La Plataforma Trans reivindica «mucho orgullo y furia trans» frente al «odio» de un diputado murciano de Vox
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Plataforma Trans reivindicó este jueves «mucho orgullo y furia trans» frente al «odio» presente en las declaraciones del diputado de Vox en Murcia Antonio Martínez Nieto en las que aseguró que el «comunismo» ha sacado a las personas Lgtbi+ «del catálogo de los trastornos».
Según defendió la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ser una persona Lgtbi+ «ni es un trastorno ni una ideología» y denunció la persistencia de discursos que estigmatizan al colectivo en pleno mes del Orgullo.
La Plataforma Trans rechazó de forma contundente esas afirmaciones de Martínez Nieto y subrayó que «ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans ni es un trastorno ni es una ideología», y denunció que históricamente ha sido el odio el que ha perseguido al colectivo.
La organización señaló al «totalitarismo y al fascismo» como las ideologías responsables de la represión, recordando episodios como la persecución durante el franquismo en España o la discriminación en campos de concentración nazis.
En la antesala del Orgullo, la Plataforma Trans reivindicó los derechos del colectivo bajo lemas como «frente al odio, derechos» y llamó a responder con «orgullo y furia trans».
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/661685/plataforma-trans-reivindica-mucho-orgullo-furia-trans-frente-odio-diputado-murciano-vox
Sylvia Rivera rinde homenaje a mujeres trans del franquismo con ‘Sin pedir permiso’
La muestra recupera la memoria de mujeres trans que hallaron en el transformismo y el cabaret espacios de resistencia y libertad.
La Asociación de Personas Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha inaugurado este martes a las 11:30 horas la exposición ‘Sin pedir permiso‘. Esta muestra recupera la memoria histórica de mujeres trans que, durante el franquismo y años posteriores, encontraron en el transformismo, el cabaret y el espectáculo «espacios de supervivencia, resistencia y libertad frente a la persecución y la exclusión social».
La apertura del evento tuvo lugar en el Antiquarium de Sevilla, donde la exposición estará disponible para el público del 16 al 30 de junio. En la inauguración participaron la presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, y José Luis García Martín, delegado del Ayuntamiento de Sevilla para Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, institución que colabora con esta iniciativa.
La exposición reúne un total de 23 imágenes que permiten recorrer «una parte fundamental de la historia reciente de Sevilla y Andalucía». Visibiliza las experiencias de mujeres trans que «fueron obligadas a vivir en los márgenes de una sociedad que las perseguía y criminalizaba».
Mar Cambrollé explicó que el nombre de la muestra «no es casual«, ya que «constituye una alegoría de la actitud vital de aquellas mujeres que no esperaron autorización para ser ni aceptación para existir».
Agregó que estas mujeres «desbordaron los márgenes que se les imponían, burlaron las normas, esquivaron la vigilancia y sortearon las prohibiciones con ingenio, valentía y una determinación extraordinaria». En una época que castigaba toda disidencia, transformaron su presencia en un acto de desafío.
Cambrollé también destacó que la exposición «recupera la memoria de mujeres que fueron perseguidas, humilladas y expulsadas de muchos espacios de la vida social, pero que nunca renunciaron a vivir con dignidad«. Gracias a ellas, señaló, «hoy disfrutamos de derechos y libertades que no podemos dar por garantizados».
Por su parte, la presidenta de ATA Sylvia Rivera añadió que muchas mujeres trans «fueron víctimas de la represión franquista y de la legislación que castigaba la diversidad sexual y de género», y que reclaman «el reconocimiento institucional y la reparación de quienes sufrieron aquella persecución».
Ante discursos recientes que cuestionan sus derechos y existencia, Cambrollé afirmó que esta exposición «reivindica la memoria como herramienta de resistencia. Frente al odio y los intentos de borrado, responderemos con más memoria, más visibilidad y más derechos«.
Con esta iniciativa, ATA Sylvia Rivera trabaja en la recuperación de la memoria histórica trans, buscando preservar el legado de quienes abrieron camino en tiempos difíciles y promoviendo el reconocimiento social e institucional de sus historias. La entrada para visitar la exposición en el Antiquarium de Sevilla es gratuita hasta el 30 de junio.
https://www.andaluciainformacion.es/articulo/sevilla/andalucia-sevilla-ata-silvia-rivera-homenajea-mujeres-trans-que-vivieron-franquismo-muestra-pedir-permiso/202606161728103403822.html
Plataforma Trans lleva al Congreso una propuesta para reconocer la identidad de género de más de 60.000 migrantes
La ‘Ley trans’ avala este derecho desde 2023, aunque el reglamento para aplicarlo no ha sido aún desarrollado por el Ejecutivo
La Ley trans (la 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) estipula, en el artículo 50.1, que se ha de posibilitar el cambio registral de nombre y sexo en los documentos oficiales que expide el Estado para todas “las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen”. Esa norma representó “un avance histórico en el derecho a la autodeterminación de género”, han reconocido desde Plataforma Trans, “pero ese derecho continúa siendo inaccesible para muchas personas trans migrantes y refugiadas que siguen atrapadas en documentos que niegan su identidad”.
