Más de 100 mujeres trans sobreviven a prácticas de tortura en las cárceles de Buenos Aires
Más de 100 mujeres trans sobreviven a prácticas de tortura en las cárceles de Buenos Aires
Desde mayo de 2024, la Comisión Provincial de la Memoria ha registrado más de 800 denuncias de tortura contra personas trans y travestis en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El organismo destaca que existe un régimen de control diferenciado para las mujeres trans y otras personas del colectivo LGBTI+ que las expone a mayor violencia.
A las 4 de la mañana del pasado 14 de abril, un grupo de agentes entró de sorpresa en el Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires. Despertaron a las detenidas a los gritos, sacudiéndolas y arrastrándolas fuera de sus camas sin dar ninguna explicación. Eran más de 45 personas en ese pabellón, todas LGBTI+, la mayoría mujeres trans. Las sacaron al patio a empujones, con insultos. A los golpes.
Esa madrugada llovía y muchas estaban casi desnudas. Las hicieron correr hacia otro sector del penal. Mojadas y llenas de barro, las encerraron en “los buzones”. Así le llaman a las celdas de aislamiento, utilizadas como forma de castigo en esta cárcel. Les decomisaron sus celulares, para que no pudieran comunicarse con sus familiares, conocidos o abogados. La mayoría pasó allí más de tres días. Algunas, hasta más de 15.
Distintos informes de la Comisión Provincial por la Memoria —organismo público que investiga casos de tortura y violación de derechos humanos— describen a los “buzones” como el peor lugar del penal. Son espacios que suelen estar desprovistos de elementos básicos. Como un foco de luz artificial, por ejemplo, o una llave de agua potable.
Testimonios de quienes han pasado por “los buzones”, documentados por inspectores de la CPM, coinciden en resaltar al frío y al hambre como los dos grandes padecimientos en estos espacios. También relatan que, en este sector, el personal penitenciario ejerce violencia y humillación con más saña. A las personas trasladadas esa madrugada, además del aislamiento, se les privó de sus medicamentos.
Por todo esto, la CPM denuncia la situación ocurrida en el llamado “pabellón de la diversidad” de Sierra Chica como un hecho de torura. “La modalidad de la requisa y la violencia ejercida reflejan el carácter abusivo del operativo. Algo así nunca debió haber ocurrido”, señala Roberto Cipriano García, secretario del organismo. Pero lejos de tratarse de un un caso extraordinario, lo reportado da cuenta de una situación recurrente, cotidiana, que enfrentan las mujeres trans y otras personas LGBTI+ detenidas en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Más de 100 personas LGBTI+ violentadas
La CPM presentó de inmediato un hábeas corpus, un recurso legal urgente que exige la intervención de un juez para frenar posibles arbitrariedades. Gracias a esto, la jueza que tomó parte ordenó la atención médica de todas las personas agredidas, la entrega de sus medicamentos y la devolución de sus pertenencias.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió que el caso se investigue con perspectiva de género. El organismo advierte que ha constatado la existencia de un régimen diferenciado, con mayores niveles de vigilancia y castigo, dirigido a mujeres trans y otras personas del colectivo LGBTI+.
A las personas LGBTI se las priva de tratamientos hormonales, antirretrovirales y se las castiga con aislamientos prolongados.
Aparte de la violencia física y psicológica denunciada, el solo hecho de que se aplicara un castigo colectivo ya evidencia la gravedad del abuso. Las autoridades penitenciarias, hasta ahora, ni siquiera han ofrecido una explicación formal que justifique el operativo.
Pero es una violencia que trasciende a este centro. Desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, la CPM ha presentado un total de cuatro habeas corpus colectivos, por acciones que considera tortura, tratos crueles y/o degradantes en contra de personas LGBTI+.
Las medidas de protección se tomaron en favor de más de 120 personas, la mayoría mujeres trans, detenidas en tres cárceles de la provincia: además de la de Sierra Chica, en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela y la Unidad Penal 44 de Batán, en Mar del Plata.
Estas denuncias revelan patrones de abuso similares. Otro de los hábeas corpus fue presentado en septiembre de 2024, para denunciar que en el penal de Florencio Varela más de 50 personas LGBTI+ eran sometidas a requisas vejatorias —inspecciones que implican el desnudo y la revisión de todo el cuerpo— y violencia física por parte del personal penitenciario.
Existe un régimen de control diferenciado para las mujeres trans y otras personas del colectivo LGBTI+ que las expone a mayor violencia.
La CPM también ha denunciado varias veces sobre requisas violentas y humillantes en la Unidad Penal 44 de Batán, en Mar del Plata. Algunos de estos actos podrían, incluso, constituir abuso sexual. El último habeas corpus colectivo fue presentado en febrero del año pasado, para exigir garantías en favor de un grupo de aproximadamente 12 mujeres trans. El organismo ha verificado que este tipo de requisa, la forma y la periodicidad, no se realizan a otras personas del centro penitenciario. Solo a las mujeres trans.
Más de 800 denuncias sobre tortura
Sin embargo, en estos tres centros penitenciarios y en varias alcaidías de la provincia, todas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la denuncia más frecuente tiene que ver con las trabas para acceder a atención médica o recibir los medicamentos que necesitan.
La CPM entrevistó a 93 mujeres trans y travestis detenidas en unidades y alcaidías del SPB, entre enero de 2024 y mayo de 2025. En total, reportaron cerca de 800 denuncias que el organismo califica como tortura y tratos crueles. Más de la mitad de esos casos están vinculados con la falta total o parcial de atención médica.
“El problema del acceso a la salud de toda la población detenida es alarmante, pero para personas trans y travesti adquiere dimensiones más graves”, explica Juan Introzzi, director del Programa de Inspección a Lugares de Encierro de la CPM.
Esta vulneración es resultado, principalmente, de la patologización de sus identidades, la falta de reconocimiento de las mismas y la violencia que sufren de los profesionales de la salud cuando buscan atención y cuidados.
“No son hechos aislados, sino condiciones permanentes y repetidas que profundizan la vulnerabilidad de estas personas en el encierro”, agrega Introzzi. Según una encuesta realizada por la Comisión en 2022, 7 de cada 10 mujeres trans y travestis dijeron padecer algún tipo de enfermedad. La mitad tenía más de una afección diagnosticada. Y 5 de cada 10 entrevistadas vivían con VIH.
Padecen la cancelación sistemática de turnos médicos y la interrupción de tratamientos antirretrovirales. En casi todos los casos, se les niega o suspende el acceso a los procesos de hormonización.
En 2024, el 30% de la población trans en las prisiones de la provincia no estaba recibiendo su tratamiento hormonal, según un reporte que la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires publicó este año. Y el 60% estaba recibiendo el tratamiento de manera irregular.
“Seguimos presentado acciones judiciales, denunciando penalmente estas condiciones. Pero, lamentablemente, este tipo de prácticas de torturas no cesan”, apunta Introzzi. “Incluso con sentencias favorables para las víctimas, el abuso continúa”.
Los traslados como forma de castigo
Además del aislamiento prolongado y las requisas vejatorias, la CPM tiene años denunciando cómo los traslados recurrentes entre unidades penitenciarias operan como otra forma de disciplinamiento. Ha verificado que esta medida se utiliza como castigo hacia quienes denuncian agresiones o exigen atención médica.
El caso de Lara, una mujer trans de 37 años, expone con crudeza el nivel de violencia. En un periodo de apenas cinco meses, entre junio y octubre de 2023, fue trasladada hasta seis veces. En cada traslado, era esposada y encerrada durante largas horas en la “latita” del camión, llegando a pasar hasta 48 horas dentro de él.
Y una vez en destino, el maltrato se reactivaba. En junio de 2023, a Lara la aislaron en una sección para varones de la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica. Mientras estuvo en este lugar, no podía bañarse porque no había personal femenino disponible para llevarla desde su celda hasta el sector de duchas.
Desde 2017 —el primer año del que la CPM tiene registros— hasta 2023, se reportaron 48 muertes de mujeres trans en cárceles y alcaidías del SPB.
Pasó más de 50 días aislada en los “buzones” del sector para varones. En su celda no tenía acceso a agua potable. Le entregaban alimentos crudos. Como no tenía algún artefacto para cocinarlos, solo se alimentaba con fruta y pan.
Los inspectores de la CPM la volvieron a entrevistar el 1 y el 8 agosto de ese año. Entonces, ya tenía moretones y había bajado de peso. Contó que le había tocado dormir varios días en el piso y luego en un colchón mojado. Que los insultos y la humillación eran a toda hora. Y que las autoridades penitenciarias le habían prohibido hasta recibir las visitas de sus conocidos.
