René Jerónimo Clares, almeriense de 29 años, ya conoce lo que es sentirse discriminado por ser un hombre trans y sabe de sobra que le espera una dura lucha por delante pese a que existen leyes que le amparan. Pero, de momento, ya ha logrado que se reconozca, en parte, el sufrimiento que ha soportado desde que el 31 de mayo de 2019 comenzó a trabajar como becario en la Asociación Inserta Andalucía, una ONG que ha sido denunciada por presuntas irregularidades en los contratos de pisos para jóvenes extutelados.
René dejó de trabajar en la citada ONG el pasado mes de octubre, tras más de cinco años soportando «discriminación» por el hecho de ser una persona trans, dato que ya conocía la asociación desde el primer momento, pues en el currículo que envió figuraba su identidad sexual y su nombre actual y correcto.
Sin embargo, «en demasiadas ocasiones la asociación ha decidido no respetar el género» de René «vulnerando su derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como a su integridad moral y a la salud (mental), de forma continua; generando todo ello unos perjuicios morales lógicos», consta en la demanda que presentó el abogado Isaac Guijarro, del bufete Olympe Abogados, en representación de este joven.
La demanda, a la que ha tenido acceso Público, indica que la ONG habría incumplido la ley andaluza que garantiza los derechos de las personas trans y la ley estatal que regula la igualdad de derechos de las personas LGTBIQ+, y también la ley de prevención de riesgos laborales.
El Juzgado de lo Social 3 de Granada había fijado para el próximo 25 de febrero el juicio contra la ONG Inserta Andalucía, pero esta entidad ha decidido admitir en parte los hechos denunciados e indemnizar a René Jerónimo con 17.000 euros, según ha podido constatar este diario. Esta es la indemnización más elevada que ha recibido una persona trans en el Estado español por discriminación, según indica el abogado Isaac Guijarro, cuyo bufete está especializado en violencia de género y vulneraciones del colectivo LGTBIQ+.
El pasado 19 de febrero el juzgado convalidó el acuerdo entre René y la ONG, con el que se evita el juicio. La demanda solicitaba 30.000 euros en concepto de indemnización por daños morales sufridos por la vulneración de sus derechos fundamentales. Aunque finalmente han sido 17.000 euros, el abogado de René considera que es una suma importante.
Una paradoja en primera persona
Se da la paradoja en este caso de que la ONG demandada se dedica a atender a personas del colectivo LGTBIQ+ en situaciones de vulnerabilidad y a las víctimas de violencia y discriminación por pertenecer al colectivo. De hecho, la actividad laboral de René en la asociación era impartir talleres de prevención de acoso contra las personas LGTBIQ+, así como en la orientación psicológica, jurídica y social a las víctimas de discriminación por LGTBIfobia.
Sin embargo, él mismo ha sido discriminado por su condición de persona trans en un centro de trabajo donde además están vigentes unos estatutos que rechazan especialmente la discriminación hacia las personas trans.
Le llamaban por su nombre anterior
René fue la primera persona trans que tramitó una solicitud de cambio de nombre en la Universidad de Granada, donde estudió Psicología. Fue en septiembre de 2017, nada más aprobarse el protocolo de la universidad para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales.
Sin embargo, en la ONG, que presenta en su web mensajes de solidaridad hacia todo tipo de colectivos marginados y que recibe subvenciones precisamente para atenderlos, se dirigieron a René como mujer desde el primer momento, describiéndole en femenino, como «técnica», en las plataformas internas de personal, donde figuraba con su nombre anterior, el femenino. Esto lo podían ver las 200 personas de la plantilla.
Dinero público para atender al colectivo trans
La ONG Inserta Andalucía tiene en estos momentos tres programas subvencionados por la Junta de Andalucía para atender al colectivo LGTBIQ+: uno es ‘Prevención del Bullying contra la Diversidad Afectivo-Sexual’, con un presupuesto de 84.367,93 euros; otro es ‘Pisos Rita Hester. Sistema de Pisos de Acogida Integral para Personas LGTBI’ (118.197,72 euros); y el tercero es ‘Programa de Atención a Víctimas de Violencia y Discriminación Pertenecientes al Colectivo LGTBI’ (54.366,22 euros).
«La negación de su identidad ha sido una constante por parte de la demandada, vulnerando de forma continuada y consciente su derecho a la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad», consta en la demanda, que además indica que «han hecho esa información, tan personal y especialmente protegida, accesible al resto de trabajadores, vulnerando así también su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos».
La primera vez que fue vejado en su nuevo empleo fue al poco de llegar, al ser nombrado como mujer en el certificado de un curso interno que había seguido; allí aparecía con su nombre pasado, «con el que René Jerónimo no se identifica y que le causa tremendo dolor», dice la demanda.
Certificado para la covid-19
En octubre de 2020, debido a las restricciones por la covid, René necesitó un certificado de movilidad para poder acudir a la oficina a trabajar. La Asociación Inserta Andalucía lo redactó tratándole en femenino y utilizando un nombre femenino, vulnerando así la legislación que ya por entonces estaba vigente en Andalucía. Debido a esa ley de 2017, René tenía ya modificada su tarjeta sanitaria, por lo que no parece que la ONG tuviera justificación alguna como para haber redactado el permiso en femenino si no era por un motivo de transfobia, según se explica en el demanda.
La mutua no le tenía registrado como hombre
El 27 de junio de 2024 René acudió a Adeslas por un problema de salud y en la mutua le explicaron que constaba como si fuera una mujer. La ONG no había rectificado sus datos. Al joven le dio un ataque de ansiedad y tuvo que ser derivado a urgencias.
La demanda describe una serie de patologías que sufre René como consecuencia de las vulneraciones denunciadas. La ansiedad, por ejemplo, le ha provocado episodios de bruxismo muy graves. Precisamente uno de los focos de la demanda era la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral y a la salud (mental y física) del demandante debido al incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.
‘Pinkwashing’
La asociación demandada «tiene una serie de políticas internas en las que fomenta algo que posteriormente no cumple, sino todo lo contrario. Pareciere que solo lo fomenta de cara a obtener fondos públicos, pero luego no lo reflejase en la realidad cuando es necesario», figura en la demanda de René. Esta actitud se conoce como pinkwashing.
Precisamente la ONG Inserta Andalucía está en el foco mediático por otro motivo. El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha llevado a los tribunales la adjudicación del contrato para la gestión de pisos en los que se tutela a menores de edad, por considerar que existe «corrupción de libro».
Según la denuncia, la Junta de Andalucía habría amañado el pliego de prescripciones técnicas del contrato, inflándolo de tal manera que finalmente ha resultado inviable para otras empresas presentar una oferta y optar a la adjudicación de esos contratos, que son copados por la Asociación Inserta Andalucía.
La denuncia de Por Andalucía incluye también a la ONG, a la que acusa de inflar el número de trabajadores para conseguir más licitaciones. La asociación ha negado las irregularidades mientras la Junta ha anunciado inspecciones.
https://www.publico.es/politica/tribunales/ong-discrimina-trabajador-trans-copa-ayudas-publicas-atender-colectivo-lgtbiq.html
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