El Gobierno ha modificado uno de los aspectos más debatidos del protocolo policial para detenidos trans, con un cambio significativo: se dará prioridad al sexo registral que figure en el DNI sobre la identidad de género manifestada por la persona detenida. La modificación, impulsada por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, supone un giro respecto al protocolo aprobado en 2021, que establecía que se debía respetar el género expresado por el individuo.
La medida ha sido adoptada tras varios informes jurídicos y técnicos que consideran que esta interpretación es más coherente con el marco normativo actual, especialmente en lo relativo al sistema penitenciario y los derechos de terceros. No obstante, este paso atrás ha generado preocupación en organizaciones defensoras de los derechos LGTBI, que lo consideran una regresión en el reconocimiento de la identidad de género en contextos de privación de libertad.
Desde Interior se insiste en que el cambio no implica una vulneración de derechos, sino un ajuste legal. Sin embargo, distintos colectivos advierten que esta medida puede generar discriminación y riesgos para las personas trans, especialmente aquellas que aún no han modificado su documentación legal.
El nuevo enfoque podría tener implicaciones en la forma en que se asignan las dependencias de detención, los cacheos, o el trato durante el proceso de arresto. Organizaciones sociales temen que esto contribuya a la invisibilización de las personas trans en el sistema judicial y policial, precisamente en un momento en que otros países avanzan en sentido contrario.
Este cambio se produce también en medio del debate político sobre los límites de la autodeterminación de género, una cuestión que ha generado fricciones incluso dentro del Gobierno de coalición. El Ministerio de Igualdad aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva orientación del protocolo, aunque se prevé una respuesta crítica en los próximos días.