En dos de los centros en los que estuvo, tampoco le permitían tener elementos para depilarse. “Me hicieron recordar que era hombre. Hace años no me veía con barba”, dice su testimonio, reseñado en el último reporte anual de la CPM. Tenía ya meses que no accedía a su tratamiento de hormonización.
En ese tiempo, también comenzó a tener dolores en glúteos y caderas, zonas donde tiene implantes de silicona. La desesperación llegó a ser tal que, en algún momento, se declaró en huelga de hambre para denunciar lo que le hacían.
Recién a fines de 2023, fue alojada en el pabellón de diversidad de Batán, en Mar del Plata. “El cuerpo de Lara cargó con las consecuencias de la violencia transodiante de la sociedad y también de las torturas sistemáticas del Estado por medio del poder punitivo”, señala la CPM. “Su dolor es parte intrínseca del sistema penitenciario, que disciplina los cuerpos y las conductas por medio de la tortura”.
Mayor cantidad de suicidios
El peligro de muerte es latente. Sasha Barrionuevo, una mujer trans de 38 años, falleció el 20 de julio de 2022 tras semanas sin recibir atención médica en la Alcaidía 44 de la cárcel de Batán. Había perdido 30 kilos en poco tiempo y presentaba síntomas graves: vómitos, mareos y pérdida de visión.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el Servicio Penitenciario Bonaerense desestimó sus síntomas. Se los inventaba, decían los agentes. Una orden judicial terminó exigiendo su traslado, pero ya era tarde: Sasha murió pocos días después en el hospital.
Desde 2017 —el primer año del que la CPM tiene registros— hasta 2023, se reportaron 48 muertes de mujeres trans en cárceles y alcaidías del SPB. El 66% estuvo relacionado con problemas de salud. Generalmente, dice el organismo, este tipo de fallecimientos son consecuencia de la falta de una atención adecuada.
Pero el daño no es solo físico. El 31% de las muertes de personas trans en este periodo fueron suicidios. Una proporción mucho más alta que entre varones (8,7%) y mujeres cis (9%).
La militancia como garante
“Las que están adentro cuentan con las que estamos afuera”, dice Victoria Disalvo, militante del Colectivo Autónomo de Trabajadorxs Sexuales (CATS). Hace más de tres años que el CATS acompaña a mujeres trans detenidas en la Alcaidía 44 de Batán, en Mar del Plata.
Las acompañan como pueden: hacen colectas para comprar artículos de limpieza, materiales de estudio, comida, medicamentos. Y también denuncian lo que pasa rejas adentro. En estos años, lograron visibilizar situaciones graves: videos donde se ve al personal penitenciario romper la medicación, casos urgentes de salud desatendidos, las precarias condiciones de las celdas.
“Se calmaron cuando vieron que había gente de afuera mirando. Se atreven a agredirlas porque las suponen solas”, dice Victoria. Este año, muchas personas empezaron a sumarse desde la Asamblea Antifascista. La red crece. Pero las violencias siguen.
Las requisas humillantes continúan. Hay miedo de denunciar porque el castigo es el traslado, remarca Victoria, algo que las alejaría de sus sistemas de apoyo. Y ninguna de las mujeres trans que está hoy en ese penal accede a su tratamiento hormonal. “Por eso, tenemos que estar más presentes que nunca. Esta gente espera a que baje la exposición para desplegar todo su odio”.
Al cierre de mayo pasado, había 114 mujeres trans detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, más del 90% está acusada de infringir la ley 23.737 —delitos vinculados a la tenencia y tráfico de drogas—. Sin embargo, más del 60% aún no tiene condena. Es decir, ante la justicia, todavía siguen siendo inocentes.
https://www.pagina12.com.ar/834794-mas-de-100-mujeres-trans-sobreviven-a-practicas-de-tortura-e
Orel Morales, el primer policía trans de la CDMX que desafía los estigmas; «no somos moda», afirma
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Orel, de 38 años, decidió asumir una nueva identidad como hombre transgénero en septiembre de 202
Orel Morales, primer PBI trans de la CDMX.
En una institución tradicionalmente asociada con estructuras rígidas y normas conservadoras, Orel Morales Goya se ha abierto paso como el primer Policía Bancario e Industrial (PBI) transgénero de la Ciudad de México.
Antes de ponerse el uniforme y realizar su transición, fue mensajero de un despacho jurídico; un trabajo mal pagado y que implicaba largas jornadas. Fue entonces que decidió darse de alta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.
“Al principio entré por obligación de trabajo, pero con el tiempo le agarré amor a la profesión y ahora es una de las cosas que no cambiaría de mi vida”, cuenta el policía en entrevista para EL UNIVERSAL.
Colectivos trans de Euskadi denuncian «listas de espera de cinco años» para operarse en Osakidetza
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Las asociaciones Lumagorri, Anitzak y Loratuz Lotu afean también que el Gobierno vasco no les haya consultado en la elaboración de la guía sanitaria sobre cómo atenderles
Por Elena Jiménez
Las asociaciones trans del País Vasco Lumagorri (Álava), Anitzak (Bizkaia) y Loratuz Lotu (Gipuzkoa) han presentado este viernes un informe -el primero que se realiza de este tipo, según han defendido- sobre la Unidad de Identidad de Género (UIG) de Osakidetza que, situada en el hospital vizcaíno de Cruces, atiende a los tres territorios vascos e, incluso, a pacientes llegados de comunidades vecinas como Navarra, Cantabria, La Rioja, Castilla León y Valencia.
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Entrevista a Mar Cambrollé: “El salvajismo de la dictadura franquista despertó la organización del colectivo LGTBI”
Entrevista a Mar Cambrollé: “El salvajismo de la dictadura franquista despertó la organización del colectivo LGTBI”
02 Junio 2025
El Militante (el periódico de Izquierda Revolucionaria) ha entrevistado a Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans y activista histórica por los derechos LGTBI y la libertad sexual.
En esta conversación hablamos de los orígenes combativos del movimiento LGTBI en el Estado español bajo todavía la dictadura franquista, de cómo el avance de la extrema derecha es una amenaza muy real, del papel del PSOE y su transfobia, entre muchas otras cosas.
Un pequeño adelanto de todos los temas que abordaremos el viernes 4 de julio en el cinefórum de la película Te estoy amando locamente que celebraremos a las 18h en el Espacio Rosa Luxemburgo de Madrid.
El Militante -. El 28 de junio las calles de todo el Estado se llenarán en las manifestaciones del Orgullo crítico. Unas protestas cada año más masivas que reivindican los orígenes revolucionarios del movimiento LGTBI. ¿Cómo nace la lucha del colectivo LGTBI y de las personas trans en nuestro país?
Mar Cambrollé -. El inicio de las protestas y la organización LGTBI tiene mucho que ver con la represión del dictador Francisco Franco. En 1970 el régimen franquista aprueba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, una ley que fue vendida como necesaria para “reeducar” todo aquello que consideraban que estaba mal, que era inmoral o que podía ser un delito. ¿Y cómo educaba la dictadura? Pues igual a los militantes de izquierdas o a los sindicalistas, metiéndonos en cárceles y centros de rehabilitación. Con esta legislación en la mano, las personas LGTBI y trans no teníamos derecho a existir.
Este salvajismo despertó la organización del colectivo LGTBI. Empezó en Catalunya, en un espacio que se llama el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH); estamos hablando todo de colectivos clandestinos y semiclandestinos porque la brigada político social nos pisaba los talones. Esta asociación fue impulsada por hombres cis y gays. Ellos fueron quienes colocaron la estructura, porque las mujeres trans lo teníamos todo en contra para participar en política.
Nuestra mayor aportación fue nuestra valentía. Allí donde había una mujer trans, había una bandera de visibilidad, diversidad y libertad. Así fue también en muchos otros países que sufrieron dictaduras militares. Por eso nuestro despertar político tiene tanto que ver con la lucha contra las dictaduras y el autoritarismo.
En los años 80 ya nació la primera organización trans. Por entonces las mujeres trans se prostituían en el paseo de la Castellana de Madrid y eran brutalmente atacadas por las bandas fascistas. Los skinheads tenían la consigna de “a la caza del travelo” y casi todas las noches salían con cadenas y porras a golpear a las prostitutas transexuales. Y ahí nace, como una respuesta ante la persecución neonazi y la impasibilidad de la policía, en el 82/83, la primera organización trans en el estado español, que se llamaba Transexualia.
EM -. La represión bajo la dictadura franquista, pero también durante la Transición, fue sangrante y golpeó duramente a las personas trans.
MC .- Como os comentaba antes, las personas trans pagamos los peores tratos de esa dictadura. La inmensa mayoría éramos expulsadas de nuestros hogares, el mercado laboral lo teníamos cerrado a cal y canto –igual que ahora, que tras tanto tiempo de democracia la sombra del franquismo aun nos golpea-. No podíamos estudiar, ni tener acceso a la sanidad… A muchas solo nos quedaba la prostitución obligada y el mundo del espectáculo como medio para sobrevivir.
