de Yaramana. Durante años, las personas queer de Siria encontraron un hogar medio seguro en este arrabal de Damasco, donde se mezclan drusos y cristianos, desplazados de otros rincones de Siria y refugiados iraquíes. Las dos viven en la misma manzana, cada una en un sótano. Se visitan cada vez que una de ellas puede permitirse un taxi que la lleve de puerta a puerta. Serían cuatro minutos andando, pero salir a la calle significa arriesgarse a que se repita lo que les pasó hace unas semanas.

A finales de junio, un grupo de agentes de la Seguridad General las arrestó cuando volvían a casa de una fiesta de cumpleaños. Las llevaron a una comisaría donde las raparon, les arrancaron las uñas, les golpearon con escopetas y dispararon a centímetros de su cuerpo. “De la próxima no salís con vida”, les amenazó uno. “Si no queréis acabar muertos, desapareced. Encerraos en vuestras casas o salid de este país. Nadie os quiere aquí. Dios os tiene asco”, les advirtieron, en masculino, antes de soltarlas.

Todo iba mal, pero ahora es mucho peor. Es como si tuviera miedo a las alturas pero viviera en un avión que no deja de alejarse de la tierra

Ghazal y Karima se quitan a la vez las pelucas que han decidido llevar mientras les vuelve a crecer el pelo. Se miran y tocan los chichones de sus cabezas. Los suyos y los de la otra. En el brazo de Ghazal se ve un tatuaje que antes tapaba la melena de plástico. Es el nombre de su marido, que la dejó cuando cayó el régimen después de 11 años juntos. “Le entró el miedo de que lo persiguieran por estar con un travesti. Me dijo que no tenía por qué aguantar lo mismo que yo pudiendo estar con una mujer [cisgénero]. Se me ha caído el mundo encima”, cuenta entre lágrimas.

Sus vidas tampoco fueron fáciles bajo El Asad. A Karima, de 25 años, la expulsaron de la facultad de Economía en cuanto se presentó como una chica en clase, y tanto ella como su amiga han pasado su juventud entre rejas. Ghazal, de 33 años, saca cuatro papeles de su habitación. Son cuatro sentencias que la condenaron por prostitución y desorden público después de que los agentes del régimen la vieran caminando por la calle. Los cuatro paseos le costaron cerca de dos años en la prisión de Adra, hacinada en celdas de unos seis metros cuadrados con otras 20 personas trans. “Nos tirábamos semanas de pie, sin ver el sol y sin que nos diera el aire”, cuenta Karima.

Por duro que fuera, ahora las dos recuerdan aquellos años con nostalgia. Coinciden en que lo que les ha venido es peor. Ghazal se siente culpable al reconocerlo: es de Deraa, cuna de la revolución, y perdió a su padre en un ataque aéreo del régimen en su pueblo. A día de hoy sigue celebrando los logros del nuevo Gobierno sirio: la expulsión del dictador, el levantamiento de sanciones económicas y la esperanza renovada de que Siria vuelva a prosperar. Su foto de perfil, de hecho, es el águila dorada que Al Shara presentó a principios de julio como emblema oficial de su mandato. “Me gustaría que me vieran como parte de mi país, pero mi país ni siquiera me reconoce”, lamenta.

Karima saca del bolso su documento de identidad caducado. Es rosa, y en el penúltimo renglón dice: ‘trastorno de identidad de género’. Poco antes de que lo derrocaran, El Asad incluyó una tipificación —patologizante— en los carnés de quienes se identificaban como trans. Karima ha intentado renovar el suyo, pero la nueva policía le dice que se olvide hasta que no aparente ser “el hombre que es”. “Todo iba mal, pero ahora es mucho peor. Es como si tuviera miedo a las alturas pero viviera en un avión que no deja de alejarse de la tierra. No sé cuánto tiempo más podré aguantar así”, dice.

Como Ghazal y Karima, muchas mujeres trans de Siria han seguido el consejo de las autoridades: encerrarse en sus casas o abandonar el país. Katia, la joven que subió al monte Qasiún tras la caída de El Asad, huyó a Beirut a las pocas semanas. Asegura que, desde entonces, más de un centenar de compañeras han hecho lo propio.

Una vez en el Líbano, pueden pedir ayuda a oenegés o solicitar asilo en terceros países a través de ACNUR. La asociación para personas LGTBI+ siria, GEM, tenía un programa específico para asistir a mujeres trans: “Los recortes a la ayuda internacional nos han obligado a interrumpir nuestras operaciones en un momento en el que las solicitudes han aumentado un 70%”, explica François Zankih, su fundador.