“La Ley trans tiene huecos y uno de ellos es lo que pasa con las personas trans migrantes”, lamentaba Tobías Conza, de 27 años, en una entrevista con este periódico. Es originario de Perú y llegó a España en 2022. Tras obtener la residencia, ha intentado adecuar sus documentos al menos dos veces. Ambas se lo han denegado: “Me siento abandonado, afligido y paralizado. Mi vida ha sido puesta en pausa; me hace recordar que no puedo vivir libremente”.
Ante los retrasos gubernamentales y los problemas que se generan a las personas afectadas, Plataforma Trans ha tomado la iniciativa. Además de enviarle una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el asunto, este miércoles se han reunido con varios grupos parlamentarios (PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, Bildu) en el Congreso. A comienzos de año, Sumar, socio minoritario de la coalición de Gobierno, ya pidió al Ejecutivo mecanismos para solventar esta situación. “PP y Vox no han estado porque ni les habíamos invitado; si quieren recortar y derogar la Ley trans, ¿cómo van a apoyar el desarrollo de la misma?“, ha dicho Cambrollé.
Los grupos se han comprometido a impulsar una Proposición no de Ley para hacer efectiva la propuesta de la organización: “La reunión ha ido muy bien”, ha celebrado su presidenta.
En esa propuesta, que se haría efectiva a través de un Real Decreto, se establecen mecanismos para permitir la rectificación de la identidad en la documentación española cuando esta no sea posible en el país de origen; el reconocimiento en España de los cambios de identidad ya efectuados en otros Estados; la protección reforzada para solicitantes de protección internacional, refugiados o apátridas; o para garantizar la coherencia administrativa y la actualización automática de datos en los distintos sistemas públicos. Además, incluye medidas formativas para asegurar un trato digno a estas personas. “Todo ello refuerza el compromiso de la Administración con la igualdad real y efectiva”, según recoge el texto.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha detallado que es obligación de los Estados garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de todas las personas, también para extranjeras y refugiadas. De ahí que desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), que representa a 55 organizaciones de defensa de derechos del colectivo de toda España, hayan denunciado que esa falta de reconocimiento “contradice no solo los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, sino también los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo subrayó en su último informe, publicado en marzo, “la necesidad de un desarrollo reglamentario para facilitar la adecuación de documentos expedidos a personas extranjeras que no pueden realizar la rectificación registral en sus países de origen”.
La Federación Plataforma Trans presenta en el Congreso una propuesta de Real Decreto para garantizar los derechos de las personas trans extranjeras
La Federación Plataforma Trans ha mantenido una reunión de trabajo con distintos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de Real Decreto por el que se regulan los procedimientos para la rectificación del nombre y marcador del sexo legal de las personas extranjeras en la documentación española, destinada a desarrollar el artículo 50 de la Ley 4/2023.
La iniciativa ha sido impulsada por la Federación Plataforma Trans y elaborada junto a un equipo jurídico de la Universidad Complutense de Madrid integrado por Patricia Orejudo Prieto de los Mozos y Carlos Brito Siso, especialistas vinculados al Instituto de Investigaciones Feministas (INSTIFEM). La propuesta establece mecanismos para que las personas trans extranjeras puedan adecuar su documentación española a su identidad de género cuando este reconocimiento no sea posible en sus países de origen, incluyendo medidas específicas de protección para personas refugiadas y solicitantes de asilo.
La Federación Plataforma Trans ha informado además de que esta propuesta de Real Decreto ya ha sido trasladada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de impulsar su aprobación.
La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha señalado que “la Ley Trans reconoció un avance histórico en el derecho a la autodeterminación de género, pero ese derecho continúa siendo inaccesible para muchas personas trans migrantes y refugiadas que siguen atrapadas en documentos que niegan su identidad. No puede existir igualdad real mientras el desarrollo reglamentario del artículo 50 de la Ley 4/2023 continúe bloqueado. Esta propuesta de Real Decreto ofrece una solución jurídica sólida, garantista y plenamente alineada con los estándares europeos e internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de dignidad, de seguridad jurídica y de garantizar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos fundamentales por razón de su nacionalidad o de su identidad de género”.
Durante la reunión se ha hecho entrega formal del texto completo de la propuesta normativa y se han abordado posibles iniciativas parlamentarias destinadas a impulsar su aprobación.
La Federación Plataforma Trans recuerda que esta iniciativa sitúa a España en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce la obligación de los Estados de garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género, también para personas trans extranjeras y refugiadas.