Pero esa represión no nos frenó. La primera manifestación LGTBI tuvo lugar en 1977 en Barcelona, donde salieron a las calles más de 5.000 personas aunque la Ley de Peligrosidad Social todavía estaba vigente. En un año proliferaron colectivos en diferentes territorios: en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, en Murcia, en Catalunya, en Andalucía…
Es en esa época en la que fundé el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) en Andalucía. El 26 y 27 de mayo de 1978 convoqué a todos los colectivos en Sevilla para organizar la primera acción unitaria: salir un mismo día en todas las zonas donde teníamos presencia con un mismo cartel y las mismas reivindicaciones: abolición de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación social y amnistía sexual. Porque aun en las cárceles franquistas, a pesar de que Franco había muerto hacía tres años, todavía quedaban muchas personas gays y personas trans. Las mujeres lesbianas, por ejemplo, que también fueron muy reprimidas, no estaban entre barrotes, sino que fueron recluidas en esa institución fascista que era el Patronato de la Mujer, regentado por la Iglesia. Allí también había mujeres anarquistas, comunistas, mujeres solteras, mujeres que no comulgaban con el rol que la dictadura y la Iglesia había asignado a las mujeres.
EM -. En la película Te estoy amando locamente se ve con claridad todos estos acontecimientos que nos cuentas. Tú fuiste protagonista directa. ¿Cómo lo viviste?
MC -. Mis primeros pasos políticos fueron desde el activismo social, la lucha de barrio y la antifranquista. La pobreza y un régimen totalitario me hicieron tomar una gran conciencia de clase, y mi identidad me convirtió en una mujer feminista.
Yo siempre fui una mujer inquieta, y llegó a mis manos una revista contestataria de la época, en la que Armand de Fluvià, el padre del movimiento LGTBI en Catalunya, hacía un análisis marxista sobre la libertad sexual. Al leerlo, fue como si se encendiera una luz en mi cabeza.
Desde la inocencia, llamé a la dirección de la revista para ver si podía hablar con Armand para que me ayudara a crear un movimiento igual en Andalucía. Evidentemente, me dijeron que no podían ponerme en contacto con él. Yo les dejé mi teléfono y sin vergüenza dije: dígale que ha llamado un maricón de Sevilla. En ese momento, ni siquiera existía un nombre para definir a las personas trans. Aunque yo desde pequeña ya expresaba mi identidad, el mensaje que se me decía era que yo no era una niña, sino un maricón. Y pensé: pues si soy un maricón, seré un maricón revolucionario.
A los cuatro días Armand me llamó, preparé un viaje a Barcelona, que es lo que se ve en la película, estuve cinco días con él. Y cuando volví a mi ciudad trabajé dentro del ambiente gay de Sevilla para ir captando militantes para el MHAR. La mayoría eran militantes de CCOO, simpatizantes del PCE…
Yo misma me asombro de ver todo lo que hicimos. Hoy, con la Ley Mordaza y con la persecución del Régimen del 78 a la juventud combativa, se pretende retrotraernos a esa época. Pero ni ahora lo conseguirán, ni antes lo consiguieron. Nosotras en el 78 tiramos una pancarta de 50m desde la Giralda pidiendo la libertad sexual, dimos mítines y organizamos protestas ilegales. Pero así nos ganamos los derechos.
Recuerdo ese mitin porque lo celebramos en un salón de CCOO. Cuándo íbamos de camino, le dije a mi amiga Teresa que si no podíamos haber conseguido un salón más pequeño, si total, “para cuatro maricones que vamos a ir…”.
Pues no fuimos cuatro, no. A las 11.15h de la mañana la sala estaba repleta. Yo me vine arriba, y dije que todo ese movimiento no podía quedarse entre cuatro paredes. Que nosotros no éramos los peligrosos, que el peligro es el capital y un sistema que tiene a la juventud en paro, los barrios sin colegios ni ambulatorios. Esas 600 personas luego nos fuimos de manifestación, desde la Plaza del Triunfo al Palacio de Justicia.
En seis meses, el 26 de diciembre de 1978, conseguimos excluir de la Ley de Peligrosidad social la homosexualidad. Fue gracias a la presión que ejercimos. Pero en el Código Penal se seguía hablando de escándalo público, por lo que mucha policía y jueces fascistas lo utilizaban para apalizarnos y seguir multándonos.
EM -. Toda esta experiencia histórica es muy valiosa para enfrentar la ola reaccionaria que vivimos en todo el mundo. Trump, Milei, Abascal… hacen de la transfobia una de sus banderas. ¿Por qué crees que la extrema derecha viene a por el colectivo trans?
MC -. Somos su chivo expiatorio. La Internacional del odio ataca a las personas trans primero para, después, recortar derechos a todos: al conjunto del colectivo LGTBI, a las mujeres, a los migrantes, a las trabajadoras y trabajadores…
El colectivo trans somos un colectivo muy vulnerable y fácil de golpear. Un colectivo que, sufrido una criminalización y estigmatización por parte de todos los Estados, una herramienta muy vieja para deshumanizarnos y justificar nuestra opresión. Son métodos que los sistemas totalitarios y quienes los defienden, conocen muy bien.
EM -. La aprobación de la ley Trans en el Congreso, fruto de una incesante lucha del movimiento trans combativo, dio un duro golpe a PP y Vox, pero también al aparato del PSOE, enquistado en posiciones transfobas que nada tienen que ver con el feminismo ni con la izquierda. Ahora el Tribunal Constitucional abre la puerta a la derogación de esta legislación con el silencio del Gobierno PSOE-Sumar. ¿Qué opinión te merece?
Para mí ha sido muy doloroso, después de todo lo que hemos sufrido y batallado, ver como se nos ha puesto en la diana de nuevo en España. Un argumentario malvado que ha sido defendido por las mujeres más rancias del PSOE. No ha sido solo Carmen Calvo, ha sido toda la política defendida por este partido. ¿Cómo en un partido supuestamente de izquierdas (ya sabemos que no) se puede decir que “las personas trans somos un peligro para 47 millones de españoles”? A mí se me heló la sangre, fue como recuperar ese “peligro social” del que hablaba el dictador.
Todas estas mujeres, que están muy cómodas en sus butacas, nos dicen que las personas trans hemos venido a romper el feminismo. Las únicas que rompen el feminismo son ellas. Son las sicarias del patriarcado y se mueven en el mismo marco ideológico que la extrema derecha.
Por eso la ley Trans tuvo tanta importancia. Porque la lucha incesante de las personas trans, las más nadie de los nadie, torcimos el brazo al aparato del PSOE. Y como no es de su agrado, han seguido maniobrando y difundiendo bulos. Los machirulos de derechas, la judicatura patriarcal y fascista, los medios de comunicación y las transfobas, todas unidas en su odio.
Por eso, que ahora el Constitucional quiera tumbar la ley, no nos sorprende. Porque el Gobierno tampoco hará nada para defenderla. El Gobierno PSOE-Sumar ha nombrado a Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, a Isabel García directora del Instituto de las Mujeres…
Luego nos dirán que viene la extrema derecha y azuzarán con el miedo. Pero la extrema derecha y el miedo ya están aquí.
EM -. Tú siempre te has reivindicado no solo como una activista trans, sino como una mujer de clase trabajadora comprometida con la lucha contra todas las injusticias sociales. ¿Por qué crees no podemos separar la lucha de las personas trans, del colectivo LGTBI, del feminismo… de la lucha contra el capitalismo?
MC -. Mi lucha no se puede separar de las demás. Cuando decimos “patriarcado y capital alianza criminal”, es que no se pueden separar. Yo soy una mujer feminista, soy de izquierdas, soy trabajadora, soy antirracista, antifascista… Creo que todas las luchas tienen que confluir hacia golpear al capitalismo. Porque defender a las personas trans es defender a la clase trabajadora. Todas las oprimidas, juntas, tenemos que golpear a este sistema capitalista, a este sistema opresivo que se nutre de nuestra fuerza de trabajo y que nos quiere esclavas para acumular más riqueza.
El colectivo trans es una esperanza para todas las luchas, porque demuestra que es posible transformar la sociedad. Porque, poco a poco y paso a paso, hemos ido cambiando una sociedad que no logró cambiarnos a nosotras.
La mentira como herramienta de manipulación: cuando la transfobia se disfraza de crítica social
La mentira como herramienta de manipulación: cuando la transfobia se disfraza de crítica social
Gina Serra es autora y activista trans, presidenta de ATC Libertad, entidad comprometida con la defensa de los derechos del colectivo.
