Mar Cambrollé nació en Sevilla en 1957 y es una histórica activista por los derechos de las personas LGTBIQ+ en nuestro país. En particular, de las personas trans. Su compromiso con la causa se remonta a octubre de 1977, cuando cofundó el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), una de las primeras organizaciones en España en luchar por las disidencias sexuales. Esta misma agrupación convocó en 1978 la segunda manifestación por la libertad sexual, marcando un hito en la visibilización de la comunidad en plena Transición.
En 2007, Cambrollé fundó la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)-Sylvia Rivera. Su trabajo fue determinante para la aprobación en 2014 de la Ley Integral de Transexualidad en Andalucía, pionera en España y Europa. Además, es presidenta de la Federación Plataforma Trans desde su creación.
En 2023, concurrió a las elecciones municipales del 28 de mayo cerrando las listas de Roberto Sotomayor, candidato al Ayuntamiento de Madrid por Podemos-IU. Y, en 2024, se presentó como candidata al Parlamento Europeo en las listas de Podemos, encabezadas por Irene Montero.
La trayectoria de Cambrollé es, en definitiva, testimonio de una vida dedicada a la lucha. En esta entrevista comparte algunas reflexiones sobre los desafíos que la comunidad LGTBIQ+ habrá de afrontar en los próximos años, la evolución de sus derechos y la importancia de continuar defendiéndolos, pues para ella esto no significa otra cosa que «defender la democracia y la justicia social». El próximo 29 de marzo se manifestará en la plaza Pedro Zerolo justamente por este motivo.
Comentabas antes de empezar la entrevista que habéis enviado una carta oficial a diferentes partidos políticos y sindicatos de cara a la manifestación convocada por la Plataforma Trans este sábado. ¿Con qué objetivo?
Para invitarles a sumarse a la lucha contra la transfobia. Enviamos la carta al PSOE, a Movimiento Sumar, a Podemos y a centrales sindicales como Comisiones Obreras, UGT, CGT y CNT. La transfobia debe ser tratada con la misma seriedad que otras discriminaciones, porque lo contrario es normalizarla. No podemos permitir que haya una jerarquización de las discriminaciones, donde unas se consideren más graves que otras. La transfobia es una realidad grave que afecta a muchas personas y que, si no se combate con firmeza, puede tener repercusiones en los derechos de todos los sectores vulnerables. Hoy nos atacan a nosotras, pero mañana serán otros colectivos quienes sufran estas agresiones.
¿Cómo evalúas la evolución de los derechos LGTBIQ+ y, en particular, de las personas trans en esta legislatura?
Mi balance es que no se ha avanzado. Hemos visto una paralización en la aplicación de la ley trans. Un ejemplo grave es el hecho de que las personas trans extranjeras no pueden cambiar su documentación administrativa porque las instrucciones necesarias no se han desarrollado por parte del actual Ministerio de Igualdad. Esto no es solo un problema burocrático, sino un incumplimiento de derechos. La transfobia no es menos transfobia si viene de sectores progresistas.
Hace poco tuve una reunión con la ministra de Igualdad Ana Redondo, en la que expusimos nuestra preocupación por la falta de implementación de esta ley. Es inaceptable que una ley que lleva dos años en vigor no se esté aplicando plenamente. Además, el Ministerio del Interior ha reconocido el alarmante aumento de delitos de odio, pero sigue sin actuar con contundencia. La falta de sentencias y la impunidad con la que operan ciertos sectores están enviando un mensaje peligroso: que la transfobia no tiene consecuencias.
Has hablado del aumento de los delitos de odio. ¿Cómo percibes la situación a pie de calle?
Es preocupante. En los últimos cinco años ha habido 30.000 denuncias de delitos de odio, pero solo 29 sentencias. Y esto es indignante. La Fiscalía no actúa de oficio en casos de violencia contra personas trans, a pesar de que nos equiparan con peligros sociales, como dijo una vez Carmen Calvo, y toda esa sensación de impunidad, de que no se actúa, refuerza la violencia.
Vemos cómo nuestras denuncias son archivadas sistemáticamente, cómo se nos criminaliza en los discursos públicos sin repercusiones legales, cómo hay un discurso de odio que se legitima desde ciertas esferas del poder. Porque la violencia verbal y simbólica también es violencia, y el hecho de que se permita nos pone en peligro a diario. No es libertad de expresión, es un ataque a nuestra dignidad, a los derechos humanos.
Históricamente, las personas trans hemos sido marginadas, también en ámbitos esenciales como el sistema de salud. En 1995, un decreto nos excluyó del Sistema Nacional de Salud. Aunque algunas comunidades han legislado a su manera, sigue habiendo desigualdad en el acceso a tratamientos hormonales y cirugías. Frente a esto, nosotras hemos pedido reuniones con la ministra de Sanidad, Mónica García, y su respuesta ha sido el silencio. No se está priorizando nuestra salud.
Hemos pasado de la negación absoluta del derecho a la salud, a un modelo fragmentado donde depende de la comunidad autónoma donde vivas. Esto genera una discriminación brutal. Hemos solicitado, por ejemplo, que la criopreservación de gametos antes de iniciar tratamientos hormonales esté garantizada en todo el territorio, pero también sigue sin aplicarse en muchas comunidades. Esto es fundamental para garantizar nuestros derechos reproductivos.
Todo esto que describes ocurre, como dices, bajo un Gobierno de coalición progresista. Si en las próximas elecciones hubiera un cambio de Gobierno hacia la derecha, ¿cuáles serían las consecuencias?