La Plataforma Trans envía a Pedro Sánchez una propuesta para regular el cambio registral de las personas trans migrantes
La federación, liderada por Mar Cambrollé, junto a un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid, han elaborado un borrador de real decreto para terminar de desarrollar la ‘ley trans’.
Madrid––Actualizado a
La Federación Plataforma Trans ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la aprobación «a la mayor brevedad posible» del real decreto que permitiría regular el cambio registral de las personas trans migrantes en la documentación expedida por nuestro país.
La organización, una de las principales impulsoras de la llamada ley trans -aprobada en 2023, bajo el mandato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad-, sostiene que el Gobierno lleva ya más de dos años de retraso en el desarrollo reglamentario de una obligación recogida expresamente en la norma. La entidad, además, advierte -en la misiva a la que ha tenido acceso Público– de que esa ausencia normativa está dejando a muchas personas «en situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa«.
Eliminar dificultades en el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación
La propuesta remitida a Moncloa plantea un procedimiento para que las personas trans migrantes puedan adecuar el nombre y el marcador de sexo de su documentación española a su identidad de género cuando ese cambio no pueda realizarse en su país de origen. También contempla el reconocimiento en España de cambios registrales efectuados en otros Estados y establece garantías específicas para personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas.
La cuestión afecta a situaciones muy cotidianas. Personas cuya expresión de género no coincide con los datos que figuran en su pasaporte o en su tarjeta de residencia se enfrentan, tal y como expone el texto, a muchas dificultades «en ámbitos tan esenciales como el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación». El borrador del real decreto parte precisamente de reconocer que esa discordancia entre la identidad de estas personas y su documentación genera una situación que supone discriminación, exposición pública forzada o imposibilidad de ejercer derechos básicos.
Un trabajo de un equipo de juristas de la UCM
La ley trans ya había reconocido el principio de autodeterminación de género para las personas españolas. Sin embargo, el artículo 50 de esa misma ley establecía que el Gobierno debía desarrollar reglamentariamente los mecanismos para las personas migradas residentes en nuestro país. Ese desarrollo nunca llegó.
El documento elaborado ahora por la Plataforma Trans y un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid pretende cubrir ese vacío. El texto ha sido redactado junto a Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, profesora titular de Derecho Internacional y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, y Carlos Brito Siso, profesor ayudante doctor de Derecho Penal y también integrante de ese instituto.
El borrador del real decreto argumenta que «la efectividad de estos derechos no puede quedar condicionada por la nacionalidad». En la práctica, eso supondría que una persona trans migrante pudiera modificar los datos de su documentación española incluso cuando su país de origen prohíba el reconocimiento legal de su identidad de género o lo haga imposible sin poner en riesgo su seguridad.
Especial protección para regufiadas y apátridas
La propuesta prevé, por ejemplo, que las personas migrantes residentes en España puedan solicitar la rectificación del sexo legal o el cambio de nombre cuando acrediten que no pueden hacerlo en su país de origen «por imposibilidad legal o de hecho». También contempla que las personas solicitantes de asilo, refugiadas o apátridas queden exentas de tener que demostrar esa imposibilidad.
En concreto, el borrador establece que, en el caso de personas refugiadas o solicitantes de protección internacional, las autoridades españolas no podrán contactar «bajo ningún concepto» con el Estado del que la persona huyó para verificar datos relativos a su identidad.
Formación y protocolos para el «trato digno»
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es la automatización administrativa. La propuesta prevé que, una vez aprobada la rectificación, los nuevos datos se actualicen de oficio en distintos sistemas públicos, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Sistema Nacional de Salud, para evitar que la persona tenga que repetir trámites en las múltiples administraciones.
El borrador también incorpora medidas de formación obligatoria para el funcionariado y protocolos de «trato digno» que deberían aplicarse en las oficinas públicas. Entre otras cuestiones, plantea que las personas sean llamadas desde el inicio del procedimiento por su nombre sentido aunque sus documentos todavía no hayan sido modificados.
Más de un millar de personas exigen el cese de la violencia y el odio hacia las personas trans en Madrid
Cientos de personas se manifiestan en Madrid para exigir que pare «la violencia extrema» hacia las personas trans
Cientos de personas se han manifestado este sábado en la capital para exigir que pare «la violencia extrema» y «los discursos de odio» hacia las personas transexuales en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se celebra el próximo martes 31 de marzo, como han expresado desde la organización de la protesta.
La protesta, convocada la Federación Plataforma Trans, ha partido desde la plaza Pedro Zerolo bajo el lema ‘Frente al fascismo, orgullo y furia trans’ y tiene lugar después de una agresión en grupo hacia una joven transexual, Bianca.
Bianca Lizbeth Fernández, mujer trans y Miss Zamora, fue víctima de una agresión en La Bañeza (León) por diez personas el pasado fin de semana. Durante la marcha, los manifestantes han entonado consignas como «Bianca, hermana, aquí está tu manada».