Vivimos tiempos peligrosos en los que la manipulación de la información se ha convertido en un arma política poderosa. No hace falta inventar noticias para intoxicar el debate público: basta con disfrazar prejuicios de pensamiento crítico. Esto es precisamente lo que hace el artículo Medicalización de las personas trans: el gran negocio farmacéutico disfrazado de progreso , publicado el 2 de junio de 2025. Este texto es un ejemplo claro de cómo el discurso transfóbico puede infiltrarse bajo la apariencia de una crítica anticapitalista, deslegitimando los derechos del colectivo trans.
El artículo mezcla datos ciertos –como los beneficios económicos de la industria farmacéutica– con interpretaciones tóxicas: se afirma que las personas trans son manipuladas por las farmacéuticas, que existe un “lobby trans” aliado con el capitalismo global, y que las leyes que garantizan el acceso a los tratamientos médicos sólo favorecen intereses empresariales. Esta narrativa criminaliza a las personas trans, las deshumaniza y las convierte en peones de una conspiración que no existe.
Cuando la transfobia se cuela en los medios supuestamente progresistas (y también en la izquierda institucional)
Esta manipulación no sólo se produce desde los sectores ultraconservadores. Medios que se presentan como progresistas o de izquierdas también caen (o colaboran conscientemente) en la difusión de estas ideas. Columnistas con espacios fijos en eldiario.es , El País , CTXT o The Guardian han difundido o blanqueado discursos TERF (Trans Exclusionary Radical Feminists), a menudo en nombre de un feminismo malentendido que niega la existencia y los derechos de las mujeres trans.
Estas autoras —como Lidia Falcón, JK Rowling, o figuras cercanas a sectores de un feminismo institucional— afirman que reconocer las identidades trans pone en peligro a las mujeres cisgénero, creando una falsa dicotomía entre derechos trans y derechos feministas. Esta estrategia ha sido muy útil para la derecha política y mediática, que ha encontrado aliadas inesperadas en feministas blancas, burguesas y con tribunas habituales en los grandes diarios.
Una de las figuras más representativas de esta deriva es Carmen Calvo , ex vicepresidenta del Gobierno español y dirigente destacada del PSOE. Desde su cargo y desde tribunas mediáticas, Calvo ha contribuido a frenar la Ley Trans estatal y ha utilizado un discurso abiertamente transfóbico, presentando la identidad de género como una «fantasía ideológica» y defendiendo que «las mujeres trans no son mujeres». Estas afirmaciones, lejos de ser aisladas, reflejan una estrategia institucional clara para deslegitimar las reivindicaciones del colectivo trans bajo una supuesta defensa del feminismo.
Lo grave es que estas posiciones han tenido un impacto directo en la redacción, el retraso y el debilitamiento de la Ley Trans estatal, dejando a muchas personas trans en una situación de inseguridad jurídica e institucional. Es una muestra clara de cómo la transfobia puede tener rostro de mujer, de izquierdas e incluso de feminista, y cómo el poder utiliza discursos progresistas para contener transformaciones reales.
Mentira, miedo y desinformación como estrategia
Cuando la mentira se repite con apariencia de opinión o de debate legítimo, se convierte en una herramienta de manipulación. Lo que se cuestiona, en realidad, no son las farmacéuticas, sino el derecho mismo de las personas trans a existir, a ser escuchadas ya recibir atención médica. Esto genera una sociedad más polarizada, más ignorante y cruel con las minorías.
Es urgente y necesario que los medios que se llaman progresistas hagan una profunda revisión de su papel. Blanquear discursos transfóbicos para «dar voz a todas las opiniones» no es periodismo: es irresponsabilidad. Y el resultado no es neutral: tiene consecuencias en la salud, el bienestar e incluso la vida de muchas personas trans , especialmente las más jóvenes.
Es necesario combatir la manipulación con verdad, valentía y compromiso
La crítica a la industria farmacéutica es lícita. Pero ésta no puede servir para cuestionar las demandas de un colectivo que, históricamente, ha sido excluido de toda protección institucional . El derecho a la salud, a la identidad, a vivir sin miedo y sin humillación, no puede ser materia de opinión ni de debate. Es una cuestión de justicia y derechos humanos.
No nos engañemos: la transfobia no siempre grita ni insulta. A veces se expresa con un tono calmado, con datos sesgados y un aire de objetividad. Pero sigue siendo transfobia.
Por una sociedad informada, crítica y comprometida con los derechos humanos, desenmascaramos las mentiras que visten de análisis lo que es, al final, odio organizado.
Este artículo es claramente transfóbico, aunque disfrazado de crítica anticapitalista o aparentemente «crítica al sistema sanitario y farmacéutico». Te explico por qué con claridad:
❌ 1. Deshumaniza a las personas trans
El texto trata a las personas trans como un mercado y no como seres humanos con derechos a una atención sanitaria digna. Habla de la «medicalización» como si fuera una imposición externa, cuando la mayoría de personas trans eligen libremente acceder a tratamientos hormonales y/o cirugías para mejorar su salud física y mental.
❌ 2. Repite discursos conspiranoicos y de la extrema derecha
Hablar del lobby trans y relacionarlo con “las élites” y “la gran industria farmacéutica” es un relato directamente extraído de discursos TERF y del alt-right. Este lenguaje intenta asociar el activismo trans con una agenda secreta, poderosa y peligrosa. Esto criminaliza y demoniza el movimiento trans.
❌ 3. Infantiliza las decisiones trans y cuestiona su autonomía
Cuestionar la legitimidad de los tratamientos hormonales y especialmente en menores, poniendo énfasis en riesgos médicos y supuestos efectos secundarios, sirve para sembrar la duda sobre las decisiones médicas informadas que toman las personas trans con sus médicos. Y esto es paternalista y transfóbico.
❌ 4. Mezcla información cierta con manipulación para desacreditar
Es cierto que las farmacéuticas buscan beneficios. Pero esto ocurre con todo el sistema sanitario, no sólo con la salud trans. El problema es utilizar esta crítica para negar o estigmatizar el acceso a la salud de las personas trans.
❌ 5. Equipara políticas públicas con supuestas conspiraciones
Habla de leyes trans como “facilitadoras de negocios”, invisibilizando que son reivindicaciones históricas del colectivo para tener derecho a existir con dignidad. Esta crítica deslegitima luchas sociales reales y pone en entredicho el derecho a la identidad.
✅ Lo que sí se puede discutir, pero sin transfobia:
Se puede y debe criticarse la mercantilización de la salud o el papel de las farmacéuticas, pero sin utilizarlo para atacar la salud trans. La clave es defender la salud trans dentro de un sistema público, gratuito y respetuoso, no cuestionar la existencia misma de los cuidados médicos para personas trans.
📢 CONCLUSIÓN:
Este artículo no es una crítica legítima a la industria farmacéutica, sino una estrategia disfrazada de progresismo para atacar indirectamente el derecho a la identidad ya la salud de las personas trans. Es un texto transfóbico que contribuye a la desinformación, el odio y la deslegitimación del movimiento trans.
La mentida com a eina de manipulació: quan la transfòbia es disfressa de crítica social
Una mujer trans de EEUU solicita refugio en Canadá por temor a las políticas de Trump
Una mujer trans de EEUU solicita refugio en Canadá por temor a las políticas de Trump
Trump declaró que solo hay dos géneros, y esto perjudica a la población transgénero en EE UU.
La abogada de Hannah Kreager, Yameena Ansari, ha revelado al periódico canadiense The Globe and Mail que su cliente presentó este lunes la solicitud ante el Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá.
Miedo a identificarse como transgénero
Kreager, de 22 años y que reside ahora en la ciudad canadiense de Calgary, ha dicho al periódico que tenía miedo de renovar su pasaporte ya que el que tiene en estos momentos marca su género con una X.
La Administración de Trump ha eliminado la posibilidad de marcar el género con una X, que tradicionalmente identifica a las personas transgénero y no binarias.
Los dos países han codificado esa política en el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, en vigor desde 2002 y que fue ampliado en 2023 para evitar la llegada irregular de refugiados desde Estados Unidos.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han denunciado el acuerdo y solicitado a Canadá que lo suspenda.
EE. UU.: Las prohibiciones a la atención de reafirmación de género perjudican a la juventud trans
EE. UU.: Las prohibiciones a la atención de reafirmación de género perjudican a la juventud trans
La falta de acceso afecta a jóvenes, familias y proveedores de atención de la salud
- Las leyes que prohíben la atención de reafirmación de género a jóvenes transgénero en Estados Unidos están causando daños graves a esas personas y a sus familias, así como a los sistemas de atención de la salud y a la sociedad civil.
