Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, analiza la brutal agresión en Asturias a una mujer trans y advierte de que Interior no ofrece estadísticas específicas del colectivo
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones e incidentes de odio en España, un 23,6% más que en 2024
La historia comienza en enero, en Piedras Blancas, Asturias. Una mujer trans fue atacada por un grupo de jóvenes que, según la investigación de la Guardia Civil, se habría organizado y coordinado a través de aplicaciones de mensajería para llevar a cabo la agresión. No fueron solo golpes. Hubo amenazas de muerte e insultos tránsfobos y la víctima tuvo que ser atendida en un hospital por la gravedad de las lesiones.
Ocho meses después de los hechos, la Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 18 y 20 años. Los investigadores atribuyen a los arrestados un delito de odio, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria; y tres de ellos ya habían sido investigados en 2025 por otros hechos relacionados con delitos de odio.
El caso tiene todos los ingredientes de una violencia que preocupa especialmente a quienes trabajan con personas trans: una víctima seleccionada por su identidad de género, un ataque físico, amenazas, insultos y una posible organización previa. Pero también deja una pregunta encima de la mesa: ¿están aumentando las agresiones contra las personas trans en España?
Los datos oficiales no cuentan todavía a las mujeres trans
La primera dificultad aparece al intentar poner cifras concretas a esa violencia. El Ministerio del Interior no ofrece una estadística que permita saber cuántas de las víctimas de delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género son específicamente mujeres trans.
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones e incidentes de odio en España, un 23,6% más que en 2024 y la cifra más elevada de toda la serie histórica. Dentro de ese balance se registraron 571 hechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Eso significa que existe un aumento documentado del fenómeno, pero no permite convertir automáticamente esa subida en una cifra concreta de agresiones contra mujeres trans. Los estudios específicos del colectivo ayudan a completar ese vacío; como el informe Estado del Odio 2026. Este señala que el 54% de las personas LGTBI+ ha sufrido algún acto de odio durante el último año. Además, las agresiones físicas pasaron del 7% en 2024 al 22% en 2026.
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, pone el foco precisamente en esa falta de datos desagregados. “Actualmente no disponemos de datos desagregados por identidad, ya que el propio Ministerio del Interior los agrupa bajo el término genérico de ‘colectivo LGTBIQ+’. Sin embargo, en el balance oficial de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron un total de 2.417 infracciones e incidentes de odio en todo el país, lo que supone un incremento histórico del 23,6 % respecto al año anterior.”
Y añade un dato que considera especialmente preocupante: “Más de la mitad de la población LGTBIQ+ (54%) ha sufrido algún episodio de odio, una lacra que golpea con especial crueldad a los perfiles más vulnerables: una de cada dos personas trans ha sido víctima de agresiones físicas.”
Del insulto al golpe
La violencia contra las personas trans no empieza necesariamente cuando aparece una lesión. Puede comenzar mucho antes, con un insulto en la calle, una amenaza, una burla, el uso deliberado del género incorrecto o una campaña de señalamiento en redes.
La violencia que sufren las mujeres LGTBIQ+ KiloyCuarto
“No hablamos solo de agresiones físicas e insultos, sino de un entramado de violencia que abarca desde las vejaciones y el acoso digital hasta la violencia institucional”, explica Cambrollé.
El informe Estado del Odio 2026 muestra además que el problema se ha trasladado con fuerza al entorno digital: cuatro de cada diez personas LGTBI+ han sufrido odio en redes sociales. Y la violencia no siempre aparece como un episodio puntual.
Para Cambrollé, el repertorio es amplio; “Los insultos y amenazas constituyen la base diaria de la discriminación. El uso intencionado del género incorrecto y las burlas en público son constantes.” A partir de ahí aparecen las agresiones físicas y sexuales, pero también el ciberacoso, el acoso laboral o educativo y las barreras estructurales. “Las redes sociales se han convertido en un vector masivo de discursos de odio, campañas de desprestigio y linchamiento virtual coordinado”, sostiene.
La calle, las aulas y el trabajo
Los escenarios cambian, pero la violencia se mantiene. Las calles, plazas y transportes públicos pueden convertirse en espacios de ataques. Y las redes permiten prolongar ese acoso y amplificarlo.
Cambrollé señala además una dimensión menos visible, “La exclusión y discriminación estructural se traduce en barreras extremas para el acceso al empleo, la vivienda y la atención médica.”
El problema, según la presidenta de la Federación Plataforma Trans, también está relacionado con la desigualdad territorial y con la falta de protocolos homogéneos. “La falta de políticas públicas efectivas para la inserción laboral de las personas trans, junto a la ausencia de protocolos unificados en sanidad y educación, convierte las leyes en papel mojado.”
Asturias y el mensaje de impunidad
El caso de Piedras Blancas adquiere una dimensión especialmente relevante. La posible organización previa del ataque y el hecho de que tres de los cinco detenidos ya habían sido investigados por otros delitos de odio en 2025. La Guardia Civil ha señalado que los presuntos agresores estaban vinculados a entornos extremistas y que se coordinaron mediante aplicaciones de mensajería antes de la agresión.
Para Cambrollé, el tiempo transcurrido entre la agresión y las detenciones también resulta significativo. Pone el foco en la situación que, durante ese tiempo, tuvo que afrontar la víctima. “Lo más preocupante no es solo la demora policial que obligó a la víctima a vivir todo este tiempo con sus agresores en libertad; sino el peligroso mensaje de impunidad que se envía a la sociedad, permitiendo que estos grupos ultras sigan sembrando el miedo y el terror.”
Una ley que necesita aplicación
La respuesta, sostiene Cambrollé, no puede limitarse a detener a los responsables después de una agresión. También debe actuar sobre las conductas discriminatorias que preceden o acompañan a la violencia. “Ante el incremento de las agresiones al colectivo LGTBI, aún no se ha estrenado el régimen sancionador de la Ley Trans de 2023. Tras tres años en vigor, sigue sin aplicarse.”
Entre sus reclamaciones está activar de forma efectiva el régimen sancionador de la Ley 4/2023. Reforzando los protocolos contra el acoso, mejorar la actuación de la Fiscalía de Delitos de Odio y establecer formación obligatoria en diversidad sexual para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
También reclama una respuesta más contundente frente al odio digital. “Obligar a las redes sociales a aplicar de forma estricta sus herramientas de moderación de contenidos frente a campañas de odio hacia las personas trans.”
Y pide algo tan básico como preservar las pruebas desde el primer momento: “Dotar a las policías locales y nacionales de guías rápidas para asegurar grabaciones de cámaras públicas y privadas de forma inmediata. Y así, impedir que la lentitud burocrática borre pruebas delictivas fundamentales.”
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