A la manifestación han asistido la secretaria LGTBIQA+ de Podemos y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, y la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
EXIGE A SÁNCHEZ QUE «PARE LA VIOLENCIA»
Cambrollé ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «pare» la «violencia extrema» que sufre el colectivo LGTBI. «Es urgente parar esto con las herramientas que el estado dispone, las agresiones hay que pararlas, pero hay que parar también los discursos de odio en las redes sociales», ha afirmado en declaraciones a medios de comunicación.
«Es urgente y creo que hoy también vamos a medir el compromiso de las fuerzas políticas que en campaña nos pide el voto al colectivo LGTBI y que seguramente veremos todas en día del orgullo ponerse el pin del orgullo, pero que hoy tendrían que estar aquí’, ha añadido la secretaria LGTBIQA+ de Podemos.
Asimismo, ha denunciado el «clima de violencia y de odio a nivel global» contra el colectivo LGTBI, señalando las «consignas hechas por Donald Trump» y a los intentos de «recortar derechos» en Portugal y en España, donde, según ella, «el Partido Popular junto con Vox amenazan con recortar leyes» que han costado «años y años de lucha».
«Hoy defender al colectivo LGTBI es defender a todas. En esta campaña de odio en la diana estamos las personas racializadas, estamos las personas feministas y estamos el colectivo LGTBI», ha insistido Cambrollé.
Asimismo, la secretaria LGTBIQA+ de Podemos ha reclamado que se actúe contra las «brutales palizas» que han sufrido personas LGTBI, como la ocurrida «la pasada semana con esa brutal paliza que sufrió la chica trans en León», refiriéndose a Bianca, o la «brutal paliza que las fuerzas de seguridad privada hicieron en el concierto de Yurena».
RESPONDER «CON MÁS VISIBILIDAD Y CON ORGULLO» A LA TRANSFOBIA
Por su parte, Montero, ha afirmado que «el mensaje más importante° frente «a quienes intentan extender el odio y la transfobia» es responder «con más visibilidad y con orgullo de que todo el mundo pueda ser quien es».
«Eso es lo que significa la visibilidad, el orgullo de una sociedad que celebra las vidas de tantas personas trans y de tantas personas LGTBI que durante demasiado tiempo la sociedad las ha querido invisibles y las ha relegado al sufrimiento, a la invisibilidad, al estigma, al odio, a la violencia», ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación.
Asimismo, Montero ha agradecido «a todas estas personas trans y LGTBI que a pesar de ello han estado siempre en primera línea no solamente para conquistar sus derechos sino también para hacer a nuestra sociedad mejor».
La exministra de Igualdad ha aseverado además que «una sociedad que respeta, defiende y celebra los derechos de las personas trans es una sociedad mejor», al tiempo que ha insistido en que «frente a ese odio y a esa violencia» que «vemos desgraciadamente como crece» hay que responder «con más visibilidad, con más orgullo, con más furia trans».
«Lo más importante que tenemos en la vida y lo que nos hace más humanos es que en la sociedad todo el mundo pueda vivir sus vidas y no solo imaginarlas, que es lo que dice Alana Portero, y creo que todo el mundo puede vivir sus vidas», ha afirmado Montero.
La Plataforma Trans condena la brutal agresión de una mujer trans en la que casi pierde un ojo
La Plataforma Trans condena la brutal agresión de una mujer trans en la que casi pierde un ojo
La Plataforma Trans ha expresado su más enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba que ha sufrido Bianca Lizbeth Fernández, una mujer trans, este pasado sábado en La Bañeza, un ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida y que estuvo a punto de costarle la pérdida de un ojo, evidenciando, una vez más, el aumento de los delitos de odio contra las personas trans y LGTBIQA+.
Los hechos sucedieron cuando la mujer intentó ir al baño de mujeres en un pub en Benavente y un grupo de mujeres la increparon que no podía entrar en el mismo diciéndole “que era un hombre” con insultos como “travelo, maricón que puto asco”, a lo que la víctima increpo que era una mujer y que si entraría, momento en el que se produjo el primer ataque por parte de este grupo de mujeres, Bianca se encerró en el baño, pero al salir para abandonar el local, se la echaron encima un grupo de diez personas, propinándole una brutal paliza con botellazos y patadas en la cara, resultando la victima con múltiples contusiones y una brecha en un parpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo. A pesar de la gravedad de los hechos, tras personarse la policía no efectuó ninguna detención, ni identificación de los agresores. La víctima ha presentado denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Benavente.
Desde la Federación Plataforma Trans denuncian que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento hacia las personas LGTBIQ+ y en especial las personas trans, que pone en riesgo la vida y la integridad de muchas personas.