- En la administración Trump, las familias están siendo llevadas al borde del abismo, al verse obligadas a sortear obstáculos imposibles para la atención, al tiempo que el gobierno federal intensifica la embestida a los derechos de las personas transgénero.
- Estados Unidos tiene obligaciones jurídicas internacionales de proteger los derechos de las personas jóvenes transgénero. Las legislaturas deberían dejar sin efecto estas prohibiciones, asegurar el acceso a la atención y proteger a jóvenes transgénero y sus familias.
(Nueva York) – Las leyes que prohíben la atención de reafirmación de género a jóvenes transgénero en Estados Unidos están causando daños graves a esas personas y a sus familias, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Desde 2021, veinticinco estados han promulgado prohibiciones radicales contra esta atención médica basada en las mejores prácticas, que han reemplazado los tratamientos graduales fundados en evidencias con restricciones categóricas que responden a motivaciones políticas.
El informe de 98 páginas, “‘They’re Ruining People’s Lives’: Bans on Gender-Affirming Care for Transgender Youth in the US” (“‘Están arruinando la vida de las personas’: Prohibiciones a la atención de reafirmación de género para jóvenes transgénero en Estados Unidos”), documenta las consecuencias devastadoras de estas prohibiciones para las personas jóvenes transgénero, como de la ansiedad, la depresión y, en siete casos informados, intentos de suicidio. Human Rights Watch concluyó que estas leyes contribuyen a generar un clima cada vez más hostil contra las personas trans, y obligan a jóvenes a ocultar su identidad y aislarse socialmente. Las prohibiciones también desestabilizan los sistemas de atención de la salud y menoscaban a la sociedad civil, además de generar dificultades geográficas y económicas para obtener servicios. El impacto se ha agudizado desde principios de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump emitió una serie de acciones ejecutivas que intensificaron los ataques del gobierno federal contra los derechos de las personas transgénero.
“Los funcionarios estadounidenses han quitado a jóvenes transgénero la posibilidad de obtener atención esencial beneficiosa para la vida y, en vez de esto, exponen a estas personas como blanco de una guerra cultural”, manifestó Yasemin Smallens, oficial de la división de derechos de las personas LGBT. “Las familias están siendo llevadas al límite y se ven obligadas a sortear obstáculos imposibles para la atención, al tiempo que el gobierno federal intensifica el ataque a los derechos de las personas transgénero”.
Human Rights Watch entrevistó a 51 personas en 19 estados que se han visto afectadas por estas prohibiciones legislativas, como jóvenes transgénero, padres, madres, proveedores de atención sanitaria y defensores y defensoras. Human Rights Watch también consultó a 32 organizadores de derechos LGBT y realizó una ronda adicional de entrevistas con posterioridad a la asunción del presidente Trump, para documentar el impacto de las nuevas políticas establecidas por su gobierno.
Más de 100.000 jóvenes transgénero viven en estados donde hay prohibiciones legislativas a la atención de reafirmación de género para las personas jóvenes. Seis estados establecen que proveer esta atención constituye un delito grave, y ocho leyes estatales incluyen disposiciones imprecisas de “complicidad”, que podrían penalizar a proveedores por hacer derivaciones o emitir recetas. La administración Trump ha intentado restringir el acceso a través de una orden ejecutiva del 28 de enero, que si bien no se ha aplicado íntegramente, ya ha provocado que algunas clínicas interrumpan servicios en estados donde la atención sigue siendo lícita. La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando el caso Skrmetti v. United States, en el que se impugna la prohibición de Tennessee, y se prevé que la decisión se emita en junio.
Las familias afectadas por prohibiciones dijeron que sus hijos perdieron el acceso a la atención de la salud con poco o ningún aviso previo y, a menudo, sin que se les ofrecieran otras opciones. Once familias señalaron que tuvieron que viajar fuera del estado para consultar a profesionales médicos u obtener recetas. Varias personas jóvenes indicaron que no pudieron comenzar a recibir atención debido a barreras legales que se combinaban con obstáculos geográficos y económicos. Una familia se mudó a otro estado.
“Quiero que [los legisladores] sepan que están arruinando la vida de las personas”, expresó una mujer trans de 18 años cuya atención fue interrumpida por una prohibición estatal. Las personas jóvenes que han conservado el acceso a la atención recalcaron que el clima legal y político hostil exacerbó su estado de ansiedad, depresión y aislamiento.
Las prohibiciones estatales han obligado a muchos proveedores de atención médica a cancelar o reducir los servicios que brindan. Las personas entrevistadas informaron sobre casos en los que proveedores o instituciones dejaron de prestar servicios en mayor medida de lo que podría haberse exigido legalmente. Las prohibiciones estatales han tenido un efecto dominó negativo en los sistemas de atención de la salud, concluyó Human Rights Watch, y diversos proveedores en los estados donde rigen prohibiciones mencionaron dificultades para conservar a los proveedores existentes y reclutar a nuevos profesionales médicos.
Todos los proveedores de atención de la salud a quienes se entrevistó dijeron que habían experimentado acoso dirigido específicamente a las personas trans. Estos proveedores comentaron que sus instituciones han incrementado el presupuesto destinado a seguridad, y que para ello desviaron fondos que podrían usarse para atender a pacientes. Diversas organizaciones de la sociedad civil informaron que enfrentaban amenazas similares, junto con el costo cada vez mayor de las medidas de seguridad.
En Texas, diversas personas afectadas se refirieron a la focalización extrema del estado contra las personas transgénero, lo que incluye una directiva de 2022 que clasificó algunas formas de la atención de reafirmación de género dirigidas a jóvenes como “abuso infantil”. Como consecuencia de esto, algunas familias informaron que directamente evitaban las interacciones de salud para proteger a sus hijos e hijas, cuya identidad transgénero, de ser revelada, podría dar lugar a investigaciones por abuso infantil. En abril de 2025, el presidente Trump emitió una proclama en la que se indicó que los padres y las madres que afirmen la identidad de género de sus hijos incurren en abuso.
“La gente tiene miedo de perder a sus hijos e hijas”, explicó un defensor. “No hace falta legislar si se asusta tanto a las personas para que ellas mismas se repriman”.
En Estados Unidos, las y los jóvenes transgénero con frecuencia se someten a meses o años de evaluación integral antes de que se inicie cualquier intervención médica. Organizaciones médicas importantes, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, apoyan el acceso a esta atención basada en evidencias y acorde al desarrollo.
“La retórica que se emplea en estas sesiones legislativas sugiere que uno simplemente entra y le dan hormonas y bloqueadores”, comentó un padre. “Y no fue así en absoluto. Durante al menos el primer año, no se emitió ninguna receta. [Los médicos] dijeron: ‘Estamos aquí para escucharte y actuar en función de lo que creas que son tus necesidades’. Como padre, fue algo increíble. Te tranquiliza… Es un proceso lento y metódico”.
Estados Unidos tiene obligaciones jurídicas internacionales de proteger los derechos de las personas jóvenes transgénero, incluido el acceso a la atención de reafirmación de género, como parte de su obligación de garantizar los derechos a la salud, la no discriminación, la integridad familiar y la autonomía personal.
“Estas leyes están destrozando vidas, empujan a jóvenes a crisis, obligan a las familias a desarraigarse y alimentan la hostilidad antitrans”, explicó Smallens. “Las legislaturas deberían derogar estas prohibiciones, asegurar el acceso a la atención y proteger a jóvenes transgénero y a sus familias para que puedan vivir con seguridad y dignidad”.
No es orgullo, es liberación: cuando el colectivo trans se planta ante la hipocresía
No es orgullo, es liberación: cuando el colectivo trans se planta ante la hipocresía
Este junio no es orgullo, es liberación. El colectivo trans en España sigue sufriendo violencia, precariedad y olvido institucional. No queremos más banderas vacías: exigimos justicia, derechos reales y vidas dignas. La revuelta sigue. ✊🏽🏳️⚧️ #LiberaciónTrans #OrgulloEsLucha #TransDretsJa #LaRevoltaContinua
Nos quisieron silenciadas, nos encontrarán levantadas
Junio. El mes que llena fachadas de instituciones, marcas y partidos políticos con banderas multicolor, mientras, en paralelo, los cuerpos trans siguen siendo víctimas de la violencia, la precariedad y la discriminación. Por eso, para muchas de nosotros, mujeres trans, personas no binarias, jóvenes que intentan sobrevivir en un país que les margina, esto no es orgullo. Es resistencia. Es liberación .
Una historia que no empieza con banderas, sino con porrazos
El 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn de Nueva York, estalló una revuelta. No una fiesta. La policía hacía redadas sistemáticas a locales frecuentados por personas LGTBIQ+, especialmente por travestis, mujeres trans y personas racializadas. Esa noche, dijeron ya basta. Y así empezó lo que hoy llamamos la lucha por la dignidad del colectivo.