Las que buscan el amparo de oenegés extranjeras desde dentro de Siria se encuentran con una respuesta desoladora. “Nos dicen que nos quedemos en casa todo el tiempo posible y que, si podemos, nos vayamos al Líbano. ¡Lo mismo que la Seguridad General!”, denuncia Karima. Sin embargo, no todas están dispuestas a emprender el viaje. Esta primavera, cuatro amigas de Ghazal y Karima desaparecieron tras entregarse a una red de trata para que las ayudara a cruzar ilegalmente la frontera libanesa. Desde entonces, no se sabe nada de ellas. Karima se pregunta: “¿Qué ONG me asegura que no me van a raptar como probablemente les ha pasado a ellas?”

En Siria se quedan las que no pueden permitirse pagar a un traficante, las que no se ven capaces de mantenerse en un país más caro que el suyo y las que temen no llegar a salvo al otro lado de la frontera.

Intentan que no existamos. A veces lo consiguen. Pero estamos juntas. Somos la única familia que tenemos

Ward, de 25 años

Se queda Inanna, de 36 años, a la que sus padres abandonaron durante la guerra cuando se fueron a Alemania y la dejaron en Alepo “por ser un animal”. Cuenta por teléfono que lleva años sin salir de su casa, a la que se refiere como “mi cárcel”. Con los 50 euros que su madre le manda cada dos meses consigue que alguien le deje la comida y los antidepresivos que necesita en la puerta. Dice que ya lleva tiempo muerta y que, si no fuera por las redes sociales, se habría quitado la vida hace tiempo. En Instagram, Inanna comparte vídeos de las mujeres a las que admira —entre ellas, la senadora canaria Carla Antonelli—. En Facebook pide ayuda en inglés, por si alguien de fuera lo ve. “I really need help» (Realmente necesito ayuda, en español), escribe. Nadie parece escucharla.

Se queda también Eva, obligada a alternar por los mismos parques de Damasco en los que duerme. Cuando cayó El Asad, sus dos hermanos salieron de las cárceles del régimen y vieron que el menor de los tres era ya una chica con el pelo largo, que luchaba contra su vello y que había enterrado su nombre. “O te vas de esta casa o te matamos”, le amenazaron. Desde entonces, Eva reconoce haber hecho cosas peligrosas por necesidad: irse con hombres que no conocía, que la obligaban a tener orgías o que abusaban de ella. Un día, unos agentes de la Seguridad General la detuvieron en mitad de la calle. La llevaron al calabozo, donde pasó un mes y, como a Ghazal y Karima, raparon y torturaron.

También se quedan muchas otras. Mujeres desconocidas entre sí, que no tienen con quién compartir su existencia, y para las que la calle es un campo de batalla.

Natasha está intentando unir fuerzas con sus vecinas. Esta madre de 46 años, que presume de ser una de las pocas mujeres trans de Siria que han trabajado en un restaurante, convoca cada semana a sus hijas en su bajo de Yaramana. Se hacen las uñas, se ponen al día con sus chismes y se preguntan si a alguna le hace falta dinero. También comparan sus pechos: la mayoría de ellas los dejó en manos del mismo “carnicero” que les cobró 30 dólares (25 euros) por implantarles silicona libanesa de contrabando.

Ward, de 25 años, entona canciones del Éufrates, donde el Estado Islámico la capturó en 2014 y la llevó a Mosul. De su región natal trajo a Damasco traumas como aquel, o como que sus hermanos le inyectaran testosterona. Pero también canciones sobre el amor y el campo que recita delante de sus amigas. Le dedica una a Ibrahim, que está sentado a su lado. A este amigo lo llaman la Ascura —la Militara— porque sirvió 15 años en el ejército del régimen obligado por un comandante que lo violaba. Se ríen de sus propias historias, de las de la otra, y las convierten en canciones.

―“Somos las últimas travestis de Damasco a las que todavía no han dejado calvas”, bromea Maha, de 20 años. Es la más pequeña.

―“No lo gafes, ladyboy“, la calla Natasha.

Natasha, que no pudo despedir a sus padres cuando murieron porque sus primos prometieron matarla si se presentaba en el funeral, ha formado una familia en medio de la persecución. Esta madre con sus hijas han convertido el trauma en un idioma. Tienen palabras para ‘hombre’, ‘hay un cliente’ o ‘servicio’ que solo ellas saben articular. Y que, si las pronuncian, saben que solo las entenderán otras como Katia, Ghazal o Karima.