“Esto tiene que parar ya, pedimos al Ministerio del Interior actuaciones urgentes para la localización de las y los agresores y que la fiscalía actúe de oficio, esto ha de parar o lo vamos a acabar lamentando, teniendo otra víctima como Samuel, que también fue asesinado por una brutal paliza” declara Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans
“Este caso pone de relieve la elevada violencia a la que estamos sometidas las personas trans y LGTBIQA+, agravada por la amenaza de recortes en derechos y la posible derogación de las leyes que nos protegen por parte de PP y Vox. Ante esta situación, la Plataforma Trans hace un llamamiento a toda la ciudadanía, así como a las fuerzas políticas, sindicales y sociales, y especialmente a las personas LGTBIQA+, para que este sábado alcemos la voz y digamos no al odio y al fascismo. Es el momento de defender nuestros derechos con orgullo y dignidad en la gran manifestación convocada el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas, con salida desde la plaza Pedro Zerolo de Madrid.” Concluye Cambrollé.
La Plataforma Trans exige una respuesta firme y contundente por parte del Ministerio del Interior, a quien le pide una urgente identificación de las y los agresores y su puesta a disposición judicial, así mismo que haga averiguaciones sobre la laxa actuación de la policía que se personó en el lugar de los hechos y que no realizó ninguna identificación permitiendo a los presuntos agresores que siguieran de fiesta.
La Plataforma Trans aplaude el protocolo de empleo pero denuncia su veto en la elaboración
La Plataforma Trans aplaude el protocolo de empleo pero denuncia su veto en la elaboración
Madrid, 26 feb (.).- La Federación Plataforma Trans ha aplaudido la aprobación del protocolo de acompañamiento para las personas trans en los centros de trabajo, pero ha denunciado el veto que, según esta agrupación, ha ejercido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al negarles una interlocución durante el proceso de su elaboración.
En un comunicado de este jueves, la federación celebra el avance del protocolo, que considera responde a una obligación legal contemplada en la ley trans, pero denuncia el veto ejercido por Díaz y le advierte de que la federación es la entidad que agrupa a los colectivos trans específicos del Estado y que los representa en el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, dependiente de Igualdad.
Por eso, lamenta que hayan sido «excluidas de cualquier espacio de trabajo o diálogo en relación con este protocolo», y que no conozcan ni el contenido del mismo ni hayan sido invitadas al acto de firma celebrado hoy.
Para la Plataforma Trans, esta «exclusión» supone una «grave vulneración del principio de participación democrática» y considera que negar su participación «constituye una forma de violencia política». «Más aún -añade- cuando dicha exclusión responde a sesgos sectarios que nada tienen que ver con el interés general ni con la calidad democrática».
El protocolo, firmado este jueves, permite que, a partir del momento en el que la persona trans ponga en conocimiento su deseo de iniciar el trámite de cambio registral de sexo, se abra un proceso en el que puede comenzar a utilizar su nombre sentido.
Y recoge que la empresa pondrá a disposición de la persona solicitante horas de permiso retribuido para acudir a citas médicas o para la realización de trámites administrativos, entre otras medidas.
https://x.com/CambrolleMar/status/2027372050239689169
Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”
Mar Cambrollé: “Es una herida democrática que las personas trans hayamos sido relegadas al olvido durante décadas”
Activista histórica del colectivo LGTBIQA+, repasa en esta entrevista la represión y el borrado sufridos por las personas trans durante el franquismo y la Transición, analiza los límites y amenazas actuales a la Ley Trans y reclama políticas valientes en empleo, reparación y protección frente a la ofensiva reaccionaria.
Fue vanguardia en la lucha contra la represión y hoy sigue en primera línea del debate político. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, habla en esta entrevista con AraInfo de memoria silenciada, de violencia estructural y de responsabilidad institucional. También de empleo digno, de reparación histórica y de la urgencia de blindar derechos ante el avance de la ultraderecha. Una conversación que conecta pasado, presente y futuro en clave de dignidad y resistencia.
Empiezas a militar cuando ser una persona trans significaba persecución policial, cárcel y exclusión absoluta. ¿Qué queda hoy de aquel Estado que reprimía y patologizaba, y qué ha cambiado realmente para las personas trans más precarizadas?
A pesar de que las personas trans fuimos punta de lanza contra la represión franquista, nuestra visibilidad nos convirtió en diana de los peores maltratos. Es una herida democrática que hayamos sido relegadas al olvido durante décadas. Si bien la Ley 4/2023 marcó un hito al despatologizar la identidad legal, la igualdad real sigue siendo una tarea pendiente: el acceso a la salud, la inserción laboral y los derechos de personas no binarias y migrantes continúan fuera de la agenda política efectiva.
La llamada “Transición española” suele narrarse como un proceso modélico, pero dejó fuera a muchos colectivos. ¿Cómo vivieron las personas trans aquel periodo y por qué su memoria sigue siendo una gran ausente del relato oficial?