¿Pero qué queda de ese espíritu de revuelta, hoy en España?
La realidad trans en España: entre la ley y la supervivencia
En 2023 se aprobó la Ley estatal por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de los derechos de las personas LGTBI . Una ley necesaria, fruto de décadas de lucha, pero que no ha estado a la altura de la esperanza generada. Muchas comunidades autónomas, gobiernos locales e instituciones públicas han boicoteado, recortado o ignorado su aplicación.
Mientras tanto:
- La media de paro entre las personas trans supera el 85% .
- Las jóvenes trans sufren acoso escolar hasta límites que expulsan de la educación formal.
- Las personas mayores trans viven el aislamiento, la no atención sanitaria digna y la negación de su identidad.
- Las personas transmigrantes viven en una doble o triple exclusión , sin papeles, sin trabajo y sin acceso a derechos básicos.
Hablamos de un colectivo empobrecido, criminalizado, patologizado y violentado . Según el último informe del Observatorio contra la Homofobia de Catalunya, en 2024 se registró un aumento alarmante de las agresiones por motivos transodientes. En cada espacio en el que deberíamos ser protegidas, somos cuestionadas.
¿Orgullo institucional o maquillaje político?
En junio se llena de consejeros/as, alcaldes/as y ministros que hablan de derechos LGTBI, mientras financian fundaciones ultracatólicas , permiten discursos de odio en prensa y dan voz a feministas excluyentes que niegan la identidad trans.
El PSOE y su entorno bloquearon durante meses la ley trans y todavía hoy algunos de sus miembros cuestionan el derecho a la autodeterminación de género. PP y Vox han derogado o paralizado leyes LGTBI a autonomías como Madrid, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Y mientras todo esto ocurre, el Estado permite que las personas trans sigan muriendo en soledad, en precariedad, sin futuro.
Nos venden orgullo, pero necesitamos reparación, reconocimiento y justicia . Orgullo es una palabra que no puede tapar ni el olvido, ni la transfobia estructural, ni los suicidios de jóvenes trans que no pudieron más con la violencia social Casos como el de Alan (Barcelona, 2015 ) asesinatos sociales .
Liberación, no tolerancia
La lucha trans no es una demanda de inclusión en un sistema que nos expulsa. Es una revolución para transformarlo. No queremos ser «aceptadas», queremos que se desmonte el patriarcado, el capitalismo precarizador, el racismo institucional y la cisnorma que nos obliga a justificar nuestra existencia.
No queremos que nos toleren en las escuelas, queremos una educación con memoria, feminista, antirracista y transpositiva. No queremos cuotas simbólicas, queremos puestos de trabajo dignos, vivienda, acceso a la salud integral .
El grito de Stonewall sigue vivo
Este junio, no salimos a la calle para celebrar. Salimos para recordar que somos hijas, limpias y hermanas de esas que plantaron cara. Que la liberación es diaria, colectiva e incómoda. Que mientras haya una sola persona trans sufriendo por ser quien es, la revuelta continúa .
No nos vende orgullo si no hace efectiva la liberación. No nos ponga en la foto si después nos saca de las políticas públicas. No nos abrace en junio si nos ignora el resto del año.
Este año, no celebramos: nos liberamos. Y lo haremos hasta que la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
Gina Serra és autora i activista trans, presidenta d’ATC Llibertat, entitat compromesa amb la defensa dels drets del col·lectiu. Per a més informació: atc.llibertat@gmail.com Tel. 931 130 810.
[Colombia] Crece el repudio por el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans de El Carmen de Bolívar
[Colombia] Crece el repudio por el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans de El Carmen de Bolívar
Según el observatorio Caribe Afirmativo, 43 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de 2025
“¿A cuántas víctimas más se les tiene que arrebatar la vida para que las autoridades y el Estado colombiano tomen acción?”, se cuestiona del observatorio de derechos humanos Caribe Afirmativo en un comunicado público emitido este jueves. Esa reacción refleja la indignación tras el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans y defensora de derechos humanos en el municipio de El Carmen de Bolívar, en Los Montes de María, una de las regiones más golpeadas en la historia del conflicto armado en Colombia. Su cuerpo fue hallado este jueves en una cuneta, ubicada a la entrada del municipio de unos 76.000 habitantes.
El crimen recuerda la crueldad del transfeminicidio de Sara Millerey, la mujer de 32 años que murió ahogada en una quebrada de Bello (Antioquia), a inicios de abril, luego de que sus agresores le fracturaran los brazos y las piernas. Según los registros de Caribe Afirmativo, 43 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de este año. “Cuarenta y tres vidas extinguidas en menos de cinco meses. Cuarenta y tres razones para gritar que estamos en medio de una emergencia nacional por violencia de prejuicio”, precisa el comunicado de rechazo, que busca llamar la atención del país sobre la gravedad de los homicidios.
“Era carismática, divertida, incansable, con una furia poderosa”, expresa una de sus compañeras en un mensaje divulgado en redes sociales. El asesinato ocurrió dos años después del de Dania Sharith Polo, conocida como La Pola, otra mujer trans que formaba parte del colectivo LGTBIQ+ de El Carmen. Fue víctima de un atentado en el mismo municipio, a finales de abril de 2023 y falleció el 12 de mayo.
Jiménez, trabajadora sexual de 30 años, también integraba ese colectivo de los Montes de María, el primero del Caribe colombiano en ser declarado sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas. Ello, debido a la vulneración de derechos que padeció —y sigue padeciendo— esta población por parte de grupos armados, como los paramilitares en alianza con la Fuerza Pública o los integrantes de las extintas FARC, que les señalaban y silenciaban. “Quienes resistían a su marginalización, eran llevados hasta las zonas rurales del municipio para aplicarles violencia ejemplarizante, hacerles víctimas de violencia sexual o darles una golpiza como señal de corrección”, refiere una publicación de Caribe Afirmativo.
La Unidad de Víctimas ha reaccionado al crimen. En un comunicado ha recordado que Jiménez fue ejemplo de resistencia y compromiso con la transformación en una de las regiones de mayor violencia en Colombia entre los años 80 e inicios de los 2000, y que luego mostró una de las recuperaciones más notorias del país. “Su transfeminicidio constituye una grave vulneración a su integridad, pero también a los procesos comunitarios de memoria, justicia y reparación que, durante años, han enfrentado con valentía el abandono institucional y las múltiples formas de violencia estructural”, ha señalado la entidad.
Caribe Afirmativo destaca que la lideresa convirtió el dolor en lucha y se vinculó activamente en espacios para exigir justicia. “Su voz estuvo presente en las jornadas de documentación, en las audiencias, en los encuentros de autocuidado y en las actividades de formación. No era solo una participante: era una de las lideresas que tejía comunidad, que ayudaba a sostener la esperanza en medio del dolor, que insistía en que las personas trans, racializadas, empobrecidas, desplazadas por la guerra, también teníamos derecho a una vida digna”, subraya la corporación.
El periódico El Tiempo reseñó que Nawar Jiménez caminó junto a No Es Hora De Callar, la campaña liderada por la periodista Jineth Bedoya para dignificar a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género. Lo hizo en marzo pasado, en un retorno simbólico de más de 500 víctimas, entre Ovejas (Sucre) y el corregimiento de Flor del Monte. “Vistió sus tacones durante los 12 kilómetros del recorrido, resistiendo y resignificando el dolor a través de su identidad”.
También acompañó procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de Tejiendo Dignidad, una iniciativa de ONU Mujeres para fortalecer a organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual y de género. La organización ha calificado el transfeminicidio como una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra liderazgos que construyen paz.
“Su asesinato enciende una alerta urgente: no solo estuvo motivado por prejuicios relacionados con su identidad de género, sino que también atenta contra el trabajo de una lideresa comprometida con la construcción de paz. Nawar impulsaba la reparación colectiva de la población LGBTIQ+ en su municipio y promovía activamente la participación de esta población en escenarios de justicia transicional”, indica en un comunicado oficial.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a las autoridades agilizar la identificación y judicialización de los asesinos, un llamado que se repite con cada crimen pero que pocas veces resulta efectivo. El Ministerio del Interior se ha solidarizado con la familia de Jiménez y ha citado a la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI, el próximo 27 de mayo, para definir un plan de acción que responda a la situación de riesgo de esta población en los Montes de María.
El Ministerio de Igualdad y Equidad se ha sumado al repudio y ha informado que se inició “la activación del caso a través del Sistema Salvia [Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género] para el acompañamiento integral, jurídico y psicosocial de la familia de Nawar”. La lideresa trans había denunciado amenazas en cuatro ocasiones, entre 2019 y 2024. “Su asesinato nos indigna y nos quiebra”, concluye Caribe Afirmativo.