Más que nunca, se ponen a resguardo de un mundo que no las quiere en las calles y que las busca en sus casas. “Intentan que no existamos. A veces lo consiguen. Pero estamos juntas. Somos la única familia que tenemos. Queremos irnos y poder vivir juntas. Por lo menos poder decir que hemos vivido algo bueno cuando nos toque morir”, dice Ward, dejando el concierto a medias. “Y que cuando muramos, esta familia nos pueda velar. Que nuestras amigas nos entierren con dignidad. ¿Tanto pedimos?”.

https://elpais.com/planeta-futuro/2025-08-04/somos-las-ultimas-de-damasco-la-purga-silenciosa-contra-las-mujeres-trans-en-la-nueva-siria.html

“En las primeras 24 horas tras la reelección de Trump, recibimos 1.177 solicitudes de ayuda procedentes de Estados Unidos. El 51 % de estas solicitudes eran de personas trans: 35 % de mujeres trans, 16 % de hombres trans”, cuenta Timothy Chan, portavoz de Rainbow Railroad, una ONG con oficinas en Canadá y EE UU que ayuda a personas LGTBI+ en situaciones de persecución y violencia a empezar una vida en otro país. Invadidas por el pánico ante un Gobierno que amenaza sus derechos civiles, muchas personas LGTBI+ estadounidenses, especialmente trans, buscan emigrar a Canadá. Algunas, incluso, solicitando asilo humanitario. Hannah Kreager, estadounidense de 22 años, es una de ellas.

Hace tres meses, Kreager decidió que era el momento de irse de su país. “El Gobierno federal [de EE UU] está amenazando con criminalizar las identidades trans”, detalla. Por ello, en abril, condujo más de 1.600 kilómetros desde su ciudad natal, Tucson (Arizona), hasta Calgary, en la provincia canadiense de Alberta, donde reside desde entonces.

Como ella, muchos ciudadanos estadounidenses han valorado la huida al vecino del norte. La avalancha de solicitudes de ayuda recibidas en un solo día por Rainbow Railroad representa “el mayor número recibido en un solo día procedente de un mismo país”, remarca Chan. Para ponerlo en perspectiva, en el punto álgido de la crisis de Afganistán (en agosto de 2021), el pico de solicitudes diarias fue de 119.

“En lo que llevamos de 2025, hemos recibido 3.524 solicitudes de residentes en EE UU; un aumento del 994% en comparación con el mismo periodo del año anterior”, incide Chan. Para hacerse una idea de la escala de la crisis, la organización recibe una media de 10.000 peticiones anuales procedentes de todo el mundo. Esta ONG —cuyo nombre recuerda a Underground Railroad, el tren clandestino, la red de rutas secretas consolidada en el siglo XVIII para trasladar a personas negras de zonas esclavistas de EE UU a territorios abolicionistas— colabora desde junio de 2023 con el programa de Refugiados Asistidos por el Gobierno de Canadá, a través del que diferentes organizaciones remiten al Ejecutivo canadiense los perfiles de potenciales refugiados que buscan asentarse en el país.

“Ha habido amenazas de implementar leyes de ‘fraude de género’ [que tipifican como delito que documentos oficiales muestren un género distinto del registrado al nacer]. Están modificando la normativa de identificación para votar, exigiendo que todos los documentos de identidad coincidan, lo que impediría que personas como yo pudiéramos votar”, relata Kreager. “Están borrando información sobre personas trans de sitios web del Gobierno y están fomentando comportamientos peligrosos en la sociedad: ahora hay civiles que se sienten empoderados para actuar con odio sin ser castigados por ello”, continúa.

El pasaporte y acta de nacimiento de Kreager no reflejan ni su nombre ni su género: “Empecé a escuchar historias de personas trans con marcadores X [que indica que la persona no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino] en sus documentos ―como yo― a quienes les devolvían los pasaportes triturados cuando intentaban actualizarlos”, agrega.

Un rumor sobre la posible implementación de la ley marcial, que empezó a circular en las redes sociales en abril, la llevó a tomar la decisión de dejar el país, pues la idea de vivir en un Estado policial sin la documentación en regla no le parecía una opción viable.

En realidad, Kreager supo que quería irse “en cuanto Trump ganó su segundo mandato”. Durante su campaña electoral, Trump hizo gala de un discurso profundamente anti trans: se comprometió a revertir derechos consolidados si era elegido, y juró, entre otras cosas, castigar a los médicos y hospitales que proporcionasen programas de afirmación de género, o prohibir a las mujeres trans competir en eventos deportivos. Desde que tomó posesión del cargo, y cumpliendo con sus promesas electorales, el presidente estadounidense ha firmado 12 órdenes ejecutivas anti trans, según recoge Trans Legislation Tracker, una organización de investigación independiente que hace un seguimiento de los proyectos de ley que afectan a las personas trans en todo EE UU.

El relato del portavoz de Rainbow Railroad se repite en bufetes de abogados de inmigración canadienses; muchos confirman haber recibido una avalancha de consultas de personas trans estadounidenses sobre cómo mudarse a Canadá. Uno de esos bufetes es Smith Immigration Law, cuya fundadora, Adrienne Smith, señala que “ha habido un gran repunte en el número de personas que buscan irse de EE UU con urgencia, ya sea a través del programa de protección para refugiados, mediante programas de inmigración o por medio del patrocinio conyugal”.

Smith sostiene que varias de las personas que la han contactado en busca de representación describen diferentes formas de persecución: “Falta de atención sanitaria, la imposibilidad de que sus documentos oficiales reflejen su género correcto, funcionarios que se sienten envalentonados para negarles servicios… Hay varios tipos de maltrato que la comunidad está sufriendo actualmente”.

Sin embargo, y pese a la evidencia y el historial de Canadá como país favorable a la acogida de refugiados LGTBI+, muchos expertos no ven claro que las demandas de asilo de estadounidenses sean finalmente aceptadas. Desde Rainbow Railroad, Chan aclara que además de demostrar que su experiencia en EE UU se ajusta a lo que legalmente se considera persecución, “las personas solicitantes deben acreditar que su Gobierno no puede o no quiere protegerlas, y que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte del país. Esto representa un desafío particular para la ciudadanía estadounidense, ya que el país cuenta con muchos de los indicadores típicos de un Estado democrático seguro, que, además, ha sido históricamente lugar de acogida para refugiados LGTBI+ de todo el mundo”.

Aunque actualmente en EE UU existen leyes federales que atacan a las personas LGTBIQ+, la cuestión, explica la abogada Smith, es que se acepte que esas normas han afectado de forma directa al demandante de asilo. “Luego está la pregunta de cómo se van a aplicar esas leyes en los diferentes Estados, si hay gobernadores que van a desobedecer activamente algunas de estas normas federales”, matiza. “Saber cómo se van a aplicar esas órdenes ejecutivas en lugares como California o Nueva York”.

Eso se denomina “alternativa de huida interna o reubicación”, que en el contexto del derecho de asilo, se refiere a la posibilidad de que una persona que busca refugio ante una persecución pueda encontrar una zona segura dentro de su propio país, en lugar de verse obligada a migrar.

Una situación grave

También hay abogados que consideran que la situación es “lo suficientemente grave” como para que las demandas de asilo salgan adelante en Canadá, como Yameena Ansari, residente en Calgary, y quien asesora a Hannah Kreager. Hace unos meses le aconsejó presentar una solicitud de asilo.

“Mi cliente tiene un marcador X en su pasaporte, aunque ella es una mujer. Tenía una cita en febrero para cambiar esto en su pasaporte, pero la canceló porque tenía miedo perder el documento: no quería que eso le pasara porque necesita el pasaporte para salir del país”. Y añade: “Mi cliente estaría en un país donde el clima político va en su contra, donde ni siquiera puede votar para cambiar el rumbo, y de donde tampoco puede irse porque podrían anularle los documentos”.

Desde su llegada, Kreager está intentando recomenzar en Calgary. Vive con una amiga y pese a la preocupación que le acarrea empezar de cero en un lugar nuevo y buscar empleo en un país extranjero, prefiere esta inestabilidad temporal a “la oscuridad y el miedo” que estaba sintiendo en su país: “Es realmente jodido despertarte y ver que el titular del día es: ‘Estás prohibida’. Como si no existieras”. Tiene esperanza de que su caso salga adelante: “Ojalá siente un precedente que permita que otras personas trans puedan salir de EE UU”.

https://elpais.com/sociedad/2025-07-20/sexilio-en-estados-unidos-cientos-de-personas-trans-estadounidenses-buscan-refugio-de-trump-en-canada.html