Durante la Transición, las personas trans simplemente no existíamos para el Estado. Bajo la etiqueta genérica de “homosexualidad”, el régimen invisibilizó nuestra identidad, una ceguera que persistió incluso en los primeros años de democracia. El rechazo familiar nos empujó al sexilio y la violencia en las aulas truncó cualquier posibilidad de formación. Estábamos atrapadas en un “apartheid laboral” que, de forma inquisitoria, nos señalaba el camino hacia la marginación y la prostitución. Sin acceso a la salud y demonizadas por la sociedad, sufrimos un trato subhumano que aún nos estigmatiza. El “borrado trans” —perpetuado por el homocentrismo y el cisheteropatriarcado— intenta omitir que fuimos víctimas directas de la represión, pero también ignora que fuimos la vanguardia y el rostro de la lucha por la libertad de todo el colectivo.
Durante años, el movimiento trans ha denunciado su marginación dentro del propio movimiento LGTBIQA+. ¿Se ha corregido esa desigualdad o sigue existiendo una jerarquía de derechos y visibilidades?
Tanto el patriarcado como el machismo constituyen estructuras sistémicas que permean todos los estratos de la sociedad. En este sentido, el colectivo LGTBIQA+ no es ajeno a tales dinámicas ni a la dicotomía entre masculinidad y poder. La sobrerrepresentación de hombres gais, blancos y cisgénero en las esferas política, cultural y de toma de decisiones evidencia la vigencia de estas desigualdades. Por tanto, cuestionar dicho privilegio y fomentar el empoderamiento de las personas trans resulta indispensable para superar esta discriminación anacrónica.
“Proteger las leyes trans por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes”
La ley trans estatal supuso un avance histórico, pero su desarrollo normativo sigue incompleto y está generando problemas en su aplicación real. Al mismo tiempo, en Aragón la ley autonómica está bajo amenaza por el auge de la ultraderecha tras el 8F. ¿Dónde están hoy los principales riesgos reales para los derechos de las personas trans y a quién se está dejando atrás?
El proceso legislativo de la Ley Trans enfrentó un severo obstáculo: una campaña sistemática de desinformación promovida por sectores del PSOE y secundada por la derecha y la extrema derecha. Esta ofensiva impidió que la norma fuera más ambiciosa, dejando fuera el reconocimiento de las identidades no binarias y la concreción de políticas públicas de inserción laboral. Esta falta de voluntad política explica el retraso de tres años en el desarrollo reglamentario para que las personas trans migrantes puedan modificar sus documentos. Asimismo, la impunidad ante los discursos de odio y la falta de medidas contundentes de la Fiscalía y el Ministerio del Interior han provocado que las agresiones por identidad u orientación sexual se dupliquen por año y vayan en alza. No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP. Proteger estas leyes por parte de Gobiernos progresistas, es un deber, es proteger la democracia y un país mejor para todas, todos y todes.
Estamos viendo una ofensiva política y mediática contra las personas trans, impulsada por la ultraderecha, pero también asumida por sectores conservadores más amplios. ¿Por qué el cuerpo y la identidad trans se han convertido en un campo de batalla central?
La ofensiva contra las personas trans se enmarca en una guerra cultural global emprendida por la ultraderecha, cuyo máximo exponente es Donal Trump y las órdenes ejecutivas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trans. Estas medidas buscan influir en las agendas sociales y políticas a escala internacional. Sin embargo, este ataque no es aislado: el feminismo y las personas migrantes también están en el centro de esta batalla. La supervivencia de un capitalismo voraz se sustenta en los valores del patriarcado y en la imposición de un orden social basado en la supremacía blanca y la cisnormatividad.
Parte del discurso transfóbico se articula desde espacios que se reclaman feministas. ¿Cómo analizas esta deriva y qué impacto real tiene en la vida cotidiana de las mujeres trans?
Para entender este fenómeno, debemos volver a las movilizaciones feministas de 2018. Aquella convocatoria logró interpelar a un sector muy amplio y diverso: mujeres jóvenes, racializadas, trans, gitanas y amas de casa que, hasta entonces, se situaban en las periferias del feminismo académico e institucional. Bajo la consigna “Si nosotras paramos, el mundo se para”, la huelga tuvo un impacto global que no solo detuvo el ritmo cotidiano, sino que golpeó directamente los intereses del capital. Fue entonces cuando surgió la estrategia de fracturar el movimiento feminista desde dentro. Se buscó un sujeto vulnerable, uno cuyo ataque no generara una alarma social inmediata: las personas trans. Históricamente estigmatizadas, fueron convertidas en el chivo expiatorio de una agenda que busca señalar a las mujeres trans como el supuesto ‘eje del mal’. Esta maniobra no es más que una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos opresores del patriarcado. Por ello, es imperativo recordar: atacar a una mujer trans es atacar la potencia revolucionaria del feminismo. No puede llamarse feminismo a un movimiento de mujeres que actúan como “mercenarias” del patriarcado y que replica los marcos ideológicos de la extrema derecha.
