Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”

Fue vanguardia en la lucha contra la represión y hoy sigue en primera línea del debate político. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, habla en esta entrevista con AraInfo de memoria silenciada, de violencia estructural y de responsabilidad institucional. También de empleo digno, de reparación histórica y de la urgencia de blindar derechos ante el avance de la ultraderecha. Una conversación que conecta pasado, presente y futuro en clave de dignidad y resistencia.

Empiezas a militar cuando ser una persona trans significaba persecución policial, cárcel y exclusión absoluta. ¿Qué queda hoy de aquel Estado que reprimía y patologizaba, y qué ha cambiado realmente para las personas trans más precarizadas?

A pesar de que las personas trans fuimos punta de lanza contra la represión franquista, nuestra visibilidad nos convirtió en diana de los peores maltratos. Es una herida democrática que hayamos sido relegadas al olvido durante décadas. Si bien la Ley 4/2023 marcó un hito al despatologizar la identidad legal, la igualdad real sigue siendo una tarea pendiente: el acceso a la salud, la inserción laboral y los derechos de personas no binarias y migrantes continúan fuera de la agenda política efectiva.

La llamada “Transición española” suele narrarse como un proceso modélico, pero dejó fuera a muchos colectivos. ¿Cómo vivieron las personas trans aquel periodo y por qué su memoria sigue siendo una gran ausente del relato oficial?

Durante la Transición, las personas trans simplemente no existíamos para el Estado. Bajo la etiqueta genérica de “homosexualidad”, el régimen invisibilizó nuestra identidad, una ceguera que persistió incluso en los primeros años de democracia. El rechazo familiar nos empujó al sexilio y la violencia en las aulas truncó cualquier posibilidad de formación. Estábamos atrapadas en un “apartheid laboral” que, de forma inquisitoria, nos señalaba el camino hacia la marginación y la prostitución. Sin acceso a la salud y demonizadas por la sociedad, sufrimos un trato subhumano que aún nos estigmatiza. El “borrado trans” —perpetuado por el homocentrismo y el cisheteropatriarcado— intenta omitir que fuimos víctimas directas de la represión, pero también ignora que fuimos la vanguardia y el rostro de la lucha por la libertad de todo el colectivo.

Durante años, el movimiento trans ha denunciado su marginación dentro del propio movimiento LGTBIQA+. ¿Se ha corregido esa desigualdad o sigue existiendo una jerarquía de derechos y visibilidades?

Tanto el patriarcado como el machismo constituyen estructuras sistémicas que permean todos los estratos de la sociedad. En este sentido, el colectivo LGTBIQA+ no es ajeno a tales dinámicas ni a la dicotomía entre masculinidad y poder. La sobrerrepresentación de hombres gais, blancos y cisgénero en las esferas política, cultural y de toma de decisiones evidencia la vigencia de estas desigualdades. Por tanto, cuestionar dicho privilegio y fomentar el empoderamiento de las personas trans resulta indispensable para superar esta discriminación anacrónica.

“Proteger las leyes trans por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes”

La ley trans estatal supuso un avance histórico, pero su desarrollo normativo sigue incompleto y está generando problemas en su aplicación real. Al mismo tiempo, en Aragón la ley autonómica está bajo amenaza por el auge de la ultraderecha tras el 8F. ¿Dónde están hoy los principales riesgos reales para los derechos de las personas trans y a quién se está dejando atrás?

El proceso legislativo de la Ley Trans enfrentó un severo obstáculo: una campaña sistemática de desinformación promovida por sectores del PSOE y secundada por la derecha y la extrema derecha. Esta ofensiva impidió que la norma fuera más ambiciosa, dejando fuera el reconocimiento de las identidades no binarias y la concreción de políticas públicas de inserción laboral. Esta falta de voluntad política explica el retraso de tres años en el desarrollo reglamentario para que las personas trans migrantes puedan modificar sus documentos. Asimismo, la impunidad ante los discursos de odio y la falta de medidas contundentes de la Fiscalía y el Ministerio del Interior han provocado que las agresiones por identidad u orientación sexual se dupliquen por año y vayan en alza. No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP. Proteger estas leyes por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes.

Estamos viendo una ofensiva política y mediática contra las personas trans, impulsada por la ultraderecha, pero también asumida por sectores conservadores más amplios. ¿Por qué el cuerpo y la identidad trans se han convertido en un campo de batalla central?

La ofensiva contra las personas trans se enmarca en una guerra cultural global emprendida por la ultraderecha, cuyo máximo exponente es Donal Trump y las órdenes ejecutivas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trans. Estas medidas buscan influir en las agendas sociales y políticas a escala internacional. Sin embargo, este ataque no es aislado: el feminismo y las personas migrantes también están en el centro de esta batalla. La supervivencia de un capitalismo voraz se sustenta en los valores del patriarcado y en la imposición de un orden social basado en la supremacía blanca y la cisnormatividad.

Parte del discurso transfóbico se articula desde espacios que se reclaman feministas. ¿Cómo analizas esta deriva y qué impacto real tiene en la vida cotidiana de las mujeres trans?

Para entender este fenómeno, debemos volver a las movilizaciones feministas de 2018. Aquella convocatoria logró interpelar a un sector muy amplio y diverso: mujeres jóvenes, racializadas, trans, gitanas y amas de casa que, hasta entonces, se situaban en las periferias del feminismo académico e institucional. Bajo la consigna “Si nosotras paramos, el mundo se para”, la huelga tuvo un impacto global que no solo detuvo el ritmo cotidiano, sino que golpeó directamente los intereses del capital. Fue entonces cuando surgió la estrategia de fracturar el movimiento feminista desde dentro. Se buscó un sujeto vulnerable, uno cuyo ataque no generara una alarma social inmediata: las personas trans. Históricamente estigmatizadas, fueron convertidas en el chivo expiatorio de una agenda que busca señalar a las mujeres trans como el supuesto ‘eje del mal’. Esta maniobra no es más que una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos opresores del patriarcado. Por ello, es imperativo recordar: atacar a una mujer trans es atacar la potencia revolucionaria del feminismo. No puede llamarse feminismo a un movimiento de mujeres que actúan como “mercenarias” del patriarcado y que replica los marcos ideológicos de la extrema derecha.

Más allá de las leyes, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones públicas cuando permiten discursos de odio, retrocesos autonómicos o el abandono sanitario y social de las personas trans?

Los gobiernos de carácter progresista —ya sean locales, autonómicos o estatales— tienen la obligación ética y política de blindar derechos y ampliar horizontes sociales. Este compromiso debe traducirse en políticas públicas robustas y en un respaldo firme a la agenda LGTBIQA+. Esto implica garantizar la visibilidad de entidades y activistas en los medios públicos, financiar proyectos que promuevan el respeto a la diversidad y ofrecer un asesoramiento integral al colectivo. Prescindir de estas políticas no solo perjudica a las personas LGTBIQA+, sino que tiende una alfombra roja a la ultraderecha.

Perteneces a una generación que se jugó literalmente la vida. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones trans y qué riesgos y oportunidades detectas en su forma de organizarse y luchar?

Haber nacido en un contexto cultural y político que ha normalizado la diversidad libera a las nuevas generaciones de la carga emocional de la culpa, antes impuesta por no encajar en los patrones tradicionales de género e identidad. Este avance permite la eclosión de una juventud que no requiere permiso para ser, amar o expresarse. No obstante, el historial de deshumanización y tutela médica y estatal hacia la comunidad trans persiste como un lastre para su empoderamiento, habiéndose internalizado ese tutelaje como algo natural. Mientras que en otros espacios se respeta la representatividad, como el feminismo para las mujeres o los colectivos LGB para gais y lesbianas, con las personas trans aún se acepta que las voces cisgénero ocupen su espacio público y recursos. Esta práctica no solo perpetúa un colonialismo cis, sino que obstaculiza el empoderamiento y el verdadero liderazgo de las personas trans.

“No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP”

A menudo el debate trans se queda en lo identitario. ¿Cómo atraviesan la clase social, la migración o el racismo la realidad de las personas trans, y por qué estas dimensiones siguen siendo tan invisibilizadas?

Ciertos sectores que se autodefinen de “izquierdas” recurren a un discurso transexcluyente al etiquetar el análisis de la realidad trans como meramente “identitario”. Intentan, de forma falaz, desvincular la identidad de la lucha de clases o el antirracismo. Sin embargo, la identidad es indisociable de las condiciones materiales de existencia: sin una identidad reconocida, se bloquea el acceso al empleo o a una vivienda digna. La transfobia no opera de forma aislada, sino que se amalgama con la pobreza y el racismo. La prueba más devastadora es que el 90% de las personas trans asesinadas son mujeres negras, racializadas y pobres. Es imperativo afirmar que estos crímenes no solo son de odio, sino que poseen un profundo y violento impacto de género, clase y raza.

En la última Asamblea Estatal de la Plataforma Trans, el acceso al empleo se señaló como una prioridad política central. ¿Por qué sigue siendo uno de los grandes muros para las personas trans y qué medidas concretas deberían aplicarse ya para garantizar empleo digno y estable?

El trabajo es imperativo para la autonomía personal y la estabilidad social. Sin embargo, la comunidad trans arrastra una exclusión laboral anacrónica desde la dictadura. La falta de políticas públicas en todo el periodo democrático y su ausencia en las agendas sindicales nos sitúa, en pleno siglo XXI, como un colectivo vulnerable que requiere políticas activas urgentes. La Federación Plataforma por los Derechos Trans propone, entre otras medidas, la reserva de cupo laboral en el sector público y empresas subcontratadas, así como incentivos fiscales para el sector privado y el emprendimiento. Es hora de pasar de los titulares a soluciones valientes e igualitarias: el Ministerio de Trabajo debe reconocer y reunirse con nuestra organización como interlocutora legítima; negarse a tratar las cuestiones que atañen a las personas trans con la Federación Plataforma Trans, es violencia política e institucional.

Si el Estado español tuviera que saldar una deuda histórica con las personas trans, ¿por dónde debería empezar: memoria, reparación, derechos materiales o una transformación cultural profunda?

Seis grupos políticos, Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Junts, registraron el 19 de noviembre de 2024 la Ley de Memoria Trans y LGTBI, una propuesta impulsada por la Federación Plataforma Trans que sigue esperando su turno de debate en el Congreso. Es una iniciativa que busca justicia para las víctimas del franquismo, quienes enfrentaron cárcel, tortura y exclusión sistemática. La ley exige que el Estado pase de las palabras a los hechos mediante una reparación real: pensiones vitalicias para los supervivientes de las leyes represoras (incluyendo a las mujeres recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer), acceso a vivienda y cuidados. Además, reivindica que los lugares de horror, como el penal de Fuerteventura o la cárcel de Huelva, se conviertan en centros de memoria viva. No podemos permitir que nuestra historia se borre; es imperativo proteger y digitalizar nuestro legado gráfico y documental.

Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”