Sería devastador. Vemos que el discurso de la ultraderecha criminaliza a las personas trans. No se está diferenciando entre libertad de expresión y discursos de odio. Si la derecha y la ultraderecha llegan al poder, los derechos conquistados estarán, sin ninguna duda, en peligro. Es importante entender que estos discursos no son solo palabras y que tienen consecuencias en nuestras vidas. En EEUU ya vemos cómo se están aprobando leyes que persiguen a las personas trans, prohibiendo su acceso a la salud, al deporte, a la educación. Esto no son palabras, es una amenaza real.
¿Qué opinas sobre la reciente prohibición del desfile del Orgullo en Hungría? ¿En qué medida es un síntoma del avance de la extrema derecha en Europa? ¿Existe el riesgo de que estas políticas regresivas puedan influir en España u otros países de la UE?
La prohibición del Orgullo en Hungría es un reflejo de cómo la extrema derecha está ganando terreno en Europa y representa una amenaza no solo para la comunidad LGTBIQ+, sino para los derechos humanos en general. Estamos viendo cómo en distintos países se está atacando sistemáticamente a las personas trans y a otros colectivos vulnerables. Estas políticas de odio pueden extenderse a España y otros países de la UE si no actuamos con firmeza. No podemos permitir que los derechos humanos, como los derechos de las personas trans, sean solo una recomendación en Europa, deben ser de obligado cumplimiento. Los países que no los respeten deberían enfrentar sanciones severas, al igual que ocurre con el incumplimiento de normativas económicas.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha rechazado pronunciarse sobre el nombramiento de Isabel García como exdirectora del Instituto de las Mujeres. ¿Qué mensaje crees que envía esta falta de respuesta a la comunidad trans?
La respuesta del Tribunal Supremo deja las puertas abiertas y reconoce que la Plataforma Trans tiene legitimidad para personarse no solamente en los casos LGTBIQ+, como decía el abogado del Estado. También habla de que existen otras mujeres. Por lo tanto, creo que deja muy claro que las mujeres trans también son mujeres y que la Plataforma Trans es una entidad con capacidad jurídica y con legitimidad para hablar. En ese sentido, yo celebro esta sentencia. El verdadero problema es que tenemos un Gobierno que parece que premia la transfobia con altos cargos dentro de las instituciones. Lo hemos visto con Isabel García, pero también con Carmen Calvo. Es decir, la transfobia no solo se ha tolerado, sino que se ha recompensado. El hecho de que Isabel García fuera nombrada directora del Instituto de las Mujeres a pesar de sus posturas es un insulto a nuestros derechos.
¿Qué valoración hacer de la petición de las organizaciones LGTBIQ+ para abrir expediente al juez Carlos Valle por su discurso criminalizador hacia personas homosexuales? ¿Crees que existe una tendencia preocupante en ciertos sectores judiciales hacia la criminalización del colectivo?
Es extremadamente grave que un juez haga declaraciones que equiparen la homosexualidad con la pederastia. Es un discurso que criminaliza nuestra existencia y fomenta el odio. En la judicatura sigue habiendo sectores con planteamientos fascistas, patriarcales y elitistas, y esto es un problema estructural. No podemos permitir que quienes imparten justicia refuercen prejuicios y discursos de odio. Este caso demuestra que necesitamos una reforma profunda en la justicia para erradicar estas mentalidades retrógradas.
Recientemente se han denunciado redadas policiales que afectan de manera desproporcionada a personas LGTBIQ+ bajo la excusa del chemsex. ¿Qué opinas sobre estas prácticas? ¿Crees que hay una mayor vigilancia y criminalización de la comunidad LGTBIQ+ en ciertos ámbitos que en otros sectores de la sociedad?
Por suerte, esto no es algo que ocurra siempre, pero hay un componente indudablemente clasista y discriminatorio en estas operaciones policiales. No podemos permitir que la comunidad LGTBIQ+ sea perseguida bajo excusas que no se aplican con el mismo rigor a otros sectores de la sociedad. La discriminación siempre golpea más fuerte a los sectores más precarizados. Hay una vigilancia desproporcionada en espacios de la comunidad LGTBIQ+, mientras que en círculos de élite estas prácticas no ocurren. La persecución tiene muchas caras, y una de ellas es el miedo que generan estas acciones. Después de tanto andar, después de tanto sufrimiento, no nos merecemos seguir viviendo con miedo.
Google y Apple han tomado medidas para cancelar espacios ultra en internet. ¿Qué papel crees que deben jugar las grandes tecnológicas en la protección de los derechos LGTBIQ+?
Las grandes tecnológicas operan en países con leyes y normativas que deben respetar. Si en España o en la UE existen leyes contra los discursos de odio, las plataformas digitales deben acatarlas. No puede ser que una empresa de cualquier otro sector que no cumpla, por ejemplo, la legislación laboral sea sancionada, pero estas plataformas sigan permitiendo discursos de odio con total impunidad. Si no respetan nuestras leyes, deberían perder su licencia para operar, como ya ha ocurrido en otros países como Brasil.
Para finalizar, ¿qué mensaje enviarías a nuestras lectoras para hablarles de la necesidad de celebrar la manifestación del 29 de marzo contra la transfobia?
Es una obligación moral. No se trata solo de derechos trans, sino de derechos humanos. Hoy atacan a las personas trans, pero mañana irán a por otros colectivos. La manifestación saldrá de la plaza Pedro Zerolo y será un grito de dignidad, de furia trans. Debemos levantarnos con fuerza contra la transfobia porque no podemos permitir que nos silencien. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Hemos sufrido palizas, encarcelamientos, discriminación laboral y social. Ahora que hemos conseguido ciertos avances, no podemos permitirnos retroceder. La transfobia no es solo un problema de las personas trans, es un problema de toda la sociedad. Defender nuestros derechos es defender la democracia y la justicia social.
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