Más allá de las leyes, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones públicas cuando permiten discursos de odio, retrocesos autonómicos o el abandono sanitario y social de las personas trans?
Los gobiernos de carácter progresista —ya sean locales, autonómicos o estatales— tienen la obligación ética y política de blindar derechos y ampliar horizontes sociales. Este compromiso debe traducirse en políticas públicas robustas y en un respaldo firme a la agenda LGTBIQA+. Esto implica garantizar la visibilidad de entidades y activistas en los medios públicos, financiar proyectos que promuevan el respeto a la diversidad y ofrecer un asesoramiento integral al colectivo. Prescindir de estas políticas no solo perjudica a las personas LGTBIQA+, sino que tiende una alfombra roja a la ultraderecha.
Perteneces a una generación que se jugó literalmente la vida. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones trans y qué riesgos y oportunidades detectas en su forma de organizarse y luchar?
Haber nacido en un contexto cultural y político que ha normalizado la diversidad libera a las nuevas generaciones de la carga emocional de la culpa, antes impuesta por no encajar en los patrones tradicionales de género e identidad. Este avance permite la eclosión de una juventud que no requiere permiso para ser, amar o expresarse. No obstante, el historial de deshumanización y tutela médica y estatal hacia la comunidad trans persiste como un lastre para su empoderamiento, habiéndose internalizado ese tutelaje como algo natural. Mientras que en otros espacios se respeta la representatividad, como el feminismo para las mujeres o los colectivos LGB para gais y lesbianas, con las personas trans aún se acepta que las voces cisgénero ocupen su espacio público y recursos. Esta práctica no solo perpetúa un colonialismo cis, sino que obstaculiza el empoderamiento y el verdadero liderazgo de las personas trans.
“No garantizar la igualdad real ni frenar la violencia dialéctica nos expone ante una extrema derecha que ya mutila derechos allí donde su voto es imprescindible para el gobierno del PP”
A menudo el debate trans se queda en lo identitario. ¿Cómo atraviesan la clase social, la migración o el racismo la realidad de las personas trans, y por qué estas dimensiones siguen siendo tan invisibilizadas?
Ciertos sectores que se autodefinen de “izquierdas” recurren a un discurso transexcluyente al etiquetar el análisis de la realidad trans como meramente “identitario”. Intentan, de forma falaz, desvincular la identidad de la lucha de clases o el antirracismo. Sin embargo, la identidad es indisociable de las condiciones materiales de existencia: sin una identidad reconocida, se bloquea el acceso al empleo o a una vivienda digna. La transfobia no opera de forma aislada, sino que se amalgama con la pobreza y el racismo. La prueba más devastadora es que el 90% de las personas trans asesinadas son mujeres negras, racializadas y pobres. Es imperativo afirmar que estos crímenes no solo son de odio, sino que poseen un profundo y violento impacto de género, clase y raza.
En la última Asamblea Estatal de la Plataforma Trans, el acceso al empleo se señaló como una prioridad política central. ¿Por qué sigue siendo uno de los grandes muros para las personas trans y qué medidas concretas deberían aplicarse ya para garantizar empleo digno y estable?
El trabajo es imperativo para la autonomía personal y la estabilidad social. Sin embargo, la comunidad trans arrastra una exclusión laboral anacrónica desde la dictadura. La falta de políticas públicas en todo el periodo democrático y su ausencia en las agendas sindicales nos sitúa, en pleno siglo XXI, como un colectivo vulnerable que requiere políticas activas urgentes. La Federación Plataforma por los Derechos Trans propone, entre otras medidas, la reserva de cupo laboral en el sector público y empresas subcontratadas, así como incentivos fiscales para el sector privado y el emprendimiento. Es hora de pasar de los titulares a soluciones valientes e igualitarias: el Ministerio de Trabajo debe reconocer y reunirse con nuestra organización como interlocutora legítima; negarse a tratar las cuestiones que atañen a las personas trans con la Federación Plataforma Trans, es violencia política e institucional.
Si el Estado español tuviera que saldar una deuda histórica con las personas trans, ¿por dónde debería empezar: memoria, reparación, derechos materiales o una transformación cultural profunda?
Seis grupos políticos, Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Junts, registraron el 19 de noviembre de 2024 la Ley de Memoria Trans y LGTBI, una propuesta impulsada por la Federación Plataforma Trans que sigue esperando su turno de debate en el Congreso. Es una iniciativa que busca justicia para las víctimas del franquismo, quienes enfrentaron cárcel, tortura y exclusión sistemática. La ley exige que el Estado pase de las palabras a los hechos mediante una reparación real: pensiones vitalicias para los supervivientes de las leyes represoras (incluyendo a las mujeres recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer), acceso a vivienda y cuidados. Además, reivindica que los lugares de horror, como el penal de Fuerteventura o la cárcel de Huelva, se conviertan en centros de memoria viva. No podemos permitir que nuestra historia se borre; es imperativo proteger y digitalizar nuestro legado gráfico y documental.