Las amenazas no cesan para las poblaciones de El Carmen de Bolívar por la expansión de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y otras organizaciones criminales. “La imposición de normas y otras tomas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Según sus reportes, 66 líderes y lideresas sociales han sido asesinados a nivel nacional en lo corrido de 2025. El llamado a la acción que lanzó Caribe Afirmativo luego del asesinato de Nawar Jiménez se ha replicado desde el Estado: “La indignación debe traducirse en acciones efectivas”, remarcó la Unidad de Víctimas.
Perú: Nueva ley amenaza la libertad de expresión y los derechos trans
Perú: Nueva ley amenaza la libertad de expresión y los derechos trans
El Congreso debe derogar la ley y aprobar legislación basada en evidencia para combatir la violencia sexual
(Nueva York) – Una ley promulgada en el Perú el 12 de mayo pretende combatir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero termina socavando la libertad de expresión y el acceso a la información y discriminando a las personas transgénero, señaló hoy Human Rights Watch. Las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la ley también podrían utilizarse para restringir expresiones de identidad, contenidos artísticos y materiales educativos, mientras que no aborda de manera efectiva la omnipresente violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.
La ley, cuyo objetivo declarado es “fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes”, también ordena que el acceso a los baños públicos se restrinja en función del “sexo biológico”, prohibiendo de hecho a las personas trans, incluyendo los jóvenes trans, utilizar los baños públicos que correspondan con su identidad de género.
“Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual es una obligación fundamental del Estado, pero esta ley utiliza la protección de la niñez como pretexto para la represión y la discriminación”, señaló Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch. “La ley abre la puerta a que las autoridades censuren expresiones que consideren ‘inapropiadas’ bajo el pretexto de proteger a los niños, y convierte en chivos expiatorios a las personas trans, un grupo que ya enfrenta un alto riesgo de violencia en el Perú.”
Los niveles de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el Perú son alarmantes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a marzo de 2025 los Centros de Emergencia Mujer recibieron 4.910 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (de un total de 15.293 casos recibidos). En 2024, el número total fue de 22.798 (de un total de 63.489). Aunque el Congreso tiene la responsabilidad de dar respuesta a esta crisis, la nueva ley no ofrece una solución eficaz ni respetuosa de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
El artículo 4 de la ley prohíbe la “explotación y sexualización” de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, la publicidad y el entretenimiento. Sin embargo, al no definir los conceptos clave de “connotación sexual” o “cosificación”, la disposición podría utilizarse para censurar expresiones personales o culturales, obras artísticas o materiales didácticos. Esta posible censura y aplicación arbitraria de la norma también podrían limitar la capacidad de niños, niñas y adolescentes de acceder a información relevante para su desarrollo sexual, incluso como parte de una educación sexual integral apropiada para su edad y basada en evidencia científica, que podría ayudar a prevenir la violencia sexual.
La ley también modifica el artículo del código penal sobre “exhibiciones y publicaciones obscenas”, aumentando la pena mínima de prisión de tres a cuatro años para quien muestre, venda o entregue a un menor “objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o auditivas, que por su naturaleza puedan afectar a su desarrollo sexual”. La pena máxima sigue siendo de seis años.
Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que cualquier restricción a la libertad de expresión y al acceso a la información sea específica y proporcional, especialmente cuando se trata de sanciones penales. El uso de términos legales vagos o excesivamente amplios puede dar lugar a restricciones injustas y prácticas discriminatorias.
El artículo 5 de la ley establece que se prohíbe “el ingreso y el uso” de los baños públicos a las personas cuyo “sexo biológico” no coincida con “el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio”. Estas disposiciones no solo discriminan a las personas trans, sino que refuerzan prejuicios dañinos e infundados que presentan la presencia de personas trans en los baños con una amenaza para la niñez.
Los estudios no han demostrado ninguna relación entre las políticas de baños inclusivos y el aumento de riesgos para la seguridad de mujeres o menores. Al contrario, son las personas trans las que se enfrentan a mayores riesgos de acoso y violencia en espacios públicos, incluyendo en los baños. Aplicar este tipo de política discriminatoria también incentiva el escrutinio intrusivo y humillante de los cuerpos o las identidades de las personas exponiéndolas a la sospecha y los malos tratos, incluyendo los jóvenes trans y las personas que no se ajustan a las normas tradicionales de género.
El 7 de mayo, Human Rights Watch envió una carta a la presidenta Dina Boluarte instándola a vetar la ley entonces propuesta por vulnerar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la no discriminación. Human Rights Watch no recibió respuesta.
El 12 de mayo, el Comité de Ética del Congreso votó a favor de abrir una investigación contra la congresista Susel Paredes por su presunta incitación a las mujeres trans a utilizar los baños femeninos del Congreso durante un acto sobre la diversidad de género realizado en marzo. La denuncia sostiene que Paredes violó el Código de Ética Parlamentaria, pudiendo ser suspendida por 120 días sin remuneración. Es probable que la nueva ley dé lugar a más acciones legales arbitrarias e infundadas contra las personas trans y quienes las apoyan.
El Perú tiene la obligación de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral, un elemento elemental del derecho a la educación. En esencia, esta educación consiste en planes de estudio apropiados para cada edad, inclusivos y basados en evidencia científica, que pueden fomentar decisiones informadas y seguras, y contribuir a prevenir la violencia de género, incluida la sexual. El Comité de los Derechos del Niño ha instado al Perú a proporcionar a todos los niños educación adecuada y accesible sobre salud sexual y reproductiva. Esta nueva ley amenaza ese acceso.
Además, el Perú es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado a proteger a todas las personas de la discriminación, incluyendo aquella basada en la edad o la identidad de género. La promulgación de esta ley contraviene los compromisos asumidos por el Perú en dichos tratados.
“El Congreso peruano debe derogar esta ley de forma urgente, que no solo falla en proteger a la niñez de la violencia sexual, sino que además pone en riesgo los derechos de las mismas personas que dice querer proteger, incluyendo los jóvenes trans”, afirmó González. “En su lugar, el Congreso debería aprobar leyes específicas y basadas en evidencia para prevenir la violencia sexual, así como la alta discriminación que enfrentan las personas transgénero”.
La lucha por la memoria de Daniela, la joven trans que quisieron “curar” en un convento
La lucha por la memoria de Daniela, la joven trans que quisieron “curar” en un convento
Salió del armario a los 14 años y fue internada a los 15 en un monasterio donde presuntamente la medicaron como parte de unas terapias de conversión’
Su familia la desterró, acabó en la calle y se quitó la vida a los 22 años. En su lápida figura su nombre y fotos anteriores a la transición, y ahora sus amigas han iniciado una lucha por su dignidad
Daniela, conocida como Kendall, en una imagen cedida por sus amigas. / Levante-EMV
Daniela moría cada mañana al despertarse. Sus padres le decían que tenía «un demonio dentro», la llamaban Juan, la obligaban a vestirse como un chico y presuntamente la llevaron a un convento para medicarla. Para ‘curarla’.
Daniela (Kendall para sus amigas) era una mujer trans que acabó quebrada en un convento donde presuntamente se aplicaban terapias de conversión sexual. Con 14 años salió del armario, y de ese “pecado” comenzó su infierno. A los 15 entró en aquel monasterio, a los 17 acabó en un centro de menores desterrada por su familia. El 17 de abril de 2022, a los 22 años, se quitó la vida en Santander. Hacía años que sus padres, que ni la entendían ni la aceptaban, la habían echado de casa y no le hablaban.
Sus restos yacen en Aspe (Alicante) en una lápida con una foto previa a su transición en la que pone «Juan», un nombre que siempre rechazó y que se cambió en el registro civil de Madrid. Sus amigas han iniciado, junto a la asociación Euforia Familias Trans Aliadas, un proceso contra las administraciones por su dignidad y memoria. «Es aberrante. Es un monumento a su sufrimiento», lamenta su amiga Alana. El objetivo es que en la lápida de Daniela ponga Daniela.
Este diario se ha puesto en contacto con amigas y varias víctimas de terapias de conversión sexual que coincidieron con Daniela en el convento para reproducir su historia. Además, se ha puesto en contacto con la familia, pero no ha recibido respuesta.
La casa madre
Pedro conoció a Daniela en el convento de Ruiloba (Cantabria). Era 2015 y ella tenía 15 años. El edificio se usaba presuntamente como ‘casa madre’ de una red de terapias de conversión sexual para «curar» a jóvenes gays, lesbianas o trans, según han narrado varias víctimas a este diario y figura en una querella interpuesta contra la entidad llamada «Es Posible la Esperanza».
