La Plataforma Trans exige declarar la emergencia sanitaria ante la falta de tratamientos hormonales: «Vulnera el derecho a la salud»
«El desabastecimiento afecta actualmente a 400.000 mujeres en etapa de menopausia y mujeres trans. Estas terapias no son un capricho; son tratamientos médicos esenciales», ha criticado Mar Cambrollé.
La escasez de medicamentos utilizados en los tratamientos hormonales a base de estrógenos está afectando, además de a las mujeres que atraviesan la menopausia, a numerosas mujeres trans. Los problemas de suministro de Lenzetto, el espray de estradiol que se administra sobre la piel, han llevado a muchas a buscar otras opciones con el mismo principio activo y, en los peores casos, algunas han tenido que interrumpir temporalmente sus tratamientos. «El desabastecimiento afecta actualmente a 400.000 mujeres en etapa de menopausia y mujeres trans. Esta situación vulnera el derecho fundamental a la salud. Estas terapias no son un capricho ni una cuestión cosmética; son tratamientos médicos esenciales», ha criticado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.
Aunque las dificultades para conseguir Lenzetto comenzaron a hacerse más evidentes el pasado mes de marzo, Gina, por ejemplo, asegura que lleva varios años encontrándose con diferentes problemas para acceder a este medicamento. Lo «peor», a su juicio, son «los tiempos de atención» sanitaria, que no responden a la urgencia de poder continuar el tratamiento cuando este escasea, explica a Público. Ante la falta de continuidad en el suministro, tanto ella como su pareja pasaron en un momento dado a utilizar parches transdérmicos Evopad de 75 microgramos. Por suerte, hasta ahora han podido conseguirlos con facilidad, pero saben que otras mujeres trans no están corriendo la misma suerte.
Cada vía de administración del estradiol tiene sus particularidades. Ni todas se absorben, ni se dosifican, ni se toleran por igual. Es lo que le ocurre a Sarah, una mujer trans e intersexual que, según relata a Público, no puede recurrir a los parches porque le irritan mucho la piel, hasta el punto de causarle llagas. Tampoco tolera bien los comprimidos.
Durante un tiempo utilizó Lenzetto, pero, como muchas otras mujeres, dejó de encontrarlo en marzo. Desde entonces, su alternativa ha sido Oestraclin, un gel que tiene que pagar íntegramente de su bolsillo. En su caso, no poder mantener el tratamiento tiene consecuencias especialmente acusadas porque, según relata, apenas produce testosterona y, cuando descienden sus niveles de estrógenos, sufre vértigos, dolores musculares, cansancio intenso y cefaleas.
La escasez se traslada a otros medicamentos
La situación ha tenido un efecto dominó sobre otros medicamentos que contienen estradiol. La derivación de pacientes hacia los parches ha incrementado su demanda y provocado, a su vez, problemas intermitentes de disponibilidad también en estos productos.
Kel, que lleva algo más de un año en tratamiento hormonal con estrógenos y bloqueadores de andrógenos, también comenzó utilizando Lenzetto. Al principio, explica, podía encontrarlo después de preguntar en dos o tres establecimientos. Sin embargo, con el tiempo, la búsqueda se fue complicando. Kel cuenta que llegó a contactar con una veintena de farmacias en Madrid sin éxito. Finalmente, pudo conseguir un envase gracias a que otra mujer trans disponía de unidades de reserva y se lo facilitó.
Aquella ayuda le permitió mantener el tratamiento mientras intentaba contactar con su endocrinóloga para solicitar un cambio de medicación, con todos los tiempos y plazos que ello requiere. Las diferentes interrupciones en la administración de estradiol afectaron a su estado de ánimo y a su bienestar psicológico. Pasado un tiempo, consiguió que le prescribieran Evopad, pero comenzó a observar que los parches se le desprendían de la piel antes de lo previsto y necesitaba sustituirlos con mayor frecuencia de la pautada, por lo que en ocasiones tampoco dispone de dosis suficientes. A ello se añade que, en sus últimas visitas a las farmacias, ha comenzado a encontrar dificultades de disponibilidad similares a las que experimentó anteriormente con Lenzetto.
La espera para conseguir una nueva receta
Freia relata que comenzó a tener problemas para encontrar Lenzetto a principios de año. Después de buscarlo en varias farmacias sin éxito, intentó conseguir una alternativa a través de su centro de salud. Su médica de atención primaria le explicó, según su testimonio, que debía ser el servicio de endocrinología el que valorara el cambio de medicación y ajustara la dosis. Para entonces, ya llevaba varios días sin el medicamento. La posibilidad de tener que esperar alrededor de un mes para recibir atención especializada la dejó ante una situación que no sabía cómo resolver.
Freia cuenta que tenía su producción de testosterona suprimida mediante el tratamiento y que la interrupción del estradiol le provocó un deterioro de su estado de ánimo, episodios de llanto y un malestar que relaciona directamente con el descenso de sus niveles hormonales. En su caso, asegura que no recibió ninguna comunicación preventiva sobre las dificultades para conseguir el medicamento ni indicaciones sobre cómo proceder si se agotaban sus existencias.
María, otra de las mujeres consultadas por Público, describe dificultades muy semejantes, sobre todo a la hora de comunicarse con su especialista. Tiene 51 años y lleva ya tiempo en tratamiento hormonal. Sus consultas de endocrinología se programan con varios meses de separación, por lo que conseguir que se revise la prescripción entre dos citas no es precisamente sencillo. Cuando comenzó a encontrar dificultades para conseguir Lenzetto, intentó trasladar el problema a su endocrinóloga. También acudió a atención primaria. Finalmente, logró que le prescribieran parches Evopad a través de la receta electrónica y pudo continuar con el tratamiento.
«Cuando una persona se queda sin la cantidad adecuada de hormonas para estar simplemente de pie, para vivir el día a día, se dice que está en un estado de hipogonadismo. Ese cuadro clínico lleva debilidad, neblina, falta de ánimo o desánimo directamente, llámalo si quieres depresión. Que a una persona de pronto le falte su tratamiento diario significa que a los tres días se va a estar arrastrando por el suelo, no va a poder con su vida. Con todo, no parece haber una gran prioridad por sustituir o volver a llenar ese vacío», lamenta María. «La debilidad física es brutal y las consecuencias sobre articulaciones y huesos es horrible. Te lo puedo decir porque no produzco testosterona apenas y me he tirado años sin saber que tenía un déficit de testosterona. No se puede vivir de esa manera«, insiste.
El coste de las alternativas no financiadas
Todas estas dificultades de acceso tienen también una dimensión económica. Cuando una paciente no puede utilizar los medicamentos financiados, al menos parcialmente, por el Sistema Nacional de Salud, bien porque no los tolera o porque no están disponibles, se ve obligada a pagar íntegramente otras opciones que contienen el mismo principio activo.
A este respecto, Sarah, por ejemplo, calcula que antes abonaba aproximadamente 1,50 euros mensuales por Lenzetto, mientras que el cambio a Oestraclin ha elevado su gasto hasta alrededor de 30 euros al mes. Luz, otra de las mujeres que han trasladado su experiencia a este periódico, recuerda que ese desembolso se produce en un contexto de especial vulnerabilidad, donde «muchas tienen muchos problemas para conseguir empleo y acceder a cirugías. Es un asunto que complica aún más un camino largo«.
En el mismo sentido, Gina, que no ha tenido que pagar personalmente una alternativa no financiada, considera que «garantizar la continuidad» de los tratamientos «no debería depender de la capacidad económica de cada persona ni de que consiga una visita a tiempo para cambiar la prescripción».
La compra de hormonas por vías no oficiales
La prolongación de los problemas de suministro ha llevado a algunas mujeres trans a buscar soluciones fuera de los circuitos ordinarios de dispensación. Se trata de una práctica que varias de las entrevistadas mencionan, aunque no todas han recurrido personalmente a ella. Todas son conscientes de que la adquisición de estrógenos a través de terceros o de proveedores no autorizados plantea problemas serios para su seguridad, pero también conocen la situación límite y el enorme malestar que puede suponer la interrupción del tratamiento.
Freia reconoce que terminó recurriendo a esta vía después de pasar varias semanas intentando conseguir Lenzetto y comprobar que no podía obtener una nueva prescripción con la rapidez que necesitaba. En lugar de continuar utilizando el espray, comenzó a adquirir estrógenos inyectables. Explica que tomó esa decisión mientras esperaba una consulta de endocrinología y que, desde entonces, ha continuado utilizando esta opción. Kel y Luz también conocen a mujeres que han recurrido a preparados inyectables adquiridos por su cuenta.
Por todo ello, desde la Federación Plataforma Trans han exigido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y al Ministerio de Sanidad la declaración de la situación de emergencia sanitaria, el reconocimiento de estos tratamientos como crónicos y vitales, la cobertura total por parte de la Seguridad Social de todas las alternativas terapéuticas viables y la sanción «de forma ejemplar» al laboratorio responsable de Lenzetto «por su falta de previsión e incumplimiento del deber de notificar la falta de stock«.
“Tres años después, el régimen sancionador de la Ley Trans continúa sin estrenarse”
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, analiza la brutal agresión en Asturias a una mujer trans y advierte de que Interior no ofrece estadísticas específicas del colectivo
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones e incidentes de odio en España, un 23,6% más que en 2024
La historia comienza en enero, en Piedras Blancas, Asturias. Una mujer trans fue atacada por un grupo de jóvenes que, según la investigación de la Guardia Civil, se habría organizado y coordinado a través de aplicaciones de mensajería para llevar a cabo la agresión. No fueron solo golpes. Hubo amenazas de muerte e insultos tránsfobos y la víctima tuvo que ser atendida en un hospital por la gravedad de las lesiones.
Ocho meses después de los hechos, la Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 18 y 20 años. Los investigadores atribuyen a los arrestados un delito de odio, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria; y tres de ellos ya habían sido investigados en 2025 por otros hechos relacionados con delitos de odio.
El caso tiene todos los ingredientes de una violencia que preocupa especialmente a quienes trabajan con personas trans: una víctima seleccionada por su identidad de género, un ataque físico, amenazas, insultos y una posible organización previa. Pero también deja una pregunta encima de la mesa: ¿están aumentando las agresiones contra las personas trans en España?
Los datos oficiales no cuentan todavía a las mujeres trans
La primera dificultad aparece al intentar poner cifras concretas a esa violencia. El Ministerio del Interior no ofrece una estadística que permita saber cuántas de las víctimas de delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género son específicamente mujeres trans.
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones e incidentes de odio en España, un 23,6% más que en 2024 y la cifra más elevada de toda la serie histórica. Dentro de ese balance se registraron 571 hechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Eso significa que existe un aumento documentado del fenómeno, pero no permite convertir automáticamente esa subida en una cifra concreta de agresiones contra mujeres trans. Los estudios específicos del colectivo ayudan a completar ese vacío; como el informe Estado del Odio 2026. Este señala que el 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio durante el último año. Además, las agresiones físicas pasaron del 7% en 2024 al 22% en 2026.
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, pone el foco precisamente en esa falta de datos desagregados. “Actualmente no disponemos de datos desagregados por identidad, ya que el propio Ministerio del Interior los agrupa bajo el término genérico de ‘colectivo LGTBIQ+’. Sin embargo, en el balance oficial de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron un total de 2.417 infracciones e incidentes de odio en todo el país, lo que supone un incremento histórico del 23,6 % respecto al año anterior.”
Y añade un dato que considera especialmente preocupante: “Más de la mitad de la población LGTBIQ+ (54%) ha sufrido algún episodio de odio, una lacra que golpea con especial crueldad a los perfiles más vulnerables: una de cada dos personas trans ha sido víctima de agresiones físicas.”
Del insulto al golpe
La violencia contra las personas trans no empieza necesariamente cuando aparece una lesión. Puede comenzar mucho antes, con un insulto en la calle, una amenaza, una burla, el uso deliberado del género incorrecto o una campaña de señalamiento en redes.
La violencia que sufren las mujeres LGTBIQ+ KiloyCuarto
“No hablamos solo de agresiones físicas e insultos, sino de un entramado de violencia que abarca desde las vejaciones y el acoso digital hasta la violencia institucional”, explica Cambrollé.
El informe Estado del Odio 2026 muestra además que el problema se ha trasladado con fuerza al entorno digital: cuatro de cada diez personas LGTBI+ han sufrido odio en redes sociales. Y la violencia no siempre aparece como un episodio puntual.
Para Cambrollé, el repertorio es amplio; “Los insultos y amenazas constituyen la base diaria de la discriminación. El uso intencionado del género incorrecto y las burlas en público son constantes.” A partir de ahí aparecen las agresiones físicas y sexuales, pero también el ciberacoso, el acoso laboral o educativo y las barreras estructurales. “Las redes sociales se han convertido en un vector masivo de discursos de odio, campañas de desprestigio y linchamiento virtual coordinado”, sostiene.
La calle, las aulas y el trabajo
Los escenarios cambian, pero la violencia se mantiene. Las calles, plazas y transportes públicos pueden convertirse en espacios de ataques. Y las redes permiten prolongar ese acoso y amplificarlo.
Cambrollé señala además una dimensión menos visible, “La exclusión y discriminación estructural se traduce en barreras extremas para el acceso al empleo, la vivienda y la atención médica.”
El problema, según la presidenta de la Federación Plataforma Trans, también está relacionado con la desigualdad territorial y con la falta de protocolos homogéneos. “La falta de políticas públicas efectivas para la inserción laboral de las personas trans, junto a la ausencia de protocolos unificados en sanidad y educación, convierte las leyes en papel mojado.”
Asturias y el mensaje de impunidad
El caso de Piedras Blancas adquiere una dimensión especialmente relevante. La posible organización previa del ataque y el hecho de que tres de los cinco detenidos ya habían sido investigados por otros delitos de odio en 2025. La Guardia Civil ha señalado que los presuntos agresores estaban vinculados a entornos extremistas y que se coordinaron mediante aplicaciones de mensajería antes de la agresión.
Para Cambrollé, el tiempo transcurrido entre la agresión y las detenciones también resulta significativo. Pone el foco en la situación que, durante ese tiempo, tuvo que afrontar la víctima. “Lo más preocupante no es solo la demora policial que obligó a la víctima a vivir todo este tiempo con sus agresores en libertad; sino el peligroso mensaje de impunidad que se envía a la sociedad, permitiendo que estos grupos ultras sigan sembrando el miedo y el terror.”
Una ley que necesita aplicación
La respuesta, sostiene Cambrollé, no puede limitarse a detener a los responsables después de una agresión. También debe actuar sobre las conductas discriminatorias que preceden o acompañan a la violencia. “Ante el incremento de las agresiones al colectivo LGTBI, aún no se ha estrenado el régimen sancionador de la Ley Trans de 2023. Tras tres años en vigor, sigue sin aplicarse.”
Entre sus reclamaciones está activar de forma efectiva el régimen sancionador de la Ley 4/2023. Reforzando los protocolos contra el acoso, mejorar la actuación de la Fiscalía de Delitos de Odio y establecer formación obligatoria en diversidad sexual para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
También reclama una respuesta más contundente frente al odio digital. “Obligar a las redes sociales a aplicar de forma estricta sus herramientas de moderación de contenidos frente a campañas de odio hacia las personas trans.”
Y pide algo tan básico como preservar las pruebas desde el primer momento: “Dotar a las policías locales y nacionales de guías rápidas para asegurar grabaciones de cámaras públicas y privadas de forma inmediata. Y así, impedir que la lentitud burocrática borre pruebas delictivas fundamentales.”
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
Plataforma Trans exige a España una «respuesta firme» tras las redadas contra organizaciones LGTBIQA+ en Turquía
Plataforma Trans exige a España una «respuesta firme» tras las redadas contra organizaciones LGTBIQA+ en Turquía
La Federación Plataforma Trans ha solicitado al Gobierno de España una «respuesta firme» e «inmediata» ante la «grave escalada represiva» contra las personas, activistas y organizaciones LGTBIQA+ registrada en Turquía durante este fin de semana.
Asociación Trans de Andalucía exige que el asesinato de Marbella sea reconocido como violencia machista
Mar Cambrollé ha incidido en que «era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer»
La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido este miércoles que el asesinato de la mujer trans de 35 años y origen venezolano asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro de Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, «sea reconocido y tratado institucionalmente como lo que es, el asesinato de una mujer a manos de su pareja y, por tanto, un crimen de violencia machista».
En este sentido, ATA ha criticado en un comunicado que «ha sido víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte».
Al respecto, la presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha señalado que «ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja, ha sido víctima de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación y ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente, por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista».
Desde la Asociación han recordado que «la Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho».
Para ATA resulta «especialmente grave» que «esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa», pueda utilizarse ahora para negar, «una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida».
Mar Cambrollé ha incidido en que «era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer».
Marbella (Málaga), 11/08/2026, Domicilio donde ha ocurrido el asesinato de género en San Pedro de Alcántara (Marbella), este martes. El hombre de 59 años detenido este lunes por la Policía Nacional en Marbella (Málaga) por el asesinato de su pareja, una mujer trans de 35 años, confesó el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda. Fuentes policiales han señalado a EFE que, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, la Policía tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como apuntaron inicialmente.-EFE/ Juan Carlos Domínguez / Juan Carlos Domínguez (EFE)
ATA-Sylvia Rivera reclama que el asesinato de la mujer trans de Málaga sea reconocido como violencia machista
Su presidenta, Mar Cambrollé, considera que la última víctima, trans, ha sufrido una situación de “interseccionalidad”
Andalucía suma ya siete mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Son más de una cuarta parte del total de víctimas mortales registradas en España. El último caso se produjo en San Pedro de Alcántara. El asesinato ha abierto además el debate sobre la protección de las mujeres trans víctimas de violencia de género.
La presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, considera que Frangel, la última víctima, ha sufrido una situación de “interseccionalidad”. Era mujer, trans y migrante. Cambrollé reclama en la Onda Local de Andalucía que estas circunstancias se tengan en cuenta para determinar la protección que corresponde a la víctima. Además, considera que el caso combina una cuestión coyuntural y otra estructural. A su juicio, también pone de manifiesto una posible “transfobia institucional”.
ATA-Sylvia Rivera ya ha trasladado sus reclamaciones a diferentes organismos. Ha enviado escritos a la Fiscalía de Violencia de Género de Málaga, al juzgado que investiga el caso y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Cambrollé insiste en que no se trata de cuestionar las decisiones judiciales. El objetivo es que exista un protocolo claro para futuras situaciones.
La presidenta de ATA-Sylvia Rivera reclama que un trámite burocrático no se convierta en una nueva forma de discriminación para una mujer trans víctima de violencia machista. Mar Cambrollé confía en que el próximo comité de crisis sobre violencia machista en Andalucía pueda abordar este caso.
ENTREVISTAMOS A MAR CABROLLÉ, PRESIDENTA DE ATA-SYLVIA RIVERA
Franyel y unas instituciones que tienen que aprender a mirar la realidad
El asesinato de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, presuntamente a manos del hombre que era su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), nos ha situado ante una realidad que creíamos que las instituciones españolas habían comenzado a superar hace mucho tiempo. La investigación, inicialmente abordada en el ámbito de la violencia sobre la mujer, terminó siendo derivada a la jurisdicción ordinaria porque en la documentación de Franyel continuaba figurando sexo masculino.
Desde la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) entendimos que no podíamos aceptar que la respuesta ante el asesinato de una mujer quedara condicionada por una mención administrativa. Por ello hemos presentado escritos ante el órgano judicial que conoce de las actuaciones y ante la Fiscalía, solicitando que se valore la competencia del órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.
También hemos trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista. A estas actuaciones hemos sumado ahora un escrito dirigido a Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, y lo hemos hecho porque existe un antecedente jurídico de enorme importancia que procede, además, de la propia Fiscalía General del Estado.
«Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”
La Circular 6/2011, de 2 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación con la violencia sobre la mujer, dedica expresamente un apartado a las mujeres trans. La Circular contempla incluso el supuesto de mujeres trans extranjeras que no hayan podido acceder a la rectificación registral y establece un criterio esencial: la ausencia de esa rectificación no puede determinar automáticamente que una mujer trans quede fuera de la consideración de víctima de violencia de género. Hay un dato especialmente significativo: para fundamentar ese criterio, la propia Fiscalía se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 3 de mayo de 2010.
El caso afectaba a una mujer trans extranjera que había denunciado al hombre con el que mantenía una relación sentimental y cuya documentación oficial no reflejaba su identidad como mujer. Se discutió qué órgano judicial debía conocer del asunto y la Audiencia Provincial determinó que correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”. Quince años después, en la misma provincia, volvemos a encontrarnos ante una cuestión que guarda una similitud difícil de ignorar.
Pero existe ahora un elemento añadido. La Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar el sexo registral en sus países de origen a adecuar esa mención en los documentos expedidos en España, la propia ley dio al Gobierno un año para habilitar el procedimiento necesario. Ese plazo no se cumplió y el procedimiento que permitió hacer efectivo ese derecho en la documentación policial de las personas extranjeras no llegó hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobada la ley. Por tanto, durante esos años las personas trans extranjeras se encontraron con un derecho reconocido legalmente que no podían ejercer de manera efectiva porque el Estado no había habilitado el procedimiento necesario para hacerlo.
Esa es la realidad que también debe formar parte del análisis del caso de Franyel. No puede utilizarse ahora la falta de adecuación documental como argumento para excluirla del ámbito de la violencia de género cuando, hasta fechas prácticamente inmediatas a su asesinato, el propio Estado no había hecho efectivo el mecanismo que debía permitir esa adecuación.
«Lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista»
Sería difícil encontrar una contradicción mayor, primero impedir en la práctica el ejercicio de un derecho por falta de desarrollo administrativo y después hacer recaer sobre la persona las consecuencias de no haber podido ejercerlo.
Todo esto es lo que hemos trasladado a Flor de Torres. Hemos pedido que se valore la aplicación al caso de Franyel de la Circular 6/2011 de la propia Fiscalía General del Estado, el precedente de la Audiencia Provincial de Málaga, la legislación actualmente vigente y la particular situación que durante años han soportado las mujeres trans extranjeras y hemos solicitado que, dentro de las competencias del Ministerio Fiscal, se valoren las actuaciones necesarias para que la causa sea conocida por el órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.
Pero el caso de Franyel también nos obliga a mirar más allá de un procedimiento judicial concreto, porque aquí aparece una cuestión que quienes llevamos décadas en el activismo trans conocemos muy bien: las sociedades pueden cambiar más rápido que las estructuras que las administran. España ha cambiado enormemente en su relación con las personas trans, quienes venimos de una época en la que ser trans significaba prácticamente vivir en los márgenes sabemos medir ese cambio mejor que nadie.
Hoy nuestras vidas forman parte de la cotidianeidad de millones de personas, somos compañeras de trabajo, vecinas, madres, padres, hermanas, amigas, estamos en los centros educativos, en las empresas, en las universidades, en las asociaciones y en las instituciones, y existe una sociedad mucho más empática y respetuosa con las personas trans de lo que determinados discursos interesados quieren hacernos creer.
Claro que sigue existiendo transfobia y estamos viviendo una reacción organizada que pretende convertir nuestros derechos en un campo permanente de batalla política, pero sería un error permitir que ese ruido ocultara el enorme cambio cultural que se ha producido. La sociedad española sabe perfectamente que una mujer trans es una mujer trans sin necesidad de pedirle antes el DNI, esa normalidad social existe y es una conquista colectiva. El problema es que determinados engranajes institucionales todavía funcionan con categorías, procedimientos y automatismos construidos para otra sociedad y ahí está, a mi juicio, uno de los retos fundamentales de esta nueva etapa de la lucha trans.
«Reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo»
Durante décadas tuvimos que pelear para cambiar las leyes, ahora tenemos que conseguir que el cambio llegue hasta el último engranaje que las aplica, a los procedimientos administrativos, a la formación de quienes toman decisiones, a las bases de datos, a los protocolos policiales, a la práctica judicial y a todos esos lugares aparentemente pequeños donde un derecho puede convertirse en realidad o quedarse simplemente escrito en un boletín oficial.
No se trata de forzar las leyes para acomodarlas a una reivindicación política, es justamente lo contrario. El propio artículo 3 del Código Civil establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad. Y la finalidad de una legislación contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a una violencia que se ejerce sobre ellas, no convertir una casilla administrativa en una frontera infranqueable para esa protección.
El caso de Franyel nos recuerda además algo que el movimiento trans lleva mucho tiempo diciendo: reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo. El artículo 50 estuvo escrito durante más de tres años mientras las personas a quienes iba dirigido seguían esperando el procedimiento que debía convertirlo en realidad. Esa distancia entre la ley y la vida es precisamente la que tenemos que cerrar.
Quizá esa sea la transformación que ahora necesitamos: ya no solamente conquistar derechos nuevos, sino revisar estructuras antiguas, conseguir que las políticas públicas incorporen de verdad una sociedad que es más diversa, más abierta y también más empática de lo que algunas instituciones todavía parecen preparadas para gestionar.
Franyel no puede convertirse únicamente en el nombre de una injusticia, su caso debe servir para corregir aquello que ha fallado y para que ninguna otra mujer trans migrante vuelva a encontrarse atrapada entre una realidad que todo el mundo puede ver y una burocracia que llega demasiado tarde.
La Federación Plataforma Trans solicita reuniones urgentes con el Ministerio de Sanidad y la AEMPS ante el desabastecimiento de tratamientos hormonales
La entidad reclama un Protocolo Estatal que garantice la continuidad de los tratamientos hormonales y la creación de una Mesa Permanente de Seguimiento con representación de las organizaciones trans.
La Federación Plataforma Trans ha solicitado formalmente reuniones institucionales con el Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para abordar la grave situación provocada por el desabastecimiento de tratamientos hormonales que afecta a numerosas personas trans, especialmente ante las dificultades de suministro de medicamentos como Lenzetto y Climodien. La organización trasladará a ambas instituciones la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de unos tratamientos esenciales para la salud y la calidad de vida de las personas trans, evitando interrupciones que pueden tener importantes consecuencias físicas y psicológicas.
Entre las propuestas que la Federación presentará destaca la creación de un Protocolo Estatal de Garantía de Continuidad de los Tratamientos Hormonales, así como la constitución de una Mesa Permanente de Seguimiento de los Tratamientos Hormonales, con participación de las organizaciones trans, que permita anticipar y responder de forma coordinada a futuras situaciones de desabastecimiento.
La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha señalado que «las hormonas no son un tratamiento opcional, sino un tratamiento esencial. Ninguna persona debería vivir con la incertidumbre de no saber si podrá continuar una medicación imprescindible para su salud y su proyecto de vida.» Cambrollé ha añadido que «el Estado debe garantizar la continuidad de estos tratamientos con la misma determinación con la que protege cualquier otro tratamiento esencial. No podemos normalizar que miles de personas vivan pendientes de recorrer farmacias o de ver interrumpida su atención sanitaria por problemas de suministro.»
La Federación Plataforma Trans confía en que ambas instituciones atiendan con la máxima celeridad esta solicitud de reunión y permitan avanzar hacia soluciones estructurales que aseguren el acceso continuado a los tratamientos hormonales en todo el territorio nacional.
Interior aprueba el protocolo policial de rectificación de sexo en los documentos expedidos a personas extranjeras
Policía Nacional publica este lunes el texto que permitirá la modificación de sexo y de nombre en los documentos expedidos a personas migrantes cuando se acredite la imposibilidad de cambio registral en su país de origen
El nuevo protocolo, anunciado el pasado 23 de junio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se adopta en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
Las personas extranjeras podrán solicitar desde mañana la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por Policía Nacional, de acuerdo con el protocolo que se publicará este lunes en la Orden General de la Policía, aprobado mediante una resolución firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo.
Los documentos expedidos que pueden ser objeto de esta medida son la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en todas sus modalidades; el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE); la Cédula de Inscripción de Extranjero Indocumentado; el Título de Viaje de Indocumentado; los resguardos de registro y formalización de protección internacional; los documentos acreditativos de solicitante en trámites de protección internacional y de apatridia; y los certificados de residente y no residente.
El protocolo contempla dos posibles situaciones. En el primer supuesto, cuando la persona extranjera solicita la modificación registral por imposibilidad de hacerlo en su país de origen, la Brigada de Extranjería y Fronteras solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un informe que acredite la imposibilidad legal o de hecho para llevar a cabo la rectificación. Si el informe confirma esa circunstancia, se procederá al cambio en el Registro Central de Extranjeros y a la emisión del nuevo documento.
En el segundo supuesto, cuando la persona extranjera ya ha efectuado el cambio en su país de origen, bastará con la presentación del pasaporte o título de viaje en vigor que lo acredite, junto con el documento del que se solicita la actualización.
Aplicación de la Ley 4/2023
El protocolo se adopta en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que recoge el derecho a que los documentos contengan la rectificación del sexo y de nombre, tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditado la imposibilidad por sus autoridades.
La resolución de la Policía Nacional menciona también el aval de la reciente sentencia 181/2026, de 5 de junio de 2026, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza n.º 17, que obligaba a la Administración a atender el requerimiento de un ciudadano extranjero en cuyo país de origen no pudo realizar el cambio registral de su sexo.
El ministro reconoció las limitaciones del procedimiento cuando la persona trans migrante no podía llevar a cabo el cambio de nombre y sexo en su país de origen y se comprometió a impulsar “con carácter urgente” un nuevo mecanismo que resolviera las dificultades y facilitara la tramitación, “tanto para las personas solicitantes como para las distintas instancias administrativas implicadas”.
Ya es oficial: las personas trans extranjeras podrán cambiar su nombre y sexo en sus documentos
El nuevo protocolo de Interior desarrolla la Ley Trans y permitirá actualizar la documentación expedida en España, incluso cuando el cambio no pueda realizarse en el país de origen
Una manifestación con la activista trans Mar Cambrollé al frente. (Matías Chiofalo/Europa Press)
Las personas trans extranjeras residentes en España podrán solicitar la rectificación de su nombre y sexo en la documentación expedida por la Policía Naciona a partir de este martes, gracias al nuevo protocolo aprobado por el Ministerio del Interior. La resolución, publicada en la Orden General del cuerpo y firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, supone un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas trans migrantes y desarrolla lo previsto en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
El nuevo procedimiento permitirá modificar los datos identificativos en documentos como la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE), la Cédula de Inscripción de Extranjero Indocumentado, el Título de Viaje de Indocumentado, la documentación de solicitantes de protección internacional o apatridia, así como los certificados de residencia.
Dos vías para acceder al cambio
El protocolo contempla dos situaciones diferentes. La primera afecta a las personas que no pueden modificar legalmente su nombre y sexo en su país de origen. En estos casos, la Brigada de Extranjería y Fronteras solicitará un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para acreditar la imposibilidad legal o material de realizar esa rectificación. Si el informe es favorable, se procederá a modificar los datos en el Registro Central de Extranjeros y se expedirá una nueva documentación.
La segunda vía está dirigida a quienes ya hayan realizado el cambio registral en su país de origen. En ese supuesto, bastará con presentar el pasaporte o documento de viaje actualizado, junto con el documento cuya modificación se solicita.
La Dirección General de la Policía fundamenta este protocolo en la Ley 4/2023, que reconoce el derecho de las personas extranjeras a que su documentación administrativa refleje su identidad de género, tanto cuando hayan podido modificarla en su país de origen como cuando acrediten que dicho cambio resulta imposible por razones legales o de hecho. Asimismo, la resolución cita como respaldo la sentencia 181/2026, dictada el 5 de junio por el Tribunal de Instancia de Madrid, que obligó a la Administración a atender la solicitud de un ciudadano extranjero cuyo país de origen no permitía modificar la mención registral relativa al sexo.
Una reivindicación del movimiento trans
La aprobación del protocolo llega pocas semanas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara en el Senado la puesta en marcha de este mecanismo con carácter urgente para eliminar las trabas administrativas que encontraban las personas trans migrantes.
Esa demanda fue trasladada al Congreso por Plataforma Trans, que impulsó una propuesta para garantizar que las personas trans extranjeras pudieran ejercer este derecho incluso cuando la legislación de sus países de origen impidiera modificar sus datos registrales. La iniciativa reclamaba el desarrollo efectivo de la Ley Trans mediante un procedimiento administrativo específico que evitara situaciones de discriminación y asegurara el reconocimiento de la identidad de género en toda la documentación expedida en España.
De la rabia a la lucha y de los derechos a la transformación social: 49 años de Orgullo LGTBIQ+ en España
Las calles de miles de ciudades en todo el país se inundarán este domingo 28 de junio de banderas arcoíris y millones de personas reivindicado la dignidad y defendiendo los derechos de las disidencias sexuales.
(Foto de ARCHIVO)
Un grupo de personas con pancartas durante una manifestación organizada por la plataforma de Orgullo Crítico, a 28 de junio de 2022, en Madrid (España). Bajo el lema ‘Sin papeles no hay Orgullo’, esta manifestación tiene como objetivo poner el foco en la necesidad de regular la situación administrativa de 500.000 personas migrantes en España así como reivindicar las ‘luchas queer’. El Orgullo Crítico es una plataforma que aglutina a diferentes colectivos y activistas del movimiento queer para generar una agenda y una convocatoria propia y alternativa al MADO.
Fernando Sánchez / Europa Press
28 JUNIO 2022;MADRID;ORGULLO;FIESTAS;MANIFESTACIÓN;LGTBI
28/6/2022
Madrid–
La reivindicación del Orgullo LGTBIQ+ nació como una impugnación del estigma. La propia palabra lo indica: el Orgullo hace frente a la vergüenza. Ogullosas disidentes, lokas, invertidas, desviadas y orgullosas de ocupar las calles cuando las calles todavía eran un lugar hostil, llenas de perseguidas, encarceladas, señaladas, empujadas a vivir en las esquinas. El Orgullo en España tiene su origen en una manifestación a cuya cabeza iban personas trans y trabajadoras sexuales que avanzaban Rambla abajo mientras los policías les aporreaban y les rompían la boca. Este Orgullo recuerda, casi medio siglo después, a aquellas que pusieron el cuerpo.
«A pesar de que la policía actuó en aquella manifestación en Barcelona del 77 de una manera brutal, con cargas, botes de humo, bolas de goma y, a pesar de que todo el mundo salimos a correr -yo la primera-, esas mujeres no se movieron de la pancarta», recuerda en conversación con Público Mar Cambrollé, fundadora del MHAR (Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria) y presidenta de la Federación Plataforma Trans. Ella, que se orilló a un lado de la calle «para no recibir ningún porrazo», pudo ver con sus propios ojos «sus bocas chorreando sangre»: «Yo era muy jovencita y no entendí por qué seguían allí mientras les pegaban. Luego supe que no tenían nada que perder, todo lo que podíamos llegar a ganar eran derechos y dignidad«.
Primera lucha: la despenalización
La historia del movimiento LGTBIQ+ suele contarse como una línea ascendente que va de la represión franquista a la democracia, de la clandestinidad a la visibilidad, de la persecución penal al matrimonio igualitario, de la patologización al reconocimiento de la autodeterminación de género. Esa lectura contiene parte de verdad, en tanto que ha habido avances innegables, pero también simplifica una trayectoria mucho más conflictiva, atravesada por tensiones internas, disputas políticas y formas distintas de entender qué significa liberarse. No todas las personas llegaron al movimiento queer desde el mismo sitio ni con las mismas posibilidades de ser escuchadas.
Lucas Platero, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador y activista, advierte precisamente contra esa tentación de relatarnos la historia de las luchas LGTBIQ+ arrastrando «esta idea del pensamiento lineal o la historia como una sucesión de hechos». A él, esa forma de recordar le lleva a pensar también en «quién se recuerda, qué es lo que se recuerda y a quién se olvida».
Mar Cambrollé: «Nosotras hemos cambiado una sociedad que no logró cambiarnos a nosotras»
Platero señala cómo en España, paradójicamente, se conoce mucho más a figuras del contexto norteamericano, como Sylvia Rivera o Marsha P. Johnson, que a muchas de las mujeres que estuvieron en aquella primera línea de la primera protesta en la Barcelona del 77: «Son nuestras heroínas, pero es mucho más fácil quedarnos con la idea de que estas son las heroínas de un contexto que no es el nuestro. Sobre todo porque muchas veces estas heroínas pueden ser personajes con los que luego tenemos una relación ambivalente«.
El investigador menciona a Cristina Ortiz, la Veneno, «cómo los medios de comunicación nos la presentaban de una manera, cómo se la ha utilizado para reírse de las de los freaks, de la gente rara, frente a otros liderazgos mucho más normativos, más fáciles de reclamar para la historia de los LGTBIQ+». La pregunta sobre cómo se hace memoria no deja de ser también una pregunta por el poder.
En los primeros años de la Transición, las luchas de las disidencias se articularon en un país que salía de una dictadura profundamente viril, LGTBIfóbica. Las disidencias fueron perseguidas bajo marcos legales como la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Algo que duró hasta 1978. Aquello, sin embargo, no supuso el fin a su persecución.
«Ya no nos podían meter presos, pero seguía figurando el escándalo público en el Código Penal«, explica. Esa figura jurídica, aunque no hacía referencia expresa a la orientación sexual o la identidad de género, fue utilizada durante los primeros años de la democracia para sancionar a parejas del mismo sexo por darse la mano o, especialmente, para perseguir a las mujeres trans cuya expresión de género era considerada un «escándalo». «Por salir vestida de mujer podían multarme y retenerme hasta 72 horas en comisaría. Eso duró hasta 1988, diez años después de aprobarse la Constitución», recuerda Mar Cambrollé, que también menciona a las mujeres que hasta el 85 fueron víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, «muchas de ellas solo por ser lesbianas o bisexuales».
Estos ejemplos ilustran en qué medida las luchas LGTBIQ+ nunca fueron solo una demanda de mayor visibilidad. Fueron, y siguen siendo, una pelea por poder estudiar, trabajar, alquilar una vivienda, acudir a un médico sin miedo, caminar por la calle sin que nadie te agrediera: «Nosotras hemos cambiado una sociedad que no logró cambiarnos a nosotras. Tuvimos que renunciar al amor de nuestras familias para ser quienes éramos. Era imposible poder estudiar, era imposible poder trabajar. Nuestro lugar para las mujeres trans fueron las esquinas y el espectáculo«, expresa Cambrollé.
La pandemia del sida: otras formas de organizarse
El movimiento queer estaba intentando «eliminar leyes represivas» y «asomar la patita fuera del armario» cuando, a principios de los años 80, estalló la crisis del VIH/sida. Aquella pandemia no solo tuvo un impacto devastador en la vida de miles de personas; también transformó radicalmente las formas de activismo, como recuerda Javier Sáez del Álamo, sociólogo, traductor, activista gay y especialista en teoría queer.
«La rápida identificación entre la enfermedad y esta comunidad» se convirtió en «una de las estrategias de propaganda homofóbica más llamativas de la historia contemporánea», escribe Sáez del Álamo en Propaganda queer (Bellaterra). De pronto, los cuerpos homosexuales volvieron a ser leídos como una amenaza, un foco de contaminación y un peligro para el conjunto de la sociedad. Se recrudeció un estigma que todavía hoy, en cierto sentido, se arrastra.
Javier Sáez del Álamo: «Hay un discurso de culpabilización vinculado a la sexualidad que hizo mucho daño»
«Hay un discurso de culpabilización vinculado a la sexualidad que hizo mucho daño», explica el sociólogo. El dilema que surgió entonces entre los colectivos fue muy cruel: si hablaban del sida, podían contribuir involuntariamente a reforzar la asociación entre homosexualidad y enfermedad; pero, si no lo hacían, dejaban sola a una comunidad que estaba muriendo y a unas autoridades que, según recuerda, «no tenían una reacción nada positiva» y «no hacían casi nada».
«El cáncer gay» fue, recuerda Carla Antonelli -primera diputada trans en España-, uno de los primeros titulares con los que la epidemia llegó a España: «Era un runrún de que había una enfermedad que se contagiaba entre gays. Eso era lo que nos llegaba porque era lo que estaban sacando los medios de comunicación».
En ese contexto, surgieron grupos y redes que tomaron la decisión de que la única opción era empezar a hablar de prevención, acompañar a sus amigas, amigos y amigues enfermas y denunciar, así, la homofobia que estaba sobrevolando toda la información que se iba ofreciendo sobre la expansión del virus. Sáez del Álamo menciona el papel de colectivos como La Radical Gai y LSD, y subraya algo que, a su juicio, no se reconoce lo suficiente: «Los hombres gays acaparamos mucho el discurso, pero hubo una gran solidaridad de amigas lesbianas, activistas, de mujeres«. Para él, hacer ese ejercicio de memoria es importante porque el relato dominante tendió a invisibilizar el trabajo de cuidados, de prevención y de elaboración política que muchas mujeres queer sostuvieron.
Mar Cambrollé coincide en esa lectura. Recuerda el VIH como un duro golpe que sufrieron también las mujeres trans que habían sido empujadas a la prostitución. «Hubo una gran red dentro del colectivo de apoyo, de amor, de cariño, de asesoramiento y sobre todo de prevención«, apunta.
«Planteó una esperanza de vida distinta para las personas LGTBIQ+, que ya de entrada muchas veces no se imaginaban un futuro para sí mismas y que tuvieron, en el caso de España, que dejar de hacer un activismo incipiente en la transición para tener que girar en la prestación de servicios«, explica Lucas Platero. El diagnóstico se percibía como una sentencia de muerte, recuerda Carla Antonelli: «Muchísima gente, cuando le diagnosticaban el VIH, vendía todos sus bienes para intentar disfrutar el tiempo que le quedaba. Muchos amigos y muchas amigas se fueron«.
Nuevas demandas: el matrimonio igualitario y la autodeterminación de género
A medida que avanzaba la democracia, el movimiento LGTBIQ+ fue ganando presencia pública y capacidad de interlocución institucional. Llegó la lucha por las parejas de hecho, el matrimonio igualitario, las leyes autonómicas, el reconocimiento de derechos para las personas trans, la disputa por la despatologización, la pelea contra las terapias de conversión y por una educación que no expulsara a las infancias y adolescencias disidentes. Y, con cada conquista, se abrieron nuevos debates sobre el precio de esa institucionalización.
Sáez del Álamo defiende que la rabia fue un motor imprescindible en toda esta época. «Hay una rabia lógica por toda la violencia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo«, una rabia que en cierta medida ha permitido mantener viva la dimensión más radical de estas luchas, capaz de señalar a las raices del sistema que produce el «régimen heterosexual», instalado en la cultura, la educación, el cine y la vida cotidiana, que obliga a toda la sociedad a organizarse bajo la heterosexualidad como norma. Desde esa perspectiva, una parte de los debates internos que surgieron dentro del movimiento queer tiene que ver con el binomio integración-transformación.
Sáez del Álamo lo expresa en términos de clase. Recuerda que dentro del movimiento LGTBIQ+ conviven personas con posiciones sociales muy distintas y no todas tienen las mismas necesidades. Para algunas, los derechos vinculados al matrimonio, la herencia, ambas relacionadas en el fondo con el derecho a la transmisión patrimonial, son cuestiones centrales, entre otras cosas porque disponen de esos bienes, de ese capital económico. Para otras, atravesadas por la pobreza, la migración, el racismo, la precariedad o la exclusión laboral, las urgencias pasan por otros lugares.
Siempre existe el riesgo de que el movimiento se separe de las personas LGTBIQ+ más vulnerables.
Lucas Platero también señala ese «desplazamiento de las demandas» y habla de que siempre existe el riesgo de que el movimiento se separe de las personas LGTBIQ+ con necesidades más apremiantes. «Las personas LGTBI más vulnerables siempre están ahí», advierte, aunque no siempre hayan sido la prioridad de unos movimientos que, al volverse más hegemónicos, también han tendido a volverse «más respetables» y más centrados en cuestiones de la clase media. Uno de los debates que en estos momentos sigue abierto entre las colectivas queer tiene que ver justamente con esto.
Mar Cambrollé reconoce que siempre han existido esas posiciones, más «civilistas», aunque defiende que la ampliación de derechos nunca obliga a nadie a ejercerlos. «Los derechos garantizan, pero no obligan», resume. A su juicio, el verdadero problema no fue haberse centrado en conquistar cosas como el matrimonio igualitario, sino que otras reivindicaciones siguieran relegadas. Mientras dos personas del mismo sexo lograban acceder al matrimonio en 2005, las personas trans, por ejemplo, continuaban luchando por algo tan elemental como el reconocimiento legal de su identidad.
La activista recuerda que el primer cambio registral de nombre no llegó hasta 1987 y únicamente para una mujer trans que ya se había sometido a una cirugía genital diez años antes. Después, la ley de 2007 eliminó esa exigencia quirúrgica, pero mantuvo otras condiciones que considera profundamente vulneradoras de derechos, como acreditar un diagnóstico de disforia y dos años de tratamiento hormonal. «Siempre dije que aquella ley nació con fecha de caducidad«, sostiene Cambrollé, convencida de que seguía tratando a las personas trans como pacientes antes que como sujetos de derechos. Nada de eso cambiaría hasta la ley trans de 2023.
Disidentes dentro de las disidencias
Otro de los grandes cambios que han tenido lugar en estas casi cinco décadas gracias a las luchas queer tiene que ver con la forma de nombrar las identidades y de comprender el género. Javier Sáez del Álamo recuerda que en los años 80 y 90 el debate estaba muy marcado por los hombres gays y, en menor medida, por algunas lesbianas, mientras las voces trans quedaban a menudo omitidas o ausentes. «No se invitaba, no se hablaba, no se tenía muy en cuenta a las personas trans». Eso, dice, ha cambiado en las últimas dos décadas, gracias al impulso del activismo trans y, sobre todo, con la irrupción de las críticas al binarismo.
Eugeni Rodríguez: «Primero era el Día por la Liberación Lesbiana y Gay, y luego se fueron sumando letras hasta hoy»
«Primero era el Día por la Liberación Lesbiana y Gay, y luego se fueron sumando letras hasta hoy«, recuerda en el mismo sentido Eugeni Rodríguez, presidente de l’Observatori Contra la Homofobia de Catalunya (OCH). En su caso, su primer compromiso político nació del antimilitarismo y de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Buscando apoyos, terminó acercándose a otros movimientos sociales y, a mediados de los años ochenta, conoció a integrantes del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), organización en la que continúa militando.
«Todo era un poco ir abriendo espacios de luz y de libertad, pasar del blanco y negro al color«, resume Rodríguez. Los festivales de cine, las manifestaciones cada 28 de junio «cayera el día que cayera» y los primeros colectivos feministas, gays y lesbianos fueron construyendo una red de activismo que, con el paso de los años, fue ampliando también su sujeto político y, con ello, su discurso.
Sáez del Álamo argumenta que los discursos y narrativas no binarias son hoy uno de los elementos más transformadores porque cuestionan el núcleo sobre el que se ha organizado buena parte del orden social: la división rígida entre hombre y mujer. Tocar ese núcleo, afirma, hace que se desmoronen muchas otras certezas.
Se trata de luchas, además, que han asimilado la indisociabilidad entre feminismo y luchas LGTBIQ+. Para el sociólogo, no se puede entender la homofobia, la lesbofobia, la bifobia o la transfobia sin el patriarcado. «El feminismo es fundamental para explicar todo lo que pasa», sostiene. Como señala Sáez del Álamo, el ataque contra las personas LGTBIQ+ está profundamente vinculado a los roles de género y a la jerarquía que devalúa todo lo asociado a lo femenino. La violencia contra un hombre gay con pluma, por ejemplo, no se entiende sin preguntarse por qué parecerse a una mujer se considera algo degradante, resume el activista.
Estas ideas también han acarreado su propia reacción, con una serie de discursos antitrans que se recrudecieron, sobre todo, desde la eclosión de la cuarta ola feminista. La tramitación parlamentaria de la ley trans retomó uno de los debates que ha generado más tensiones dentro del movimiento desde finales de la década de los 70. Aquí en España, a nivel político, enfrentó públicamente al Ministerio de Igualdad de Irene Montero con un sector del PSOE encabezado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, que se oponía al reconocimiento de la libre autodeterminación de género.
En junio de 2021, en pleno debate de la norma, llegó a ponerse en circulación un documento interno del PSOE titulado Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres. «Un manifiesto transfóbico que fue la guía espiritual de la ultraderecha, lleno de bulos que han repetido como un mantra», lamenta Mar Cambrollé. «Hace falta ser muy cafre para empoderar a una ultraderecha que mañana, y no mañana, ya hoy, te va a quitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o si puede al voto, como se ha visto en Estados Unidos», critica en el mismo sentido Carla Antonelli.
Pese al enorme impacto que tuvo aquella proliferación de discursos de odio contra las personas trans, tanto Carla Antonelli como Mar Cambrollé relativizan tanto su peso como su capacidad de influencia. Para ambas, las multitudinarias movilizaciones que tienen lugar cada 8 de marzo continúan reflejando que el feminismo mayoritario sigue siendo transincluyente y que la historia compartida entre los movimientos feministas y LGTBIQ+ pesa mucho más. Se muestran mucho más preocupadas por el avance ultra.
Frenar a la ultraderecha, salir a las calles
Casi medio siglo después de aquella primera manifestación en Barcelona, el movimiento LGTBIQ+ vuelve a enfrentarse a una ofensiva que, aunque adopta nuevas formas, recupera viejos mecanismos. La retirada de banderas arcoíris por parte de gobiernos del PP y Vox, la criminalización de las políticas de igualdad o el auge de la agenda «antigénero» forman parte de una reacción a avances que son, en buena medida, irreversibles.
Javier Sáez del Álamo interpreta este momento como el intento de «buscar un culpable» sobre el que proyectar el malestar social y advierte de que la ultraderecha trata de situar a las personas LGTBIQ+, las migrantes o las racializadas como chivos expiatorios para evitar que el foco se dirija hacia otros conflictos estructurales. Mar Cambrollé alerta de que la inacción institucional también tiene consecuencias y lamenta que derechos conquistados hace apenas unos años, como parte de los recogidos en la ley trans, sigan sin desplegarse plenamente.
Mientras que Eugeni Rodríguez, por su parte, reconoce que echa «un poco de menos toda la espontaneidad de la calle», recuerda que los avances legales no eliminan por sí solos la violencia cotidiana y reivindica la necesidad de no dejar de lado la potencia de las asambleas o los encuentros presenciales como espacios de alianza y lucha antifascista: «Para mí lo importante es el tema antifascista, tener una visión muy clara de lo que nos jugamos con los discursos ultraderecha y los discursos del odio, y lo importante es estar en espacios, como cada año pasa en el Ogullo, donde podamos alzar la voz«, concluye.
https://www.publico.es/mujer/rabia-lucha-derechos-transformacion-social-49-anos-orgullo-lgtbiq-espana.html?fbclid=IwY2xjawSvBpJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETEwaTNVTDJDMng4YUFoNjBIc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHokGeXLpfDOks0DpRkmplA9JwgUK5TjJaDcPW6ztbolIp-YzgmVoH6gMXyev_aem_YWdncwCcCKF-T2T2PnH7-Ku2gOEv&brid=YWdncwEFWYGxvWXDWQh9LpJM5npF
Plataforma Trans celebra la PNL registrada en el Congreso para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley 4/2023 con las personas trans migrantes
La Federación Plataforma Trans ha celebrado el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley presentada por Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG para instar al Gobierno a aprobar de forma urgente el Real Decreto que debe desarrollar el artículo 50 de la Ley 4/2023, garantizando así el derecho de las personas trans migrantes a adecuar su nombre y marcador de sexo en la documentación expedida por el Estado español. La iniciativa parlamentaria recoge la propuesta de Real Decreto elaborada por un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid a instancias de la Federación Plataforma Trans, y que fue remitida por la entidad al presidente del Gobierno hace más de un mes con el objetivo de dar cumplimiento a un mandato legal que acumula ya más de tres años de retraso.
La ausencia de este desarrollo reglamentario mantiene a miles de personas trans migrantes en una situación de inseguridad jurídica y vulneración de derechos, obligándolas a utilizar documentación que no refleja su identidad de género y generando dificultades en ámbitos tan cotidianos como el empleo, la vivienda, la atención sanitaria o las relaciones con la Administración.
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha señalado que “la reciente sentencia dictada por un juzgado de Madrid, que ha obligado a la Administración a modificar el nombre y el marcador de sexo en la documentación de una mujer trans migrante residente en España, demuestra la urgente necesidad de aprobar el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 50 de la Ley Trans. La propia sentencia deja claro que este derecho no puede quedar vacío de contenido por la falta de actuación del Gobierno y pone de manifiesto la situación de indefensión que sufren numerosas personas trans migrantes, obligadas en muchos casos a acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho que ya les reconoce la legislación vigente”. “No estamos reclamando nuevos derechos, sino exigiendo el cumplimiento de una ley que el propio partido del Gobierno aprobó hace más de tres años. Cada día de retraso supone prolongar una situación de discriminación que afecta directamente a la dignidad y a la vida cotidiana de miles de personas trans migrantes,” continua Cambrollé. “La propuesta de Real Decreto ya está sobre la mesa. No existen excusas para seguir incumpliendo el artículo 50 de la Ley Trans. Esperamos que el Gobierno atienda al cumplimiento de sus propias leyes y apruebe de manera inmediata este desarrollo de la Ley Trans, imprescindible para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas trans, con independencia de su nacionalidad.” Ha finalizado.
La Federación Plataforma Trans agradece el compromiso de los grupos parlamentarios impulsores de esta iniciativa y confía en que el Gobierno proceda, sin más demora, a aprobar el desarrollo reglamentario pendiente para hacer efectivo un derecho reconocido por ley.
La Plataforma Trans reivindica «mucho orgullo y furia trans» frente al «odio» de un diputado murciano de Vox
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Plataforma Trans reivindicó este jueves «mucho orgullo y furia trans» frente al «odio» presente en las declaraciones del diputado de Vox en Murcia Antonio Martínez Nieto en las que aseguró que el «comunismo» ha sacado a las personas Lgtbi+ «del catálogo de los trastornos».
Según defendió la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ser una persona Lgtbi+ «ni es un trastorno ni una ideología» y denunció la persistencia de discursos que estigmatizan al colectivo en pleno mes del Orgullo.
La Plataforma Trans rechazó de forma contundente esas afirmaciones de Martínez Nieto y subrayó que «ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans ni es un trastorno ni es una ideología», y denunció que históricamente ha sido el odio el que ha perseguido al colectivo.
La organización señaló al «totalitarismo y al fascismo» como las ideologías responsables de la represión, recordando episodios como la persecución durante el franquismo en España o la discriminación en campos de concentración nazis.
En la antesala del Orgullo, la Plataforma Trans reivindicó los derechos del colectivo bajo lemas como «frente al odio, derechos» y llamó a responder con «orgullo y furia trans».
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/661685/plataforma-trans-reivindica-mucho-orgullo-furia-trans-frente-odio-diputado-murciano-vox