El Gobierno incumple la Ley Trans y entorpece el cambio de sexo legal de las personas extranjeras
El Gobierno incumple la Ley Trans y entorpece el cambio de sexo legal de las personas extranjeras
Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce.
“Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal.
“El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante.
Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas.
“Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento.
Depender de la voluntad del funcionario
Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR.
Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada ‘tarjeta roja’. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz.
La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista.
La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”. La Federación Estatal LGTBI también se ha sumado a la queja y ha denunciado el “incumplimiento sistemático” de la ley por parte del Ministerio del Interior, al que reclama la puesta en marcha del reglamento.
Nadie asume la responsabilidad
En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.
El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta.
Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha.
Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación.
“La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de ‘autoridad competente’ y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”.
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Un nuevo trabajo en la revista British Journal of Sports Medicine compara la condición física de mujeres y trans y cis y concluye que las atletas trans no tienen ventajas inherentes
La participación de deportistas trans en ligas femeninas ha provocado un debate encendido desde hace años. Algunos organismos han endurecido las reglas mientras otros, como el International Olympic Committee, apelan a equilibrar inclusión y equidad. Al mismo tiempo, los estudios publicados ofrecían resultados dispares y de calidad desigual, lo que alimentaba titulares contradictorios y políticas cambiantes.
El artículo que hoy centra la discusión es una revisión sistemática con metaanálisis, el tipo de estudio que combina trabajos previos para ganar potencia estadística. Los autores, un equipo de ocho investigadores, cribaron decenas de publicaciones que comparaban a mujeres trans y cis, tanto en población general como en practicantes de deporte, y analizaron indicadores de composición corporal y rendimiento.
Las atletas trans después de la terapia hormonal
La conclusión central es que las mujeres trans, incluso manteniendo algo más de masa magra uno a tres años después del inicio de la terapia hormonal, muestran niveles de forma física comparables a los de mujeres cis. En la práctica, esto significa que, en pruebas de fuerza, consumo máximo de oxígeno y otras medidas funcionales, no aparecen diferencias robustas que respalden la idea de una “ventaja inherente” por haber pasado por una pubertad con testosterona.
El trabajo no niega que la biología importe en el deporte. Explica que la supresión de testosterona, eje del tratamiento de afirmación de género, reduce progresivamente atributos asociados al rendimiento como la masa muscular y la potencia. La testosterona es la hormona sexual que, en niveles elevados, favorece el desarrollo de músculo y hemoglobina. Al bajar sus valores a rangos típicos femeninos, el perfil fisiológico también cambia, y la literatura agregada refleja esa convergencia.
Los autores insisten en dos límites importantes. Primero, la calidad de los estudios incluidos varía, porque muchas muestras son pequeñas y heterogéneas. Segundo, hay pocos datos de deportistas trans en la élite, donde diferencias mínimas pueden decidir medallas. Estos matices no invalidan el resultado principal, pero invitan a diseñar investigaciones prospectivas con mejores controles, periodos de seguimiento más largos y pruebas específicas por deporte.
La misma fuerza y resistencia en atletas trans
Otro punto clave del metaanálisis es metodológico. Distingue entre variables de composición corporal, como masa magra o grasa, y variables de rendimiento, como VO₂máx, que resume la capacidad de usar oxígeno durante el esfuerzo, o las repeticiones máximas en ejercicios de fuerza. Tener algo más de masa magra no se traduce automáticamente en rendir más si el resto de factores, desde técnica a adaptación al entrenamiento, no acompañan. El análisis conjunto de todos estos parámetros inclina la balanza hacia la equivalencia funcional.
El artículo dice que la evidencia disponible no justifica vetos generales a las mujeres trans en el deporte femenino. Sugiere, en cambio, que cada federación evalúe requisitos proporcionales, centrados en el riesgo y la naturaleza del esfuerzo en cada disciplina, y que actualice sus criterios a medida que la ciencia sume datos.
El rendimiento deportivo es multifactorial. Son las hormonas, sí, pero también el entrenamiento, edad, historial de lesiones, táctica y salud mental. Cuando se observa todo el conjunto y se unen los estudios, no se puede afirmar que una atleta trans tenga ventaja. La conversación seguirá, y con un poco de suerte, seguirá con mejores datos y menos consignas.
REFERENCIA
Las atletas trans no tienen ventajas físicas en el deporte, según un estudio
Mar Cambrollé, una vida dedicada al activismo LGTBIAQ+
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Entrevista en Tele Donosti a Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans