Colectivos trans piden a la Fiscalía la anulación de los cambios registrales que supongan un fraude
En concreto, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas se han referido a las 37 personas de Ceuta, militares y guardias civiles, que han cambiado su sexo registral con la Ley Trans. En este sentido, también ha solicitado a la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, a través de una carta, a que «depure» si se trata de «una posible acción organizada» con el objeto de la comisión de un presunto fraude de ley.
Asimismo, han solicitado a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad, la apertura de un expediente «por considerar que los medios han podido vulnerar el artículo 27. 1 de la Ley Trans y Derechos LGTBI, que se refiere al trato digno que han de dispensar los medios cuando se refieren a colectivos ya vulnerables, sin caer en estigma y cuestionamiento de derechos».
Igualmente, a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), le ha pedido que valore «el trato de la noticia» que tiene que ver con 37 personas de Ceuta, militares y guardias civiles, que anunciaron en medios de comunicación que se han cambiado de sexo. En este sentido, estos colectivos trans consideran que «titulares y mensajes han dañado la dignidad de las personas trans y han podido vulnerar el código deontológico de los periodistas».
Según han señalado estos colectivos trans, también se han dirigido a través de un escrito al Defensor del Pueblo de España, al que han trasladado su «preocupación» y «consternación».
«No nos corresponde cuestionar la identidad de nadie, mucho menos afirmar lo que es o no un fraude de ley, por ello hemos exhortado a quienes tienen potestad para ello. Las herramientas de las que dispone un Estado de Derecho, han de velar por el respeto, la dignidad y protección de las personas trans como un colectivo vulnerable», ha asegurado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé.
Además, Cambrollé ha subrayado que «ser una mujer trans, no es ningún privilegio». «Es enfrentarse a la exclusión laboral, es ser diana de discursos de odio en las redes sociales y poder ser agredida en las calles, transportes públicos y centros de ocio, la vanalización de nuestras vidas, es un acto criminal», ha explicado.