Allí Daniela no era Daniela. Era Juan. Vestía como un chico, la obligaban a hacer trabajo físico y rezar varias veces al día y los sábados tenía partido de fútbol como parte de esa supuesta «terapia». A pesar de ser menor de edad vivía constantemente medicada con antidepresivos o inhibidores de la libido, según explican Pedro, Xavi o Mario, tres de las víctimas que coincidieron con ella en aquel martirio.
«La medicaban mucho, a ella y a más gente. Había días que no se podía levantar de la cama hasta las 11 de la mañana por todo lo que llevaba encima», narra Xavi. Asegura que Daniela se autolesionaba y tuvo varios intentos de suicidio en el convento, sin recibir tras ninguno de ellos asistencia médica especializada. «Ella no paraba de decirnos ‘quiero ser mujer y no me dejan», recuerda Xavi.
Las agresiones a personas Lgtbi se han duplicado en un año
Finalmente fue internada en un centro de menores donde la administración retiró la custodia a la familia y pudo brindarle la ayuda que necesitaba. Su familia la desterró y dejó de llamarla.
El difícil camino
Daniela estuvo en varios pisos tutelados para menores y acabó en la calle en varias ocasiones. Su amiga Alana explica que quería estudiar un Grado Medio de Estética y que echó su currículum en bares y tiendas, pero nunca la contrataban; «cuando veían que era trans la descartaban».
Fue entonces cuando, al no tener alternativa, empezó a prostituirse. Estuvo así varios años como única manera de sobrevivir en Madrid, ciudad a la que se mudó. «Aún entonces no perdía la esperanza de hacer modelaje y se apuntó a cursos para ver si podía ser contratada en otra cosa, pero tuvo mala suerte», cuenta Alana.
Aunque la familia de Daniela ya no le hablaba, ella seguía llamando. «Le dijeron que siempre podía volver a casa como Juan, y ella nunca aceptó. No concebía vivir una vida que no fuera la suya«, cuenta Alana, que la describe como un persona extraordinariamente luchadora. Pero tantas caídas le hicieron perder fuerza.
El 19 de abril de 2022, Kendall se suicidó en Santander, ciudad en la que entonces vivía su familia. Tiempo después empezó la batalla de sus amigas por su dignidad después de su muerte. «Daniela fue, es y será», reivindican.
Tanto Alana Pantaleón como Euforia Trans enviaron escritos a la Dirección General de Igualdad en la Comunitat Valenciana en junio de 2023, al Síndic de Greuges y al ayuntamiento de Aspe. El texto responsabiliza a sus padres y dice que habrían infringido tres leyes distintas.
Sin embargo, pese a ser la familia elegida de Daniela, Alana no es nadie para el ordenamiento jurídico y sólo los padres de Kendall, que la rechazaron, pueden poner una denuncia para pedir una reparación de su honor, algo que varios abogados especialistas en derechos Lgtbi califican de un «absurdo jurídico».
El estado del odio
La historia de Daniela no es solo la de una joven rota por el rechazo, sino también la de una sociedad que aún permite que existan espacios donde se intenta “corregir” la identidad de quien disiente. La Federación Estatal LGTBI publicó recientemente su informe “Estado del odio LGBTI 2025” en el que advierte que las agresiones verbales a personas del colectivo se han duplicado en el último año, y que una de cada cinco personas encuestadas había sufrido acoso.
La discriminación en ámbitos como el empleo o la vivienda alcanza aún al 25 % del colectivo, y especialmente a las vidas trans. El salto ás alarmante se ha dado en las agresiones, que pasaron de un 6 a un 16 % en un año. Paula Iglesias, presidenta de la Federación, advirtió que “nos enfrentamos a una normalización alarante del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física”
Mar Cambrollé, activista LGTBIQ+: «Podemos perder batallas, pero la guerra ya está ganada»
Mar Cambrollé, activista LGTBIQ+: «Podemos perder batallas, pero la guerra ya está ganada»
Las agresiones al colectivo crecen imparables, desde algunas instituciones se ponen en peligro las leyes de igualdad, pero la Pluma de Plata 2025 asegura que la ultraderecha no vencerá: «La mayoría social ya no entiende que amar o ser diferente pueda ser un delito»
Mar Cambrollé, Pluma de Plata No Te Prives 2025. / Juan Carlos Caval
Así da gusto venir a Murcia.
Totalmente. Siempre gusta recibir un premio, pero especialmente este año me gustaría extender este reconocimiento a todas las personas que hay, a todas las personas trans que de manera anónima trabajan día a día para mejorar nuestra sociedad.
Así es. Las agresiones a nuestro colectivo se han duplicado en el último año y se han registrado 2.800.000 casos. Me entristece que en un país progresista, con un Gobierno progresista, aún siga habiendo agresiones solamente por amar o ser diferente.
«Tenemos un gobierno cobarde que no hace políticas valientes para frenar los discursos de odio»
A lo mejor este gobierno no está haciendo lo suficiente.
Es un gobierno cobarde que no hace políticas valientes para frenar los discursos de odio, que son los causantes de las agresiones y se están propagando de manera impune a través de las redes sociales. Si no somos capaces de frenar el odio hacia el colectivo LGTBI ahora, no sé qué va a pasar cuando gobierne la derecha o la ultraderecha. Cuando llegue el período electoral, estos partidos progresistas nos pedirán el voto apelando siempre al miedo a la ultraderecha, cuando el miedo lo estamos pasando ahora, cuando salimos a las calles, cuando cogemos el transporte público o cuando estamos en zonas de ocio.
¿Por qué cree que no prosperan los delitos de odio que se denuncian?
Tenemos en el Código Penal el delito de odio con el artículo 510 y el agravante de homofobia y transfobia incluido desde 1994. Sin embargo, no se aplica nada, por eso desde aquí le pido a este Gobierno progresista que apruebe una ley contra los delitos de odio para prever, para disuadir y para proteger al colectivo de estas agresiones que día a día estamos sufriendo en sus múltiples caras, desde la discriminación, vejación y humillación hasta la agresión física.
Mar Cambrollé tuvo un encuentro con los colectivos LGTBIQA+ de la Región de Murcia organizado por el Epéntica. / L. O.
Lo primero que ha hecho en Murcia es ofrecer una charla sobre Memoria LGTBI. ¿Vamos hacia tiempos en blanco y negro?
Es importante que la juventud sepa de dónde venimos para valorar dónde estamos y para poder proyectar un futuro mejor. Un pueblo sin memoria está condenado a cometer los mismos errores y a vivir los mismos horrores. No obstante, yo no dibujaría un panorama negro. Ya no estamos escondidas detrás de los coches para que la policía no nos detenga y nos dé palizas en las comisarías. Desde mi propia experiencia vital, creo que hay dos colectivos que hemos ganado ya una guerra sin necesidad de la violencia ni de la fuerza: las mujeres y las personas LGTBIQ+.
Lo dice como si no hubiera nada más que hacer.
Tenemos enfrente un sector muy reaccionario que, aunque sean pocos, tienen mucha fuerza y tienen todavía influencia en la judicatura, en algunos medios de comunicación y en instituciones que les sirven de altavoz.
«Las mujeres ‘transodiantes’ hablan de feminismo, pero son vicarias del patriarcado»
¿Como el Congreso?
Sí. Personalmente, creo que no tendrían que estar permitidos discursos o alegorías a tiempos dictatoriales como las que ofrece Vox. Son la reacción a una guerra que ya han perdido. Podemos perder batallas como que nos amenacen en la Comunidad Valenciana y en Madrid con que nos van a recortar la ley, pero eso son batallas. La guerra ya está ganada. La guerra es que la mayoría social en el mundo entero ya no entiende que no haya igualdad entre hombres y mujeres, no entiende que los derechos del colectivo LGTBIQ+ no sean derechos humanos y no entiende que amar o ser diferente pueda ser un delito.
¿Le duele especialmente que parte de esa reacción provenga de mujeres?
De mi experiencia como activista, lo más doloroso que he vivido ha sido ver el uso perverso del feminismo que han hecho mujeres ‘transodiantes’, que están en los mismos marcos ideológicos que la ultraderecha. Hablan de feminismo, pero son vicarias del patriarcado, ensañándose y señalando a un colectivo ya de por sí vulnerable. Todos los días se asesinan mujeres trans en el mundo, tienen las cifras de exclusión laboral más altas… Es una actitud criminal y es antagónica al feminismo. Desde aquí hago un llamamiento a todas las compañeras feministas de verdad para que arranquemos de estas vicarias del patriarcado la palabra feminismo y así deje de circular junto a su discurso de odio.
Mar Cambrollé recibe este sábado por la tarde, a las 8.30, la Pluma de Plata No Te Prives 2025 en la Filmoteca Regional de Murcia, en un acto enmarcado dentro de la XIX Muestra de Cine LGTBIQ+, que finaliza este domingo.