A las 4 de la mañana del pasado 14 de abril, un grupo de agentes entró de sorpresa en el Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires. Despertaron a las detenidas a los gritos, sacudiéndolas y arrastrándolas fuera de sus camas sin dar ninguna explicación. Eran más de 45 personas en ese pabellón, todas LGBTI+, la mayoría mujeres trans. Las sacaron al patio a empujones, con insultos. A los golpes.

Esa madrugada llovía y muchas estaban casi desnudas. Las hicieron correr hacia otro sector del penal. Mojadas y llenas de barro, las encerraron en “los buzones”. Así le llaman a las celdas de aislamiento, utilizadas como forma de castigo en esta cárcel. Les decomisaron sus celulares, para que no pudieran comunicarse con sus familiares, conocidos o abogados. La mayoría pasó allí más de tres días. Algunas, hasta más de 15.

Distintos informes de la Comisión Provincial por la Memoria —organismo público que investiga casos de tortura y violación de derechos humanos— describen a los “buzones” como el peor lugar del penal. Son espacios que suelen estar desprovistos de elementos básicos. Como un foco de luz artificial, por ejemplo, o una llave de agua potable.

Testimonios de quienes han pasado por “los buzones”, documentados por inspectores de la CPM, coinciden en resaltar al frío y al hambre como los dos grandes padecimientos en estos espacios. También relatan que, en este sector, el personal penitenciario ejerce violencia y humillación con más saña. A las personas trasladadas esa madrugada, además del aislamiento, se les privó de sus medicamentos.

Por todo esto, la CPM denuncia la situación ocurrida en el llamado “pabellón de la diversidad” de Sierra Chica como un hecho de torura. “La modalidad de la requisa y la violencia ejercida reflejan el carácter abusivo del operativo. Algo así nunca debió haber ocurrido”, señala Roberto Cipriano García, secretario del organismo. Pero lejos de tratarse de un un caso extraordinario, lo reportado da cuenta de una situación recurrente, cotidiana, que enfrentan las mujeres trans y otras personas LGBTI+ detenidas en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Más de 100 personas LGBTI+ violentadas

La CPM presentó de inmediato un hábeas corpus, un recurso legal urgente que exige la intervención de un juez para frenar posibles arbitrariedades. Gracias a esto, la jueza que tomó parte ordenó la atención médica de todas las personas agredidas, la entrega de sus medicamentos y la devolución de sus pertenencias.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió que el caso se investigue con perspectiva de género. El organismo advierte que ha constatado la existencia de un régimen diferenciado, con mayores niveles de vigilancia y castigo, dirigido a mujeres trans y otras personas del colectivo LGBTI+.

A las personas LGBTI se las priva de tratamientos hormonales, antirretrovirales y se las castiga con aislamientos prolongados.

Aparte de la violencia física y psicológica denunciada, el solo hecho de que se aplicara un castigo colectivo ya evidencia la gravedad del abuso. Las autoridades penitenciarias, hasta ahora, ni siquiera han ofrecido una explicación formal que justifique el operativo.

Pero es una violencia que trasciende a este centro. Desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, la CPM ha presentado un total de cuatro habeas corpus colectivos, por acciones que considera tortura, tratos crueles y/o degradantes en contra de personas LGBTI+.

Las medidas de protección se tomaron en favor de más de 120 personas, la mayoría mujeres trans, detenidas en tres cárceles de la provincia: además de la de Sierra Chica, en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela y la Unidad Penal 44 de Batán, en Mar del Plata.

Estas denuncias revelan patrones de abuso similares. Otro de los hábeas corpus fue presentado en septiembre de 2024, para denunciar que en el penal de Florencio Varela más de 50 personas LGBTI+ eran sometidas a requisas vejatorias —inspecciones que implican el desnudo y la revisión de todo el cuerpo— y violencia física por parte del personal penitenciario.

Existe un régimen de control diferenciado para las mujeres trans y otras personas del colectivo LGBTI+ que las expone a mayor violencia.

La CPM también ha denunciado varias veces sobre requisas violentas y humillantes en la Unidad Penal 44 de Batán, en Mar del Plata. Algunos de estos actos podrían, incluso, constituir abuso sexual. El último habeas corpus colectivo fue presentado en febrero del año pasado, para exigir garantías en favor de un grupo de aproximadamente 12 mujeres trans. El organismo ha verificado que este tipo de requisa, la forma y la periodicidad, no se realizan a otras personas del centro penitenciario. Solo a las mujeres trans.

Más de 800 denuncias sobre tortura

Sin embargo, en estos tres centros penitenciarios y en varias alcaidías de la provincia, todas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la denuncia más frecuente tiene que ver con las trabas para acceder a atención médica o recibir los medicamentos que necesitan.

La CPM entrevistó a 93 mujeres trans y travestis detenidas en unidades y alcaidías del SPB, entre enero de 2024 y mayo de 2025. En total, reportaron cerca de 800 denuncias que el organismo califica como tortura y tratos crueles. Más de la mitad de esos casos están vinculados con la falta total o parcial de atención médica.

“El problema del acceso a la salud de toda la población detenida es alarmante, pero para personas trans y travesti adquiere dimensiones más graves”, explica Juan Introzzi, director del Programa de Inspección a Lugares de Encierro de la CPM.

Esta vulneración es resultado, principalmente, de la patologización de sus identidades, la falta de reconocimiento de las mismas y la violencia que sufren de los profesionales de la salud cuando buscan atención y cuidados.

“No son hechos aislados, sino condiciones permanentes y repetidas que profundizan la vulnerabilidad de estas personas en el encierro”, agrega Introzzi. Según una encuesta realizada por la Comisión en 2022, 7 de cada 10 mujeres trans y travestis dijeron padecer algún tipo de enfermedad. La mitad tenía más de una afección diagnosticada. Y 5 de cada 10 entrevistadas vivían con VIH.

Padecen la cancelación sistemática de turnos médicos y la interrupción de tratamientos antirretrovirales. En casi todos los casos, se les niega o suspende el acceso a los procesos de hormonización.

En 2024, el 30% de la población trans en las prisiones de la provincia no estaba recibiendo su tratamiento hormonal, según un reporte que la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicó este año. Y el 60% estaba recibiendo el tratamiento de manera irregular.

“Seguimos presentado acciones judiciales, denunciando penalmente estas condiciones. Pero, lamentablemente, este tipo de prácticas de torturas no cesan”, apunta Introzzi. “Incluso con sentencias favorables para las víctimas, el abuso continúa”.

Los traslados como forma de castigo

Además del aislamiento prolongado y las requisas vejatorias, la CPM tiene años denunciando cómo los traslados recurrentes entre unidades penitenciarias operan como otra forma de disciplinamiento. Ha verificado que esta medida se utiliza como castigo hacia quienes denuncian agresiones o exigen atención médica.

El caso de Lara, una mujer trans de 37 años, expone con crudeza el nivel de violencia. En un periodo de apenas cinco meses, entre junio y octubre de 2023, fue trasladada hasta seis veces. En cada traslado, era esposada y encerrada durante largas horas en la “latita” del camión, llegando a pasar hasta 48 horas dentro de él.

Y una vez en destino, el maltrato se reactivaba. En junio de 2023, a Lara la aislaron en una sección para varones de la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica. Mientras estuvo en este lugar, no podía bañarse porque no había personal femenino disponible para llevarla desde su celda hasta el sector de duchas.

Desde 2017 —el primer año del que la CPM tiene registros— hasta 2023, se reportaron 48 muertes de mujeres trans en cárceles y alcaidías del SPB.

Pasó más de 50 días aislada en los “buzones” del sector para varones. En su celda no tenía acceso a agua potable. Le entregaban alimentos crudos. Como no tenía algún artefacto para cocinarlos, solo se alimentaba con fruta y pan.

Los inspectores de la CPM la volvieron a entrevistar el 1 y el 8 agosto de ese año. Entonces, ya tenía moretones y había bajado de peso. Contó que le había tocado dormir varios días en el piso y luego en un colchón mojado. Que los insultos y la humillación eran a toda hora. Y que las autoridades penitenciarias le habían prohibido hasta recibir las visitas de sus conocidos.

En dos de los centros en los que estuvo, tampoco le permitían tener elementos para depilarse. “Me hicieron recordar que era hombre. Hace años no me veía con barba”, dice su testimonio, reseñado en el último reporte anual de la CPM. Tenía ya meses que no accedía a su tratamiento de hormonización.

En ese tiempo, también comenzó a tener dolores en glúteos y caderas, zonas donde tiene implantes de silicona. La desesperación llegó a ser tal que, en algún momento, se declaró en huelga de hambre para denunciar lo que le hacían.

Recién a fines de 2023, fue alojada en el pabellón de diversidad de Batán, en Mar del Plata. “El cuerpo de Lara cargó con las consecuencias de la violencia transodiante de la sociedad y también de las torturas sistemáticas del Estado por medio del poder punitivo”, señala la CPM. “Su dolor es parte intrínseca del sistema penitenciario, que disciplina los cuerpos y las conductas por medio de la tortura”.

Mayor cantidad de suicidios

El peligro de muerte es latente. Sasha Barrionuevo, una mujer trans de 38 años, falleció el 20 de julio de 2022 tras semanas sin recibir atención médica en la Alcaidía 44 de la cárcel de Batán. Había perdido 30 kilos en poco tiempo y presentaba síntomas graves: vómitos, mareos y pérdida de visión.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el Servicio Penitenciario Bonaerense desestimó sus síntomas. Se los inventaba, decían los agentes. Una orden judicial terminó exigiendo su traslado, pero ya era tarde: Sasha murió pocos días después en el hospital.

Desde 2017 —el primer año del que la CPM tiene registros— hasta 2023, se reportaron 48 muertes de mujeres trans en cárceles y alcaidías del SPB. El 66% estuvo relacionado con problemas de salud. Generalmente, dice el organismo, este tipo de fallecimientos son consecuencia de la falta de una atención adecuada.

Pero el daño no es solo físico. El 31% de las muertes de personas trans en este periodo fueron suicidios. Una proporción mucho más alta que entre varones (8,7%) y mujeres cis (9%).

La militancia como garante

“Las que están adentro cuentan con las que estamos afuera”, dice Victoria Disalvo, militante del Colectivo Autónomo de Trabajadorxs Sexuales (CATS). Hace más de tres años que el CATS acompaña a mujeres trans detenidas en la Alcaidía 44 de Batán, en Mar del Plata.

Las acompañan como pueden: hacen colectas para comprar artículos de limpieza, materiales de estudio, comida, medicamentos. Y también denuncian lo que pasa rejas adentro. En estos años, lograron visibilizar situaciones graves: videos donde se ve al personal penitenciario romper la medicación, casos urgentes de salud desatendidos, las precarias condiciones de las celdas.

“Se calmaron cuando vieron que había gente de afuera mirando. Se atreven a agredirlas porque las suponen solas”, dice Victoria. Este año, muchas personas empezaron a sumarse desde la Asamblea Antifascista. La red crece. Pero las violencias siguen.

Las requisas humillantes continúan. Hay miedo de denunciar porque el castigo es el traslado, remarca Victoria, algo que las alejaría de sus sistemas de apoyo. Y ninguna de las mujeres trans que está hoy en ese penal accede a su tratamiento hormonal. “Por eso, tenemos que estar más presentes que nunca. Esta gente espera a que baje la exposición para desplegar todo su odio”.

Al cierre de mayo pasado, había 114 mujeres trans detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, más del 90% está acusada de infringir la ley 23.737 —delitos vinculados a la tenencia y tráfico de drogas—. Sin embargo, más del 60% aún no tiene condena. Es decir, ante la justicia, todavía siguen siendo inocentes.

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